Una demanda que cuestiona la Ley del Derecho al Voto de Washington atenta contra la justa representación de los votantes latinos
La legislatura de Washington aprobó la Ley del Derecho al Voto de Washington en 2018 para asegurar que los votantes latinos y otros de comunidades no blancas en el estado tengan las mismas oportunidades de elegir a sus representantes preferidos en concejos municipales, comisiones de condado, juntas escolares y otras entidades gubernamentales locales. Ahora esta importante ley está en peligro debido a una demanda que también tendría graves consecuencias para los votantes de California, Oregón, Nueva York, Virginia y otros estados con leyes similares de derecho al voto.
El 11 de mayo, la Corte Suprema de Washington escuchará los argumentos en el caso de Portugal v. el condado de Franklin y considerará si la Ley del Derecho al Voto de Washington es constitucional. (Los argumentos se trasmitirán en vivo aquí).
El caso surgió en el condado de Franklin en la región central de Washington, donde los votantes latinos cuestionaron el método de elecciones en el que todo el condado elige a tres comisionados del condado. Con este sistema, todos los votantes del condado de Franklin emiten sus votos por todos los candidatos que se postulan a tres comisiones. Ya que los votantes de raza blanca tienen la mayoría numérica en el condado de Franklin y se oponen sistemáticamente a candidatos latinos en las elecciones, los latinos nunca pueden lograr representación en la comisión del condado con este sistema.
En el sistema que abarca todo el condado, la votación polarizada por raza, además de otras faltas de equidad, aseguran que los votantes blancos que constituyen la mayoría controlen todos los resultados de las elecciones, incluso cuando un grupo minoritario es grande. Como resultado, los sistemas de elecciones generales pueden negarles a los votantes de minorías una oportunidad equitativa en las elecciones y van en contra de la ley.
De hecho, este es el caso en el condado de Franklin, donde no se ha elegido a ningún latino a comisionado de condado en los últimos 20 años a pesar de que los residentes latinos actualmente representan 54 por ciento de la población total y aproximadamente un tercio de todos los que reúnen los requisitos para votar.
La Ley del Derecho al Voto de Washington existe para solucionar precisamente este tipo de injusticia, a fin de asegurar que los gobiernos locales en un estado con cada vez más población multirracial dejen de seguir usando sistemas electorales discriminatorios y les den a los votantes afectados un recurso conforme a las leyes estatales en sus tribunales.
Por eso, cuando los votantes latinos y la League of United Latin American Citizens entablaron una demanda contra el condado de Franklin y su sistema de elecciones generales en 2020, el condado optó por un arreglo extrajudicial en vez de ir a juicio. Acordó cambiar su sistema electoral de manera que solo los votantes que viven en un distrito electoral en vez de todos los votantes elijan a cada comisionado del condado, un sistema que les da a los votantes latinos una vía al éxito en las elecciones y la representación justa que su mayoría merece.
Pero esta victoria legal fue cuestionada. Un residente del condado de Franklin intervino en la demanda para alegar que estas medidas de protección contra la discriminación van en contra de la Constitución de Estados Unidos y, cuando se aprobó el arreglo extrajudicial del condado, apeló el caso ante la Corte Suprema de Washington. El residente en dicha demanda alega que la Ley del Derecho al Voto de Washington exige indebidamente que los tribunales tomen en cuenta la raza cuando evalúan si un sistema electoral discrimina contra votantes minoritarios.
Tales argumentos se proponen anular la Ley del Derecho al Voto de Washington y privar así a los latinos y otras comunidades en crecimiento de una crucial medida de protección contra la discriminación en las elecciones. Si tienen éxito, el caso también podría afectar medidas similares de protección del derecho al voto que varios estados han adoptado.
Al igual que Washington, cuatro otros estados —California, Oregón, Virginia y Nueva York— tienen leyes estatales de derecho al voto, y las legislaturas de por lo menos tres otros —Connecticut, Maryland y Nueva Jersey— consideran promulgar una.
Según el resultado, el caso de Washington podría complicar estos esfuerzos legislativos, además de dar lugar a demandas similares en otros estados y afectar la representación justa de votantes minoritarios en todo el país.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
