Al censo siempre le ha costado contar a las comunidades latinas de la forma precisa que lo hace con otros grupos, y el censo de 2020 no fue la excepción. Por eso, surge una urgente necesidad de reformar la ley del censo y sus políticas para resolver tanto los problemas de antaño como los nuevos de los que sufrió el más reciente conteo.
Los informes que evaluaron la calidad de los resultados del censo de 2020 hallaron que excluyeron considerablemente a las comunidades no blancas, en especial a las comunidades latinas, de las cuales casi el 5 por ciento quedó afuera del conteo, uno de los peores déficits del censo. Es más del triple del porcentaje que quedó afuera durante el censo de 2010 y, sin lugar a dudas, refleja los intentos sin precedentes del gobierno anterior de interferir en el conteo, desde el intento fallido del presidente Trump de agregar al censo una pregunta sobre ciudadanía, hasta su plan, también fallido, de apurar los plazos de la Oficina del Censo para recolectar los datos sobre las viviendas y procesar los resultados para que él mismo pudiera modificar los números antes de dejar la presidencia.
Cuando un censo cuenta de menos, se reduce considerablemente la utilidad de sus resultados y perjudica las funciones básicas para las que se usan. El censo solo se realiza una vez cada diez años. Sus resultados sirven para determinar cuántos representantes le corresponde a cada estado en la Cámara de Representantes de la nación, cómo trazan los distritos electorales las gobiernos locales y estatales y cómo se distribuyen los fondos federales de más de $1.5 billones por año para cubrir necesidades básicas del país, como asistencia alimentaria, transporte y salud.
Tal como lo demuestran los acontecimientos del último censo, la ley existente deja demasiado margen para que ciertos actores políticos ignoren las mejores prácticas científicas y manipulen los números del censo. Y al mismo tiempo, no le da nada de margen a la Oficina del Censo para que pueda innovar sus métodos de diseño y operaciones y combatir problemas persistentes como las exclusiones en los conteos racialmente discriminatorios.
Una reforma prioritaria, según proponemos en un nuevo informe del Brennan Center, es restringir cualquier interferencia del presidente en los futuros conteos. Constituir a la Oficina del Censo como una agencia ejecutiva independiente sería un importante primer paso. La Oficina actualmente depende del Departamento de Comercio, lo cual permite que cualquier persona nombrada políticamente, como el secretario de Comercio, anule la opinión experta de científicos de carrera a pedido del presidente. En cambio, como agencia independiente, la Oficina del Censo estaría liderada por un director con autoridad de decisión final sobre el conteo. Además, si se quita al presidente del proceso de asignación de asientos congresuales para que sea el director de la Oficina del Censo el que envíe los números de asignación de asientos directamente al Congreso, se eliminaría otra posible vía de interferencia.
El Congreso también debería prohibir agregar al cuestionario del censo preguntas a último momento y que no hayan sido probadas. Así, la Oficina del Censo estaría obligada a seguir procesos más transparentes para agregar preguntas, como cuando se le da la oportunidad al público de dar su opinión sobre nuevas preguntas propuestas y se publican estudios que evalúan la disposición del público a responder a esas preguntas. Este proceso podría evitar futuros intentos de agregar en el censo preguntas a último momento, tal como ocurrió con la pregunta sobre ciudadanía en 2020.
Además, el Congreso debería pedirle a la administración de Biden que actualice la forma en que se pregunta sobre la identidad racial y étnica en el censo. El método actual de la Oficina es confuso y produce datos menos precisos de lo que debería.
En 2020, igual que en las décadas anteriores, el censo primero les preguntó a las personas sobre su etnicidad con una lista de opciones, de las cuales una era “de origen hispano, latino o español”. Luego les preguntó sobre su raza donde tenían que elegir una de estas seis categorías: blanca, negra o afroamericana, nativa americana o nativa de Alaska, asiática, nativa de Hawái o de otras islas pacíficas, y otra raza. Dado que muchas personas latinas e hispanas no se identifican con ninguna de estas categorías raciales, es muy común que seleccionen “otra raza”.
En 2020, casi el 94 por ciento de las personas que seleccionaron “otra raza” eran de origen hispano o latino. De esta manera resulta difícil utilizar los datos del censo para proteger los derechos civiles amparados por la ley federal, porque a menudo hay que saber la identificación racial de un grupo determinado antes de aplicar la ley.
Los estudios de la Oficina del Censo han revelado que, si se unificaran las dos preguntas sobre raza y etnicidad en una sola, sería menos confuso y más personas responderían con su identidad racial y étnica. También produciría datos más coherentes y completos sobre las personas hispanas y latinas porque una sola pregunta unificada les permitiría seleccionar más de una categoría, por ejemplo, hispano y blanco.
Nuestras reformas propuestas liberarían a la Oficina del Censo de los problemas recurrentes que nunca se abordaron directamente y la prepararían para resolver problemas futuros de un modo más efectivo. El resultado sería un conteo que refleja un panorama más preciso de una nación cada vez más grande y diversa. Este es el tipo de censos que nuestra democracia se merece.
