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Análisis

Cinco leyes estatales basadas en mitos de fraude electoral que obstaculizarán futuras elecciones

El complot para anular las elecciones de 2020 fracasó, pero las falsas afirmaciones sobre el fraude electoral han impulsado con éxito la legislación que va a dificultar el voto.

Como quedó claro en las audiencias del comité del 6 de enero, el ataque al Capitolio fue motivado por las falsas denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Aunque la insurrección fracasó, los daños de la Gran Mentira de unas elecciones “robadas” continúan.

Los años 2021 y 2022 han batido el récord de nuevos ataques legislativos contra el voto y la administración electoral. La investigación del Brennan Center ha descubierto que la mayor parte de la legislación ha sido fomentada y justificada por la desinformación. En las próximas elecciones, los votantes y los funcionarios electorales tendrán que enfrentarse a las nuevas trabas impuestas por algunas de estas leyes. He aquí algunos ejemplos de los efectos de la Gran Mentira a los que se enfrentarán los votantes este otoño.

Georgia

Georgia fue objeto de una avalancha de litigios sobre las elecciones de 2020, amenazas de violencia y acoso hacia los funcionarios electorales y los votantes, e intentos selectivos de cambiar los resultados de las elecciones; incluida una llamada telefónica de una hora de duración en la que Trump instó al principal funcionario electoral del estado a “encontrar” suficientes votos para que él ganara. A pesar de su fracaso universal en la corte, muchas de las afirmaciones falsas inspiradas en la Gran Mentira presentadas en estas demandas motivaron disposiciones legislativas que estarán en vigor para las elecciones de 2022.

Proyecto de ley 202 del Senado de Georgia 

La ley GA S.B. 202, promulgada el año pasado, responde con notable precisión a las mentiras que se han difundido en estas demandas carentes de fundamento. En un caso, una demandante alegó falsamente que se proporcionaron fondos privados al condado de Fulton para “pagar a los recolectores de papeletas” y para “pagar… el plan para eliminar a los observadores electorales de un partido político para que la responsabilidad crítica de determinar… la validez del recuento pudiera llevarse a cabo sin supervisión”. También alegó que “los registros del voto por correo demuestran que los votos ilegales se cuentan y los legales no se cuentan” en un número superior a los 50,000 votos.

Otros casos alegan que el uso de los buzones por parte del estado aumenta de algún modo el riesgo de fraude, otra popular teoría de la conspiración de la Gran Mentira. Las cortes rechazaron estas demandas, y el testimonio del Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ante el comité del 6 de enero, desacreditó completamente estas afirmaciones.

Sin embargo, la ley S.B. 202 parece validar estas alegaciones al prohibir a los administradores electorales locales aceptar fondos de fuentes privadas y ampliar los derechos legales de los observadores electorales para vigilar las elecciones sin restricciones por parte de los administradores. La ley también limita la disponibilidad de buzones y restringe el acceso al voto por correo al imponer requisitos de identificación más estrictos para los votantes ausentes y acortar el plazo para solicitar las papeletas. De manera reveladora, uno de los copatrocinadores de la S.B. 202 hizo eco de las conspiraciones difundidas que apoyan la Gran Mentira, sugiriendo en un artículo de opinión que los votos por correo poco fiables cambiaron el resultado de ciertas contiendas en 2020.

Proyecto de ley 441 del Senado de Georgia

Aunque no hay absolutamente ninguna prueba de fraude electoral extendido en Georgia ni en ningún otro estado, la ley S.B. 441 otorga a la Oficina de Investigación de Georgia la autoridad para investigar el fraude electoral y remitir cualquier violación percibida para que sea procesada. Este proyecto de ley destina aún más recursos a la investigación del fraude y aumenta el riesgo de procesos por motivos políticos, lo que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el rango de las nuevas sanciones creadas por la S.B. 202.

Proyectos de ley específicos por condado

Además de impugnar ciertos métodos de votación, los negacionistas electorales atacaron directamente a los funcionarios locales en las cortes, culpándolos de los resultados de las elecciones de 2020 y acusándolos de conducta impropia. Se presentaron más de una docena de demandas contra las juntas electorales de los condados, alegando fraude y tratando de bloquear la certificación o anular los resultados de las elecciones.

La legislatura de Georgia respondió también a estos casos arrebatando el poder a ciertas juntas electorales de los condados, creando la posibilidad de una interferencia partidista en la administración de las elecciones. Estas juntas de condado son responsables de administrar las elecciones, contar los votos y certificar los resultados. La ley S.B. 202 otorga a la junta electoral del estado la autoridad para interferir en la gestión de las elecciones locales, eliminando a los funcionarios electorales profesionales y asumiendo el control de la administración electoral en jurisdicciones específicas.

Además, Georgia aprobó al menos ocho proyectos de ley específicos para cada condado desde 2020 que reestructuran las juntas electorales locales. Estas reestructuraciones han a menudo conducido a una mayor ventaja partidista y, en particular, han eliminado a los demócratas negros de varias juntas.

Florida

La Gran Mentira se extendió especialmente en la Florida, donde altos funcionarios del estado abrazaron las teorías conspirativas y avivaron las dudas sobre el resultado de las elecciones de 2020. El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), cuestionó públicamente los resultados de 2020, alegando que “el vertedero de votos… que ocurre uno o dos o tres días después de la noche electoral, de manera que tienes un candidato que tiene una gran victoria, y luego, de repente, la suerte cambia”.

Proyecto de ley 90 del Senado de Florida

Poco después de que DeSantis hiciera estas declaraciones, el estado promulgó la S.B. 90, una ley general de supresión de votantes que dificulta considerablemente la emisión del voto en el estado.

La ley se basa en muchas conspiraciones de la Gran Mentira, restringiendo el acceso al voto por correo, los buzones y la asistencia al votante. Entre sus disposiciones, la ley S.B. 90 añade requisitos más estrictos de identificación para los que soliciten el voto en ausencia, exige una supervisión constante de los buzones, reduce la disponibilidad de los mismos fuera de las horas de votación anticipada y dificulta considerablemente que las organizaciones cívicas ayuden a las personas a registrarse para votar. 

Proyecto de ley 524 del Senado de Florida

Florida también promulgó la ley S.B. 524, que crea una nueva Oficina de Delitos Electorales y Seguridad dentro del Departamento de Estado de Florida, responsable de investigar las violaciones de la ley electoral y de remitirlas para ser procesadas. Al igual que la S.B. 441 de Georgia, la S.B. 524 de Florida destina recursos adicionales a la investigación y persecución de delitos electorales y amenaza con permitir la interferencia partidista en la administración electoral. El recién nombrado secretario de estado, que supervisará el nuevo cargo, es un destacado partidario de las conspiraciones electorales y se ha negado a decir que el presidente Biden ganó las elecciones de 2020.

Texas

Texas fue el origen de una serie de teorías conspirativas y de intentos de utilizar el sistema judicial para anular los votos válidamente emitidos o incluso anular las elecciones por completo. Por ejemplo, varias demandas cuestionaron la votación desde el automóvil en el condado de Harris y trataron de anular los votos ya emitidos en los lugares donde se realiza este tipo de votación.

La política del condado que permite votar desde el automóvil, argumentaron los demandantes en un caso, “crea una oportunidad propicia para el fraude”, que haría que el “resultado de las elecciones [estuviera] en duda”. Después del día de las elecciones, el fiscal general Ken Paxton demandó sin éxito a varios estados en un intento de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara a sus electores presidenciales basándose en vagas acusaciones de fraude en el proceso de votación por correo.

Los litigios no fueron la única fuente de intentos de sabotaje electoral procedentes de este estado. Un hombre de Texas fue arrestado a principios de este año por amenazar de muerte a funcionarios electorales de Georgia basándose en afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020.

Estas demandas y los diversos intentos de anular las elecciones no tuvieron éxito, pero los votantes de Texas se enfrentarán a obstáculos en las elecciones de mitad de período debido a estas falsas afirmaciones. Los legisladores afirmaron que las “elecciones de noviembre de 2020 demostraron la falta de transparencia e integridad dentro del proceso electoral”. Partiendo de esta noción infundada, la legislatura estuvo a punto de promulgar un proyecto de ley con una disposición denominada en realidad “Anulación de elecciones”, que habría concedido a los jueces partidistas poderes adicionales para anular los resultados de unas elecciones basándose en tenues pruebas de fraude.

Proyecto de ley 1 del Senado de Texas

La legislatura promulgó la ley S.B. 1, que prohíbe el voto desde el automóvil e impone restricciones adicionales a la hora de obtener y remitir la papeleta. También establece importantes restricciones respecto al apoyo a los discapacitados o aquellos con conocimiento limitado del inglés y amplía las funciones de los observadores electorales partidistas en la jornada electoral. Además de otras repercusiones, la ley ya ha generado un elevado índice de rechazo de los votos por correo. La Gran Mentira fue derrotada en la corte en Texas, pero sus promotores aún pudieron usarla para justificar más restricciones al voto.

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En todo el país, los legisladores se han apoyado en afirmaciones infundadas sobre el año 2020 para justificar leyes que restringen el derecho al voto y aumentan el riesgo de interferencia electoral. Los ejemplos anteriores son sólo una parte de las nuevas leyes que afectarán a las elecciones de noviembre. Las mentiras sobre las elecciones de 2020 han tenido un efecto tan extendido que incluso los propios legisladores que rechazan estas afirmaciones, como en Montana, están introduciendo y aprobando leyes de voto restrictivas para aminorar las preocupaciones de los que sí creen en ellas.

Puede que la insurrección del 6 de enero no haya tenido éxito, pero está claro que la Gran Mentira y el daño que le está haciendo a nuestra democracia no van a desaparecer.

Traducción de Anwar A. Martínez.