Georgia fue objeto de una avalancha de litigios sobre las elecciones de 2020, amenazas de violencia y acoso hacia los funcionarios electorales y los votantes, e intentos selectivos de cambiar los resultados de las elecciones; incluida una llamada telefónica de una hora de duración en la que Trump instó al principal funcionario electoral del estado a “encontrar” suficientes votos para que él ganara. A pesar de su fracaso universal en la corte, muchas de las afirmaciones falsas inspiradas en la Gran Mentira presentadas en estas demandas motivaron disposiciones legislativas que estarán en vigor para las elecciones de 2022.
Proyecto de ley 202 del Senado de Georgia
La ley GA S.B. 202, promulgada el año pasado, responde con notable precisión a las mentiras que se han difundido en estas demandas carentes de fundamento. En un caso, una demandante alegó falsamente que se proporcionaron fondos privados al condado de Fulton para “pagar a los recolectores de papeletas” y para “pagar… el plan para eliminar a los observadores electorales de un partido político para que la responsabilidad crítica de determinar… la validez del recuento pudiera llevarse a cabo sin supervisión”. También alegó que “los registros del voto por correo demuestran que los votos ilegales se cuentan y los legales no se cuentan” en un número superior a los 50,000 votos.
Otros casos alegan que el uso de los buzones por parte del estado aumenta de algún modo el riesgo de fraude, otra popular teoría de la conspiración de la Gran Mentira. Las cortes rechazaron estas demandas, y el testimonio del Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, ante el comité del 6 de enero, desacreditó completamente estas afirmaciones.
Sin embargo, la ley S.B. 202 parece validar estas alegaciones al prohibir a los administradores electorales locales aceptar fondos de fuentes privadas y ampliar los derechos legales de los observadores electorales para vigilar las elecciones sin restricciones por parte de los administradores. La ley también limita la disponibilidad de buzones y restringe el acceso al voto por correo al imponer requisitos de identificación más estrictos para los votantes ausentes y acortar el plazo para solicitar las papeletas. De manera reveladora, uno de los copatrocinadores de la S.B. 202 hizo eco de las conspiraciones difundidas que apoyan la Gran Mentira, sugiriendo en un artículo de opinión que los votos por correo poco fiables cambiaron el resultado de ciertas contiendas en 2020.
Proyecto de ley 441 del Senado de Georgia
Aunque no hay absolutamente ninguna prueba de fraude electoral extendido en Georgia ni en ningún otro estado, la ley S.B. 441 otorga a la Oficina de Investigación de Georgia la autoridad para investigar el fraude electoral y remitir cualquier violación percibida para que sea procesada. Este proyecto de ley destina aún más recursos a la investigación del fraude y aumenta el riesgo de procesos por motivos políticos, lo que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta el rango de las nuevas sanciones creadas por la S.B. 202.
Proyectos de ley específicos por condado
Además de impugnar ciertos métodos de votación, los negacionistas electorales atacaron directamente a los funcionarios locales en las cortes, culpándolos de los resultados de las elecciones de 2020 y acusándolos de conducta impropia. Se presentaron más de una docena de demandas contra las juntas electorales de los condados, alegando fraude y tratando de bloquear la certificación o anular los resultados de las elecciones.
La legislatura de Georgia respondió también a estos casos arrebatando el poder a ciertas juntas electorales de los condados, creando la posibilidad de una interferencia partidista en la administración de las elecciones. Estas juntas de condado son responsables de administrar las elecciones, contar los votos y certificar los resultados. La ley S.B. 202 otorga a la junta electoral del estado la autoridad para interferir en la gestión de las elecciones locales, eliminando a los funcionarios electorales profesionales y asumiendo el control de la administración electoral en jurisdicciones específicas.
Además, Georgia aprobó al menos ocho proyectos de ley específicos para cada condado desde 2020 que reestructuran las juntas electorales locales. Estas reestructuraciones han a menudo conducido a una mayor ventaja partidista y, en particular, han eliminado a los demócratas negros de varias juntas.