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Tanto la orden ejecutiva como la causa judicial amenazan con sembrar la desconfianza en nuestras elecciones y socavar la libertad de voto de la ciudadanía estadounidense.
Millones de estadounidenses votan por correo, un método de voto confiable y seguro.
En marzo, la Corte Suprema escuchó los alegatos orales de un caso que podría privarles de su derecho al voto injustamente a las personas votantes que dependen de la votación por correo y colocar más obstáculos para la administración electoral de cara a las elecciones de medio término.
Un dictamen así implicaría que la mayoría de la Corte malinterpretó las leyes federales y probablemente aceptó las declaraciones engañosas que se hicieron sobre la votación por correo.
Los alegatos en el caso Watson v. Republican National Committee, una demanda que se presentó en contra de una ley en Misisipi que permite contar las boletas enviadas por correo antes del día de las elecciones, pero que llegan unos días después, se escucharon al poco tiempo después que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para suplantar las leyes estatales sobre la votación por correo. (El Brennan Center y otros grupos de defensa del derecho al voto están disputando la orden ante la justicia). Esa orden podría negarles el acceso al voto por correo a muchísimas personas votantes elegibles.
Al igual que las declaraciones que está considerando la Corte en el caso Watson, esa orden se basa en alegaciones infundadas de problemas con la votación por correo. Tanto la orden ejecutiva como la causa judicial amenazan con sembrar la desconfianza en nuestras elecciones y socavar la libertad de voto de la ciudadanía estadounidense.
Una ruptura en las prácticas estatales
Millones de estadounidenses votan por correo, un método de voto confiable y seguro. La Constitución establece que los estados tienen el poder de regular el “momento, el sitio y el modo” en que se llevan a cabo las elecciones federales y que el Congreso mantiene la autoridad prevalente de crear o modificar esas reglas. Ello incluye la determinación de las reglas para la votación por correo.
Misisipi es uno de los 30 estados, además del Distrito de Columbia y tres territorios estadounidenses, que tienen leyes que conceden un “período de gracia” para permitir contar por lo menos determinadas boletas de voto por correo enviadas antes del día de las elecciones, pero que llegan después.
De esos estados, 14 —entre ellos, Misisipi—, junto a D.C. y tres territorios estadounidenses, establecen un período de gracia para todas las personas votantes. Y 16 estados estipulan un período de gracia específico para los votantes del servicio militar y en el exterior.
A comienzos de 2024, el Comité Nacional Republicano y el Partido Libertario de Misisipi presentaron dos demandas en las que alegaron que el período de gracia de Misisipi quedaba invalidado por las leyes federales sobre el “día de las elecciones”, que desde hace un siglo obligan a los estados a celebrar elecciones presidenciales y congresuales el primer martes de noviembre. Esas leyes establecen la fecha en que se deben emitir las boletas, pero no cuándo los estados deben recibirlas y contarlas.
Un tribunal federal de distrito rechazó las demandas, pero el Tribunal de Apelación para el Quinto Circuito anuló sus dictámenes.
Declaraciones contrarias a la realidad durante los alegatos orales
En los alegatos orales, varios magistrados se centraron en preocupaciones que están alejadas no solo de la realidad sobre la votación por correo, sino también de las cuestiones jurídicas del caso.
El magistrado Neil Gorsuch y la magistrada Amy Coney Barrett, por ejemplo, preguntaron si Misisipi podía permitirle a una persona votante revocar su boleta de voto por correo después de una elección a través del Servicio Postal de los EE. UU. u otro servicio de correo común como FedEx, algo que sería increíblemente improbable. De hecho, tal como confirmó el procurador general de Misisipi, Scott Stewart, el caso no se trata de la revocación de boletas y Misisipi no ha tenido una historia en la que sus votantes hayan intentado revocar boletas.
Para citar otro ejemplo, las leyes de Misisipi permiten a las autoridades electorales contar las boletas recibidas después del día de las elecciones solo si fueron enviadas por correo a tiempo.
Pero el magistrado Clarence Thomas, además de Gorsuch y Barrett, atacaron a Stewart con preguntas que implicaban que las leyes que contemplan un período de gracia podían abrir la puerta para considerar que una boleta fue “emitida” cuando la persona votante simplemente le entregó la boleta a un vecino que luego la depositó después del día de las elecciones.
Preguntas como estas plantean hipótesis muy improbables y desprovistas de pruebas concretas. Y lo que es peor, se hacen eco de los años de preocupaciones infundadas que se han utilizado para justificar los ataques contra las personas votantes que reciben asistencia para votar, incluso aquellas que tienen discapacidades o poco dominio del inglés.
En otros momentos durante los alegatos orales, los abogados tanto del Comité Nacional Republicano como del Gobierno de los Estados Unidos presentaron hechos fuera de contexto o los ignoraron por completo.
Por ejemplo, durante la Guerra Civil, la mayoría de los estados de la Unión aprobaron leyes que les permitieron a los soldados votar cuando estaban lejos de su residencia. Al contrario de lo que presentó la parte demandante y tal como señaló la magistrada Sonia Sotomayor, entre ellos se encontraban al menos dos estados que recibieron y contaron las boletas de sus soldados recién después del día de las elecciones.
Y en cuanto al menos dos tratados históricos que el Gobierno de los Estados Unidos citó en sus alegatos, Sotomayor le dijo al fiscal general, John Sauer, que se sentía “un poco molesta —no un poco, sino muy molesta— por las muchas declaraciones en sus alegatos que citan fuentes históricas fuera de contexto”.
No fueron solo los abogados quienes cometieron errores fácticos. El magistrado Brett Kavanaugh señaló que los períodos de gracia eran acontecimientos recientes, pero múltiples estados tenían leyes con períodos de gracia en los años 1920 y 1930, durante la Segunda Guerra Mundial y en la década que le precedió a la pandemia de COVID-19.
Los efectos sobre el electorado
Las declaraciones de los hechos sin fundamento que se presentaron en este caso nos recuerdan a otros casos sobre el derecho al voto donde los tribunales federales, en especial la Corte Suprema, han ignorado hechos importantes.
En el caso Shelby County v. Holder, que desmanteló una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), la Corte ignoró la forma en que el Congreso había considerado varios incidentes recientes sobre las leyes electorales discriminatorias.
En el caso Rucho v. Common Cause, en el que la Corte dictaminó que los tribunales federales no pueden decidir sobre los casos de manipulación partidista de los distritos electorales, ignoró los simulacros computacionales que demostraban que los distritos disputados en el caso se habían trazado con motivos partidistas extremos.
En este momento, la Corte está considerando si va a aceptar otro caso, el de Turtle Mountain Band of Chippewa Indians v. Howe, en el que el Tribunal de Apelación para el Octavo Circuito ignoró el consenso que desde hace décadas afirma que las personas a las que se las ha privado de su derecho al voto pueden presentar una demanda ante un tribunal federal.
Declaraciones engañosas como las que se plantearon durante los alegatos orales del caso Watson amenazan con distraer a la Corte y al público de un hecho fundamental: algunas personas votantes enfrentan obstáculos que otras no tienen.
Un escrito de amicus curiae que presentaron en el caso Watson el Brennan Center y la parte colitigante Covington & Burling en nombre de personas y organizaciones que representan a los votantes residentes en el exterior y miembros del servicio militar señaló, por ejemplo, que las personas votantes que viven fuera de su estado de residencia pueden enfrentar dificultades específicas para votar debido a las demoras con el correo.
Muchos miembros militares votantes que se encuentran en Japón informan que su correspondencia puede demorar entre seis y ocho semanas para llegar desde los Estados Unidos. Dos personas votantes en Alemania enviaron sus boletas desde su oficina postal militar tres semanas antes de las elecciones, pero llegaron recién después del día de las elecciones.
Paul Clement, que representa al Comité Nacional Republicano, sugirió durante los alegatos orales que las dificultades con el correo podían remediarse si los estados le permitieran a su electorado en el exterior que enviara sus boletas por correo electrónico. Pero la transmisión electrónica no siempre es una opción viable para las personas ciudadanas en el exterior o del servicio militar que se encuentran en zonas remotas.
Este tipo de dificultades explican por qué el Congreso ha aprobado muchas leyes federales que facilitan el voto militar y desde el exterior, como la Ley sobre el Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) de 1986. Esas leyes incorporaron los plazos que ya tenían los estados para recibir las boletas.
Las personas votantes que viven en los distintos estados también enfrentan obstáculos. La votación por correo puede ser una opción vital para ejercer su derecho al voto en el caso de las personas votantes con discapacidades o que viven en áreas rurales dentro de su estado, como muchas partes de Alaska, o fuera de su estado de residencia. Aun así, esta opción vital puede requerirles tomar más medidas para registrarse para votar o recibir y devolver una boleta.
Las leyes que disponen un período de gracia pueden marcar una gran diferencia en los estados que las han promulgado. En 2024, al menos 750,000 boletas —aproximadamente el tamaño de población de todo un distrito congresual— fueron selladas por el correo antes del día de las elecciones, pero recibidas dentro de los períodos de gracia estipulados. Y esa cifra ni siquiera incluye las boletas en los estados que disponen de los períodos de gracia específicos para los votantes militares y en el exterior.
Muchos estados, como Misisipi, han promulgado períodos de gracia justamente para resolver las dificultades que enfrentan las personas votantes que dependen del voto por correo. La magistrada Ketanji Brown Jackson preguntó si el Congreso, cuando estableció un día federal uniforme para celebrar las elecciones, quería “limitar la autonomía de los estados para que no tuvieran la facultad de tomar este tipo de decisiones”.
No, no quería eso. Una decisión que anule los períodos de gracia podría generar confusión para el electorado y las autoridades electorales, y perjudicar el acceso a los comicios de las comunidades. La Corte Suprema debe focalizar su atención en el electorado —y en las decisiones del Congreso que garantizan que los estados puedan atender a su electorado—, tal como lo prevé la Constitución.
Traducción de Ana Lis Salotti
