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• En los últimos años, la Corte se ha caracterizado por sentencias polarizadoras que han restringido los derechos constitucionales y ampliado desmesuradamente el poder presidencial.
• También ha sido objeto de graves escándalos éticos y polémicas batallas por la confirmación de sus magistrados.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ejerce un poder inmenso con una mínima rendición de cuentas. Sus decisiones moldean la ley, las instituciones democráticas y la vida de las personas. Aun así, carece de mecanismos directos para hacer cumplir sus fallos. Su autoridad depende enfáticamente de su credibilidad ante la ciudadanía.

Hoy, la Corte Suprema enfrenta una crisis de confianza. La opinión favorable de los estadounidenses hacia la Corte se posiciona en mínimos históricos. Las encuestas demuestran que solo el 22 % de los votantes tiene “mucha” o “bastante” confianza en la Corte. El motivo es evidente.

En los últimos años, la Corte se ha caracterizado por sentencias polarizadoras que han restringido los derechos constitucionales y ampliado desmesuradamente el poder presidencial. También ha sido objeto de graves escándalos éticos y polémicas batallas por la confirmación de sus magistrados.

La Corte siempre ha tenido una dimensión política ineludible, los magistrados son nombrados por los presidentes con el consejo y consentimiento del Senado. Pero en los últimos años se ha desequilibrado cada vez más, a menudo representando la voluntad de una facción política. Desde George H. W. Bush, quien nombró al magistrado Clarence Thomas, el miembro con más años en la Corte actualmente, candidatos demócratas y republicanos han ganado la presidencia la misma cantidad de veces.

Sin embargo, los presidentes republicanos han nombrado a seis de los magistrados actuales, estableciendo una supermayoría en la Corte. De hecho, el último presidente de la Corte nombrado por un demócrata asumió el cargo en 1946. La extrema polarización en el Congreso ha resultado en tensas y acaloradas peleas partidistas por la confirmación de los magistrados, intensificando la politización en la Corte.

Los escándalos éticos han agitado aún más el ambiente en la Corte. Los informes sobre los magistrados que han aceptado viajes lujosos y regalos costosos por valor de millones de dólares, incluso por parte de personas con asuntos pendientes ante la Corte —además de participar en actividades de recaudación de fondos con fines políticos y controvertidas muestras de partidismo— han provocado la indignación pública, pero sin una rendición de cuentas efectiva.

En las últimas décadas, la Corte ha ejercido una influencia extraordinaria de una manera que habría sido irreconocible para los fundadores de la nación. Alexander Hamilton calificó al poder judicial como la rama “menos peligrosa”. Durante el primer siglo de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo tuvo un papel bastante limitado y modestas ambiciones.

Luego, durante algunos períodos notables —en el Tribunal Taney (el cual emitió la sentencia Dred Scott); en la Era Progresista, cuando los magistrados bloquearon décadas de legislación social; y en los Tribunales Warren y Burger hace medio siglo (con sus trascendentales fallos sobre derechos civiles y procedimiento penal)— la Corte desempeñó un papel cada vez más central en la vida política. Cada uno de estos ejemplos generó una fuerte reacción pública.

El Tribunal Roberts ha devuelto a la institución al centro de la controversia pública. Ha desmantelado las leyes que protegían contra la influencia corruptora del dinero en la política, lo que ha propiciado el protagonismo de la riqueza en las elecciones y en la formulación de las políticas públicas de los Estados Unidos. Ha debilitado leyes emblemáticas, incluidas disposiciones fundamentales de la Ley de Derecho al Voto. Ha anulado medidas tomadas por el Congreso a un ritmo acelerado. Sentencias recientes resultaron en la anulación de numerosas leyes estatales y federales que regulan la seguridad de las armas de fuego.

También restringió drásticamente el poder de los organismos reguladores para proteger la salud pública y el medio ambiente. La Corte erosionó los derechos y las libertades individuales —incluido el derecho federal al aborto— de una manera que no se ajusta a los valores públicos. Y, más recientemente, con algunas excepciones notables, ha permitido que un poder ejecutivo irresponsable atropelle el sistema de frenos y contrapesos de los Estados Unidos, a menudo sin dar explicación alguna de sus sentencias. Estas decisiones también han generado una enorme reacción de la ciudadanía.

Hoy en día, el Tribunal puede parecer que funciona más como un órgano legislativo con una ideología definida que como un cuerpo judicial moderado. Como observó la magistrada Elena Kagan: “la manera en que la Corte mantiene su legitimidad y fomenta la confianza pública es actuando como un tribunal”. De lo contrario, los magistrados son simplemente “nueve personas sin supervisión alguna, personas que no son de elección popular” que “establecen las reglas de una democracia”.

Necesitamos una Corte Suprema fuerte que desempeñe el papel que le corresponde en nuestra democracia, protegiendo las instituciones democráticas, defendiendo el estado de derecho y salvaguardando los derechos individuales. Pero esta Corte ya no funciona como la concibieron los fundadores, ni como debería. Las reformas pueden reconstruir la confianza pública y restablecer el equilibrio en nuestro sistema de gobierno.

Esto requiere reconocer que la Corte Suprema es una rama del gobierno con poder equitativo, y como tal, puede y debe ser criticada con rigor. Así es como funciona Estados Unidos. La buena noticia es que las soluciones sensatas y populares pueden marcar la diferencia.

Además, deberían considerarse numerosas reformas para los tribunales federales inferiores, como aumentar el número de jueces para que esté a la par con el crecimiento de nuestra población o reformar los procesos relacionados con las órdenes judiciales a nivel nacional. Pero este momento exige una reforma inmediata de la Corte Suprema, dónde se están debatiendo cuestiones trascendentales para nuestra democracia, las cuales moldearán significativamente nuestro gobierno durante las próximas décadas.

Muchos consideran que la Corte es imposible de reformar. Pero sí es posible. El Artículo III de la Constitución, el cual establece el poder judicial federal, otorga al Congreso un control enorme sobre la estructura y el funcionamiento de la Corte. El Congreso ha modificado la composición y las normas de la Corte en numerosas ocasiones. Ha alterado las funciones de los magistrados y el orden del día de la Corte, establecido criterios de recusación, e incluso modificado el tamaño y jurisdicción de la Corte.

Ya es hora de que el Congreso actúe nuevamente y devuelva a la Corte al lugar que le corresponde en el sistema constitucional estadounidense. El Congreso debe aprobar con urgencia las reformas necesarias, incluidas las presentadas a continuación.

Hoy en día, los magistrados tienen el poder de moldear la ley durante generaciones. No siempre fue así. Durante casi dos siglos, los magistrados ejercieron su cargo durante un promedio de 15 años. Sin embargo, en la década de 1970, la duración de sus mandatos empezó a aumentar rápidamente.

Desde 1993, el mandato promedio de un magistrado de la Corte Suprema es de 28 años, y se prevé que siga aumentando. Varios magistrados actuales podrían ejercer su cargo durante hasta nueve mandatos presidenciales. Ninguna otra gran democracia del mundo otorga un mandato vitalicio a los magistrados de la Corte Suprema que deciden casos constitucionales. A nivel estatal, solo Rhode Island tiene un mandato vitalicio sin límite de edad.

Nadie debería ostentar tanto poder durante tanto tiempo. Esto refleja un elemento fundamental en la rendición de cuentas de una democracia, una lección que George Washington impartió al establecer la tradición de dos mandatos para los presidentes.

El Congreso debe promulgar un límite de mandato de 18 años para el servicio activo de los magistrados de la Corte Suprema. Tras 18 años, los magistrados asumirían el cargo de magistrados sénior. Bajo esta función, decidirían causas por designación en los tribunales inferiores, participarían en los casos de la Corte Suprema si algún otro magistrado se recusa o si hay vacantes imprevistas, y colaborarían en la gestión y administración de los tribunales federales.

Este modelo de magistrado sénior es una práctica común entre los jueces de los tribunales inferiores y ha sido una opción entre los magistrados de la Corte Suprema durante casi 90 años. Como han confirmado destacados juristas, jueces federales y estatales jubilados: el Congreso tiene la facultad de promulgar esta reforma mediante una ley, de conformidad con el requisito constitucional de que los magistrados “desempeñarán sus cargos mientras observen buena conducta”, ya que la condición de magistrados sénior les permite continuar ejerciendo el cargo con funciones modificadas.

Los límites al periodo de mandato deben estar acompañados de un sistema de nombramientos periódicos. Con un nombramiento cada dos años, cada presidente designaría a dos magistrados por mandato presidencial. Esto aportaría nuevas perspectivas a la institución y reduciría la presión de lo que está en juego durante cada proceso de confirmación.

Todo esto fortalece el vínculo democrático entre el Tribunal y la ciudadanía. Además, disminuye los incentivos para que los magistrados programen su jubilación para obtener ventajas políticas o permanezcan en el Tribunal anticipándose a la llegada al poder de un presidente de su partido de preferencia.

También garantiza que cada presidente tenga la misma oportunidad de influir en la composición de la Corte durante un mandato presidencial. Los límites a los períodos de mandato son ampliamente populares. Una encuesta de 2024 realizada por Fox News reveló que el 78 % de los estadounidenses está a favor de limitar el mandato de los magistrados a 18 años.

Esta reforma limitaría el poder descontrolado. Al mismo tiempo, aumentaría la independencia de la Corte en el proceso político —una forma clave de garantizar que defenderá la Constitución cuando otras ramas abusen de su poder. Y ayudaría a alinear a la Corte Suprema con los valores de la ciudadanía y a reconstruir la confianza del público.

Cada tribunal en los Estados Unidos está obligado a cumplir con un código de conducta vinculante —excepto la Corte Suprema. En gran medida, los magistrados han gozado de inmunidad ante cuestionamientos éticos. En los últimos años, informes sobre magistrados que aceptan vacaciones lujosas o regalos costosos (a menudo sin declararlos debidamente), que participan en reuniones políticas o eventos de recaudación de fondos, o magistrados que no se recusan a participar en procesos a pesar de tener conflictos de intereses, han empañado la reputación de la Corte.

En 2023, tras la indignación pública, la Corte implementó un código de ética voluntario para esclarecer lo que llamó un “malentendido” de que “no estaba sujeta a ninguna norma ética”. Ese código es más una laguna legal que una ley. Carece de un mecanismo para presentar quejas o iniciar una investigación en respuesta a acusaciones de mala conducta. Además, los hallazgos de las investigaciones pueden mantenerse en secreto. Su cumplimiento recae únicamente en los propios magistrados.

Si bien el código exige que los magistrados se recusen de un caso cuando existe un conflicto de interés, ellos pueden ignorar esta obligación si consideran que su voto es necesario. Todo esto sin necesidad de justificar su decisión. Ni el código ni las leyes federales imponen límites significativos a la recepción de obsequios. Además, el código no hizo más rigurosas las normas de divulgación financiera, a pesar de que los magistrados han incumplido con los requisitos de divulgación existentes.

Nadie posee la suficiente sabiduría como para juzgarse a sí mismo. El Congreso debería exigir un código de ética vinculante y ejecutable para los magistrados de la Corte Suprema. Dicho código debería establecer un mecanismo claro para su aplicación y para la investigación de presuntas violaciones a través de la publicación de los hallazgos sobre conductas graves, como ocurre en los sistemas que rigen a los jueces de los tribunales federales inferiores, jueces estatales y miembros del Congreso.

Asimismo, se debería exigir a los magistrados, sin excepción, que emitan una breve explicación por escrito cuando rechacen una solicitud de recusación. Y el Congreso debería prohibirles aceptar obsequios (con excepciones lógicas, como regalos de familiares) y prohibir a los magistrados realizar operaciones bursátiles o poseer acciones individuales. Las salvaguardas éticas vinculantes no solo garantizarían la rendición de cuentas de los magistrados, sino que también ayudarían a prevenir conflictos de interés.

El orden del día de los casos de emergencia de la Corte Suprema, denominada “lista de casos de emergencia en la sombra” (en inglés, shadow docket), permite al Tribunal suspender rápidamente decisiones de los tribunales inferiores para evitar daños inmediatos. Históricamente, su uso se limitaba a verdaderas emergencias, como casos en los cuales una ejecución era inminente. Pero recientemente, la Corte Suprema ha utilizado la lista de casos de emergencia en la sombra más como un instrumento para darle luz verde a la agenda del presidente Trump que para intervenir en emergencias.

Para marzo de 2026, la segunda presidencia Trump solicitó la intervención de la Corte en 34 ocasiones cuando los tribunales inferiores habían bloqueado partes de su agenda —más de lo que solicitaron conjuntamente las administraciones de Biden, Obama y George W. Bush. De esas 34 solicitudes, la Corte emitió 25 decisiones de la lista de casos de emergencias en la sombra y falló a favor de la administración en el 80 % de las veces.

En ocasiones, revocó décadas de jurisprudencia. Por ejemplo, la Corte Suprema utilizó la lista de casos de emergencia en la sombra para permitirle a Trump despedir a miembros de dos agencias independientes, a pesar de que 90 años de jurisprudencia confirmaba la ilegalidad de tales despidos.

En la lista de casos de emergencia en la sombra, la Corte Suprema suele dictar sentencias sin audiencias públicas y con información limitada. Usualmente toma años antes de que estos casos en su totalidad lleguen ante la Corte, si es que llegan a hacerlo. Para cuando eso ocurra, en muchos casos, el daño causado por sus resoluciones en los casos de emergencia en la sombra será irreparable: la administración Trump ya habrá desmantelado agencias gubernamentales enteras o deportado injustamente a personas a países donde enfrentarán graves peligros.

Las sentencias de los casos de emergencia en la sombra a menudo no incluyen explicaciones ni el desglose de los votos. Al no justificarse, la Corte renuncia a una expectativa fundamental de los órganos judiciales: que divulguen sus fundamentos. Como lo expresó claramente la magistrada Kagan: “se supone que los tribunales expliquen las cosas”. Es una protección esencial contra el poder arbitrario y una forma importante de garantizar que los casos similares se traten de la misma manera. Los jueces de los tribunales inferiores han expresado su frustración por la falta de transparencia y, a menudo, no saben cómo aplicar los nuevos estándares jurídicos sin orientación.

El Supremo no es un tribunal secreto. El Congreso debería aprobar una ley que reforme la lista de casos de emergencia en la sombra para prevenir futuros abusos. En primer lugar, el Congreso debe codificar normas para garantizar que el Tribunal sólo examine los casos donde hay una verdadera emergencia. Resulta difícil entender por qué las sentencias de los tribunales inferiores que han impedido que la administración Trump desmantele una agencia o congele las subvenciones para la investigación científica requieren una intervención de emergencia de la Corte Suprema, eludiendo así los procesos y garantías habituales de las apelaciones ordinarias.

En segundo lugar, el Congreso debe exigir a los magistrados emitir breves opiniones escritas y firmadas en las causas que figuran dentro de la lista de casos de emergencia en la sombra, lo cual aportaría claridad, aumentaría la transparencia y reforzaría la confianza en el funcionamiento imparcial de la Corte.

La incapacidad del Congreso para ejercer su autoridad como órgano legislativo ha creado un vacío aprovechado por el abuso del poder ejecutivo y los excesos de la Corte Suprema. Los legisladores de elección popular deben ejercer su autoridad principal sobre el diseño y la promulgación de las políticas públicas.

Sin embargo, en años recientes, la Corte ha desmantelado repetidamente leyes emblemáticas aprobadas democráticamente que anteriormente habían sobrevivido al escrutinio de la Corte. Por ejemplo, la causa Citizens United v. FEC en 2010 anuló partes de la Ley Bipartidista de Reforma a las Campañas (Bipartisan Campaign Reform Act, en inglés) y leyes que datan de hace un siglo.

En 2013, Shelby County v. Holder suspendió una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto. Y McCutcheon v. FEC en 2014 anuló por primera vez un límite federal a las contribuciones.

En otras ocasiones, la Corte ha invitado abiertamente al Congreso a responder con una nueva legislación, a menudo para aclarar estatutos ambiguos o subsanar lagunas con respecto a las protecciones constitucionales. Por ejemplo: el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en la causa Rucho v. Common Cause de 2019 que la cuestión sobre la manipulación partidista de los distritos electorales era algo que “solo el Congreso puede resolver”, mientras que la magistrada Kagan escribió que, “la manipulación partidista de los distritos electorales en estos casos privó a los ciudadanos del más fundamental de sus derechos constitucionales: el derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso político”.

El Congreso debería responder con rapidez a las interpretaciones erróneas o a los fallos desacertados, especialmente cuando estos retroceden los derechos constitucionales o socavan las leyes federales. En el pasado, tales respuestas legislativas eran comunes. Pero a medida que la Corte se ha vuelto más agresiva, los legisladores han hecho menos en las últimas décadas. El Congreso debería crear un proceso agilizado para responder a las sentencias que alteran las leyes federales o los derechos constitucionales. En un plazo determinado, debería permitir al Senado aprobar leyes en respuesta a dichas sentencias con una mayoría simple, al tiempo que permite que la minoría aporte al proceso.

La Cámara también debería contar con opciones expeditas. Este tipo de reforma es similar a la Ley de Revisión del Congreso, la cual le otorga al Congreso un proceso ágil para responder a las regulaciones de las agencias federales. Una ley similar para las decisiones judiciales podría devolver al Congreso —la rama más democrática del gobierno— al lugar que le corresponde como principal órgano formulador de las políticas públicas.

A menudo, las nominaciones a la Corte Suprema han generado debate. Pero cada vez más están marcadas por una división partidista tóxica. Esto empeoró considerablemente cuando el líder de la mayoría en el Senado, el senador Mitch McConnell, impidió que el nominado del presidente Obama, Merrick Garland, recibiera siquiera una audiencia en 2016, bajo la premisa de que las elecciones que se celebrarían casi nueve meses después estaban demasiado cerca.

La vacante duró 422 días —la vacante más larga en la Corte Suprema en más de 150 años. No obstante, en 2020, McConnell aceleró la confirmación de Amy Coney Barrett cuando la votación temprana para las elecciones de ese año ya había comenzado.

La Constitución exige que el Senado brinde “asesoramiento y consentimiento” para confirmar a un nominado. Pero el proceso de nominación no debería estar a merced del partido en el poder. Todo nominado merece una audiencia justa y una votación definitiva.

El Congreso debe actualizar sus normas para restablecer la regla de que las nominaciones a la Corte Suprema reciban una consideración oportuna y efectiva por parte de los senadores, y prohibir la práctica de negar someter una nominación a votación.

El Congreso debería cambiar las reglas del Senado para que, si una nominación la retrasa el Comité Judicial del Senado por inacción, un número importante de los senadores pueda solicitar que la nominación sea liberada del comité y forzar un debate y votación.

Alternativamente, el Congreso podría promulgar un mecanismo de vía rápida por ley, un instrumento común que utiliza para prevenir que se obstruyan ciertas medidas, como los acuerdos comerciales, presupuestos y el cierre de bases militares.

Una vez que una persona nominada a la Corte Suprema sea remitida al Comité Judicial del Senado, el comité tendría un número fijo de días para pronunciarse sobre la nominación. De no hacerlo, la nominación sería retirada automáticamente del comité, se incluiría en el calendario del Senado y se requeriría una votación en la plenaria. Estas reformas garantizarían que los nominados reciban la debida consideración, evitarían una escalada en las tácticas partidistas y permitirían al Senado cumplir con su deber constitucional.

Desde hace tiempo existe un debate sobre si se deben transmitir públicamente las audiencias y decisiones de la Corte Suprema. A medida que la confianza ciudadana en la Corte Suprema cae a mínimos históricos, la transmisión de las audiencias y decisiones sería un paso importante hacia la transparencia. También ayudaría a las personas estadounidenses a comprender mejor cómo la Corte llega a las decisiones que afectan sus vidas.

La Corte ya transmite el audio de las audiencias (aunque no los anuncios de sus sentencias), y las 50 cortes supremas estatales permiten la transmisión en video. Casi dos de cada tres votantes apoyan permitir la cobertura televisiva de los argumentos orales de la Corte, y siete de cada diez creen que la cobertura televisiva fortalecería la confianza en el proceso judicial.

La Corte Suprema ha fallado repetidamente a favor del derecho de la ciudadanía de asistir a las audiencias, lo cual permite a las personas “tener la confianza de que se están respetando los estándares de imparcialidad”. Los propios magistrados han dicho anteriormente durante su confirmación que apoyan o están abiertos a considerar la instalación de cámaras, para luego oponerse a dicha idea tras incorporarse a la Corte.

Los magistrados deberían respaldar su retórica con acciones. De lo contrario, el Congreso tiene el poder de tomar acción. Por ejemplo, los senadores Dick Durbin, demócrata de Illinois, y Chuck Grassley, republicano de Iowa, han presentado la Ley de Cámaras en la Sala de Justicia (Cameras in the Courtroom Act, en inglés) para requerir la presencia de cámaras en la Corte Suprema.

Traducción de Laura Gómez