Esta columna se publicó originalmente en La Opinión
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- La propuesta exigiría que las personas presenten “papeles”, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, para probar su ciudadanía al registrarse para votar.
- El proyecto de ley SAVE es simplemente parte de una campaña concertada por el propio gobierno federal para sembrar la desconfianza en nuestras elecciones de 2026, debilitar su administración y suprimir el voto.
Esta semana se espera que la Cámara de Representantes vote la última versión de la Ley SAVE (SAVE Act), un proyecto de ley que el año pasado enfrentó una gran oposición pública y quedó estancado en el Senado. La propuesta exigiría que las personas presenten “papeles”, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, para probar su ciudadanía al registrarse para votar.
Pero tal requisito les impediría a millones de ciudadanos el poder votar, incluidos muchos latinos. También impondría restricciones sobre el proceso de registro de los votantes por correo y en línea, lo cual les haría mucho más difícil votar a muchas personas elegibles.
El Brennan Center for Justice colaboró con varias organizaciones aliadas para llevar a cabo una encuesta sobre qué tipo de identificación posee la población estadounidense. ¿Los resultados? Más de 21 millones de las personas ciudadanas estadounidenses en edad de votar no tienen a la mano ningún documento que pruebe su ciudadanía.
Las razones son variadas. Los documentos pueden estar perdidos, o han sido robados o destruidos. Aproximadamente la mitad de la ciudadanía ni siquiera tiene pasaporte. Muchos no tienen acceso a una copia en papel de su certificado de nacimiento.
Ya existen medidas de protección federales y estatales para que solo los ciudadanos estadounidenses elegibles puedan votar. Las leyes estatales y federales requieren que quienes se registran para votar deben declarar su condición de ciudadanía bajo pena de perjurio y la amenaza de procesamiento penal.
Los estudios demuestran que solo los que tienen ciudadanía votan, con muy raras excepciones. Los estados que han examinado sus padrones electorales buscando votos ilegales, como lo hicieron hace poco Luisiana y Utah, han confirmado este dato una y otra vez. No hay necesidad de imponer requisitos nuevos que solo hacen más difícil el poder votar.
El proyecto de ley SAVE es simplemente parte de una campaña concertada por el propio gobierno federal para sembrar la desconfianza en nuestras elecciones de 2026, debilitar su administración y suprimir el voto.
La administración del presidente Donald Trump también está intentando acceder a los padrones electorales estatales. Y en un podcast reciente, Trump declaró: “Los republicanos deberían decir: ‘Queremos el control. Debemos controlar las elecciones en al menos 15 sitios’. Los republicanos deben nacionalizar las elecciones”.
El proyecto de ley SAVE es otro atentado en contra de nuestro sistema de elecciones. Bajo este sistema, los estados y el Congreso tienen la facultad de regular las elecciones, y las autoridades electorales locales y estatales de todo el país son quienes administran las elecciones.
En nuestro sistema constitucional, el presidente no tiene ningún poder para administrar las elecciones.
Es responsabilidad de todos nosotros, las personas votantes, resistir este atentado en contra de nuestra democracia y dejarles saber a nuestros representantes en el Congreso que no queremos que aprueben la Ley SAVE. El Congreso debe ponerse firme y rechazar una vez más una ley que intenta desalentar al pueblo de hacerse escuchar a través del voto.
