A lo largo de los Estados Unidos, los estados han demostrado muy pocos avances con respecto a la diversidad racial, étnica, profesional y de género en sus cortes supremas estatales.
Los datos del censo revelan profundos cambios demográficos en todo el sur.
Impulsado por un boom presupuestario, el Departamento de Seguridad Nacional está expandiendo su arsenal tecnológico con escasa supervisión y transparencia sobre cómo estas herramientas están siendo utilizadas.
Todo despliegue de agentes federales armados para intimidar a los votantes o interferir en las elecciones sería ilegal. Si ocurren, los funcionarios y la sociedad civil están preparados para disputar cualquier acto ilegal, de modo que la votación prosiga sin interrupciones.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) está eludiendo su deber de ayudar a los estados a protegerse de las amenazas extranjeras y, en su lugar, está persiguiendo teorías conspirativas ya desmentidas.
A medida que se acercan las elecciones de medio término, nuestro estudio revela que los chatbots más populares de la inteligencia artificial refutan las teorías conspirativas. Pero igualmente le ofrecen al usuario la capacidad de crear imágenes, audios y videos engañosos.
Sin la intervención del Congreso, ese dinero permitirá a la administración Trump llevar a cabo, sin impedimentos, su drástica agenda de mano dura contra la inmigración.
El Congreso debe restaurar la autoridad de los jueces federales para reducir las penas de prisión injustamente largas.
Leyes ambiguas, indefinidas y constitucionalmente cuestionables dan a los gobernadores un peligroso margen de decisión sobre cuándo, dónde y cómo usar las tropas de la Guardia Nacional.
La herramienta SAVE del gobierno federal es propensa a errores, y su mal uso podría privar a la población estadounidense de su derecho al voto y erosionar la confianza en las elecciones.
