Cómo prevenir la intimidación de los votantes por agentes federales en los sitios de votación

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En mayo, cuando al presidente Trump le preguntaron si enviaría tropas de la Guardia Nacional o agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a los sitios de votación durante las elecciones de medio término, respondió que iba a “hacer todo lo necesario para asegurarse de que tengamos elecciones honestas; tenemos que tener elecciones honestas”.

Varios de sus funcionarios y aliados han realizado comentarios similares en los últimos meses y semanas. Si bien ninguna información pública indica que el gobierno federal actualmente planee desplegar agentes armados en los sitios de votación en noviembre, estas declaraciones parecen tener el objetivo de sembrar el miedo en la población votante.

A pesar de la amenaza implícita, la ley es clara: enviar agentes federales armados, como los de ICE, a los sitios de votación es ilegal. La ley federal y las leyes de muchos estados prohíben no solo la presencia de los agentes federales armados en los sitios de votación, sino también la interferencia en las elecciones o la intimidación de los votantes por parte de cualquier agente, oficial, funcionario o ciudadano privado. Y lo que es más importante, usar estas tácticas sería un intento manifiesto de aferrarse al poder mediante la fuerza y la intimidación, y una ofensa a las elecciones libres y justas.

Sin embargo, dado el patrón de la administración Trump de violar las reglas y demostrar comportamientos claramente ilegales y no éticos, como cuando intentaron anular el resultado válido de las elecciones, tenemos que tomar muy en serio esta amenaza.

Si se envía a agentes armados a los sitios de votación durante el período de votación anticipada o el día de las elecciones, la enorme mayoría de los votantes probablemente no se los encuentre, pero la mera posibilidad podría amedrentarlos.

Hay cerca de 100,000 sitios de votación en todo el país; por eso, es improbable que este tipo de acciones o despliegues afecte a más de algunos pocos. Se ha planificado una amplia gama de medidas para proteger a los relativamente pocos sitios de votación donde el electorado podría enfrentarse a los agentes armados y para garantizar la seguridad y transparencia de las elecciones.

Hay tres leyes federales que penalizan la interferencia del gobierno federal en las elecciones: 18 U.S.C. §§ 592, 593 y 595. La primera, 18 U.S.C. § 592, les prohíbe a los funcionarios y oficiales federales o militares colocar tropas u hombres armados donde se esté llevando a cabo una elección. La ley, que se aprobó por primera vez en 1865, ahora dice lo siguiente:

Toda persona que, siendo oficial del Ejército o la Armada o desempeñándose en el servicio civil, militar o naval de los Estados Unidos, ordene, lleve, mantenga o tenga bajo su autoridad o control a cualquier tropa o grupo de hombres armados en cualquier sitio donde se esté llevando a cabo una elección general o especial, a menos que dicha fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de los Estados Unidos, será multada conforme a esta disposición o encarcelada durante no más de cinco años, o las dos cosas; y será descalificada de ocupar cualquier cargo de honor, lucro o confianza en el gobierno de los Estados Unidos.

El Congreso aprobó esta ley y su disposición subsiguiente, la § 593, que prohíbe a los miembros de las fuerzas militares interferir en las elecciones, en medio de la Guerra Civil y con el apoyo de los dos partidos, porque estaba preocupado por la posibilidad de que el gobierno federal y, en particular, el presidente abusen del poder del ejecutivo para influir en las elecciones, que son administradas por los estados. Su propósito era proteger la libertad de las elecciones para garantizar un gobierno libre.

Dado que la disposición § 592 abarca a los “hombres armados” del “servicio civil” de los Estados Unidos, la prohibición recae también sobre las fuerzas policiales federales, no solo las tropas armadas. Y si bien ningún tribunal ha interpretado la frase “cualquier sitio donde se esté llevando a cabo una elección”, su significado aparente debería incluir a las oficinas electorales y los centros de conteo de votos, además de los sitios de votación.

La excepción de que “a menos que dicha fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de los Estados Unidos” permite la presencia de tropas en las cercanías de los sitios electorales solo si una potencia extranjera está atacando con armas esos sitios y, aun así, solamente con el fin de realizar operativos militares para defendernos de ese ataque, no para llevar a cabo funciones civiles de orden público u otras actividades. De hecho, en 1909, el Congreso eliminó una segunda excepción de la ley original que decía “para mantener la paz en los comicios”, al menos en parte porque temía que las autoridades federales pudieran señalar cualquier tipo de disturbios como pretexto para desplegar tropas.

Según la disposición § 595, también se les prohíbe a los funcionarios federales civiles usar su cargo oficial para influir en las elecciones federales. El Congreso aprobó la ley, que buscaba preservar la libertad del voto y proteger las elecciones contra la coerción política, en 1939 como parte de la Ley Hatch.

Otra ley, la 52 U.S.C. § 20511, convierte en delito federal todo acto de intimidar o intentar intimidar a una persona votante o cualquier persona “que alienta o ayuda a alguien… a votar” (lo cual incluiría a los trabajadores electorales y a las organizaciones que dan apoyo al electorado) durante una elección federal, y la ley 18 U.S.C. § 241 convierte en delito el acto de conspirar para amenazar o intimidar a toda persona que esté ejerciendo sus derechos constitucionales, que incluyen el derecho a votar. Estas leyes se aplican tanto a ciudadanos privados como a oficiales, agentes y funcionarios públicos.

Además, las leyes de derechos civiles protegen al electorado de todo acto de intimidación por parte de los agentes del gobierno a través de la responsabilidad civil. Por ejemplo, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965 prohíbe la intimidación de los votantes o de quienes “alientan o ayudan a cualquier persona a votar o intentar votar” y le permite a cualquiera que experimente este tipo de intimidación acudir a la justicia para hacer cumplir la ley. Todo votante, trabajador electoral o personal de campaña puede solicitar un interdicto judicial contra el comportamiento intimidante.

Dependiendo de las circunstancias, la persona votante también podría presentar una demanda conforme a otras leyes federales como la Ley del Ku Klux Klan (Ku Klux Klan Act) de 1871 o la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act). 

Muchos estados también tienen leyes que prohíben la intimidación de los votantes que rigen sobre todas las personas, incluidos los oficiales, agentes y funcionarios federales. Y varios estados están intentando aprobar leyes que reproducen las prohibiciones federales sobre la interferencia en las elecciones por parte de tropas o agentes federales ya descrita, así como también las leyes federales que prohíben la violación de los derechos civiles, como las leyes 18 U.S.C. §§ 241 y 242.

Si el gobierno federal envía a los agentes federales armados a los comicios, hay una amplia gama de actores preparados para hacer cumplir la ley y proteger el derecho al voto. Dado que cualquier despliegue de fuerzas probablemente afecte solo algunas jurisdicciones pendulares, muchos de los esfuerzos de protección de los votantes se concentran en esos sitios.

Litigio

Muchas organizaciones de defensa y activismo jurídico como el Brennan Center se están preparando para acudir a la justicia toda vez que sea necesario, a fin de impedir un despliegue de las fuerzas federales y la presencia de los agentes armados en los comicios y, si estos incidentes ocurren, a fin de solicitar órdenes judiciales para mantener los comicios abiertos por más tiempo y garantizar que el acceso al voto no sea interrumpido.

Del mismo modo, hay fiscales de gobiernos locales que se están preparando para presentar demandas civiles contra el gobierno federal y disputar un despliegue de fuerzas federales, como así también para litigar toda violación de las leyes penales estatales que surja. Un grupo de fiscales ya se ha comprometido a hacer justamente eso.

Numerosos tribunales de todo el país han puesto freno a los abusos de la administración. En 2020, un juez federal desestimó el intento de Trump de anular millones de votos en Pensilvania. Después de que Trump volvió al poder, la Corte Suprema confirmó un dictamen de un tribunal inferior que decía que su despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago había sido ilegal. Luego, la administración las retiró.

Distintos tribunales se han pronunciado una y otra vez en contra de los intentos de la administración de interferir en las elecciones, con 17 dictámenes (al momento de esta publicación) que han desestimado las causas que el Departamento de Justicia presentó contra los estados que se habían resistido a las exigencias del gobierno de entregarle las actuales listas de registro de votantes y boletas de otras elecciones.

Varios tribunales han impedido o bien cancelado la implementación de algunas partes clave de la primera y segunda orden ejecutiva de Trump relacionadas con la votación, y un tribunal prohibió el uso de una herramienta federal defectuosa de verificación de la elegibilidad de los votantes, cuya aplicación la administración ha estado expandiendo ilegalmente para eliminar a votantes de los padrones electorales.

Medidas locales y estatales

Las autoridades electorales están trabajando mucho, como siempre, para asegurarse de que las próximas elecciones se desarrollen sin complicaciones, que la votación se lleve a cabo sin problemas y que las boletas se conserven seguras. Como parte de estas preparaciones, muchas han establecido protocolos claros para manejar y guardar las boletas y han abierto líneas de comunicación fluidas con las agencias estatales y fuerzas policiales locales.

Si surgen complicaciones en los sitios de votación, las autoridades electorales locales están preparadas para tomar medidas de inmediato a fin de garantizar que la votación continúe sin interrupciones, por ejemplo, utilizando las bases de datos y los suministros de resguardo de emergencia, comunicándose con las fuerzas policiales para que las ayuden a minimizar una escalada de tensiones y solicitando el asesoramiento de otros funcionarios de mayor jerarquía o de sus abogados.

Las fuerzas policiales locales tienen la responsabilidad de mantener la seguridad pública, lo cual incluye a los sitios de votación, sin que su mera presencia resulte intimidante. Algunos líderes policiales están trabajando en estrecha colaboración con las autoridades electorales para evaluar la seguridad y brindar su asesoramiento sobre cómo coordinar sus esfuerzos de la mejor manera.

Las agencias policiales permanecerán en alerta con respecto a cualquier amenaza posible y preparadas para responder según sea necesario. En distintos incidentes durante las últimas elecciones primarias en San Antonio, Texas, y Simi Valley, California, las agencias policiales locales respondieron a las denuncias sobre la presencia de los agentes de ICE en las cercanías de algunos sitios de votación y se aseguraron de que hubieran abandonado el lugar para que el electorado pudiera seguir votando sin sentirse intimidado.

Varios legisladores estatales están elaborando y aprobando leyes para proteger al electorado de diferentes tipos de intimidación o interferencia en las elecciones. Algunas legislaturas han prohibido que los agentes del gobierno o las personas civiles porten armas en los sitios de votación. Otras ya han aprobado leyes que reproducen la ley federal que prohíbe el envío de agentes armados a los sitios de votación, o bien las están considerando.

Movilización cívica

Las organizaciones de participación cívica que han estado monitoreando los sitios de votación están preparando asesoramiento y capacitación para su personal voluntario, donde incorporan consejos sobre qué hacer si se encuentran con los agentes federales, tal como la indicación de documentar y notificar la actividad de los agentes y, al mismo tiempo, evitar la confrontación.

Numerosos grupos comunitarios también se están preparando para organizar acciones directas, como campañas de observación electoral y manifestaciones pacíficas masivas (organizadas lejos de los sitios de votación para minimizar las probabilidades de confrontación), si el gobierno despliega a agentes federales que intimiden a los votantes y funcionarios electorales o interfieren en las elecciones de otras formas ilegales. Los grupos comunitarios que se movilizaron en respuesta a las redadas masivas de ICE en ciudades como Mineápolis, Chicago y Portland, Oregón, durante este último año son un ejemplo de cómo las comunidades han creado su propia infraestructura que puede ser reactivada.

El electorado

El electorado debe hacer su parte para garantizar la seguridad y transparencia de las elecciones. Esta administración usa el miedo para socavar la confianza del público en el proceso electoral. A su vez, lo más importante que todos podemos hacer ante esta campaña es apostar aún más por la democracia. Debemos ir a votar. Debemos armar un plan para votar y debemos ayudar a nuestras familias, vecinos y amistades a hacer lo mismo.

Debemos verificar nuestro estado de registro de votante y votar lo más pronto posible. Debemos conocer las opciones que tenemos en nuestro estado para hacerlo y devolver nuestras boletas en persona o en los buzones de devolución de las boletas, de ser posible.

También debemos recordarles a nuestras comunidades que las autoridades electorales locales y estatales están trabajando mucho para garantizar que nuestras elecciones sigan siendo seguras y transparentes, y debemos hacerles saber a nuestros representantes electos que queremos que se resistan a todo intento de interferencia en las elecciones por parte del gobierno. Si la administración efectivamente trata de interferir, debemos estar preparados para hacerle rendir cuentas, manifestándonos pacíficamente y denunciando toda actividad ilegal.

En lugar de escalar las tensiones y confrontar a los agentes federales, el electorado debe llamar al número de protección electoral, 1–888-VE-Y-VOTA (1–888–839–8682), para denunciar los comportamientos sospechosos ante abogados voluntarios que pueden ayudarles a determinar si ese comportamiento podría ser ilegal y justificar la intervención de un tribunal u otro tipo de acciones. También pueden alertar al personal electoral en los sitios de votación, si la persona votante se siente cómoda haciéndolo.

Por último, las personas votantes deben asegurarse de no estar propagando falsas alarmas sobre un posible despliegue de las fuerzas federales, por ejemplo, publicando comportamientos sospechosos en las redes sociales que podrían sembrar un miedo injustificado o un pánico basado en información sin verificar.

La forma más efectiva de evitar que los agentes federales armados interfieran en las elecciones es crear el consenso público de que hacer eso sería una violación inaceptable de los principios más básicos de los Estados Unidos. Si nos unimos detrás de esta visión y nos preparamos para defender la democracia de la mano de los gobiernos locales y estatales y de quienes están listos para hacer cumplir la ley, todos juntos tendremos el poder de proteger nuestras elecciones y garantizar que reflejen la voluntad del pueblo.