La ODNI siempre ha limitado su rol en materia de seguridad electoral para evitar los abusos de poder.
La ODNI asumió un rol en cuestiones de seguridad electoral después de las elecciones de 2016. Ese año, la comunidad de inteligencia descubrió que ciertos actores del gobierno ruso intentaron influir en las elecciones presidenciales mediante una serie de ciberataques y campañas de influencia. La comunidad de inteligencia eligió no alertar al público sobre la magnitud real de esas actividades hasta después de las elecciones.
A los dos años, el entonces director de Inteligencia Nacional, Daniel Coats, creó el cargo de ejecutivo de amenazas electorales para liderar la recopilación, coordinación e integración de los análisis de inteligencia para toda la comunidad de inteligencia y, cuando corresponda, brindar transparencia y divulgar advertencias de amenazas al público. Los primeros tres ejecutivos fueron profesionales de inteligencia de carrera y con amplia experiencia.
La ODNI, con prudencia y deliberadamente, limitó su rol en las elecciones para centrarse en las amenazas extranjeras, en lugar de las internas. La agencia tenía tres mandatos: brindar a quienes elaboran las políticas sus informes de inteligencia; proporcionar advertencias clasificadas y públicas sobre las amenazas extranjeras contra las elecciones, cuando existan; e informar las medidas para desarticular y prevenir las acciones de influencia extranjera y responsabilizar a los actores dañinos.
En resumen, cuando hay pruebas de una amenaza extranjera contra las elecciones, la ODNI desempeña un papel fundamental a la hora de ayudarles al FBI y al DHS a dar apoyo a los estados para proteger sus procesos de votación e infraestructura electoral, pero la agencia no cumple ningún rol directo en las tareas de protección ni en las investigaciones penales.
Estas limitaciones son especialmente importantes dado el ámbito de poder que tiene disponible la ODNI. La orden ejecutiva 12333, firmada por el presidente Reagan y actualizada por el presidente Bush, y las directrices de la fiscalía general publicadas en 2020 permiten a las agencias de inteligencia recolectar y retener información sobre la población estadounidense bajo circunstancias específicas. En cuestiones sensibles como la de las elecciones, estos poderes podrían abusarse para llevar a cabo vendettas personales del presidente o reforzar teorías conspirativas desmentidas.
El potencial de este tipo de abusos es una de las razones por las que, en 2022, el Congreso señaló, mediante una resolución no vinculante, que las agencias de inteligencia no deberían recolectar ni analizar información que sea exclusivamente sobre la población estadounidense sin conexiones con un nexo extranjero.
Es fundamental restringir con cuidado las funciones de la ODNI en cuestiones de seguridad electoral. La agencia debería involucrarse solo en los casos en los que tenga pruebas concretas de influencia extranjera y no debería participar en actividades con el propósito de encontrar este tipo de pruebas, tal como lo habría hecho bajo la dirección de Gabbard.
Con Trump, la ODNI ha excedido sus funciones en materia de seguridad electoral.
En un importante giro con respecto a sus prácticas pasadas, en 2025 y 2026, la ODNI se involucró en dos cuestiones internas relacionadas con las elecciones: la adquisición de las máquinas de votación de Puerto Rico y el operativo del FBI de febrero en el condado de Fulton, Georgia. En los dos casos, la agencia no proporcionó ninguna prueba de que haya habido un vínculo extranjero que justifique su participación.
Gabbard declaró ante el Congreso que su oficina obtuvo las máquinas de votación de Puerto Rico a pedido del fiscal federal de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, uno de los principales impulsores de la alegación muy desmentida de que Venezuela había hackeado las máquinas de votación de Dominion en 2020.
Esta teoría conspirativa habría motivado esa adquisición de las máquinas (Puerto Rico utiliza sistemas de votación provistos por Liberty Vote, antes llamada Dominion), aunque una fuente que trabaja en la ODNI negó que la agencia estuviera buscando pruebas de una influencia venezolana en las elecciones y sostuvo que solo se realizaron “prácticas estándar de análisis forense”.
Sin embargo, la ODNI no tiene la pericia necesaria para realizar este tipo de análisis y, de hecho, contrató y luego despidió a la compañía externa Mojave Research, después de que el análisis del contratista, al parecer, no halló pruebas de manipulación extranjera.
Según la información de la prensa, Paul McNamara, funcionario de la ODNI y jefe del Grupo de Iniciativas de la Directora, trabajó junto a Kurt Olsen (que, en ese momento, era el director de seguridad e integridad de las elecciones de Trump) para intentar prohibir el uso de las máquinas de votación de Dominion. Nuevamente, la ODNI no ha brindado ninguna prueba de un nexo extranjero que justifique su rol en este tipo de conversaciones.
Más allá de la falta de un nexo extranjero que pueda colocar la adquisición de las máquinas de votación dentro de la esfera de actuación de la agencia, la ODNI no es la entidad adecuada para evaluar si los equipamientos electorales presentan o no vulnerabilidades de seguridad.
La Comisión de Asistencia Electoral es la responsable de supervisar la verificación y certificación de los sistemas electorales, y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, por su sigla en inglés) es la agencia federal principal encargada de proteger la infraestructura electoral, aunque ninguna de las dos instituciones tiene la autorización de regular ni confiscar sistemas de votación. El FBI está a cargo de investigar todo delito relacionado con la infraestructura crítica. La ODNI no tiene ni la autoridad legal ni la pericia técnica para hacerlo.
Por otro lado, Gabbard estuvo presente en el operativo del FBI en el condado de Fulton, Georgia, en el que un grupo de agentes federales confiscó boletas, informes de cómputo y otros materiales de las elecciones de 2020. Gabbard dijo que su presencia había sido solicitada específicamente por Trump y sugirió que había ido para determinar si los sistemas de votación podían ser manipulados por adversarios extranjeros, lo cual revertiría el precedente de que primero se debe identificar un nexo extranjero, antes de que la ODNI tome cualquier acción.
La declaración jurada que presentó el Departamento de Justicia para justificar el operativo no menciona ningún nexo extranjero, el FBI no le ha proporcionado ni a la ODNI ni al público ninguna información que indique una sospecha razonable de que actores extranjeros hubieran accedido a la infraestructura electoral de Georgia, y el Congreso no ha sido notificado sobre ninguna campaña ni ciberataque extranjero en contra de la integridad de la administración de las elecciones en Georgia en 2020, tal como lo exige la ley federal.
Bajo la dirección de Gabbard, la ODNI parece haber omitido sus restricciones anteriores sobre su participación en cuestiones internas al haber iniciado o participado en investigaciones que buscaban evidencia de interferencia extranjera en las elecciones, en lugar de reaccionar ante esa evidencia.
Encima, mientras la agencia abusa de su mandato para perseguir teorías conspirativas desacreditadas sobre las elecciones de 2020, también está incumpliendo su deber de ayudar a los estados a proteger las elecciones futuras de cualquier amenaza de interferencia extranjera.
Como un claro reflejo de la evidente participación prioritaria de la agencia en operativos de investigación por encima de sus funciones de inteligencia concedidas por ley, Gabbard nombró, por primera vez, a un exagente federal de investigación como ejecutivo de amenazas electorales, en lugar de ser un profesional de inteligencia de carrera.
El Congreso debe ponerle freno a la participación de la ODNI en las elecciones.
El presidente Trump ha sugerido que quiere que la ODNI continúe y amplía su participación en cuestiones internas relativas a las elecciones. Después de nombrar a Pulte como director interino, le dijo a la prensa que “quizá se termine averiguando algo sobre las elecciones manipuladas”.
Dado el reciente patrón de la ODNI de exceder sus facultades para investigar cuestiones sobre las elecciones bajo la dirección de Gabbard y dada la expectativa anunciada del presidente Trump sobre este cargo, el Congreso debería reafirmar su autoridad para evitar mayores daños a la democracia estadounidense.
Entre otras medidas, el Congreso puede aprovechar su poder de controlar la cartera federal para exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas con respecto a la participación de la agencia en cuestiones internas relacionadas con las elecciones y restringir el financiamiento de actividades que estén por fuera del estricto ámbito de acción que debería tener la agencia en este sentido.
El Congreso también puede utilizar las futuras audiencias de supervisión y nominación para interrogar a los altos funcionarios de la ODNI, incluso quienes integraron el Grupo de Iniciativas de la Directora, sobre cualquier acción relacionada con las elecciones que hubieran realizado o autorizado, así como también cualquier informe de inteligencia complementario que hubiera justificado sus decisiones. La audiencia de nominación de Clayton también le brinda al Congreso la oportunidad de interrogarlo bajo juramento y obtener su compromiso para evitar futuros abusos de poder.
Por último, el Congreso debería codificar en una ley su resolución no vinculante de 2022 para restringir formalmente la capacidad de la ODNI de participar en actividades de inteligencia interna sin las suficientes pruebas de un nexo extranjero o sin la solicitud del FBI de colaborar en una investigación declarada sobre actividades ilegales de personas o entidades extranjeras.
Estas restricciones evitarían que la ODNI actúe de forma independiente con el fin de perseguir teorías conspirativas desacreditadas y la obligaría a actuar basándose en los hechos.
Mientras la ODNI siga desmantelando su capacidad de monitorear las actividades de influencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos y deje de focalizarse en informar medidas de minimización para prevenir este tipo de influencia, las autoridades electorales ya no pueden contar con que la agencia se comporte como un aliado a la hora de garantizar la seguridad de la infraestructura electoral. Pero, como mínimo, el Congreso puede —y debe— reafirmar su autoridad para asegurarse de que la agencia no esté trabajando activamente en contra de las autoridades electorales.
Traducción de Ana Lis Salotti
