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- Todo se reduce a un sistema político que, muy a menudo, parece impedirle al gobierno cumplir con sus funciones esenciales, como es la protección de la salud pública.
- Para recuperar la confianza en el gobierno, se necesitarán reformas ambiciosas que solucionen la concentración de la riqueza privada y el poder público.
El brote de Cyclospora ha enfermado a decenas de miles de personas y ha causado al menos dos muertes y cientos de hospitalizaciones. Es uno de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos más grandes de la historia de EE. UU. Pero no se trata únicamente de una cuestión de seguridad alimentaria.
Después de intensas campañas de presión por parte de la industria alimentaria —que suele donar millones de dólares a la política—, el Congreso demoró la aprobación de salvaguardas que de por sí ya estaban muy postergadas y que podrían haber ayudado a contener este brote con más rapidez.
La actual controversia ilustra el problema que plantea la influencia indebida, que la mayor parte de la población estadounidense considera como una forma de corrupción y que está debilitando la confianza del pueblo en nuestro sistema político.
Desde el 1 de mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) han recibido la notificación de más de 24,000 casos presuntos o confirmados de infección por Cyclospora, en comparación con apenas más de 1,000 casos confirmados durante el mismo período en 2025.
Este brote se ha vinculado, al menos en parte, a una contaminación de la lechuga comercializada por Taylor Farms, una compañía de frutas y vegetales que suministra alimentos a los principales supermercados y cadenas de comida rápida. La lechuga contaminada parece haber provenido de uno o más campos de México y terminado en la comida de muchos restaurantes de Taco Bell en al menos cinco estados, y de allí el brote se propagó por todo el país.
El tiempo transcurrido es un elemento esencial a la hora de contener cualquier brote de enfermedades transmitidas por alimentos, en las que es preciso identificar la fuente de contaminación. Las noticias que citan a distintos expertos en seguridad alimentaria señalan las demoras de Taco Bell en brindarles información sobre la cadena de suministro a los equipos de investigación estatales y federales como un factor importante que hizo más difícil rastrear el brote inicial de Cyclospora a la lechuga de Taylor Farms, lo cual podría haber contribuido a una mayor propagación del brote. (Tanto Taco Bell como Taylor Farms sostienen que prestaron toda su cooperación a las autoridades estatales y federales).
Se sabe muy bien que se necesita velocidad para rastrear los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Ya en 2011, el Congreso aprobó una ley que obliga a los productores y distribuidores de alimentos conocidos como vectores de contaminación, tales como la lechuga, a mantener registros detallados donde se documenta el origen de procedencia de los ingredientes, para que cualquier brote pueda rastrearse con rapidez.
Sin embargo, por más increíble que parezca, la norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) que implementa estos requisitos —la “norma de trazabilidad de alimentos”— aún no se ha puesto en vigencia.
La demora más reciente fue a raíz de una cláusula adicional incluida en el acuerdo presupuestario de la Cámara de Representantes que se aprobó para acabar con el cierre de gobierno de 2025. Fue una de las varias disposiciones colocadas en el acuerdo que debilitaron las normas de seguridad alimentaria, luego de la constante campaña de presión ejercida por la industria alimentaria.
Según las condiciones de esta cláusula adicional, la FDA no puede gastar nada de dinero para implementar la norma de trazabilidad hasta julio de 2028, como mínimo, es decir, 17 años después de que el Congreso aprobó por primera vez la ley que la exige.
Si bien la magnitud de esta demora se puede atribuir a muchos factores, la presión de la industria fue claramente uno de ellos y parece haber desempeñado un rol muy prominente durante los últimos años, cuando se hizo evidente que la FDA estaba finalmente dispuesta a implementar la norma.
Las campañas de presión por parte de la industria alimentaria están respaldadas por grandes contribuciones de campaña. Las personas y los supercomités de acción política (super-PAC, por su sigla en inglés) vinculados a asociaciones de comercio y determinadas compañías de la industria alimentaria contribuyen en cada ciclo electoral con millones de dólares a favor de los candidatos federales de los dos partidos políticos.
Gracias al caso Citizens United y otras causas judiciales relacionadas, las compañías de alimentos también pueden realizar grandes donaciones a los super-PAC teóricamente independientes, pero muy vinculados a los candidatos. La compañía matriz de Taylor Farms, por ejemplo, donó $1 millón al súper-PAC del presidente Trump, MAGA Inc., en 2025 y $1 millón más al súper-PAC principal que respalda a numerosos republicanos de la Cámara de Representantes.
Otros donantes conectados con la industria también les han donado enormes sumas de dinero a muchos súper-PAC y a los partidos políticos nacionales, que, según la justicia, también pueden aceptar donaciones de cientos de miles o incluso millones de dólares. Además, las compañías alimentarias tienen la opción de contribuir con montos ilimitados de dinero en secreto a través de los grupos de fondos anónimos de financiación que no revelan la identidad de sus donantes y que gastaron casi $2,000 millones en el ciclo electoral de 2024.
Los gastos de campaña no son los únicos tipos de contribuciones políticas que pueden usar las grandes industrias para ganarse el favor de quienes ocupan el poder. Otra táctica cada vez más frecuente es realizar generosas donaciones para los fondos inaugurales de los presidentes. La industria de los alimentos y las bebidas ocuparon el quinto puesto entre las veinte industrias principales que contribuyeron para la segunda inauguración de Trump.
Todas estas donaciones son legales, y resulta difícil culpar a una donación en particular por la demora en la norma de trazabilidad. Pero la verdad más amplia es que un enorme gasto político es una vía de influencia indebida que la mayor parte del electorado estadounidense considera como una forma de corrupción y que cree que tiene un impacto negativo directo sobre sus vidas, tal como lo demuestra una reciente encuesta del Brennan Center.
Los éxitos de la industria alimentaria a la hora de demorar la implementación de salvaguardas que podrían haber mitigado los efectos de un brote mortal transmitido por los alimentos son el ejemplo perfecto que ilustra por qué el público está indignado.
