En 1964, mientras participaban en una campaña de registro de votantes llamada Freedom Summer, los defensores de derechos civiles James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner desaparecieron, tras haber sido liberados de una cárcel de Filadelfia, Misisipi, donde se los había detenido para pagar una multa por exceso de velocidad. El entonces presidente Lyndon Johnson le ordenó al director del FBI J. Edgar Hoover que enviara un grupo de agentes del FBI para encontrarlos. El grupo de búsqueda halló los cuerpos de ocho hombres negros, incluidos dos estudiantes universitarios que trabajaron en la campaña de registro de votantes, antes de que una pista proporcionada por un informante apuntó hacia una presa de tierra donde por fin se encontraron los cuerpos enterrados de Chaney, Goodman y Schwerner. Después de que la policía local se negara a investigar los asesinatos, el Departamento de Justicia acusó a 19 miembros del Ku Klux Klan de haber conspirado para infringir los derechos civiles de Chaney, Goodman y Schwerner. Entre los acusados se encontraban dos policías en servicio y dos retirados. Un jurado de todas personas blancas condenó a los siete miembros del Ku Klux Klan, pero solo a uno de los agentes de policía.
Este caso se lo conoció como Mississippi Burning, o Misisipi en llamas, y si bien fue el más notorio, no fue, ni mucho menos, la última vez que se produjeron actos de violencia por parte de policías supremacistas blancos. Hay una cadena ininterrumpida de participación policial en actividades violentas y racistas organizadas que se extiende hasta el presente. En la década de 1980, la investigación de un ataque e incendio en una vivienda de una familia negra por parte del KKK en Kentucky reveló que un policía del condado de Jefferson era líder del KKK. En una declaración jurada, el oficial admitió haber dirigido a un subgrupo de 40 miembros del KKK llamado Brigada de Oficiales Patriotas de la Confederación (COPS), de los cuales la mitad eran policías. Agregó también que, en el departamento de policía, se sabía de su participación en el KKK y se la aceptaba mientras que no saliera a la luz.
En la década de 1990, los residentes de Lynwood, California, presentaron una demanda colectiva por violación de derechos civiles alegando que una banda de agentes del sheriff del condado de Los Ángeles, conocidos como los Vikingos de Lynwood, habían cometido “actos sistemáticos de tiroteos, asesinatos, violencia, terrorismo, vandalismo y otros actos ilegales y abusos maliciosos del poder”. El juez federal que atendía la causa calificó a los Vikingos como una “banda neonazi de supremacistas blancos” dentro del departamento de policía que infligía intimidación y violencia racialmente motivada contra las comunidades negras y latinas. En 1996 el condado debió pagar $9 millones como acuerdo económico para resolver la demanda.
Recientes informes sugieren que esta actividad de bandas explícitamente racistas continúa en el departamento de policía del condado de Los Ángeles. En 2019, este condado pagó $7 millones como acuerdo económico para resolver una demanda judicial contra dos agentes del sheriff por haber disparado y matado a un hombre negro desarmado, después de que un testimonio reveló que eran parte de un grupo de agentes que compartían los mismos tatuajes según la tradición de otras bandas de agentes. En otra demanda en curso, los dos agentes también están acusados de haber golpeado a un hombre negro desarmado mientras le gritaban insultos racistas. Una investigación de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles reveló que casi 60 demandas contra supuestos miembros de bandas de agentes le han costado al gobierno local unos $55 millones, de los cuales $21 millones fueron por causas durante los últimos 10 años. Estas bandas de agentes también representan una amenaza para sus propios compañeros y compañeras de la fuerza, según revelaron dos demandas judiciales recientes. En una de ellas, un agente alega haber sido acosado por miembros de una banda de agentes durante cinco años y luego haber sido golpeado brutalmente por el líder de la banda. En la otra demanda, un agente que había presenciado este ataque dijo haber sufrido amenazas y represalias por parte de miembros de la banda después de denunciar el hecho en una línea telefónica de denuncias de asuntos internos. En 2019, se informó que el FBI había iniciado una investigación de derechos civiles sobre la actividad de estas bandas en este departamento.
Pero estas causas casi nunca terminan en imputaciones penales. En 2017, una fiscalía del estado de Florida condenó a tres guardias de prisión por conspirar con otros miembros del KKK para asesinar a un preso. Y los juicios penales a nivel federal son aún más escasos. En 2019, el Departamento de Justicia acusó a un jefe de policía de Nueva Jersey de cometer un delito de odio tras haber agredido a un adolescente negro mientras lo arrestaba por una entrada ilegal a una propiedad ajena, después de que varios de sus agentes registraran sus numerosos sermones racistas. Esta fue la primera vez en más de diez años que una fiscalía federal acusa a un policía en servicio de usar la fuerza para cometer un delito de odio. El jurado declaró al jefe de policía culpable de haber mentido a los agentes del FBI, pero no logró llegar a un veredicto por el cargo de delito de odio, aunque la fiscalía se comprometió a repetir el juicio.
Lo más frecuente es que los policías que tienen vínculos con grupos supremacistas blancos o comportamientos explícitamente racistas sean sujetos a medidas disciplinarias internas, y no a una acción judicial. En 2001, dos agentes del sheriff en Texas fueron despedidos tras haber hecho pública su afiliación al KKK mientras intentaban reclutar a otros oficiales. En 2005, una investigación interna reveló que un policía estatal de Nebraska participaba en una sala de chat exclusiva para miembros del KKK. Fue despedido en 2006, pero recuperó su empleo tras un arbitraje exigido por el convenio colectivo de trabajo del estado. Durante la apelación, la Corte Suprema de Nebraska confirmó su despido y determinó que la decisión del arbitraje infringía “la política explícita, bien definida y de dominio público de que las leyes deben hacerse cumplir sin ningún tipo de discriminación racial ni religiosa y que, dentro de lo razonable, es así como el público debe percibirlo”. Tres oficiales de policía en Fruitland Park, Florida, fueron despedidos o renunciaron entre 2009 y 2014 después de que su afiliación al KKK saliera a la luz. En 2015, un policía de Luisiana fue despedido tras haberse publicado una foto en la que se lo mostraba dando un saludo nazi durante una manifestación del KKK. En 2019, un policía en Muskegon, Míchigan, fue despedido luego de que algunas personas interesadas en comprar su propiedad denunciaran una prominente presencia en su casa de banderas confederadas y una solicitud de afiliación del KKK enmarcada. El departamento de policía realizó una investigación sobre el posible prejuicio de este policía, examinó su índice de infracciones de tránsito y revisó una investigación interna anterior sobre una denuncia por el uso excesivo de la fuerza y dos tiroteos en servicio, de los cuales todos se declararon justificados. (La investigación también descubrió un tercer tiroteo en otra jurisdicción que no se había denunciado, pero no se mencionaron detalles). Si bien esta investigación documentó que el oficial había impuesto más infracciones de tránsito a conductores negros que a cualquier otra población demográfica en el distrito que patrullaba, determinó que no era miembro del KKK y que no había manifestado ningún prejuicio racial en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el informe llegaba a la conclusión de que la comunidad había perdido la confianza en este oficial como resultado del incidente y que lo habían despedido. El agente presentó una demanda por agravios ante el Consejo Sindical de Oficiales de Policía por su despido y acordó retirarse a cambio de recibir su pensión completa y seguro médico.
En junio de 2020, tres oficiales de policía de Wilmington, Carolina del Norte, fueron despedidos cuando una auditoría de rutina de las grabaciones de las cámaras de los coches patrulla descubrió conversaciones en las que los tres oficiales utilizaban insultos racistas, criticaban a un juez y al jefe de policía en términos totalmente racistas y hablaban de disparar a personas negras, entre ellas, a un colega policía negro. Uno de ellos dijo que no veía la hora de que se declarara ley marcial para salir a “masacrar” a las personas negras. También anunciaba su intención de comprar un rifle de asalto y prepararse para una nueva guerra civil que los “aniquilara del [insulto] mapa”. Los oficiales admitieron haber tenido estas conversaciones grabadas, pero dijeron que no eran racistas, sino que simplemente estaban reaccionando al estrés de estar patrullando las protestas que le sucedieron al asesinato de George Floyd. Además del despido de estos oficiales, el jefe de policía ordenó que su departamento consultara con la fiscalía del distrito para revisar las causas en las que los oficiales hubieran aparecido como testigos, en busca de pruebas de su posible prejuicio racial contra los delincuentes procesados.
En julio de 2020, cuatro policías de San José, California, fueron suspendidos mientras se investigaba su participación en un grupo de Facebook que con frecuencia publica contenido racista y antimusulmán. En una publicación sobre las protestas del movimiento Las Vidas Negras Importan, uno de ellos respondió: “Las vidas negras en realidad no importan”. Como medida positiva, el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San José se comprometió a retener el apoyo legal y económico que ofrece el sindicato a cualquier agente que fuera acusado de un delito similar y afirmó que no hay “lugar en nuestro departamento ni en nuestra profesión para racistas, intolerantes ni personas que les faciliten su conducta”.
En algunos casos, los oficiales que detectan actos supremacistas blancos en la fuerza no toman ninguna medida, a menos que el caso se convierta en un escándalo público. Por ejemplo, en Anniston, Alabama, algunos agentes de la policía de la ciudad se enteraron de que uno de sus colegas era miembro del grupo separatista de supremacía blanca League of the South. Sin embargo, el jefe de policía determinó que la afiliación de este agente no afectaba su rendimiento y le permitió seguir en su puesto. Al cabo de unos años, este agente fue ascendido al cargo de sargento y finalmente al de teniente. No fue hasta 2015 que el departamento lo despidió, luego de que Southern Poverty Law Center, una organización de defensa de derechos civiles, publicara un artículo sobre un discurso que este hombre había dado durante una conferencia de la League of the South donde divulgaba sus esfuerzos por reclutar más miembros para el grupo entre sus compañeros de la policía. A otro teniente de la policía de Anniston que se descubrió que había asistido al mismo evento de la League of the South se le permitió retirarse. El teniente despedido apeló su despido. Y después de una audiencia de tres días, una junta local de servicio civil confirmó su despido. Entonces, el exteniente presentó una demanda en la que alegaba que su despido infringía sus derechos de libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda, pero finalmente un tribunal federal ratificó su despido.
El ejemplo de Anniston demuestra la necesidad de transparencia, la obligación de rendir cuentas al público y el cumplimiento del debido proceso para resolver con éxito estos casos. El Departamento de Policía de Anniston y los funcionarios de la ciudad conocían desde hacía años la participación problemática de estos oficiales en una organización racista, pero se necesitó de la presión pública para que finalmente se tomaran medidas. Luego, conscientes del escrutinio público, respondieron como corresponde: despidieron al teniente de tal manera que se puso en marcha el debido proceso necesario para resistir la revisión judicial. El departamento enseguida implementó una política que obligaba a los agentes de policía a firmar una declaración donde afirmaban no ser miembros de “un grupo que pueda avergonzar a la ciudad de Anniston o a su departamento de policía”. También les requería completar una capacitación de resolución de conflictos del Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia. Estas fueron medidas positivas para comenzar a reparar la confianza del público. Pero como en muchos de estos casos, durante los nueve años en los que los agentes supremacistas blancos declarados sirvieron en el Departamento de Policía de Anniston (incluso en cargos de liderazgo), no hubo ninguna evaluación completa ni rendición de cuentas al público de sus actividades. La sede de Alabama de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) solicitó que el Departamento de Justicia y la fiscalía federal examinaran las causas en las que estos oficiales habían participado, en busca de posibles infracciones de derechos civiles, pero no hay indicios de que ninguno de los dos organismos hubiera iniciado dicha investigación. Esta decisión hizo perder otra oportunidad para recuperar la confianza del público en la policía.
Desafortunadamente, no existe ninguna base de datos central que recoja los nombres de los oficiales de policía que son despedidos por mala conducta. Como consecuencia, algunos policías despedidos por su participación en actividades racistas pueden conseguir otros puestos en la fuerza. En 2017, el jefe de policía de Colbert, Oklahoma, renunció a su cargo después de que un medio local divulgara su participación desde hacía décadas en grupos neonazis de skinheads y en algunos sitios web neonazis que estaban a su nombre. Otro departamento de policía cercano lo contrató al año siguiente, alegando que había renunciado a sus actividades racistas anteriores y que tenía excelentes antecedentes como policía.
En 2018, el jefe de policía de Greensboro, Maryland, fue acusado de falsificar antecedentes para contratar a un agente que antes había sido obligado a renunciar a su cargo en el departamento de policía de Dover, Delaware, luego de que hubiera pateado a un hombre negro en la cara y le hubiera roto la mandíbula. Al tiempo, el mismo agente estuvo involucrado en la muerte de un adolescente negro desarmado, lo cual generó una investigación que reveló 29 denuncias de uso de la fuerza en su cargo anterior, entre los cuales se determinó que en algunos casos había utilizado una fuerza innecesaria. Estos incidentes anteriores nunca fueron denunciados a la junta de certificación de policías de Maryland.
Las fiscalías cumplen un rol importante a la hora de proteger la integridad del sistema de justicia penal de una posible mala conducta de oficiales explícitamente racistas. El histórico fallo de 1963 de la Corte Suprema en la causa Brady vs. Maryland obliga a las fiscalías y a la policía a entregarle a toda persona acusada en un proceso penal todas las pruebas exculpatorias en su poder, es decir, aquellas pruebas que puedan descargar de culpa al acusado. Luego, una decisión judicial en la causa Giglio vs. United States expandió este requisito e incluyó la obligación de divulgar toda prueba que pueda impugnar a cualquier testigo de la fiscalía. Las fiscalías mantienen un registro de aquellos policías con antecedentes de mala conducta que puedan reducir, dentro de lo razonable, la credibilidad de su testimonio y que, por lo tanto, deban darse a conocer a la defensa. Estos registros suelen conocerse con el nombre de “listas Brady” o “listas de exclusión”.
La profesora de derecho de la Universidad de Georgetown Vida B. Johnson asegura que es razonable suponer que cualquier prueba que demuestre conductas explícitamente racistas por parte de un agente pueda impugnar la credibilidad de su testimonio. Por lo tanto, las fiscalías deberían estar obligadas a incluir en listas Brady a toda persona dentro de la fuerza que manifieste estas conductas para garantizar que los acusados contra los que declaran estos agentes conozcan las pruebas de sus conductas explícitamente racistas que podrían liberarlos de culpa. Esta reforma sería una importante medida para mitigar el impacto que tienen los oficiales racistas sobre el sistema de justicia penal. En 2019, la fiscal progresista de St. Louis Kimberly Gardner colocó en la lista de exclusión de su fiscalía a los 22 oficiales de esa ciudad que figuraban en el Proyecto Plain View como oficiales que publicaban contenido racista en Facebook.
