Ocultos a plena vista: Racismo, supremacía blanca y militancia de extrema derecha en las fuerzas policiales

Las desigualdades raciales siempre han estado muy extendidas en todas las fases de la justicia penal, desde las detenciones, los allanamientos y registros, los tiroteos y otros usos de la fuerza policial, hasta las imputaciones, las sentencias y las condenas injustas. Como consecuencia, muchas personas consideran que el sistema de justicia penal está contaminado por un prejuicio estructural o institucional contra las comunidades no blancas, definido por las desigualdades raciales, económicas y sociales que han existido desde siempre. Estas desigualdades sistémicas también pueden generar prejuicios implícitos, es decir, prejuicios que puede sentir inconscientemente un agente de policía a favor de los miembros de su mismo grupo y en contra de los que no lo son y que influyen su actuar cotidiano cuando interactúa con el público.

Las reformas policiales, a menudo impulsadas por incidentes de brutalidad o conductas racistas, se han ocupado de corregir estas manifestaciones de prejuicio inconsciente. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha obligado a dar capacitaciones sobre prejuicios implícitos como parte de los decretos por consentimiento que impone para erradicar las prácticas discriminatorias dentro de la fuerza policial. Estas medidas educativas están diseñadas para ayudar a la policía a reconocer estos prejuicios inconscientes y reducir su influencia sobre la conducta policial.

Estas reformas, aunque son bien intencionadas, dejan sin resolver una forma de prejuicio particularmente dañina, que sigue enquistada en la fuerza policial: el racismo explícito. El racismo explícito en la policía adopta muchas modalidades, desde formar parte de grupos supremacistas blancos violentos o militantes de extrema derecha, mostrar comportamientos racialmente discriminatorios contra el público o contra colegas dentro de la fuerza, y hasta hacer comentarios racistas y publicarlos en las redes sociales. Si bien se reconoce abiertamente que sigue habiendo policías racistas en los departamentos de todo el país, los gobiernos federales, estatales y locales no hacen casi nada para identificarlos proactivamente, denunciar su comportamiento ante fiscales que inconscientemente podrían estar confiando en sus testimonios en las causas penales que les toca atender, ni proteger a las diversas comunidades que han jurado servir.

Estos esfuerzos por corregir los prejuicios sistémicos e implícitos en la fuerza no van a lograr reducir las desigualdades raciales en el sistema, mientras el racismo explícito siga existiendo en la policía. Y hay muchas pruebas de ello.

En 2017, el FBI definió a los grupos supremacistas blancos como una “constante amenaza de violencia letal” que ha ocasionado más muertes que cualquier otra categoría de terrorismo interno desde el año 2000. Es alarmante que algunos documentos sobre políticas del FBI también alertan a sus agentes a los que se les asignan casos de terrorismo interno de que los grupos supremacistas blancos y los grupos de milicias antigobierno que investigan suelen tener “vínculos activos” con la policía. 

Nunca estará de más resaltar el daño que pueden causar en la sociedad estadounidense los oficiales armados que están afiliados a grupos supremacistas blancos violentos o grupos de milicias antigobierno. Sin embargo, a pesar de que el FBI reconoce la existencia de estos vínculos, el Departamento de Justicia no tiene ninguna estrategia nacional para identificar a policías supremacistas blancos ni proteger la seguridad y los derechos civiles de las comunidades que vigilan.

Obviamente, es probable que solo sean unos pocos los policías que son miembros activos de grupos supremacistas blancos. Pero no se necesita acceder a ninguna información secreta recopilada en las investigaciones del FBI sobre terrorismo para encontrar pruebas de racismo explícito y manifiesto en las fuerzas policiales. Desde el año 2000, han quedado expuestos policías con supuestos vínculos a grupos supremacistas blancos o involucrados en actividades de militancia de extrema derecha en Alabama, California, Connecticut, Florida, Illinois, Luisiana, Míchigan, Nebraska, Oklahoma, Oregón, Texas, Virginia, Washington y Virginia Occidental, entre otros sitios. Varias organizaciones de investigación han expuesto a cientos de policías federales, estatales y locales que participan en actividades racistas, antiinmigratorias y sexistas en las redes sociales, lo cual demuestra que el prejuicio manifiesto es algo demasiado común en la fuerza. Las actividades de estos agentes se suelen conocer dentro de sus departamentos, pero a menudo solo reciben alguna medida disciplinaria o son despedidos solo si se produce algún escándalo público.

Muy pocas instituciones policiales tienen políticas que prohíban específicamente la afiliación a grupos supremacistas blancos. En su lugar, a veces se aplican medidas correctivas por prohibiciones más generalizadas sobre conductas perjudiciales al propio departamento o por infracciones de regulaciones antidiscriminatorias o de políticas sobre redes sociales, si es que se aplican. Los despidos suelen terminar en largos litigios donde los oficiales despedidos alegan una violación de sus derechos de libertad de expresión y asociación, contemplados en la Primera Enmienda. La mayoría de los tribunales han confirmado los despidos de policías afiliados a grupos militantes o racistas, de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema que limitan la libertad de expresión de funcionarios en torno a temas de interés público. Los tribunales les han dado a las instituciones policiales aún más libertad para restringir los derechos de expresión y asociación, porque consideran que tienen una “mayor necesidad de orden, lealtad, moral y armonía”.

Sin embargo, otros policías asociados a grupos militantes o con comportamientos racistas no fueron despedidos o, si lo fueron, sus despidos fueron anulados durante algún proceso judicial o arbitraje. Este debido proceso es necesario para garantizar la integridad e igualdad durante la aplicación de medidas disciplinarias y proteger a los agentes de policía acusados falsamente para que no sufran castigos injustos. Claro que habrá casos en los que el comportamiento de un agente puede ser corregido con medidas disciplinarias que no incluyan el despido. Pero dejar a un agente corrompido por comportamientos racistas en un puesto con un inmenso poder para tomar la vida y la libertad de una persona requiere un plan detallado de supervisión para mitigar las posibles amenazas que representa a la comunidad que vigila, y que sea implementado con la suficiente transparencia como para recuperar la confianza del público.

Evidentemente se ha progresado bastante en el esfuerzo por eliminar el racismo explícito de la fuerza policial desde la época del movimiento de los derechos civiles, cuando era demasiado frecuente encontrar agentes de policía afiliados al Ku Klux Klan (KKK). Pero, como argumenta Vida B. Johnson, profesora de Derecho de la Universidad de Georgetown, “el sistema no podrá lograr su supuesto cometido mientras la supremacía blanca continúe ocultándose en la fuerza”. Las personas no blancas siguen teniendo poca confianza en la policía porque suelen ser víctimas de violencia y abuso policial y son el grupo que menos recibe asistencia de la policía cuando son víctimas de delitos. Cuando se ve que, durante los últimos años, la fuerza policial no ha dado una respuesta adecuada a la violencia racista ni a los delitos de odio y que no ha actuado como corresponde durante los disturbios ocasionados por supremacistas blancos en todo el país, muchas personas temen que el prejuicio en la fuerza policial sea un problema generalizado. Este informe evalúa la respuesta de la policía ante los comportamientos racistas, la supremacía blanca y la militancia de extrema derecha dentro de la misma fuerza y recomienda políticas y soluciones para diseñar una respuesta más efectiva.

La Guía y directiva de políticas contra el terrorismo del FBI del 2015 advierte que “las investigaciones sobre el terrorismo interno centradas en milicias extremistas, supremacistas blancos extremistas y ciudadanos soberanos extremistas suelen tener vínculos activos conocidos con agentes de policía”. Esta declaración alarmante vino después de una evaluación de inteligencia realizada en 2006 a partir de las investigaciones del FBI y fuentes abiertas que advertía sobre “una infiltración de supremacistas blancos en las fuerzas policiales..., por parte de grupos organizados y de los propios agentes de policía simpatizantes con las causas de supremacía blanca”. La existencia de vínculos activos entre agentes de policía y sujetos de cualquier investigación terrorista debería dar alarma a nuestras instituciones nacionales de seguridad, pero el gobierno federal no ha respondido como corresponde. 

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han identificado a los supremacistas blancos como la amenaza terrorista interna más letal que existe dentro de los Estados Unidos. En los últimos años, estos grupos han ocasionado disturbios con muertes en

Charleston, Carolina del Sur, Pittsburgh, Pensilvania y El Paso, Texas. Los intentos por parte de neonazis de fabricar bombas “sucias”, o de dispersión radiológica, en Maine en 2009 y en Florida en 2017, que por poco no pudieron ser desbaratadas, demuestran la peligrosa capacidad e intención que tienen estos grupos de ocasionar un daño de destrucción masiva. También representan una amenaza letal para la misma fuerza policial, tal como quedó de manifiesto en los recientes ataques de militantes de extrema derecha contra agentes del Servicio Federal de Protección y agentes del sheriff en California, con la intención de iniciar un “Boogaloo”, eufemismo de una nueva guerra civil, donde murieron dos personas y otros resultaron heridos.

Todo agente de policía que tenga alguna asociación con estos grupos debe considerarse un tema de suma preocupación y urgencia. Estos agentes, mientras actúan con apariencia de legalidad, ponen en riesgo extremo la vida y la libertad de las personas no blancas, minorías religiosas, personas de la comunidad LGBTQ+ y activistas antirracistas por la violencia que pueden causar directamente, o bien cuando no responden como deben cuando estas comunidades son víctimas de otros delitos racistas violentos. Una vigilancia policial discriminatoria también desgarra el tejido social de todo el país porque socava la confianza del público en la justicia igualitaria y el estado de derecho.

Sin embargo, la investigación del FBI de 2006 adopta una visión más reducida. Dice que la “principal amenaza” que representa la infiltración o reclutación de oficiales de policía en grupos supremacistas blancos o militantes de extrema derecha “afecta las áreas de explotación y recopilación de información, que pueden derivar en infracciones investigativas y poner en riesgo la seguridad de las fuentes o del personal policial”. Si bien el FBI suprimió muchas partes de la evaluación antes de hacerla pública, el documento no parece mencionar ninguno de los daños que estos oficiales racistas pueden ocasionar sobre las comunidades no blancas que vigilan o sobre la sociedad en general. En cambio, identifica el problema principal como un riesgo para la integridad de las investigaciones del FBI y la seguridad de sus agentes e informantes.  

En una audiencia de junio de 2019 ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, William Lacy Clay, representante demócrata de Missouri, le preguntó a Michael McGarrity, director asistente del FBI en temas antiterroristas, si el Buró seguía preocupado por la infiltración de supremacistas blancos en las fuerzas policiales desde la publicación de la evaluación de 2006. McGarrity indicó que no había leído la evaluación.

Cuando se le preguntó en líneas más generales, McGarrity dijo que “sospecharía” de oficiales supremacistas blancos, pero que su ideología era un derecho amparado por la Primera Enmienda. Sin embargo, la evaluación de 2006 aborda este tema y resume correctamente el precedente que sentó la Corte Suprema al respecto: “Si bien la disposición de la Primera Enmienda sobre la libertad de asociación protege el derecho de una persona a formar parte de grupos supremacistas blancos con el propósito de actividades legítimas, el gobierno puede limitar las oportunidades de empleo a miembros de estos grupos que tengan un cargo sensible en el sector público como, por ejemplo, en las fuerzas policiales, cuando su afiliación interferiría con sus deberes”. 

Más importante aún es que la política antiterrorista del FBI de 2015, que McGarrity debía implementar, indica no solo que puede haber agentes de policía con opiniones supremacistas blancas, sino que varias investigaciones sobre terrorismo interno del FBI han identificado “vínculos activos” entre los sujetos de esas investigaciones y la policía. No obstante, la solución propuesta es increíblemente inútil. La guía simplemente ordena utilizar la función de “resultado inexistente” de la lista de vigilancia del Centro de Detección del Terrorista (TSC) para que los policías que se busquen a sí mismos o a otros asociados supremacistas blancos no puedan confirmar si están bajo investigación del FBI.

Si bien es importante que el FBI proteja la integridad de sus investigaciones antiterroristas y la seguridad del personal policial, el FBI también tiene la tarea encomendada por el Congreso de proteger los derechos civiles de las comunidades estadounidenses que a menudo son víctimas de violencia, detenciones, allanamientos, registros y arrestos discriminatorios por parte de la policía. El problema en estos casos no es una ideología, sino los vínculos que tienen algunos agentes con los sujetos de algunas investigaciones antiterroristas activas. Seguramente el FBI no tendría la misma vacilación para actuar si recibiera el dato de que algún agente de las fuerzas policiales de los Estados Unidos está activamente vinculado con grupos terroristas como al-Qaeda o ISIS, o con organizaciones criminales como pandillas callejeras o la mafia. Sin embargo, muchos de los grupos supremacistas blancos investigados por el FBI tienen una historia más larga y violenta que estas otras organizaciones. Cuando se conocen vínculos entre la fuerza policial y grupos supremacistas blancos y militantes de extrema derecha, la respuesta del gobierno ha sido increíblemente escasa.

La supremacía blanca, consagrada tanto en el derecho como en la práctica, ocupó un papel central en la fundación de los Estados Unidos. Fue la ideología que impulsó la colonización europea de Norteamérica, la subyugación de los indígenas norteamericanos y la esclavitud de los africanos secuestrados y sus descendientes. La vigilancia policial durante la época de las colonias americanas no solía tener el objetivo de controlar la delincuencia, sino más bien el de mantener el orden social racial, asegurar una mano de obra estable y proteger los intereses de propiedad de la clase privilegiada blanca. Las patrullas de esclavos fueron unas de las primeras organizaciones de vigilancia pública que se formaron en las colonias americanas. Dicho de otro modo, la supremacía blanca fue la ley que estos primeros oficiales juraron hacer cumplir. Incluso estados como Nueva York, Pensilvania, Ohio, Indiana e Illinois, que prohibieron la esclavitud, aprobaron “leyes negras” racistas, que restringían la circulación de las personas negras libres y les negaban sus derechos civiles de voto, educación, empleo y hasta residencia. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de los Esclavos Fugitivos de 1850 (Fugitive Slave Act), que obligaba a la policía de los estados libres a devolver a los esclavos que se hubieran escapado a sus esclavistas del Sur. 

Cuando finalmente se abolió la esclavitud en el país después de la Guerra Civil, la supremacía blanca de derecho perduró a través de los códigos negros y las leyes Jim Crow. En 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión de Chinos (Chinese Exclusion Act), una ley abiertamente racista que detuvo la inmigración de personas provenientes de China y les negó la naturalización a ciudadanos chinos que ya vivieran en los Estados Unidos. La Ley de Inmigración de 1924 también fue explícitamente racista porque estipulaba cupos estrictos de personas de otras nacionalidades para reducir la inmigración de italianos, europeos del Este y personas no blancas. Esta ley prohibía toda inmigración de Japón y otros países asiáticos que otras leyes ya no hubieran excluido.

Mientras los Estados Unidos se expandía hacia el oeste, se aplicaron violentas políticas de limpieza étnica contra indígenas norteamericanos y mexicanos estadounidenses. A comienzos del siglo veinte, el cuerpo especial de policías Rangers de Texas llevó a cabo numerosos linchamientos de mexicanos estadounidenses que vivían en las ciudades fronterizas de Texas bajo alegaciones falsas de bandolerismo. Cuando se creía que las leyes no eran suficientes para disuadir a las personas no blancas y no protestantes de ejercer sus derechos civiles, grupos reaccionarios como el Ku Klux Klan (KKK) usaban la violencia terrorista para hacer cumplir la supremacía blanca. A menudo, los agentes de policía participaban en esta violencia directamente o la apoyaban negándose a cumplir con su deber de mantener el orden y responsabilizar a los delincuentes. Hacia la década de 1920, el KKK tenía un millón de miembros desde Nueva Inglaterra hasta California y se había infiltrado por completo en el gobierno federal, estatal y local para llevar a cabo sus objetivos discriminatorios.

Muchos estados, además de los del sur, tenían lo que se denominaba “sundown towns”, o ciudades donde la policía y bandas parapoliciales aplicaban políticas oficiales y cuasioficiales que les prohibían a las personas negras (y, por lo general, a cualquier otra persona no blanca) permanecer en la ciudad después del atardecer. Hacia la década de 1970, se calculaba que había unas 10,000 ciudades con este tipo de políticas en todo Estados Unidos. La vigilancia policial de la supremacía blanca nunca fue solo un problema regional.

En 1964, mientras participaban en una campaña de registro de votantes llamada Freedom Summer, los defensores de derechos civiles James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner desaparecieron, tras haber sido liberados de una cárcel de Filadelfia, Misisipi, donde se los había detenido para pagar una multa por exceso de velocidad. El entonces presidente Lyndon Johnson le ordenó al director del FBI J. Edgar Hoover que enviara un grupo de agentes del FBI para encontrarlos. El grupo de búsqueda halló los cuerpos de ocho hombres negros, incluidos dos estudiantes universitarios que trabajaron en la campaña de registro de votantes, antes de que una pista proporcionada por un informante apuntó hacia una presa de tierra donde por fin se encontraron los cuerpos enterrados de Chaney, Goodman y Schwerner. Después de que la policía local se negara a investigar los asesinatos, el Departamento de Justicia acusó a 19 miembros del Ku Klux Klan de haber conspirado para infringir los derechos civiles de Chaney, Goodman y Schwerner. Entre los acusados se encontraban dos policías en servicio y dos retirados. Un jurado de todas personas blancas condenó a los siete miembros del Ku Klux Klan, pero solo a uno de los agentes de policía.

Este caso se lo conoció como Mississippi Burning, o Misisipi en llamas, y si bien fue el más notorio, no fue, ni mucho menos, la última vez que se produjeron actos de violencia por parte de policías supremacistas blancos. Hay una cadena ininterrumpida de participación policial en actividades violentas y racistas organizadas que se extiende hasta el presente. En la década de 1980, la investigación de un ataque e incendio en una vivienda de una familia negra por parte del KKK en Kentucky reveló que un policía del condado de Jefferson era líder del KKK. En una declaración jurada, el oficial admitió haber dirigido a un subgrupo de 40 miembros del KKK llamado Brigada de Oficiales Patriotas de la Confederación (COPS), de los cuales la mitad eran policías. Agregó también que, en el departamento de policía, se sabía de su participación en el KKK y se la aceptaba mientras que no saliera a la luz.

En la década de 1990, los residentes de Lynwood, California, presentaron una demanda colectiva por violación de derechos civiles alegando que una banda de agentes del sheriff del condado de Los Ángeles, conocidos como los Vikingos de Lynwood, habían cometido “actos sistemáticos de tiroteos, asesinatos, violencia, terrorismo, vandalismo y otros actos ilegales y abusos maliciosos del poder”. El juez federal que atendía la causa calificó a los Vikingos como una “banda neonazi de supremacistas blancos” dentro del departamento de policía que infligía intimidación y violencia racialmente motivada contra las comunidades negras y latinas. En 1996 el condado debió pagar $9 millones como acuerdo económico para resolver la demanda.

Recientes informes sugieren que esta actividad de bandas explícitamente racistas continúa en el departamento de policía del condado de Los Ángeles. En 2019, este condado pagó $7 millones como acuerdo económico para resolver una demanda judicial contra dos agentes del sheriff por haber disparado y matado a un hombre negro desarmado, después de que un testimonio reveló que eran parte de un grupo de agentes que compartían los mismos tatuajes según la tradición de otras bandas de agentes. En otra demanda en curso, los dos agentes también están acusados de haber golpeado a un hombre negro desarmado mientras le gritaban insultos racistas. Una investigación de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles reveló que casi 60 demandas contra supuestos miembros de bandas de agentes le han costado al gobierno local unos $55 millones, de los cuales $21 millones fueron por causas durante los últimos 10 años. Estas bandas de agentes también representan una amenaza para sus propios compañeros y compañeras de la fuerza, según revelaron dos demandas judiciales recientes. En una de ellas, un agente alega haber sido acosado por miembros de una banda de agentes durante cinco años y luego haber sido golpeado brutalmente por el líder de la banda. En la otra demanda, un agente que había presenciado este ataque dijo haber sufrido amenazas y represalias por parte de miembros de la banda después de denunciar el hecho en una línea telefónica de denuncias de asuntos internos. En 2019, se informó que el FBI había iniciado una investigación de derechos civiles sobre la actividad de estas bandas en este departamento.

Pero estas causas casi nunca terminan en imputaciones penales. En 2017, una fiscalía del estado de Florida condenó a tres guardias de prisión por conspirar con otros miembros del KKK para asesinar a un preso. Y los juicios penales a nivel federal son aún más escasos. En 2019, el Departamento de Justicia acusó a un jefe de policía de Nueva Jersey de cometer un delito de odio tras haber agredido a un adolescente negro mientras lo arrestaba por una entrada ilegal a una propiedad ajena, después de que varios de sus agentes registraran sus numerosos sermones racistas. Esta fue la primera vez en más de diez años que una fiscalía federal acusa a un policía en servicio de usar la fuerza para cometer un delito de odio. El jurado declaró al jefe de policía culpable de haber mentido a los agentes del FBI, pero no logró llegar a un veredicto por el cargo de delito de odio, aunque la fiscalía se comprometió a repetir el juicio.

Lo más frecuente es que los policías que tienen vínculos con grupos supremacistas blancos o comportamientos explícitamente racistas sean sujetos a medidas disciplinarias internas, y no a una acción judicial. En 2001, dos agentes del sheriff en Texas fueron despedidos tras haber hecho pública su afiliación al KKK mientras intentaban reclutar a otros oficiales. En 2005, una investigación interna reveló que un policía estatal de Nebraska participaba en una sala de chat exclusiva para miembros del KKK. Fue despedido en 2006, pero recuperó su empleo tras un arbitraje exigido por el convenio colectivo de trabajo del estado. Durante la apelación, la Corte Suprema de Nebraska confirmó su despido y determinó que la decisión del arbitraje infringía “la política explícita, bien definida y de dominio público de que las leyes deben hacerse cumplir sin ningún tipo de discriminación racial ni religiosa y que, dentro de lo razonable, es así como el público debe percibirlo”. Tres oficiales de policía en Fruitland Park, Florida, fueron despedidos o renunciaron entre 2009 y 2014 después de que su afiliación al KKK saliera a la luz. En 2015, un policía de Luisiana fue despedido tras haberse publicado una foto en la que se lo mostraba dando un saludo nazi durante una manifestación del KKK. En 2019, un policía en Muskegon, Míchigan, fue despedido luego de que algunas personas interesadas en comprar su propiedad denunciaran una prominente presencia en su casa de banderas confederadas y una solicitud de afiliación del KKK enmarcada. El departamento de policía realizó una investigación sobre el posible prejuicio de este policía, examinó su índice de infracciones de tránsito y revisó una investigación interna anterior sobre una denuncia por el uso excesivo de la fuerza y dos tiroteos en servicio, de los cuales todos se declararon justificados. (La investigación también descubrió un tercer tiroteo en otra jurisdicción que no se había denunciado, pero no se mencionaron detalles). Si bien esta investigación documentó que el oficial había impuesto más infracciones de tránsito a conductores negros que a cualquier otra población demográfica en el distrito que patrullaba, determinó que no era miembro del KKK y que no había manifestado ningún prejuicio racial en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el informe llegaba a la conclusión de que la comunidad había perdido la confianza en este oficial como resultado del incidente y que lo habían despedido. El agente presentó una demanda por agravios ante el Consejo Sindical de Oficiales de Policía por su despido y acordó retirarse a cambio de recibir su pensión completa y seguro médico.

En junio de 2020, tres oficiales de policía de Wilmington, Carolina del Norte, fueron despedidos cuando una auditoría de rutina de las grabaciones de las cámaras de los coches patrulla descubrió conversaciones en las que los tres oficiales utilizaban insultos racistas, criticaban a un juez y al jefe de policía en términos totalmente racistas y hablaban de disparar a personas negras, entre ellas, a un colega policía negro. Uno de ellos dijo que no veía la hora de que se declarara ley marcial para salir a “masacrar” a las personas negras. También anunciaba su intención de comprar un rifle de asalto y prepararse para una nueva guerra civil que los “aniquilara del [insulto] mapa”. Los oficiales admitieron haber tenido estas conversaciones grabadas, pero dijeron que no eran racistas, sino que simplemente estaban reaccionando al estrés de estar patrullando las protestas que le sucedieron al asesinato de George Floyd. Además del despido de estos oficiales, el jefe de policía ordenó que su departamento consultara con la fiscalía del distrito para revisar las causas en las que los oficiales hubieran aparecido como testigos, en busca de pruebas de su posible prejuicio racial contra los delincuentes procesados.

En julio de 2020, cuatro policías de San José, California, fueron suspendidos mientras se investigaba su participación en un grupo de Facebook que con frecuencia publica contenido racista y antimusulmán. En una publicación sobre las protestas del movimiento Las Vidas Negras Importan, uno de ellos respondió: “Las vidas negras en realidad no importan”. Como medida positiva, el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San José se comprometió a retener el apoyo legal y económico que ofrece el sindicato a cualquier agente que fuera acusado de un delito similar y afirmó que no hay “lugar en nuestro departamento ni en nuestra profesión para racistas, intolerantes ni personas que les faciliten su conducta”.

En algunos casos, los oficiales que detectan actos supremacistas blancos en la fuerza no toman ninguna medida, a menos que el caso se convierta en un escándalo público. Por ejemplo, en Anniston, Alabama, algunos agentes de la policía de la ciudad se enteraron de que uno de sus colegas era miembro del grupo separatista de supremacía blanca League of the South. Sin embargo, el jefe de policía determinó que la afiliación de este agente no afectaba su rendimiento y le permitió seguir en su puesto. Al cabo de unos años, este agente fue ascendido al cargo de sargento y finalmente al de teniente. No fue hasta 2015 que el departamento lo despidió, luego de que Southern Poverty Law Center, una organización de defensa de derechos civiles, publicara un artículo sobre un discurso que este hombre había dado durante una conferencia de la League of the South donde divulgaba sus esfuerzos por reclutar más miembros para el grupo entre sus compañeros de la policía. A otro teniente de la policía de Anniston que se descubrió que había asistido al mismo evento de la League of the South se le permitió retirarse. El teniente despedido apeló su despido. Y después de una audiencia de tres días, una junta local de servicio civil confirmó su despido. Entonces, el exteniente presentó una demanda en la que alegaba que su despido infringía sus derechos de libertad de expresión y asociación de la Primera Enmienda, pero finalmente un tribunal federal ratificó su despido.

El ejemplo de Anniston demuestra la necesidad de transparencia, la obligación de rendir cuentas al público y el cumplimiento del debido proceso para resolver con éxito estos casos. El Departamento de Policía de Anniston y los funcionarios de la ciudad conocían desde hacía años la participación problemática de estos oficiales en una organización racista, pero se necesitó de la presión pública para que finalmente se tomaran medidas. Luego, conscientes del escrutinio público, respondieron como corresponde: despidieron al teniente de tal manera que se puso en marcha el debido proceso necesario para resistir la revisión judicial. El departamento enseguida implementó una política que obligaba a los agentes de policía a firmar una declaración donde afirmaban no ser miembros de “un grupo que pueda avergonzar a la ciudad de Anniston o a su departamento de policía”. También les requería completar una capacitación de resolución de conflictos del Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia. Estas fueron medidas positivas para comenzar a reparar la confianza del público. Pero como en muchos de estos casos, durante los nueve años en los que los agentes supremacistas blancos declarados sirvieron en el Departamento de Policía de Anniston (incluso en cargos de liderazgo), no hubo ninguna evaluación completa ni rendición de cuentas al público de sus actividades. La sede de Alabama de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) solicitó que el Departamento de Justicia y la fiscalía federal examinaran las causas en las que estos oficiales habían participado, en busca de posibles infracciones de derechos civiles, pero no hay indicios de que ninguno de los dos organismos hubiera iniciado dicha investigación. Esta decisión hizo perder otra oportunidad para recuperar la confianza del público en la policía.

Desafortunadamente, no existe ninguna base de datos central que recoja los nombres de los oficiales de policía que son despedidos por mala conducta. Como consecuencia, algunos policías despedidos por su participación en actividades racistas pueden conseguir otros puestos en la fuerza. En 2017, el jefe de policía de Colbert, Oklahoma, renunció a su cargo después de que un medio local divulgara su participación desde hacía décadas en grupos neonazis de skinheads y en algunos sitios web neonazis que estaban a su nombre. Otro departamento de policía cercano lo contrató al año siguiente, alegando que había renunciado a sus actividades racistas anteriores y que tenía excelentes antecedentes como policía.

En 2018, el jefe de policía de Greensboro, Maryland, fue acusado de falsificar antecedentes para contratar a un agente que antes había sido obligado a renunciar a su cargo en el departamento de policía de Dover, Delaware, luego de que hubiera pateado a un hombre negro en la cara y le hubiera roto la mandíbula. Al tiempo, el mismo agente estuvo involucrado en la muerte de un adolescente negro desarmado, lo cual generó una investigación que reveló 29 denuncias de uso de la fuerza en su cargo anterior, entre los cuales se determinó que en algunos casos había utilizado una fuerza innecesaria. Estos incidentes anteriores nunca fueron denunciados a la junta de certificación de policías de Maryland.

Las fiscalías cumplen un rol importante a la hora de proteger la integridad del sistema de justicia penal de una posible mala conducta de oficiales explícitamente racistas. El histórico fallo de 1963 de la Corte Suprema en la causa Brady vs. Maryland obliga a las fiscalías y a la policía a entregarle a toda persona acusada en un proceso penal todas las pruebas exculpatorias en su poder, es decir, aquellas pruebas que puedan descargar de culpa al acusado. Luego, una decisión judicial en la causa Giglio vs. United States expandió este requisito e incluyó la obligación de divulgar toda prueba que pueda impugnar a cualquier testigo de la fiscalía. Las fiscalías mantienen un registro de aquellos policías con antecedentes de mala conducta que puedan reducir, dentro de lo razonable, la credibilidad de su testimonio y que, por lo tanto, deban darse a conocer a la defensa. Estos registros suelen conocerse con el nombre de “listas Brady” o “listas de exclusión”.

La profesora de derecho de la Universidad de Georgetown Vida B. Johnson asegura que es razonable suponer que cualquier prueba que demuestre conductas explícitamente racistas por parte de un agente pueda impugnar la credibilidad de su testimonio. Por lo tanto, las fiscalías deberían estar obligadas a incluir en listas Brady a toda persona dentro de la fuerza que manifieste estas conductas para garantizar que los acusados contra los que declaran estos agentes conozcan las pruebas de sus conductas explícitamente racistas que podrían liberarlos de culpa. Esta reforma sería una importante medida para mitigar el impacto que tienen los oficiales racistas sobre el sistema de justicia penal. En 2019, la fiscal progresista de St. Louis Kimberly Gardner colocó en la lista de exclusión de su fiscalía a los 22 oficiales de esa ciudad que figuraban en el Proyecto Plain View como oficiales que publicaban contenido racista en Facebook.

El proceso necesario para abordar correctamente los casos donde se conoce la participación de un policía en grupos como el KKK o los skinheads neonazis, que han tenido una larga historia de violencia, puede parecer arduo, pero en realidad estos son los casos fáciles. Es muchísimo más frecuente que los oficiales demuestren sus prejuicios en formas que son más difíciles de corregir para las autoridades policiales.

Las nuevas organizaciones de supremacía blanca y otros grupos militantes de extrema derecha a menudo se forman espontáneamente, luego se dividen, cambian de nombre y emplean campañas de desinformación que enmascaran sus actividades ilícitas, lo cual hace difícil determinar si la afiliación de un agente a un cierto grupo entra en conflicto o no con el cumplimiento de su deber. Por ejemplo, algunos agentes del sheriff en los estados de Washington y Luisiana fueron despedidos en 2018 por apoyar públicamente a Proud Boys, un grupo ultraderechista, “machista y pro-Occidente”, fundado en 2016, que dice repudiar el racismo, pero que a menudo actúa en conjunto con grupos supremacistas blancos durante manifestaciones violentas. Sin embargo, en 2019 el Departamento de Policía de East Hampton, Connecticut, lo vio diferente y determinó que uno de sus agentes que pertenecía al grupo Proud Boys y pagaba su membresía no estaba infringiendo las políticas del departamento y no iba a recibir medidas disciplinarias. (El oficial en cuestión afirmó haber dejado el grupo).

Otros oficiales no se vinculan con grupos supremacistas blancos, pero participan en actividades explícitamente racistas en público, redes sociales o salas de chat y canales de comunicación exclusivos de la fuerza policial. En un informe de 2019, el Proyecto Plain View documentó 5,000 publicaciones racistas en redes sociales de unas 3,500 cuentas que pertenecen a policías en servicio o retirados. El informe desencadenó docenas de investigaciones en todo el país. Por ejemplo, el Departamento de Policía de Filadelfia colocó a 72 oficiales en puestos administrativos mientras se realizaba una investigación sobre sus publicaciones racistas en las redes sociales y finalmente suspendió a 15 de ellos con la intención de despedirlos. Otros agentes serán sujetos a medidas disciplinarias, entre ellas, la suspensión, pero permanecerán en sus puestos. Mientras tanto, 13 de los 25 agentes de policía de Dallas investigados por publicaciones cuestionables en las redes sociales recibieron medidas disciplinarias que iban desde sesiones de terapia psicológica hasta la suspensión sin goce de salario. Y se despidió solo a dos de los 22 oficiales de policía de St. Louis en servicio que fueron identificados en el informe, pero la fiscal de St. Louis colocó a los 22 oficiales en su lista de exclusión de testigos. 

El Departamento de Policía de San Francisco intentó despedir a nueve agentes cuando una investigación sobre corrupción policial realizada por el FBI en 2015 descubrió mensajes de texto explícitamente racistas, homofóbicos y misóginos. Luego de años de litigio, la Corte Suprema de California rechazó la apelación de los agentes en 2018, lo cual preparó el terreno para implementar medidas correctivas. Mientras esta causa seguía pendiente, se descubrió que otros cinco oficiales de la policía de San Francisco enviaban mensajes de texto racistas y homofóbicos en los que a veces se burlaban de la investigación sobre los mensajes anteriores. Por eso, quizá no resulte sorprendente que, luego, en 2016, el Departamento de Justicia descubriera que la policía en San Francisco paraba, requisaba y arrestaba a más personas negras y latinas que a personas blancas, aun cuando era menos probable que los grupos no blancos estuvieran llevando contrabando. Como medida positiva, cuando el escándalo por los mensajes de texto salió a la luz en 2015, la fiscalía de San Francisco estableció un grupo de trabajo para revisar 3,000 acciones penales que utilizaron el testimonio de los oficiales investigados, desestimaron algunas causas y alertaron a la defensa de otras sobre sus posibles prejuicios.

En 2019 una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reveló que 62 de sus agentes, entre ellos, la jefa de la oficina, participaban en un grupo secreto de Facebook que publicaba contenidos racistas, antiinmigratorios y misóginos, incluidas amenazas a representantes y senadores del Congreso. No queda claro si se han tomado medidas disciplinarias contra estos agentes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha apoyado implícitamente las actividades parapoliciales de ciertos grupos paramilitares de la frontera sudoeste del país que se han visto involucrados en actos de violencia ilícita durante muchos años.

Cuatro oficiales de la policía de Jasper, Alabama, recibieron una suspensión de dos semanas por haber hecho una señal de OK en una fotografía grupal después de un decomiso de drogas. El gesto de hacer una O con el índice y el pulgar es señal de “poder blanco” en la subcultura ultraderechista, pero es también un gesto inofensivo y frecuente en otros contextos, lo cual les brinda a las personas que lo usan una forma de encubrir sus intenciones y alegar inocencia. En el caso de esta fotografía, la intención del gesto quedaba clara, pero los oficiales siguieron en sus puestos. El alcalde de Jasper sugirió que el departamento quizá necesite dar una capacitación sobre diversidad.

Hay casos en los que la conducta de un agente puede indicar sus prejuicios, pero eso no necesariamente justifique su despido, quizá por la existencia de políticas inespecíficas. La fotografía de un tatuaje al descubierto en el antebrazo de un agente de la policía de Filadelfia desató la controversia cuando se observó que se parecía a un símbolo nazi. El agente afirmó no ser nazi y que el tatuaje, que consistía en un águila heráldica y la palabra “Fatherland” (patria), simplemente representaba su legado alemán. El departamento, que no tenía una política específica sobre tatuajes, lo eximió de toda culpa. Pero enseguida adoptó una política que prohibía tatuajes “ofensivos, extremistas, indecentes, racistas o sexistas durante el cumplimiento del deber”. El oficial en cuestión fue exento de la aplicación de esta política por su antigüedad en la fuerza y se le permitió mantener su puesto a pesar del tatuaje, aunque aceptó tapárselo mientras cumplía con sus funciones. Sin embargo, según se informó, la investigación no consideró otros materiales anteriores que lo vinculaban con un grupo neonazi y determinó que nunca había “manifestado ningún prejuicio racial en su trabajo”. Su rutina de patrullaje no se modificó, lo cual preocupó a la comunidad.

Cuando un departamento de policía no resuelve con transparencia y rapidez cualquier acusación de supremacía blanca en contra de uno de sus agentes, esta omisión socava la percepción del público sobre todo el departamento, en especial cuando surgen problemas de uso de la fuerza. Por ejemplo, en Portland, Oregón, el Gremio Nacional de Abogados (NLG) presentó una demanda por uso excesivo de la fuerza contra un policía que utilizó gas pimienta contra manifestantes pacíficos antibélicos, entre ellos, niños y una camarógrafa de televisión, en 2002 y 2003. La ciudad de Portland pagó $300,000 como acuerdo económico para resolver la demanda, pero el oficial no solo no recibió ninguna medida correctiva, sino que además fue ascendido. Sin embargo, durante la demanda, se presentó un informante y declaró que, de joven, este oficial era admirador de Adolf Hitler, que gritaba discursos racistas y homofóbicos en público, vandalizaba viviendas con grafiti nazi, se vestía con uniformes nazis y coleccionaba objetos nazis. Luego, otro amigo confirmó esas acusaciones y sostuvo que el oficial conservaba su ideología nazi mientras trabajaba en el Departamento de Policía de Portland. Además, brindó pruebas de que el oficial en servicio había colocado ilegalmente en un parque público unas placas conmemorativas a cinco soldados nazis, entre ellos, un oficial de la SS sospechado de crímenes de guerra. El oficial las quitó y, según se informó, alguien las escondió en la fiscalía de Portland, donde permanecieron ocultas hasta la finalización de la demanda judicial. El oficial luego dijo no ser nazi, sino un “aficionado de la historia”. 

En 2010 el Departamento de Policía de Portland suspendió al oficial durante dos semanas por haber colocado las placas nazis. Sin embargo, la Ciudad anuló esta medida correctiva en 2014 para resolver una demanda por difamación que había presentado el agente contra un superior por haberlo tildado de nazi. Este agente luego continuó siendo ascendido a cargos de autoridad dentro de la fuerza.

Esta historia recobró relevancia cuando el Departamento de Policía de Portland fue otra vez acusado de prejuicio durante su respuesta a una serie de manifestaciones violentas instigadas por militantes de extrema derecha y grupos supremacistas blancos de 2016 a 2019. Varios agentes de la policía de Portland y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) parecían apoyar el accionar violento de algunos miembros de los grupos de extrema derecha, mientras realizaban arrestos masivos y utilizaban indiscriminadamente armas no letales entre contramanifestantes antirracistas y antifascistas. A los agentes del DHS se los pudo ver en un video solicitando la asistencia de algunos militantes para arrestar a manifestantes antirracistas.

Un informe preliminar de la Evaluación Independiente de la Policía que investigó la respuesta del Departamento de Policía de Portland durante las manifestaciones pareció corroborar estas sospechas. Citó a un teniente cuando dijo que “los manifestantes de extrema derecha le parecían ‘mucho más normales’ que los manifestantes de izquierda”. Volvieron a surgir alegaciones de racismo cuando Willamette Week, el periódico semanal alternativo de Portland, publicó unos mensajes de texto amistosos entre un teniente de Portland y el líder de un grupo de extrema derecha cuyos miembros habían cometido actos de violencia durante estas protestas. Los mensajes de texto contenían consejos sobre cómo un miembro con una orden de arresto pendiente podía evitar el arresto y detalles sobre los movimientos de grupos opositores. El Departamento de Policía luego alegó que estos mensajes tenían la intención de recabar información y obtener la cooperación del grupo de extrema derecha para evitar la violencia durante las manifestaciones. El FBI no presentó cargos, aun cuando varios de los militantes ultraderechistas violentos habían viajado desde otros estados para participar en las protestas.

En mayo de 2019, el Consejo Municipal de Portland contrató a una compañía privada de auditoría de fuerzas policiales para que realizara una investigación independiente sobre la respuesta policial a las protestas de extrema derecha. Hasta el día de hoy, esta compañía privada no ha llevado a cabo ninguna audiencia pública ni emitido ningún informe de su investigación.

El Departamento de Policía de Portland no fue la única policía que recibió críticas por su visible prejuicio durante las protestas violentas en las que participaron supremacistas blancos y militantes de extrema derecha. Ciertos investigadores de la Patrulla de Caminos de California (CHP) trataron de víctimas a los skinheads neonazis que apuñalaron a algunos contramanifestantes antirracistas durante una protesta en 2016 en Sacramento y solicitaron su cooperación para investigar a los contramanifestantes y a un periodista negro herido. La policía de Anaheim, California, arrestó a siete manifestantes antirracistas en una manifestación del KKK en 2016, pero no imputó al miembro del KKK que apuñaló a tres personas.

En Huntington Beach, California, la policía de un parque, alegando falta de recursos, se negó a investigar la golpiza que sufrió un grupo de periodistas de OC Weekly por parte de miembros del movimiento de supremacía blanca Rise Above en una marcha pro-Trump en 2017. Sin embargo, la fiscalía del condado de Orange sí acusó a la manifestante antifascista que quiso defender a los periodistas y abofeteó a uno de los atacantes supremacistas blancos. El FBI luego imputó a cuatro miembros del movimiento Rise Above por cometer actos de violencia en una serie de disturbios, incluido el ataque en Huntington Beach, pero un juez federal rechazó la imputación con el argumento de que la Ley Antidisturbios (Anti-Riot Act), que tiene más de 50 años de antigüedad, era inconstitucional.

En 2019, un grupo de Proud Boys en Washington, DC, irrumpió en una quema de banderas permitida que realizaban miembros de un grupo comunista en frente de la Casa Blanca, y se generó una refriega. La policía local arrestó a dos de los comunistas, pero escoltaron a los Proud Boys. Algunos policías incluso los saludaron con un choque de puños mientras entraban en un bar. Una investigación posterior determinó que los oficiales no habían infringido ninguna política policial.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) no solo no prioriza como corresponde las investigaciones sobre casos de violencia por parte de grupos supremacistas blancos y delitos de odio, sino que tampoco utiliza todos los recursos necesarios para combatir la violencia y el racismo policiales. Varias fiscalías federales se negaron a iniciar acciones judiciales en el 96 por ciento de las investigaciones sobre derechos civiles que llevó adelante el FBI por mala conducta policial entre 1995 y 2015, o, dicho de otro modo, rechazaron más de 12,700 demandas, de acuerdo con un análisis de los registros del DOJ realizado por Reuters.

Las fiscalías federales enfrentan muchos obstáculos para recopilar las pruebas necesarias e iniciar acciones legales contra la policía, porque deben presentar pruebas de que los oficiales tuvieron la intención premeditada de infringir los derechos civiles de la víctima en el uso de su fuerza. No basta con probar que el agente usó intencionalmente su fuerza y que eso le negó a la víctima alguno de sus derechos constitucionales. La ley sobre derechos civiles que contempla la violencia policial, 18 U.S.C. § 242, obliga a las fiscalías a probar que el agente en cuestión procuró usar excesivamente su fuerza y que también lo hizo con la intención específica de violar los derechos constitucionales de la víctima.

El Departamento de Justicia sigue eludiendo su deber de recopilar datos sobre conductas policiales explícitamente racistas. La falta de una base de datos federal que registre este tipo de malas conductas o la afiliación de agentes a grupos supremacistas blancos o grupos militantes de extrema derecha hace que sea más difícil obtener pruebas de la intención de la policía en estos casos. El FBI solamente comenzó a recopilar datos sobre el uso de la fuerza policial en 2018, después de que el movimiento Las Vidas Negras Importan y otros grupos que abogan por una mayor rendición de cuentas por parte de la policía comenzaran a presionar para que haya más control federal sobre la violencia policial contra las personas no blancas. Esta es una medida positiva, pero los datos recopilados se basan en lo que las mismas instituciones policiales informan voluntariamente, una metodología que ha ocasionado graves deficiencias a la hora de informar delitos de odio.

Además de aplicar sanciones penales, el Departamento de Justicia también tiene, según las leyes 42 U.S.C. § 14141 y § 3789d(c)(3), el poder de iniciar acciones legales contra las instituciones policiales si puede demostrar un “patrón o una práctica” de violaciones de derechos civiles. En estas demandas civiles, no es tan difícil obtener las pruebas necesarias, pero abarcan problemas generalizados en todo un departamento y no solo la mala conducta individual de un oficial. Estos casos suelen terminar en acuerdos económicos de resolución o “decretos por consentimiento”, que estipulan un período durante el cual el DOJ supervisa la aplicación de las reformas acordadas. Durante la administración Obama, se abrieron 20 investigaciones de patrones y prácticas de departamentos de policía, el doble de las iniciadas durante la administración Bush, y se firmaron al menos 14 decretos por consentimiento con la fuerza policial. Sin embargo, el Departamento de Justicia aún no ha creado parámetros para evaluar la eficacia de las medidas tomadas para controlar la violencia policial o los abusos de los derechos civiles por parte de la policía.

La administración Trump abandonó todos los esfuerzos de aplicar reformas policiales impulsadas por el Departamento de Justicia durante el mandato de Obama. El fiscal general Jeff Sessions ordenó la revisión de las causas de patrones y prácticas policiales y, durante el último día de sus funciones, firmó un memorando en el que estableció requisitos más estrictos para abrir este tipo de causas en el Departamento de Justicia, lo cual limitó la utilidad de esta herramienta a la hora de controlar la mala conducta policial sistémica. Sessions también canceló un programa puesto en marcha por la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad del DOJ que evaluaba las prácticas de los departamentos de policía y ofrecía recomendaciones correctivas de un modo más colaborativo para evitar el litigio. Luego, el fiscal general William Barr mostró el mismo nivel de indiferencia a la hora de supervisar el accionar de la policía e incluso una vez amenazó con que las comunidades que no apoyen ni respeten a la policía “podrían quedarse sin la protección policial que necesitan”.

El Departamento de Justicia da capacitación sobre derechos civiles y prejuicios implícitos a la policía y a menudo les obliga a que den esta capacitación como parte de los decretos por consentimiento que se firman tras las demandas de patrones y prácticas policiales. Si bien esta capacitación puede ser importante para ayudar a concientizar a la policía sobre los prejuicios inconscientes, su eficacia para controlar el prejuicio policial aún no se ha demostrado. Una deficiencia obvia de este tipo de capacitación es la omisión del racismo explícito y de la supremacía blanca en la fuerza policial. Un instructor policial dijo, en un artículo de The Atlantic, que el racismo explícito es “simplemente algo que no se admite... Si lo admitimos, entonces ¿qué indica sobre la forma en que servimos al público? Otro consultor policial, en The Forward, afirmó sobre este tipo de capacitaciones: “Si no se presenta el tema de un modo muy sutil, los agentes van a pensar que lo que les estamos diciendo es que son racistas... En mi experiencia, eso tiende a hacer que los agentes se muestren reacios al contenido que queremos enseñarles”. Otro instructor dijo a MSN.com: “Cuando entras al aula, los agentes ya se muestran a la defensiva o totalmente hostiles. Piensan que les vamos a regañar y decirles que son racistas”. Algunos estudios sugieren que las capacitaciones sobre prejuicios implícitos pueden ser incluso contraproducentes porque refuerzan estereotipos raciales.

Durante la audiencia de junio de 2019 ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes que se mencionó más arriba, el representante Clay le preguntó al subdirector asistente Calvin Shivers, que dirige la sección de derechos civiles del FBI, si el Buró brinda recursos o capacitaciones a los departamentos de policía estatales y locales para ayudarlos a identificar a supremacistas blancos que intenten infiltrarse en la fuerza. Shivers respondió que la capacitación que brinda la sección de derechos civiles del FBI a la policía se centra en ayudarlos a detectar cualquier delito de odio que pueda ocurrir dentro de sus jurisdicciones. No mencionó ninguna capacitación que se proponga identificar y eliminar de la fuerza a todo oficial que participe activamente en grupos supremacistas blancos o grupos militantes de extrema derecha.

La constante presencia de incluso unos pocos militantes ultraderechistas, supremacistas blancos y otras personas explícitamente racistas en la fuerza policial tiene un enorme impacto en la seguridad pública y la confianza del público en el sistema de justicia penal y no puede ignorarse. Dejar que cada institución se supervise a sí misma de un modo tan desordenado no ha demostrado ser una medida efectiva para recuperar la confianza del público en la fuerza policial. En su lugar, debería haber un plan sistemático en el que participen los gobiernos a nivel federal, estatal y local para garantizar que las instituciones policiales no toleren conductas explícitamente racistas. La sección final de este informe propone varias recomendaciones para incluir en un plan de este tipo.

Como respuesta a las protestas que se realizaron en el país por el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, varios oficiales a lo largo de la nación sacaron a la luz su afiliación a grupos militantes de extrema derecha. Un agente del sheriff con muchos años de antigüedad que vigilaba una protesta del movimiento Las Vidas Negras Importan en el condado de Orange, California, fue fotografiado mientras vestía en su chaleco antibalas dos emblemas con los logos de los grupos militantes de extrema derecha Three Percenters y Oath Keepers, que suelen ser antigobierno. Después de que un activista publicara la fotografía, el sheriff admitió que era “inaceptable” que uno de sus agentes llevara puestos esos emblemas y le impuso una licencia administrativa hasta que concluyera la investigación.

Un agente con 13 años de antigüedad en el Departamento de Policía de Chicago está siendo investigado después de que se publicaran unas fotografías que lo mostraban con un tapabocas del grupo Three Percenters mientras vigilaba una protesta. En una de las fotos aparece junto a él un supervisor que no pareció presentar ninguna queja. Según se informó, este agente había sido objeto de varias demandas judiciales por mala conducta, incluida una por uso excesivo de la fuerza luego de un tiroteo no letal. La Ciudad de Chicago pagó $400,000 en acuerdos económicos para resolver esos litigios.

En Salem, Oregón, un oficial fue filmado mientras le pedía a un hombre blanco fuertemente armado y vestido de militante que entrara a un edificio o se sentara en su vehículo, mientras la policía arrestaba a manifestantes por no haber cumplido con una orden de toque de queda, “para que no parezca que tenemos favoritos”. Después de una protesta generalizada, el jefe de policía de Salem pidió disculpas por esta apariencia de favoritismo, pero afirmó que lo único que estaba haciendo el agente era hacer que los militantes cumplieran con el toque de queda. 

Una agente en Olympia, Washington, fue investigada por posar en una foto con un grupo de milicias fuertemente armadas llamado Three Percent of Washington. Uno de los miembros de este grupo publicó la foto en las redes sociales, con el comentario de que la oficial y su pareja habían ido a agradecerles por estar vigilando un centro comercial de la zona.

En Filadelfia, algunos policías se mantuvieron alejados y no quisieron intervenir mientras unas pandillas de principalmente hombres blancos armados con bates, palos y armas largas atacaban a periodistas y manifestantes. La fiscalía del distrito se comprometió a investigar el asunto. Pero al mes siguiente, algunos oficiales de Filadelfia socializaron abiertamente con varios hombres que llevaban insignias y una bandera de Proud Boys en una fiesta para la campaña de apoyo a la policía “Back the Blue”, organizada en una de las sedes de la organización Fraternal Order of Police.

La afinidad que han mostrado tener algunos agentes de policía con los grupos militantes de extrema derecha durante las protestas resulta desconcertante porque muchos estados, como California, Illinois, Oregón, Pensilvania y Washington, tienen leyes que prohíben la participación en actividades paramilitares desreguladas. Y es además muy alarmante porque algunos militantes de extrema derecha han matado a policías. Que algunos miembros de estas milicias sean también miembros del movimiento pro-Boogaloo, cuyos partidarios han sido arrestados por construir bombas molotov para usarlas en una manifestación del movimiento Las Vidas Negras Importan en Nevada, por incitar disturbios en Carolina del Sur y por disparar, bombardear y matar a policías en California, pone de relieve la gran amenaza que representa la participación en estos grupos para sus propios colegas dentro de la fuerza policial.

Para la policía federal, estatal y local

La falta de una respuesta firme de las instituciones policiales federales, estatales y locales ante las pruebas de racismo policial explícito socava la confianza del público, porque le cuesta creer en una policía justa e imparcial. Peor aún, les indica a los supremacistas blancos y militantes de extrema derecha que sus actos ilegales gozan de la aprobación y autorización del gobierno, lo cual les da mucha más osadía y los hace más peligrosos. Volver a ganar la confianza del público requiere una aplicación de las leyes que sea transparente e igualitaria, una supervisión efectiva de la policía y una rendición de cuentas al público que priorice los intereses de las comunidades más afectadas.

Cuando se descubre que alguno de sus oficiales está involucrado en actividades de grupos supremacistas blancos o militantes de extrema derecha, actos de violencia racista o malas conductas relacionadas, los departamentos de policía deben implementar planes de mitigación diseñados para garantizar la seguridad del público y defender la integridad de la justicia. Estos planes de mitigación pueden incluir varias medidas, entre ellas, derivar los casos a la fiscalía, despedir al agente en cuestión, imponer otras medidas disciplinarias, limitar las asignaciones del agente para reducir los contactos posiblemente problemáticos con el público, volver a capacitar a la policía e intensificar los esfuerzos de supervisión y auditoría. La policía y las fiscalías tienen la obligación de brindar a toda persona acusada o demandada toda la información exculpatoria que tengan en su poder, incluso la relacionada con la mala conducta de los agentes testigo en sus causas que, dentro de lo razonable, pueda impugnar su testimonio. Las fiscalías deberían incluir en listas de exclusión, o listas Brady, a todo agente de policía al que se le hayan conocido conductas explícitamente racistas. Estas listas deberían compartirse entre las distintas fiscalías federales, estatales y locales para garantizar la justicia en todos los procesos judiciales, para todas las personas y en todas las jurisdicciones.

La forma más efectiva de que las instituciones policiales puedan recuperar la confianza del público y evitar que el racismo influya en el accionar policial es, en primer lugar, prohibir que miembros de grupos supremacistas blancos o personas con conductas explícitamente racistas se conviertan en policías, o que continúen en sus puestos una vez que se les hayan comprobado prejuicios raciales. Todas las instituciones policiales deberían tomar las siguientes medidas:

• Establecer políticas claras sobre la participación de sus agentes en organizaciones supremacistas blancas u otros grupos militantes de extrema derecha y sobre las manifestaciones abiertas y explícitas de racismo; específicamente sobre tatuajes, parches, emblemas y otras insignias, así como también sobre publicaciones en las redes sociales. Estas políticas deben ser revisadas correctamente por abogados para asegurarse de que cumplan con los derechos constitucionales, las leyes locales y estatales correspondientes y los convenios colectivos de trabajo, y deben explicarse con mucha claridad al personal policial.
• Contratar a un personal diverso para que refleje mejor la composición demográfica de las comunidades a las que la institución policial debe servir y ascender al personal policial con transparencia y equidad.
• Poner en marcha planes de mitigación cuando se detectan prejuicios en la fuerza. Estos planes de mitigación pueden incluir varias medidas, entre ellas, derivar los casos a la oficina de asuntos internos, a la fiscalía local o al DOJ para que los investiguen y los procesen, despedir a los agentes en cuestión o imponer otras medidas disciplinarias, limitar las asignaciones de los agentes para reducir los contactos posiblemente problemáticos con el público, volver a capacitar a la policía e intensificar los esfuerzos de supervisión y auditoría.
• Establecer mecanismos para denunciar casos de prejuicios, de modo que las fiscalías puedan obtener pruebas de las conductas explícitamente racistas de los oficiales denunciados y emplear listas de exclusión o mecanismos de denuncia similares para que los acusados y demandados puedan ser notificados.
• Alentar la práctica de denunciar este tipo de irregularidades entre la fuerza y proteger a aquellas personas que las denuncian.

Para el gobierno federal

El Departamento de Justicia ha reconocido que la participación de la policía en organizaciones supremacistas blancas y grupos de milicias de extrema derecha representa una constante amenaza, pero no ha creado ninguna estrategia nacional para abordar este problema. El Departamento no solo se ha negado a imputar a muchos oficiales de policía involucrados en actos de violencia abiertamente racista, sino que hasta hace muy poco ni siquiera recopilaba datos nacionales sobre el uso de la fuerza policial.

El Congreso debe exhortar al Departamento de Justicia a que tome las siguientes medidas:

• Establecer de inmediato un grupo de trabajo que examine las posibles asociaciones de la policía con grupos supremacistas blancos y otros grupos militantes de extrema derecha para evaluar la magnitud y la naturaleza de este problema e informar sus hallazgos al Congreso.
• Diseñar una estrategia nacional basada en este informe, con el objetivo de proteger la seguridad y las libertades civiles de las comunidades vigiladas por aquellos oficiales miembros activos de organizaciones supremacistas blancas o militantes de extrema derecha. Dicha estrategia nacional garantizará que todas las fiscalías federales y las oficinas del FBI de todo el país prioricen como corresponde estas investigaciones y coordinen sus tácticas para asegurar una justica igualitaria para todos y todas. Esta estrategia nacional debería incluir datos y parámetros para medir la eficacia de los métodos utilizados.
• Exigir que el FBI revise sus investigaciones de terrorismo interno que involucren a supremacistas blancos y otros grupos militantes explícitamente racistas o fascistas para documentar e informar al DOJ todos los indicios de vínculos activos entre estos grupos y la policía. Esta revisión se utilizaría de base para la evaluación del departamento y la estrategia nacional y, cuando existan pruebas de posibles violaciones de derechos civiles u otras actividades delictivas por parte de estos agentes, también permitiría que se inicien investigaciones.
• Exigir al FBI que determine si los agentes de policía que investiga por violaciones de derechos civiles u otras actividades delictivas tienen vínculos con organizaciones supremacistas blancas u otros grupos militantes de extrema derecha, tienen antecedentes de conductas discriminatorias o han publicado comentarios explícitamente racistas en plataformas públicas o redes sociales. Esta información debe suministrarse a todo agente del FBI que esté investigando casos de terrorismo interno y a las fiscalías federales, estatales y locales para que la incluyan en sus listas Brady.
• Exigir al FBI que denuncie ante el DOJ y a sus respectivos departamentos a todo oficial federal, estatal o local asignado a un grupo de trabajo federal al que se le descubran, durante evaluaciones iniciales o investigaciones periódicas de antecedentes, vínculos activos con cualquier grupo supremacista blanco u otros grupos de milicias, conductas racistas o publicaciones explícitamente racistas en las redes sociales. Cuando corresponda y haya pruebas para demostrarlo, el Departamento de Justicia debe prohibir que estos agentes sigan participando en los grupos de trabajo federales y notificar a los líderes de los departamentos correspondientes y a las fiscalías locales para su posible inclusión en listas Brady.
• Analizar los datos recopilados por el FBI en su base de datos sobre el uso de la fuerza policial para ayudar a diseñar la estrategia nacional. El FBI debe evaluar cada una de las denuncias sobre el uso de la fuerza policial en busca de indicios de que un prejuicio racial o étnico haya motivado la violencia. Cuando las pruebas indiquen, dentro de lo razonable, una infracción de leyes federales, estatales o locales, el caso debe derivarse a la fiscalía correspondiente para iniciar acciones legales.
• Establecer un plan de mitigación formal que se ponga en marcha cuando haya pruebas que indiquen que un agente determinado representa una amenaza a la seguridad del público o un riesgo de daño a cualquier clase o comunidad protegida. Dicho plan podría incluir la realización de investigaciones federales, estatales o locales; el inicio de demandas judiciales por violación de derechos civiles y la firma de decretos por consentimiento; la notificación de los datos personales del oficial en cuestión a otras autoridades federales, estatales y locales para que tomen las medidas necesarias en cuanto a su empleo; y la inclusión de los oficiales identificados en las listas Brady que llevan las fiscalías federales, estatales y locales para asegurarse de que los acusados en causas penales y los demandantes en causas civiles en contra de estos oficiales tengan todas las pruebas existentes y necesarias para impugnar sus testimonios, si correspondiera.
• Establecer una línea telefónica pública para denunciar cualquier actividad racista que involucre a oficiales de policía y fortalecer las protecciones ofrecidas a los agentes federales que realizan estas denuncias.

La Ley de Prevención del Terrorismo Interno de 2019 (Domestic Terrorism Prevention Act), presentada por el senador demócrata de Illinois Dick Durbin, incluye una disposición que obliga al FBI a evaluar la amenaza que representa la infiltración de supremacistas blancos y neonazis en las fuerzas policiales y militares. Esta evaluación debe basarse en los datos recopilados durante investigaciones del FBI y estudios de las instituciones policiales federales, estatales y locales, y en los datos recabados para la base de datos sobre el uso de la fuerza policial.

Por último, el Congreso debe aprobar la Ley para Terminar con los Perfiles Raciales y Religiosos de 2019 (End Racial and Religious Profiling Act) con el fin de prohibirles a todas las instituciones policiales federales, estatales y locales elaborar perfiles según la raza, etnicidad, religión, nacionalidad, sexo, identidad de género u orientación sexual de las personas, ya sean reales o aparentes. Prohibir la elaboración de perfiles raciales sería un paso importantísimo a la hora de mitigar el daño que pueden causar los agentes racistas ocultos en las fuerzas.

Traducción de Ana Lis Salotti.