Introducción
En los últimos años, el Brennan Center ha entrevistado a decenas de funcionarios electos acerca de la recaudación de fondos para sus campañas. Una y otra vez, escuchamos la misma respuesta, que ha sido confirmada por varios estudios académicos: la carrera para obtener fondos para sus campañas obliga a los candidatos a dedicar demasiado tiempo a recaudar grandes sumas de dinero. A su vez, esta práctica reduce el tiempo que le pueden dedicar directamente a cumplir con los objetivos que los llevaron a postularse, como prestar servicios al público, concretar reformas políticas o perseguir una ambición personal.
Para muchos funcionarios electos, financiar su próxima campaña supone pasar horas y horas haciendo llamadas telefónicas a listas de personas adineradas, o bien tomar decisiones estratégicas y difíciles sobre a quiénes votar a fin de no generar el descontento de un determinado grupo de poder económico. En general, a los funcionarios electos no les gustan las actividades relacionadas con la recaudación de fondos y preferirían dedicar su tiempo a escuchar a sus comunidades y satisfacer sus necesidades.
Estas presiones para obtener financiamiento restringen quiénes pueden postularse y actúan como un filtro que desalienta a la diversidad en los órganos electos. Cuando alguien analiza una posible candidatura, la primera pregunta que se le suele hacer es cómo podrá recaudar suficientes fondos para realizar una campaña viable. La capacidad para recaudar fondos, facilitada por el acceso a la riqueza, se ha convertido en una prueba de fuego que puede disuadir a muchos posibles candidatos. Conseguir donaciones cuantiosas es más fácil para abogados que para activistas sociales, a pesar de las amplias conexiones que estos últimos puedan tener dentro de su comunidad. En la carrera por atraer grandes cantidades de dinero, los candidatos blancos y de género masculino tienen una ventaja desproporcionada, mientras que los obstáculos que impone la recaudación de fondos han generado una baja representación de mujeres, personas no blancas y, en particular, mujeres no blancas en las candidaturas.
Mientras tanto, los votantes que ven cómo los grandes donantes gastan millones en las elecciones pueden pensar que para obtener resultados en la política hay que tener mucho dinero y que, por lo tanto, no tiene sentido participar. Aunque ha habido una mayor participación de pequeños donantes en los últimos ciclos electorales, los grandes donantes siguen representando la gran parte del capital con el que se financian las campañas. En 2020, los pequeños donantes contribuyeron la cifra récord de 4,000 millones de dólares en las elecciones federales. Esta suma, donada por 20 millones de personas, como mínimo, representa solo el 23 por ciento del financiamiento de las elecciones federales. Esta suma fue superada por los 5,000 millones de dólares que contribuyó un número mucho menor de megadonantes (“mega” significa que aportan más de 10,000 dólares).
La riqueza actúa como una importante barrera a la participación tanto de los candidatos como de los donantes. Un sistema como este, dominado por los grandes donantes, da como resultado a un gobierno no representativo que privilegia los intereses de una minoría adinerada.
Para empezar a abordar estos problemas tan profundamente arraigados, los legisladores de todo el país están recurriendo a la reforma de financiamiento de campañas políticas más contundente desde que la Corte Suprema inclinó la balanza en favor de los megadonantes en el fallo Citizens United. El financiamiento público de campañas políticas les da a los candidatos la opción de dejar de perseguir a los grandes donantes y realizar campañas competitivas centradas en el contacto con los votantes, en lugar de llamar a listas de donantes millonarios y grupos de poder económico.
Durante los últimos diez años, más de una docena de jurisdicciones han adoptado nuevos sistemas de financiamiento público o han reforzado los existentes, lo que se suma a una lista de programas que funcionan desde hace décadas. Estos sistemas se implementan en las elecciones estatales o locales de todo el país, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades y estados. En 2020, Nueva York fue el primer estado en promulgar un programa de financiamiento público estatal desde el fallo Citizens United. Cabe destacar que la Cámara de Representantes ha aprobado en dos ocasiones un programa de financiamiento público para el Congreso como parte del proyecto de Ley para el Pueblo (For the People Act).
El financiamiento público de las elecciones puede darse de varias maneras. Los sistemas que igualan y multiplican las pequeñas donaciones ofrecen a los candidatos fondos públicos que multiplican el valor de las pequeñas donaciones. Por ejemplo, en el programa del condado de Montgomery (Maryland), que iguala y multiplica por cuatro las donaciones más pequeñas a las campañas de candidatos al concejo y a cargos ejecutivos del condado, una donación de 10 dólares pasa a valer 50 dólares para el candidato. En otro tipo de programa conocido comúnmente como “Elecciones Limpias”, los candidatos reciben subsidios en bloque de fondos públicos una vez que cumplen con los requisitos estipulados y se les prohíbe recaudar otros fondos privados. Por último, el sistema de cupones o vouchers les brinda a los votantes cupones por un valor determinado para que les den a los candidatos de su preferencia, quienes luego reciben esa misma cantidad en fondos públicos.
Miles de candidatos, ya en sus cargos o recién llegados, demócratas, republicanos e independientes, han utilizado estos sistemas para presentarse a las elecciones y han empoderado a un número incalculable de pequeños donantes. Con las cinco décadas que en su conjunto llevan implementados estos sistemas, tan solo dos de las jurisdicciones más grandes, Arizona y la ciudad de Nueva York, han financiado públicamente casi 2,000 candidaturas. Muchos funcionarios, tanto legislativos como ejecutivos, cuyas elecciones se financiaron con fondos públicos, representan a un millón de personas o más. Las historias de estos candidatos financiados con fondos públicos ilustran cómo una reforma puede producir una democracia más saludable.
En 2016, el Brennan Center publicó Superar barreras: Las caras del financiamiento público mediante pequeñas donaciones, un informe que presentaba los testimonios personales de un grupo de funcionarios electos de ambos partidos políticos y de distintos lugares del país. Ahora, para este informe, entrevistamos a un nuevo grupo de funcionarios electos, también de ambos partidos y con experiencia en el uso del financiamiento público para sus campañas, muchos de los cuales utilizaron nuevos programas, como los de Seattle, Washington; del condado de Montgomery, Maryland; y de Washington D. C.
A medida que aumenta el número de sistemas de financiamiento público, aumenta también el número de candidatos y funcionarios electos que pueden dar testimonio del impacto de estos programas. En este informe se presentan sus reflexiones y sus opiniones sobre los beneficios de esta reforma.
