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ICE ha expandido su sistema de detención a un paso sin precedentes, creando un vasto ecosistema de deportación plagado de abusos.
La administración Trump se ha alejado de cómo se aborda históricamente la detención migratoria al encarcelar a más inmigrantes y expandir rápidamente la capacidad de detención mediante contratos privados e inversiones en su infraestructura propia.
Mientras el Congreso se encuentra en un impasse sobre la financiación y las reformas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —su principal rama que vela por el cumplimiento de las leyes— está completamente financiado hasta 2029 gracias a la cartera de $75 mil millones que los legisladores aprobaron en julio pasado.
Ese dinero, el cual incluye $45 mil millones para los nuevos centros de detención migratorios, es más del triple del presupuesto anual de ICE, convirtiéndola en la agencia policial federal más grande. Desde entonces, ICE ha expandido su sistema de detención a un paso sin precedentes, creando un vasto ecosistema de deportación plagado de abusos.
Cuando el presidente Trump asumió la presidencia, ICE tenía detenidas poco menos de 40,000 personas en una red dispersa de centros en todo el país, incluyendo cárceles locales, centros de procesamiento de ICE, prisiones y centros de detención. Hoy, esa cifra se ha disparado a 70,000 —la más alta de la historia— y la agencia parece estar pronta a añadir más de 100,000 nuevas camas de detención para el 30 de noviembre.
Para justificar esta enorme infraestructura, la administración Trump se ha alejado de cómo se aborda históricamente la detención migratoria al encarcelar a más inmigrantes y expandir rápidamente la capacidad de detención mediante contratos privados e inversiones en su infraestructura propia. Al mismo tiempo, la administración está buscando nuevas formas de evadir la supervisión, resultando en mayores riesgos para la salud y seguridad de las personas bajo custodia del gobierno.
Aumentos en detenciones
Recursos sin precedentes han hecho posible que el DHS haga que todos los inmigrantes sin estatus legal, sin diferenciación alguna, estén sujetos a la detención y deportación obligatoria, independientemente si tienen antecedentes penales o si se considera que presentan un riesgo de fuga. Esto incluye a unas 1.6 millones de personas que se encontraban legalmente en el país pero se les revocó repentinamente su Estatus de Protección Temporal (TPS), como los refugiados de Haití y Venezuela.
Las administraciones pasadas priorizaron detener a los inmigrantes sin estatus regular si tenían antecedentes penales mientras que ponían en libertad a la mayoría de los otros inmigrantes con audiencias pendientes. Hoy, sin embargo, el 74 por ciento de las personas detenidas por ICE no tienen récord penal, y el resto, en general, no tienen en sus antecedentes nada más serio o violento que una infracción por conducir a alta velocidad.
Además, para incrementar el número de inmigrantes bajo custodia, la administración está utilizando una teoría jurídica cuestionable para rechazar las solicitudes de liberación. La ley federal exige la detención de inmigrantes considerados “solicitantes de admisión”, es decir, personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos.
Durante décadas, los tribunales y ICE han interpretado este requisito como uno que aplica solamente a quienes ingresaron al país recientemente. Los inmigrantes que ya viven en los Estados Unidos solo están sujetos a la detención si se les consideraba estar en riesgo de fuga o ser un peligro para la sociedad. La actual administración dio un giro radical a esta política y ahora está encarcelando a los inmigrantes bajo la teoría de que aún son “solicitantes de admisión” aunque hayan ingresado al país hace muchos años o incluso décadas.
Cambios hacia los contratos de asignación directa
El gobierno federal subcontrata la adquisición de insumos, servicios y proyectos de construcción a más de 100,000 compañías cada año. Los contratistas típicamente responden a las solicitudes de licitación y compiten entre ellos con base al precio, experticia y servicios que puedan proveer. Este proceso proporciona transparencia y equidad además de garantizar que el gobierno no desperdicie el dinero de los contribuyentes.
La declaración de una emergencia en la frontera por parte de Trump en enero de 2025 le ha permitido a ICE en su mayoría dejar de utilizar este proceso competitivo y, en vez, otorgar contratos directamente a los enormes contratistas de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group. ICE ha expandido sus contratos de detención (como el del centro Delaney Hall en Newark, New Jersey; y el del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en Dilley, Texas).
También, ICE ha establecido nuevos contratos para nuevas o existentes instalaciones o para reactivar otras. En un notable ejemplo, ICE concedió a CoreCivic un contrato de asignación directa de seis meses en marzo para reactivar la notoria antigua cárcel federal con capacidad para 1,033 personas en Leavenworth, Kansas. En septiembre, ICE asignó a CoreCivic un contrato por 24 meses para esa instalación y una en California que se espera signifique para el contratista aproximadamente $60 millones en ingresos anuales.
ICE también firmó un contrato de asignación directa por 15 años con el GEO Group por un valor de mil millones de dólares para la administración de Delaney Hall, un centro de detención con capacidad para 1,000 personas en Nueva Jersey. Un plazo de 15 años es excepcionalmente largo para un contrato de detención privada, los cuales suelen durar entre uno y cinco años.
Ampliación de la capacidad del gobierno mediante almacenes, bases militares y aviones
El gobierno federal ha dependido históricamente de otros para confinar a personas en una gran red de instalaciones carcelarias. Hace décadas que ICE contrata no solo a compañías privadas con fines de lucro como el GEO Group y CoreCivic, sino también a cárceles locales que le arriendan su espacio de detención al gobierno federal. ICE típicamente paga a las cárceles entre $70 y $110 por cama diariamente, mucho más de lo que los condados normalmente reciben por detener a sus poblaciones locales. Algunos condados construyen una capacidadcarcelaria mayor a la necesaria para aprovechar esta fuente de ingresos.
Pero una nueva tendencia está surgiendo desde que Trump asumió la presidencia: el gobierno federal está intentando desarrollar su propia capacidad para detener a las personas, reduciendo de esa manera su dependencia de los contratistas privados y las cárceles locales. Funcionarios municipales en Social Circle, Georgia, recientemente se reunieron con representantes del DHS sobre los planes del gobierno federal para transformar un almacén de un millón de pies cuadrados, que la administración acababa de comprar por $129 millones en los límites de la ciudad, en un nuevo “mega centro” para albergar a las personas detenidas por ICE.
Los funcionarios de la ciudad revelaron que el DHS les indicó que planea “hacer una transición en el sistema de detención de ICE de operadores privados a instalaciones propiedad del gobierno”. Según reportes, ICE planea gastar $38.3 mil millones de los fondos otorgados por la medida presupuestaria de julio para adquirir y remodelar 24 almacenes, incluyendo 16 centros de procesamiento regionales y 8 “mega centros” con capacidad para albergar a 10,000 personas cada uno.
La administración Trump ya adquirió otros grandes almacenes de manufactura, cada uno destinado a albergar entre 5,000 y 10,000 personas. En enero de 2026, ICE compró dos almacenes y pagó más de $100 millones por una edificación en Hagerstown, Maryland y más de $70 millones por otra en Surprise, Arizona. En febrero, la agencia pagó aproximadamente $87 millones por una almacén en Upper Bern Township, Pensilvania. La agencia también pagó $123 millones recientemente por un almacén de 826,000 pies cuadrados cerca de El Paso, Texas. ICE, según informes, está considerando varias otras propiedades en todo el país y el proceso ha estado rodeado de secretismo.
Algunas jurisdicciones han detenido exitosamente estas compraventas. Por ejemplo, el propietario del almacén en Oklahoma City decidió no proceder con la venta tras las protestas locales y una tensa reunión del consejo municipal. Un constructor de bienes raíces en Utah respondió a las manifestaciones desmintiendo rumores de que planeaba vender un almacén en Salt Lake City a ICE para que lo usara como centro de detención con capacidad para 7,500 personas.
Esta estrategia de comprar almacenes —muchos de los cuales tendrán dificultades para ser ventilados adecuadamente, no fueron construidos para albergar a miles de personas y probablemente tendrán las condiciones para la rápida propagación de enfermedades— encaja con las tácticas inhumanas y punitivas de la administración para expandir la detención y deportación de inmigrantes. Cabe destacar que el director interino de ICE, Todd Lyons, dijo en una conferencia en abril de 2025: “Necesitamos tratar mejor [las deportaciones] como un negocio ... como [Amazon] Prime, pero con seres humanos”.
Otra posible razón de los intentos del gobierno federal de adquirir sus propios almacenes es para potencialmente intentar reclamar la inmunidad federal ante las restricciones de zonificación y las normas de supervisión locales en caso de que las comunidades presenten demandas legales.
ICE también está administrando campamentos improvisados en las bases militares. Uno de estos enormes centros de detención improvisados se instaló en menos de dos meses en 2025 en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas. Estas fueron las instalaciones utilizadas anteriormente como campos de internamiento para los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese centro alberga a más de 3,000 personas en tres grandes carpas y podría ampliarse para albergar a 2,000 personas más cuando se instalen carpas adicionales.
Actualmente, hay al menos dos casos activos de tuberculosis y casi 20 casos de COVID-19 entre las personas detenidas en ese complejo. Los detenidos han reportado condiciones inhumanas, como comida en mal estado, acceso insuficiente al agua, atención médica inadecuada y abuso físico. Las temperaturas en El Paso son brutales: En 2023 se registraron 70 días donde las temperaturas excedieron los 100 grados Fahrenheit y 27 días con temperaturas inferiores al punto de congelación.
Según un informe de inspección obtenido por The Washington Post, los propios inspectores de ICE citaron docenas de violaciones en los estándares federales de detención durante los primeros dos meses de operación del campamento, y observadores han descrito aún más violaciones. Tres personas han muerto en el campamento desde su apertura en agosto de 2025, una de ellas por homicidio.
ICE también planea albergar a los detenidos en la base conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y en el campamento Atterbury en Indiana, así como ampliar las instalaciones existentes en la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Otro cambio significativo en las iniciativas de detención y deportación del DHS es que el departamento está utilizando los fondos de la medida presupuestaria de julio de 2025 para comprar seis Boeing 737, los primeros aviones cuyo único propietario es ICE. El DHS indicó que esta compra le permitirá a la agencia “operar con mayor eficacia, al utilizar patrones de vuelo más eficientes”. Tradicionalmente, los vuelos de deportación y dentro del país han sido administrados por las Operaciones Aéreas de ICE a través de contratistas y subcontratistas como CSI Aviation.
El rol cambiante de los contratistas privados
Aunque los precios de las acciones de GEO Group y Corecivic se dispararon tras la reelección de Donald Trump por la anticipación de los grandes contratos con el gobierno, estas valoraciones se han vuelto más volátiles en los últimos meses. La iniciativa del gobierno federal de comprar sus propios aviones y almacenes, y administrar los centros de detención improvisados en bases militares ha traído nuevas incertidumbres para las compañías penitenciarias privadas que buscan lucrarse.
Para empezar, la meta de la administración de detener a otras 100,000 personas requiere una capacidad que estas compañías no tienen. Además, el gobierno federal ha tardado más de lo previsto en llenar los cupos vacíos que tienen estos contratistas actualmente en sus prisiones.
Dicho esto, los contratistas aún tienen un papel fundamental en este vasto ecosistema. Tan solo la semana pasada, el presidente ejecutivo del GEO Group George Zoley informó a los inversionistas que la compañía tiene aproximadamente 6,000 camas vacías en seis de sus instalaciones que, de utilizarse en su totalidad, generarían más de $300 millones en ganancias anuales.
De cara al futuro, la industria parece anticipar que el plan del gobierno de transformar almacenes en centros de detención va a requerir personal, seguridad y otras capacidades que estas empresas pueden proporcionar. Zoley afirmó que GEO Group está “participando con cautela” en nuevas licitaciones para “remodelar y operar estos potenciales centros”.
Condiciones abusivas e inhumanas
Aparte de fortalecer su capacidad para deportar y detener a los inmigrantes por medios independientes y de contratación, la administración Trump se ha enfocado en reducir la supervisión de sus operaciones. Apenas dos meses después de su toma de posesión, el DHS efectivamente eliminó la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, las cuales desempeñaban supervisión crítica a las operaciones de ICE.
Sin estos cuerpos de supervisión, es poco probable que haya una agencia monitoreando las condiciones de la detención migratoria, incluido el cumplimiento de la Ley para la Eliminación de la Violaciones en Prisión y su contraparte en el DHS.
ICE ha negado el acceso a los centros de detención y a las oficinas de campo a varios miembros del Congreso quienes buscan supervisar las condiciones, aunque la ley federal dispone que los legisladores tienen la facultad legal para hacerlo. También hay deficiencias en la supervisión de los centros de detención privados, incluyendo la exención a las solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información.
La falta de supervisión se produce en medio de numerosos informes sobre las condiciones inhumanas en la detención migratoria. En las últimas dos décadas, 2025 fue el año más mortal para aquellos que están bajo custodia de ICE, con al menos 32 muertes registradas. En lo que va de este año, se han reportado por lo menos seis muertes.
También hay grandes preocupaciones por la gran cantidad de menores detenidos por ICE, así como las condiciones en las que se encuentran. Como ya señaló anteriormente el Brennan Center, en 2021 la administración Biden efectivamente detuvo la práctica de detener a familias con menores en los centros de detención, algo común durante la primera administración Trump.
Un análisis del Marshall Project reveló que la actual administración revivió está práctica, reteniendo a unos 170 menores al día en los centros de detención de ICE. Un número significativo de estos menores están detenidos en el centro de Dilley, en Texas, donde las familias detenidas denuncian la falta de atención medica confiable además de la presencia de gusanos y moho en sus alimentos.
A medida que el gobierno construye su propia infraestructura, además de depender de los contratistas, será difícil desmantelar el sistema de detención y deportación, incluso si las futuras administraciones aspiran a una agenda más humana. Contratos de detención más largos, más almacenes propiedad del gobierno y una flota de aviones de transporte exclusivos —todo ello sin apenas una supervisión real de las condiciones— son la receta perfecta para una catástrofe en materia de derechos humanos.
Traducción de Laura Gómez
