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- Este tipo de intentos descarados de comprar los resultados de una elección debería generar un escándalo enorme.
- Tal como ocurre con muchísima frecuencia, lo que escandaliza no es lo que es ilegal, sino lo que es legal.
En un episodio reciente del podcast Bulwark, el periodista Ron Brownstein describió estas elecciones como un enfrentamiento entre “la ola y la pared”. La ola sería el descontento del electorado y la caída catastrófica de popularidad del presidente Trump. La pared serían los impedimentos estructurales que sufre la ciudadanía a la hora de hacer oír su voz, como la manipulación de los distritos electorales y la clara ventaja financiera de los republicanos.
Ahora sabemos que gran parte de ese dinero proviene de un solo hombre. Quizá lo hayas oído nombrar.
Elon Musk ha contribuido, como mínimo, $366 millones a favor del Partido Republicano desde las últimas elecciones. Tal como lo explicó ayer The New York Times, “significa que, cuando hablamos de la importante ventaja en cuanto al gasto externo que les llevan los republicanos a los demócratas, nos referimos, en gran parte, a las contribuciones personales de Musk”.
No hace mucho, todo este despilfarro por parte de Musk habría sido llanamente ilegal. Pero una Corte Suprema negligente y una Comisión Federal de Elecciones moribunda se aseguraron de que no lo fuera. Debe volver a ser ilegal.
El gasto por parte de Musk es un récord histórico y no en el buen sentido de la palabra. Es la mayor contribución que cualquier persona haya hecho durante un ciclo electoral en la historia de la política estadounidense. (Otros multimillonarios como Michael Bloomberg y Tom Steyer gastaron más en 2020, pero lo destinaron a sus propias campañas presidenciales malogradas).
A veces, ha habido donantes cautos que protegían sus apuestas cuando, por ejemplo, lobistas y directores de los supercomités de acción política (súper-PAC) donaban a los congresistas de los dos partidos políticos. Durante algunos años, las pequeñas donaciones favorecen a un partido y no a otro y, así, las cosas se van equiparando entre los partidos.
Pero, este año, se han realizado enormes donaciones para defender el control republicano. No hemos tenido una elección en la que el gasto de un partido supere con tantos creces al de otro como en esta, por lo menos en los últimos cincuenta años, probablemente desde las elecciones de 1972 que nos llevaron al escándalo Watergate.
Tanto dinero inyectado en las elecciones puede producir gastos peculiares o extravagantes, como los costosos comerciales de televisión sobre la contienda al Senado en Texas que aparecieron en varios partidos de fútbol americano y los avisos a favor de la senadora Susan Collins (R-ME) que salieron al aire en Portland, Oregón, en lugar de Portland, Maine.
A estas alturas, lanzar más anuncios podría producir muy pocos resultados. Que las contribuciones de Musk estén financiando campañas para alentar a salir a votar sí puede generar un impacto genuino en varios estados clave.
La Corte Suprema presidida por John Roberts nos ha asegurado que todo esto es parte del glorioso derecho a la libre expresión y que las contribuciones de campaña son “el principal objetivo” de la Primera Enmienda.
Elon Musk es un personaje muy particular. Conocemos sus destrozos a la ayuda internacional a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que, según algunos cálculos, ya se ha cobrado cientos de miles de vidas en todo el mundo, conocemos su famosa extravagancia y su posición como el primer trillonario del mundo.
Pero no nos compliquemos. La fea realidad es que Musk es un contratista federal gigante. Según The Washington Post, “a lo largo de los años, Musk y sus negocios han recibido al menos $38,000 millones de dólares gracias a los contratos, préstamos, subsidios y créditos impositivos del gobierno, a menudo en momentos cruciales”.
Musk tiene inversiones colosales en el sector de la inteligencia artificial a través de plataformas como Grok, justo cuando ha surgido el debate político en torno a esta tecnología. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, acaba de asignarles a Musk, a otro multimillonario y al expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich la tarea de liderar el Proyecto Meridiano, una operación que busca reformar el uso de la tecnología en la guerra y el combate.
Este tipo de intentos descarados de comprar los resultados de una elección debería generar un escándalo enorme. Tal como ocurre con muchísima frecuencia, lo que escandaliza no es lo que es ilegal, sino lo que es legal.
Antes había límites en las cantidades que se podían donar a las campañas políticas. Ya no. El dictamen de la Corte Suprema en el caso Citizens United, otras causas judiciales dictadas desde entonces y una Comisión Federal de Elecciones que ni siquiera tiene cuórum para actuar han desregulado el dinero en la política. Los actores ya ni siquiera tienen que fingir que los fondos son “independientes”.
El gasto de Musk es de conocimiento público, pero, durante este año, al menos $1,300 millones son fondos anónimos de financiación en los que no se conoce la identidad de sus donantes. (Los candidatos y los políticos en el poder sí saben quiénes son. Solo el pueblo votante no lo sabe).
Pero los candidatos y el Congreso deben hacer mucho más que repudiar la corrupción. Estas elecciones deben llamarnos a la acción, a la reforma tras el escándalo.
