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Illustration with Capitol in foreground $50 bills in back
Douglas Rissing/Getty
Análisis

Una nueva era de reformas

El plan para eliminar las grandes donaciones de la política incluye una prohibición para los contratistas del gobierno, el financiamiento público mediante pequeñas donaciones y una enmienda constitucional.

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noviembre 17, 2026

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  • El electorado comprende la relación entre la asequibilidad y la rendición de cuentas.
  • Este año, una corrupción galopante y el descontento con la economía han creado una nueva oportunidad.

En estas últimas elecciones federales, prácticamente no hubo leyes de financiación de campañas políticas. Unos pocos donantes multimillonarios contribuyeron con una impresionante cantidad de dinero.

El efecto partidario fue mixto: al final, en las contiendas más trascendentales para el Senado, los dos partidos terminaron gastando más o menos lo mismo. Pero el electorado se mostró indignado. El 90 por ciento enumeró la corrupción política como la principal razón de su voto.

Quizá ahora, la clase política esté prestando atención. La semana pasada, el representante Hakeem Jeffries, demócrata de NY y posiblemente el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, anunció un “plan demócrata nuevo y audaz”. Primero, la atención de la salud. Luego, “tenemos que eliminar las grandes donaciones de la política y acabar con Citizens United”.

Si lo hacen, esta sería la primera vez en un cuarto de siglo que se prioriza este tema.

Sin duda, la nueva ola de congresistas tuvo algo que ver con esto. El 75 por ciento de los demócratas de esta nueva clase (hasta ahora) —que se hacen llamar “los creadores de la mayoría”— comprende la necesidad de reforma. Muchos hicieron campaña sin aceptar dinero de los supercomités de acción política, o súper-PAC. Muy pronto, muchos se encontrarán atrapados en la rueda infinita de recaudar dinero.

El electorado comprende la relación entre la asequibilidad y la rendición de cuentas. Pero la acción genuina exigirá perseverancia y un liderazgo auténtico.

La última vez que el electorado hizo oír su voz con tanta claridad sobre este tema fue en 1992. Lo recuerdo muy bien porque, en ese momento, yo trabajaba como asesor político sobre estos asuntos en el despacho del presidente Bill Clinton. Fue una gran oportunidad perdida.

Ross Perot, un excéntrico candidato independiente, había ganado el 19 por ciento de los votos, tras haber hablado de corrupción y financiación de campañas sin cesar. Clinton asumió el poder bajo la promesa de priorizar la reforma. Propuso un proyecto de ley amplio que incluía un sistema de fondos públicos para las campañas políticas al Congreso. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron una versión por separado, pero nunca la finalizaron ni la promulgaron.

En público, los demócratas progresistas exigían medidas. En privado, se echaban atrás. La mayoría eran políticos ya en el poder. Al poco tiempo, muchos perdieron sus cargos.

En 2002, el Congreso promulgó la Ley Bipartidaria de Reforma de Financiación de Campañas (Bipartisan Campaign Finance Reform Act), conocida por los nombres de los senadores que la propusieron, el republicano John McCain y el demócrata Russ Feingold. Era una iniciativa simple para cerrar los vacíos legales en la financiación de campañas, pero llevó seis años aprobarla y terminó teniendo 11 días de debate en el recinto del Senado. La Corte Suprema revocó sus disposiciones apenas ocho años más tarde en la causa Citizens United.

Las docenas de nuevos congresistas electos en 2018 también prometieron echar manos a la obra y presionaron a los líderes de su partido para impulsar reformas democráticas. El amplio proyecto de ley que al final se produjo, la Ley de Libertad para Votar (Freedom to Vote Act), incluía algunas reformas de financiación de campañas políticas, pero mayormente se centraba en otros aspectos, como normas electorales.

Este año, una corrupción galopante y el descontento con la economía han creado una nueva oportunidad.

¿Qué incluiría esta reforma? El Brennan Center ha propuesto Nueve soluciones para enfrentar la corrupción política. Esta semana, acabamos de publicar una nueva versión actualizada.

Debemos tener una prohibición fuerte y efectiva contra las donaciones de campaña de parte de los contratistas del gobierno federal, como Elon Musk. 

Debemos acabar con los fondos anónimos de financiación, cuyas fuentes no se divulgan, y exigir la total divulgación del gasto y las contribuciones.

Un sistema de financiación pública de pequeñas donaciones multiplicaría las contribuciones de poco monto del electorado, para que la voz del pueblo sea la más fuerte dentro del proceso político. Este tipo de sistemas ya funciona bien en el estado de Nueva York, tras haberse puesto en marcha inicialmente en la ciudad de Nueva York y otros sitios.

Y sí, definitivamente debemos revertir la decisión en el caso Citizens United y otros dictámenes errados. La Corte Suprema nos dio este mundo distópico, en el que, tal como lo señaló hace poco la magistrada Elena Kagan, “el pueblo estadounidense miró este sistema político y cree que todo este dinero que persigue a todos estos candidatos políticos es una pesadilla. Y tiene razón”.

¿Cómo se anulan los dictámenes destructivos de la Corte Suprema? Nosotros abogamos por una enmienda constitucional que les dé al Congreso y a las legislaturas estatales el poder de promulgar límites razonables para la financiación de campañas.

Y debemos hacer que la mismísima Corte Suprema se rija por una rendición de cuentas democrática mediante la implementación de un límite de 18 años en el período de mandato de sus integrantes y reglas éticas de cumplimiento obligatorio.

Este es un plan exhaustivo. Probablemente no haya un solo proyecto de ley integral gigante que combine la financiación de campañas, el voto, la redistribución de los distritos electorales y otras reformas, como ocurrió en 2022.

El Senado ha sido, desde siempre, un cementerio de reformas. Pero los senadores se han comenzado a mover. El senador Charles Schumer (demócrata de NY) ha propuesto una nueva agencia anticorrupción y, antes, había impulsado una enmienda constitucional para acabar con las donaciones anónimas.

El senador Chris Van Hollen (demócrata de MD), que compite con Schumer para quedarse con el liderazgo de la mayoría, hace poco hizo un llamamiento para prohibir las contribuciones de los contratistas gubernamentales. Seguramente, una reforma profunda exija acabar con el filibusterismo, una práctica obstruccionista que ha permitido que una minoría bloquee proyectos durante décadas.

Y claro que una reforma de financiación de campañas políticas también exige un fuerte liderazgo presidencial. Joe Biden no tenía eso. Tampoco Barack Obama antes. (Obama fue el primer candidato de elecciones generales en rechazar la financiación pública. Prometió arreglar el sistema, pero luego nunca propuso una reforma). Ahora, debemos exigir que los candidatos presidenciales declaren abiertamente qué van a hacer para poner freno a la corrupción y al dinero en la política.

Los grupos externos deben movilizarse como hace años que no lo hacen. Los principales grupos de intereses tendrían que darse cuenta de que el actual sistema de financiación de campañas va a inyectar tanto dinero que les ahogará sus prioridades, si no se concentran en la acción.

Por ejemplo, en estas últimas elecciones de medio término, no hubo ningún sindicato entre los 40 principales donantes de campaña; todos quedaron rezagados por los multimillonarios del sector de las criptomonedas y otros magnates de la industria tecnológica.

El actual escándalo de Nvidia pone en clara evidencia la confabulación entre las compañías tecnológicas y el gobierno, tan característica de la Era Dorada. Parece no solo tratarse de un escándalo sexual y de espías, sino también de una conspiración para evadir las restricciones de la venta de microchips de última tecnología a China, todo ello facilitado por la influencia del ahora ex-CEO Jensen Huang y su vínculo con la administración Trump.

Sabemos que Nvidia le donó a Trump $26 millones para su salón de baile, su fondo inaugural y otros proyectos. ¿Qué más sabremos muy pronto sobre cuánto más dinero pasó de manos?

En 2026, los votos se hicieron oír. Hagamos del 2027 el comienzo de una nueva era de reformas en la política estadounidense.

Traducción de Ana Lis Salotti