En diciembre, la Corte Suprema de Carolina del Norte anuló una ley de identificación de votantes de 2018, siguiendo la Cláusula de Protección Igualitaria de la constitución estatal y bajo el argumento de que había sido promulgada con una intención discriminatoria. Esta decisión demuestra cómo las cortes estatales pueden ofrecerle a la ciudadanía una mayor protección que las cortes federales, pero también pone de manifiesto que esas protecciones pueden ser frágiles.
Las leyes de identificación de votantes se han vuelto tema de intensos conflictos partidistas y numerosos desafíos judiciales durante los últimos años. Estas leyes suelen justificarse con la suposición de que reducen la posibilidad de fraude electoral, pero hay pruebas muy concluyentes y desde hace mucho tiempo que la refutan: el fraude electoral es casi inexistente.
La decisión de la causa Holmes v. Moore, con 4 magistrados a favor y 3 en contra, es importante porque articula la sólida garantía constitucional a nivel estatal de las protecciones igualitarias. Además, en el proceso salieron a relucir pruebas claras de discriminación racial. Pero los efectos prácticos de esta decisión podrían ser de corto plazo: la de Holmes fue una de las últimas decisiones de la corte antes de que en enero se sumaran al estrado dos magistrados conservadores alterando el equilibrio del poder. La disidencia de esta causa revela la forma en que la nueva mayoría de la corte probablemente interprete la constitución estatal para evaluar casos relacionados con el derecho a votar y la discriminación intencional.
En 2018, la ciudadanía de Carolina del Norte votó a favor de una enmienda constitucional que requería una identificación con foto como condición necesaria para votar en persona. Durante una sesión legislativa especial llevada a cabo a finales de 2018, entre las elecciones y la asunción de los nuevos legisladores, la supermayoría republicana de la legislatura estatal anuló el veto del gobernador Roy Cooper y promulgó el proyecto de ley S.B. 824 que proponía la enmienda constitucional. Enseguida, el caso Holmes se llevó a juicio ante un tribunal estatal para impugnar la ley por considerarla un método de supresión electoral racista e inconstitucional.
El caso llegó a la corte suprema de Carolina del Norte después de que un panel de tres jueces consideró que la ley violaba la constitución estatal porque había sido promulgada con una intención racialmente discriminatoria. De acuerdo con un análisis de peritos presentado durante el juicio, las personas afroamericanas votantes tienen aproximadamente el 39 por ciento menos de probabilidades de contar con la identificación requerida para votar que las personas blancas votantes. Las pruebas presentadas con el objetivo de demostrar el impacto discriminatorio de la ley revelaron también que, si la ley entraba en vigor, todo votante que no pudiera presentar una identificación aceptable se iba a ver envuelto en un procedimiento administrativo engorroso para votar.
En representación de la mayoría, la magistrada Anita Earls utilizó el marco de pruebas adoptado por la Corte Suprema Federal en la causa Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corporation para probar la constitucionalidad de la ley S.B. 824. La corte evaluó una serie de factores para determinar si la ley había sido diseñada con la intención de discriminar, entre ellos, su impacto discriminatorio, sus antecedentes históricos, la historia legislativa y los acontecimientos específicos que condujeron a su promulgación.
A la hora de intentar resolver la cuestión de la constitucionalidad de la ley, la corte se subscribió al refrán popular: “lo que importa” en la causa Arlington Heights es “la determinación de los hechos que realiza el tribunal de primera instancia”. La mayoría consideró que muchos de estos hechos eran convincentes, tales como las pruebas estadísticas que ilustraban el impacto racista desigual de la ley S.B. 824 y sus disposiciones atenuantes, y los testimonios que confirmaban que la supermayoría republicana de la legislatura estatal “había apresurado la aprobación de la ley S.B. 824” a lo largo del proceso legislativo “con un análisis y escrutinio limitado”.
El tratamiento de la corte de este caso que cuestiona la ley S.B. 824 y de otro que evalúa una ley de identificación de votantes igualmente restrictiva vuelve a ejemplificar el hincapié que hace la corte en la determinación de los hechos que lleva a cabo un tribunal de primera instancia. En 2018, la Corte Federal de Apelaciones para el Cuarto Circuito revirtió una decisión de otra corte de menor instancia que había bloqueado la misma ley temporalmente y resolvió que, ante la falta de juicio, no había suficientes pruebas que demostraran una intención discriminatoria de la legislatura según lo dispone la ley federal.
La mayoría de los magistrados en el caso Holmes sostuvo que el fallo anterior de la corte del cuarto circuito que defendía la ley “no era ni persuasivo ni de autoridad competente” porque “se basa en un antecedente de hechos completamente diferente”.
La corte también identificó una causa federal que se oponía a una ley de identificación de votantes en Texas, el caso Veasey v. Abbott. En este caso, la corte decidió que el hecho de que la legislatura de Texas no haya seguido su procedimiento normal cuando aprobó esta ley —que se demostró ser discriminatoria— no era “la única forma de demostrar una desviación”. Según la corte, si bien los hechos en la causa Veasey eran “interesantes”, lo importante en la causa Holmes eran los hechos que demostraban “si la legislatura de Carolina del Norte se había desviado de su procedimiento normal para aprobar la ley S.B. 824”.
Cuando la corte llegó a la conclusión de que la ley S.B. 824 había tenido la intención de discriminar por cuestiones de raza, esta reafirmó que la Cláusula de Protección Igualitaria del estado no se debe interpretar igual que la Constitución Federal porque la garantía de protección igualitaria de Carolina del Norte es “más amplia que el derecho federal”. Y haciendo hincapié en la fuerza de la cláusula, la corte sostuvo que “una ley promulgada con la intención de discriminar por cuestiones de raza es inconstitucional, aun cuando no se le prive el derecho a votar a ningún votante” porque las clasificaciones raciales injustas “presentan el riesgo de infligir un daño permanente sobre nuestra sociedad”.
En la actualidad, la Corte Suprema de Carolina del Norte tiene una mayoría conservadora de 5 a 2, por lo menos hasta 2028. La opinión en disidencia de la causa Holmes, redactada por el magistrado Phil Berger, sugiere que este cambio en la composición ideológica de la corte puede ser importante para otras causas futuras relacionadas con la legislación electoral restrictiva y la discriminación racial.
En una serie de notas al pie bastante mordaces, algunas de las cuales citaban directamente algunas declaraciones públicas que dio la magistrada Earls sobre la integridad de la corte y su compromiso con una justicia igualitaria, Berger sugirió que la decisión de la corte se oponía a los valores de un poder judicial imparcial y justo. Y agregó que la concesión de una evaluación acelerada del caso, que les permitió llegar a una decisión antes del cambio de la composición de la corte, se basaba en las ideologías políticas de los miembros de la corte.
Sobre el fondo del caso, disidentes argumentaron que la promulgación de la ley S.B. 824 no había sido motivada por una intención discriminatoria e insistían en que la mayoría de la corte no supuso “la buena fe de la legislatura”, “recaracterizó” el precedente, lo desestimó “directamente” y se negó a concederle deferencia judicial al organismo legislativo que la aprobó. Y si bien es posible que la legislatura de Carolina del Norte empiece de cero e intente elaborar una nueva ley de identificación de votantes, la disidencia dejó de manifiesto que una ley más restrictiva podría considerarse constitucional en el futuro.
Si bien no se sabe cuánto va a durar la decisión de la causa Holmes, para el electorado de Carolina del Norte —en especial para las comunidades afroamericanas y otras comunidades no blancas, para las personas con discapacidades graves y otras personas que habrían sido perjudicadas por esta ley—, esta decisión representa un importante pronunciamiento a favor de la dignidad cívica de la ciudadanía con un impacto inmediato, real y personal.
Traducción de Ana Lis Salotti.
