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- Si se aprueba, la medida sería una forma muy poderosa de contrarrestar la influencia corrupta de las grandes donaciones en la política del estado.
- Les permitiría a los candidatos lanzar campañas políticas competitivas sin tener que depender de los grandes donantes y ayudaría a más californianos a participar genuinamente en el proceso político.
Este próximo noviembre, el electorado de California decidirá si adopta o no la Propuesta 4, una medida legislativa colocada en la boleta para que la ciudadanía la apruebe o no, que le permitiría al estado de California y a todas sus localidades promulgar programas de financiación pública de campañas políticas.
Si se aprueba, la medida sería una forma muy poderosa de contrarrestar la influencia corrupta de las grandes donaciones en la política del estado. Les permitiría a los candidatos lanzar campañas políticas competitivas sin tener que depender de los grandes donantes y ayudaría a más californianos a participar genuinamente en el proceso político.
Las elecciones en California están inundadas de dinero. En las elecciones primarias de 2026, grupos externos que representaban a algunas de las personas más ricas del estado y a los intereses privados más poderosos gastaron $9 millones para intentar influenciar apenas una contienda electoral por un solo escaño en la asamblea del estado. Varios multimillonarios y supercomités de acción política, o súper-PAC, financiados por multimillonarios inyectaron millones de dólares en otras elecciones legislativas del estado que antes habrían estado centradas en las comunidades locales.
Estos acontecimientos reflejan una tendencia nacional más amplia en la que unos pocos donantes ultrarricos dominan cada vez más el gasto político en las elecciones. Y las elecciones de medio término de este año se perfilan para romper todos los récords de gasto, ya que los 50 donantes principales ya volcaron más de $1,700 millones en estas elecciones. Esta cifra no incluye otros $276 millones que, según se supo, ya ha gastado Elon Musk en estas elecciones.
Gracias a la decisión del caso Citizens United y de otras causas judiciales, los estados y las localidades no pueden restringir cuánto dinero gastan los multimillonarios y sectores muy adinerados, como el de la inteligencia artificial (IA), las criptomonedas y los fondos de inversión de alto riesgo, en las elecciones de California. Pero sí pueden ofrecer otras formas para que los candidatos estén más en contacto con sus electores.
Uno de los modos más poderosos es implementar una financiación pública voluntaria para todo candidato que demuestre buenas posibilidades. Ya existen programas de financiación pública de campañas políticas en al menos 14 estados y 26 localidades, entre ellas, cinco ciudades autónomas de California, pero la ley estatal actualmente les prohíbe a otras localidades y al estado crear programas similares. La Proposición 4 anularía esa prohibición y daría a la legislatura y a los gobiernos locales la oportunidad de instaurar nuevos programas de financiación pública.
Tendrían varios modelos a elegir. Uno de los sistemas más efectivos y estudiados es la financiación mediante pequeñas donaciones, en el que el gobierno multiplica con fondos públicos todas las pequeñas donaciones realizadas por las personas de una comunidad. Los Ángeles, Berkeley, Long Beach y San Francisco ya utilizan este modelo, al igual que el estado y la ciudad de Nueva York. Otros programas, como los sistemas estatales de Arizona, Connecticut y Maine, proveen subsidios fijos para las campañas de los candidatos que reúnen determinados requisitos.
Otro modelo ofrece cupones a las personas votantes elegibles que, luego, pueden usar para asignarles fondos públicos a sus candidatos preferidos, tal como Oakland comenzará a hacer muy pronto. La Proposición 4 no obliga al estado ni a las localidades a adoptar ninguno de estos sistemas ni tampoco a promulgar ningún tipo de financiamiento. Simplemente les da la opción de hacerlo, si quieren.
Quienes se oponen a la Proposición 4 argumentan que los programas públicos existentes de financiación de campañas necesitan mayores estudios antes de expandir estas reformas a todo el estado. Pero la Proposición 4 no crea ningún programa nuevo: meramente les da al estado y a las localidades más opciones. Las jurisdicciones de todo el estado que quieran implementar una financiación pública aún podrían evaluar las ventajas y desventajas mientras estudian los modelos particularmente exitosos, como el del estado de Nueva York, durante el desarrollo de sus propios programas.
De hecho, los beneficios de la financiación pública en Nueva York y otros sitios están bien documentados. Los datos surgidos del primer ciclo de financiación pública en el estado de Nueva York en 2024 demuestran un cambio impresionante en el financiamiento de las campañas políticas. Los candidatos que recibieron fondos públicos se apoyaron muchísimo más en las pequeñas donaciones realizadas en sus propios distritos que en elecciones anteriores.
Aproximadamente el doble de los neoyorquinos efectuó pequeñas donaciones en comparación con los ciclos electorales de 2020 o 2022. Este aumento en las pequeñas contribuciones fue generado por los electores locales, lo cual es un dato extraordinario en un estado donde los donantes de otros distritos y otros estados han dominado desde siempre el gasto electoral.
Se han logrado éxitos parecidos en otras jurisdicciones también. En 2020, durante las primeras elecciones de la ciudad de Washington D.C. en las que se implementó la financiación pública, en general, los candidatos financiados mediante los fondos públicos recaudaron más dinero y gozaron de un mayor éxito electoral que sus opositores financiados con dinero privado.
En Seattle, la cantidad de residentes que donó a las campañas políticas para las elecciones de la ciudad se duplicó con creces en tan solo los primeros años de implementada la financiación pública. Y después de que el programa de financiación pública de Berkeley, California, entró en vigencia en 2018, las contribuciones de dinero de las personas fuera de Berkeley cayeron al 10 por ciento del total recaudado durante ese año, una importante disminución si se la compara con el 33 por ciento registrado en 2016.
