Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- Cuatro magistrados se negaron a sumarse al dictamen constitucional del presidente de la Corte.
- Y los disensos se acercan mucho más a la típica tendencia de la supermayoría conservadora de la Corte.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en MSNOW.
La decisión de la Corte Suprema que bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento representa una vital victoria para los niños y las comunidades que habrían sufrido las consecuencias. Pero hay que decirlo con claridad: si bien el caso Trump v. Barbara fue significativo, no debió haber sido tan difícil. Y la decisión no convierte a esta Corte a una especie de guardiana de la democracia multirracial. Esta Corte ha estado atacándola sin medida durante todo este período judicial.
En el caso Barbara, la Corte tuvo que elegir: cambiar la Constitución, revivir uno de sus precedentes más vergonzosos, anular 130 años de su propia jurisprudencia, negar la interpretación colectiva de generaciones de presidentes y congresistas, y avalar la revocación de la ciudadanía de cientos de miles de niños cuyas vidas podrían correr riesgo. O bien, simplemente, obedecer la ley.
Al final, la Corte eligió obedecer la ley.
El presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, donde afirmó que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía de todas las personas nacidas en suelo estadounidense. Este dictamen invalidó una orden ejecutiva que firmó Trump el primer día de su segundo mandato y con la que buscaba negarle la ciudadanía a todo hijo de padres no ciudadanos nacido en los Estados Unidos.
Las fallas de esa orden se hicieron evidentes de inmediato.
En primer lugar, la orden de Trump era inhumana. Habría relegado a cientos de miles de niños a una nueva subclase de personas, sin derechos ni protecciones legales y con el riesgo a ser deportados. Esos niños y sus padres habrían sufrido terriblemente. Como también habrían sufrido enormes comunidades en los Estados Unidos.
La orden violaba el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda: “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y de los estados en los que residen”. El significado de esas palabras ha sido claro durante 150 años: si naciste aquí, eres estadounidense.
La Corte Suprema reforzó esa interpretación cuando decidió, en la causa Wong Kim Ark de 1898, que los hijos nacidos de personas no ciudadanas en suelo estadounidense reciben la ciudadanía en virtud de la Decimocuarta Enmienda. Congreso tras Congreso siguieron esa regla. Presidente tras presidente también.
La orden también contradecía el espíritu de nuestra Constitución. Trump prácticamente intentó retroceder al país a la época de Dred Scott. La infame decisión de ese caso de 1857 establecía que las personas de raza negra no podían ser ciudadanas, porque Estados Unidos era un país de blancos.
Se basaba en la misma lógica que la orden de Trump: que los políticos pueden elegir quién es el pueblo y pueden concederle o negarle la ciudadanía a quienes se les antoje. Y avalaba un statu quo que se parece muchísimo al que la administración Trump ha tratado de instaurar: una realidad en la que las personas no ciudadanas se enfrentaban a situaciones de terror y violencia y al riesgo de ser desplazadas, con escasa protección de los tribunales de justicia.
La Decimocuarta Enmienda fue redactada para anular el caso Dred Scott y todo lo que representó. Al estipular el derecho a la ciudadanía por nacimiento en la Constitución, la Decimocuarta Enmienda garantizó que ningún juez ni político —ni siquiera el presidente— podía decidir quién es ciudadano y quién no.
La opinión de la mayoría pronunciada el pasado martes repasó la profunda historia del derecho a la ciudadanía por nacimiento, repudió la decisión de Dred Scott, reafirmó la de Wong Kim Ark y cerró con una nota de exaltación, donde alababa la importancia de la ciudadanía por nacimiento como un derecho fundamental y una “promesa para todas las personas libres nacidas en esta tierra”.
Fue el resultado correcto en el tiempo presente. Pero el caso Barbara también marca un raro momento de moderación de la actual campaña antidemocrática de esta Corte.
Cabe señalar que cuatro magistrados se negaron a sumarse al dictamen constitucional del presidente de la Corte. Lo que debió haber sido una decisión unánime tuvo la mayoría más reducida posible. Y los disensos se acercan mucho más a la típica tendencia de la supermayoría conservadora de la Corte. Tal como lo suelen hacer, quienes disintieron recurrieron a lo que el presidente de la Corte describió generosamente como una historia “revisionista” para crear una complejidad constitucional que no existe y sugerir que la garantía del derecho a la ciudadanía por nacimiento no es tan absoluta.
La concurrencia del magistrado Brett Kavanaugh reforzó esas narrativas históricas erradas y le ofreció a un Congreso derechista un mapa de ruta útil para que finalice la tarea fallida de Trump. Estas opiniones son un recordatorio alarmante de que estamos a un solo voto de un dictamen que nos retroceda a Dred Scott.
Este tipo de impulsos antidemocráticos ya se ha visto en otras opiniones de la mayoría.
Apenas hace dos meses, la Corte prosiguió con su larguísima campaña de desmantelar la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965. Esa ley garantizó la representación política de las comunidades no blancas y procuró cumplir con el compromiso constitucional de lograr un gobierno democrático que incluya verdaderamente a todo el pueblo.
La Corte presidida por Roberts ya había debilitado la Ley de Derecho al Voto con sus dictámenes del caso Shelby County de 2013 y del caso Brnovich de 2021. En abril, socavó esta ley aún más con la decisión en la causa Callais, que creó obstáculos casi inquebrantables a la hora de presentar demandas contra instancias de discriminación racial en la redistribución de los distritos electorales y en las elecciones en un sentido más general.
El caso Callais también marcó un giro respecto a la postura anterior de la Corte Suprema sobre la manipulación partidista de los distritos electorales. Apenas en 2019, la Corte reconoció que la manipulación partidista de los distritos era una práctica completamente indebida.
Pero, a los siete años, la Corte les dijo a las legislaturas que sí podían trazar mapas racialmente discriminatorios, siempre y cuando dijeran que lo están haciendo por motivos partidistas. Legisladores de todo el país ya están anulando mapas e incluso invalidando votos ya emitidos para promulgar distritos manipulados que les aseguran una ventaja partidista y eliminan las vías de representación de las comunidades no blancas.
En los casos Callais, Milligan y otros que han arremetido contra el orden de los derechos civiles, la Corte se está basando en una interpretación de las enmiendas constitucionales de la Era de la Reconstrucción que no acepta la distinción de razas y prohíbe todo tipo de tratamiento diferencial para un grupo de personas debido a su raza. Esta idea no es aceptable desde el punto de vista histórico.
También contradice las leyes y prácticas de la época del movimiento por los derechos civiles. Pero, una y otra vez, la Corte de Roberts insiste en que es inconstitucional responder al racismo contra las comunidades no blancas. Esta idea no solo es absurda; es anticonstitucional y va en contra del espíritu del proyecto democrático.
Y ni siquiera hablemos de la sarta de opiniones recientes que han orientado las políticas migratorias hacia un rumbo aún más sombrío y restrictivo.
En el caso Barbara, la Constitución ganó. Pero el patrón más amplio es claro: los miembros de la supermayoría conservadora de esta Corte se están dedicando a inclinar el arco del universo moral hacia la injusticia.
Traducción de Ana Lis Salotti
