La Corte Suprema de los Estados Unidos sigue tropezándose con su propia toga. La semana pasada, el medio noticioso ProPublica reveló que un megadonante conservador ha estado subsidiando en secreto el estilo de vida del juez Clarence Thomas. En una declaración pública poco habitual, el magistrado afirmó que lo había consultado con otras personas de la Corte y la judicatura, que le aseguraron que no tenía que divulgar este tipo de beneficencia.
No queda claro qué es peor: si esto es cierto o no.
Thomas dijo que todo esto solo se trataba de un gesto de “hospitalidad personal” de parte de un amigo (aunque fuera un multimillonario que se hizo amigo de Thomas después de que haya sido nombrado juez de la Corte). Un gesto así podría ser una cena de agasajo o una estadía de fin de semana en la casa del lago de un amigo. Nada que ver: Thomas se divertía a bordo del súperyate de Harlan Crow, volaba en su avión personal, vacacionaba en su complejo turístico privado y viajaba con él a Bohemian Grove en California, un centro de retiro solo para hombres. Según ProPublica, la generosidad ascendió a cientos de miles de dólares.
Thomas contó que no le gustaban las vacaciones presuntuosas. “Prefiero los parques de casas rodantes o RV. Prefiero los estacionamientos de Walmart a las playas y cosas así. Esas cosas son normales para mí”, afirmó Thomas. “Vengo de gente normal, y lo prefiero así. Prefiero estar rodeado de esas cosas”. "Tomando los datos en consideración, estos planteamientos ahora parecen llevar la marca de la hipocresía.
Todo esto demuestra los peligros de tener un esquema de ética tan informal. La Corte Suprema es el único tribunal del país que no tiene un código de ética de cumplimiento obligatorio. El senador Sheldon Whitehouse (D-RI) dijo que el año pasado la Corte inició rápidamente una investigación formal para esclarecer quién filtró a la prensa la decisión en el caso Dobbs. La Corte lo podría hacer de nuevo. Si no redacta un código de ética —y pronto—, el Congreso puede y debe hacerlo en su lugar.
El Congreso también debería ponerse a investigar. Hay muchos precedentes: se descubrió que también el magistrado Abe Fortas había estado recibiendo fondos de un benefactor adinerado, y la controversia fue tan intensa que Fortas tuvo que renunciar.
Pero más allá de la necesidad de contar con reglas más sólidas, este escándalo demuestra cómo la permanencia de por vida en el cargo de magistrados puede engendrarles un alarmante sentido de arrogancia y la creencia de que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Thomas ciertamente sabe que pasear por el mundo a bordo de un súperyate no es solo un gesto de “hospitalidad personal” según las reglas actuales. Después de haber divulgado estos viajes brevemente y ocasionado un pequeño escándalo en 2004, Thomas decidió que mejor los mantenía en secreto. Estaba seguro de que así iba a evitar las repercusiones.
¿De dónde viene tanta seguridad? Al menos parte de esa seguridad viene de años de acumulación de poder e influencia.
Hay muy pocos cargos públicos en todo el mundo que se parezcan a los de la Corte Suprema de los Estados Unidos: son nueve personas que, sin haber sido electas, dictan una amplia gama de políticas nacionales. Y si llegan a la Corte Suprema en edad joven, tienen la oportunidad de hacerlo durante muchas décadas sin ningún riesgo real de remoción. Un solo magistrado fue destituido en toda la historia de nuestro país (Samuel Chase en 1804), y ninguno ha recibido condenas. En este sentido, la magistratura de la Corte Suprema se asemeja más a la realeza que a la administración pública. Un solo estado del país tiene el mismo sistema que la Corte federal; el resto tiene períodos de mandatos fijos, o bien un retiro obligatorio.
Podemos lograr un cambio, tal como lo planteé hace poco en Los Angeles Times. Existe un amplio consenso bipartidario a favor de un límite en los períodos de mandatos en la Corte Suprema. Los magistrados ocuparían el cargo hasta un máximo de 18 años, y a cada presidente de la nación se le permitiría nombrar a dos magistrados por mandato presidencial. Detallo todo esto en mi libro de próxima publicación, The Supermajority: How the Supreme Court Divided America (La supermayoría: Cómo la Corte Suprema dividió a los Estados Unidos).
Los límites en los períodos de mandatos de los jueces y juezas garantizarían que la composición de la Corte refleje mejor las preferencias del electorado de la nación e impedirían que un presidente termine influyendo en la política nacional hasta décadas después de haber dejado la presidencia. Los límites en los mandatos también impedirían que cualquier persona acumule poder sin rendirle cuentas a nadie, como Thomas parece creer tener.
George Washington comprendía los motivos cuando renunció a la presidencia después de dos mandatos, y así se estableció la norma de que ninguna autoridad pública puede permanecer en el poder durante mucho tiempo. Cuando los presidentes dejaron de cumplir con esa norma, se convirtió en ley. Es hora de llevar el mismo nivel de rendición de cuentas a la Corte Suprema.
Traducción de Ana Lis Salotti.
