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Análisis

La Oficina del Inspector General del NYPD necesita liderazgo, acceso y más recursos para realizar su trabajo

Esta oficina de control fundamental no está cumpliendo con su deber de proteger los derechos y la seguridad de la población neoyorquina.

A NYPD officer
Kena Betancur/Getty

La Oficina del Inspector General (IG) del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que surgió a raíz de las denuncias de que la policía estaba deteniendo a personas jóvenes latinas y de raza negra basándose en pretextos y espiando a comunidades musulmanas sin sospechas, ha perdido su rumbo y no logra funcionar como un verdadero mecanismo de control sobre el departamento de la policía.

El informe que publicó la Oficina del Inspector, o IG, por sus siglas en inglés, en abril sobre una investigación muy demorada que hizo de la base de datos de pandillas del NYPD subraya por qué la IG necesita ayuda.

Como ya lo han denunciado muchos grupos comunitarios y activistas, el informe reveló que la policía usó criterios poco claros para agregar personas a esta base de datos. Por ejemplo, tener una sola foto de una persona parada al lado de un pandillero, usar un solo emoji determinado o pasar tiempo en sitios frecuentados por pandillas —como propiedades enteras de la NYCHA— fueron criterios suficientes para designar a la persona como pandillera. La policía ni siquiera sigue sus propias reglas para actualizar la base de datos: no obtiene las aprobaciones necesarias que buscan evitar posibles abusos y deja a personas en esta base de datos durante años sin ninguna revisión.

Pero el informe de la IG fracasó en otro aspecto: no examinó correctamente la lista de más de 16,000 personas que la policía ha etiquetado como pandilleros —entre ellos, niños de tan solo 11 años—, el 99 por ciento de los cuales son latinos y de raza negra. 

A pesar de la gran cantidad de pruebas que lo refutan, se afirmó que el equipo de investigación de la IG no pudo encontrar pruebas que demuestren que sea perjudicial ser señalado como pandillero. Sin embargo, diferentes grupos de defensa y varias personas etiquetadas como pandilleras han afirmado que tras la designación de pandillero la policía ejerce un mayor acoso en las calles y aumenta las detenciones policiales de rutina, lo cual conlleva interacciones policiales más violentas. Algunos abogados inmigratorios argumentan que las personas etiquetadas como pandilleras enfrentan más obstáculos cuando solicitan una green card. Además, que alguien figure en una base de datos de pandillas es motivo suficiente para que el ICE arreste, detenga y deporte a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo.

A todo esto, la IG reconoció que, en realidad, no había investigado de qué formas se podrían haber perjudicado las personas jóvenes latinas y de raza negra. La conclusión de que no se había hecho “ningún daño” a pesar de no haber efectuado una investigación real sobre el tema es muy alarmante, dados los excelentes informes que antes ha llevado a cabo la IG.

La IG fue fundada en 2014 con un excelente comienzo, un buen personal y un liderazgo competente. Sus primeros informes generaron cambios importantes en el departamento de policía. Una de las primeras investigaciones de la IG halló que el 88 por ciento de las personas que denunciaban un uso indebido de la fuerza policial en la ciudad de Nueva York eran personas hispanas o de raza negra. Este hallazgo hizo que el departamento mejorara su sistema de seguimiento de incidentes relacionados con el uso de la fuerza policial.

Otro informe, sobre la división de delitos sexuales de la policía, llevó a una reforma de la unidad y contribuyó a la decisión del Departamento de Justicia (DOJ) del año pasado de iniciar una investigación sobre la supuesta discriminación de género en la actuación policial.

Pero la cantidad y la calidad de los informes de la IG han disminuido. Durante sus primeros cinco años, esta oficina publicó 12 informes investigativos. En los últimos cuatro años, solo ha publicado tres. Y varios informes han tenido demoras importantes, de los cuales el más notorio es la investigación sobre la base de datos de pandillas que se demoró cinco años.

El gran culpable: la IG no tiene a nadie en el cargo de líder permanente desde fines de 2021 y su personal ha disminuido casi a la mitad, desde su pico en 2017 con 38 personas en plantilla a unas 20 al día de hoy. Una inspectoría sin líder y con tan poco personal no puede supervisar un departamento de policía con un plantel de más de 55,000 personas que, además, se conoce por su notoria resistencia a ser supervisado.

Encima, la unidad especial que creó el NYPD para procesar las solicitudes de información provenientes de la IG ha ocultado información, ha interferido en las entrevistas y ha tomado represalias contra oficiales de policía que cumplen con lo exigido. La IG también parece haber sido relegada a una menor categoría dentro del Departamento de Investigación del que depende y ya no reporta directamente a la comisionada del departamento. 

La IG no puede funcionar como mecanismo de control sobre el NYPD con una mano atada detrás de la espalda como la tiene. Todo el gobierno de la ciudad debe trabajar en equipo para asegurarse de que no tenga que funcionar así. En primer lugar, el consejo de la ciudad debe exigirle a la IG que le rinda cuentas sobre los informes pendientes, la negativa de la policía a responder sus solicitudes y su escasez de personal, para que se pueda resolver con mayor rapidez cualquier obstáculo que le impida una correcta supervisión de la policía.

La comisionada del Departamento de Investigación debe nombrar a una persona que ocupe el cargo de inspector general de forma urgente y hacer que la IG vuelva a reportársele directamente. La alcaldía, la comisionada de policía y la comisionada del Departamento de Investigación deben trabajar en equipo para asegurarse de que el departamento de policía le brinde a la IG un fácil acceso a la información necesaria para llevar a cabo sus investigaciones.

El NYPD ejerce un enorme poder sobre toda la población neoyorquina. Sin una fuerte inspectoría general, nuestros derechos y nuestra seguridad se encuentran en riesgo.

Traducción de Ana Lis Salotti.