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- La legislatura respondió con un paquete de leyes que incluyeron medidas para reforzar la supervisión de los centros correccionales del estado y aumentar así la rendición de cuentas y la transparencia.
- Nueva York debe seguir asignando fondos y recursos a fin de propiciar las reformas previstas en el paquete de leyes de supervisión de correccionales.
El año pasado, dos presos muertos que atrajeron gran atención de los medios y una huelga no autorizada de oficiales correccionales pusieron de manifiesto la crisis sistémica que existe en las prisiones del estado de Nueva York.
El pasado junio, la legislatura respondió con un paquete de leyes que incluyeron medidas para reforzar la supervisión de los centros correccionales del estado y aumentar así la rendición de cuentas y la transparencia. La gobernadora Kathy Hochul ratificó el paquete de leyes después de negociar la incorporación de algunos cambios en los proyectos de ley originales de la legislatura.
En diciembre de 2024, Robert Brooks fue golpeado hasta la muerte a manos de un grupo de oficiales del Centro Correccional de Marcy, en Marcy, NY. A las pocas semanas, los oficiales correccionales hicieron una huelga para exigir el aumento de los salarios, mejores condiciones de seguridad y la anulación de los límites en la cantidad de tiempo que se puede mantener a una persona encarcelada en confinamiento solitario, una restricción impuesta en 2021 por la Ley HALT (HALT Act).
La huelga duró 22 días y coincidió con la muerte de más presos, entre ellos, Messiah Nantwi, quien recibió una golpiza fatal en marzo por parte de un grupo de oficiales del Correccional de Medio del Estado en Marcy, NY. La huelga puso de relieve cómo la falta crónica de personal, las extensas horas extras obligatorias y la desmoralización del personal ponen en peligro tanto a los oficiales como a las personas encarceladas en estos correccionales.
Las muertes de Brooks y Nantwi fueron tan solo dos de las muchas fatalidades que ocurren en las prisiones y evidencian la violencia endémica y la poca supervisión que existen en las prisiones neoyorquinas.
Para ayudar a resolver estos problemas, la legislatura estatal votó una ley para ampliar la Comisión Estatal Correccional de tres a nueve miembros y obligarla a contar con una representación más diversa, por ejemplo, de personas previamente encarceladas, profesionales de salud pública y personas que abogan por los derechos civiles.
Sin embargo, la gobernadora permitió una ampliación de solo cinco comisionados en total y exigió eliminar del proyecto de ley una disposición que habría limitado la facultad de nombramiento de la gobernadora.
Una de las principales responsabilidades de la Comisión es la de supervisar los centros correccionales y su nivel de cumplimiento con las normas de seguridad y custodia, una tarea que le ha costado bastante cumplir debido a su falta de recursos y capacidades.
El paquete de leyes también amplía las facultades de la Asociación de Correccionales de Nueva York para que pueda llevar a cabo inspecciones independientes de los correccionales con solo 24 horas de aviso previo, una reducción con respecto a las 72 horas que la Asociación debía dar de aviso.
Este cambio permite a los inspectores hablar en privado con las personas encarceladas y el personal, un aspecto que ha inhibido la realización de investigaciones en el pasado. Cabe señalar que la legislatura también aumentó el presupuesto de la Comisión en $3 millones y le asignó otros $3 millones de fondos nuevos a la Asociación para ayudarla a cumplir con estas nuevas responsabilidades.
Además, las nuevas leyes exigen que la Oficina de Investigaciones Especiales presente informes trimestrales a la legislatura y a la gobernadora sobre denuncias, investigaciones, contratación de personal y medidas punitivas.
La legislatura también abordó la necesidad de aumentar la transparencia en torno a las muertes de las personas encarceladas. La falta de cámaras de vigilancia —ya sea porque no estaban funcionando o porque nunca se instalaron— se identificó como uno de los factores que contribuyeron a los incidentes fatales de este año.
La nueva ley exige que las prisiones estatales instalen cámaras de vigilancia activas a toda hora en todas las áreas, con la excepción del interior de las celdas, las duchas y los baños, y que pongan en marcha un programa piloto de cámaras corporales.
Ahora, cuando ocurra alguna muerte a manos de un oficial correccional, se debe tomar una serie de pasos. Los administradores del correccional deben realizar “un esfuerzo de buena fe” para brindarle a la Oficina de Investigaciones Especiales de la fiscalía la grabación de video sin editar que muestre la muerte. También debe publicarse una notificación pública de la muerte y se debe notificar a los familiares más cercanos dentro de las 48 horas siguientes, un aumento con respecto a las 24 horas que establecía el proyecto de ley original.
Asimismo, el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria debe completar una investigación exhaustiva que incluya una evaluación detallada de la autopsia e informes especiales. La Comisión Estatal Correccional también debe publicar un informe sobre sus hallazgos con respecto a la causa de la muerte de las personas encarceladas durante los últimos diez años y formular recomendaciones para resolver los principales problemas de seguridad.
A pesar de estas mejoras, siguen existiendo deficiencias. La Ley HALT fue un tema central durante la huelga, ya que el personal correccional afirmaba que las restricciones impuestas por esta ley sobre el confinamiento solitario exacerbaban la falta de personal, aumentaban la violencia y afectaban las operaciones estatales. Sin embargo, el paquete de leyes de 2025 no hace mucho para reforzar la ejecución y el cumplimiento de la Ley HALT.
De hecho, como parte del acuerdo que se llegó para acabar con la huelga, se suspendieron temporalmente algunas disposiciones de esa ley, aun cuando las personas siguen sufriendo bajo condiciones inhumanas.
Además, la Ley HALT exige que se les brinden a las personas encarceladas en aislamiento varias horas de programas fuera de las celdas.
Pero la evaluación de 2024 del inspector general de Nueva York reveló que el anticuado registro en papel de las operaciones hacía casi imposible supervisar el cumplimiento del requisito de mejorar el acceso a servicios de rehabilitación para la población encarcelada, que es uno de los objetivos fundamentales de la ley. La evaluación puso de manifiesto la necesidad urgente de modernizar la infraestructura de los datos de los correccionales.
Para que la Ley HALT y otras medidas innovadoras funcionen, se debe hacer más para responder directamente a las condiciones laborales referidas en la huelga. La seguridad de las personas encarceladas está íntimamente vinculada al bienestar del personal correccional.
Se precisan nuevos procedimientos para mejorar la contratación de personal, implementar una duración de turnos razonable y equipar al personal correccional con mejores herramientas para mantener la seguridad de los centros.
Si bien el paquete de leyes de supervisión es un esfuerzo loable, no responde a otros problemas esenciales, como la sobrepoblación penitenciaria, las malas condiciones en las prisiones y las dificultades que enfrentan muchas personas encarceladas cuando salen en libertad.
La supervisión es fundamental, pero resulta primordial construir vías de rehabilitación y reducir la cantidad de personas tras las rejas sin arriesgar la seguridad pública en Nueva York.
Hay proyectos de ley presentados en esta sesión legislativa que no se aprobaron y que tenían justamente esos objetivos. Por ejemplo, la Ley de Tiempo Cumplido (Earned Time Act) iba a aumentar el crédito de tiempo que puede ganar una persona encarcelada para lograr una liberación anticipada, un incentivo que alienta al buen comportamiento dentro de las prisiones y, al mismo tiempo, permite reducir la población penitenciaria sin poner en peligro la seguridad.
Este proyecto puede fortalecer la propuesta ejecutiva de la gobernadora Kathy Hochul aprobada por la legislatura, que concede al comisionado correccional del estado la facultad de aumentar el número de programas que califican para ganar crédito de tiempo cumplido.
La Ley de Segunda Revisión (Second Look Act) aborda el impacto de las prácticas de sentencia demasiado severas, ya que les permite a las personas sentenciadas a más de 10 años solicitar una reducción en su sentencia.
Tanto la Ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna (Fair & Timely Parole Act) y la Ley de Libertad Condicional para Personas Mayores (Elder Parole Act) expanden la elegibilidad para obtener una libertad supervisada, mientras que el último proyecto se centra en las personas de más de 55 años. Todas estas propuestas brindarían un avance duradero en las prácticas correccionales de Nueva York y crearían más vías de liberación para las personas encarceladas.
Nueva York se encuentra en un momento trascendental. La legislatura ha tomado medidas audaces en respuesta a acontecimientos muy graves. Pero, para estar verdaderamente a la vanguardia, Nueva York debe seguir asignando fondos y recursos a fin de propiciar las reformas previstas en el paquete de leyes de supervisión de correccionales y aprobar más leyes que promuevan la rehabilitación y la dignidad dentro de su sistema penitenciario.
Traducción de Ana Lis Salotti
