Una orden presidencial ha echado a andar la maquinaria de cooperación entre las fuerzas policiales federales, estatales y locales, creada tras los ataques del 11 de septiembre, para arremeter contra los oponentes políticos de la administración.
Alegar falsamente que personas ciudadanas o grupos estadounidenses tienen vínculos con el terrorismo internacional podría permitirle al gobierno utilizar las herramientas destinadas a combatir grupos como ISIS contra sus supuestos enemigos dentro del país.
La administración Trump está usando la etiqueta de antifascista y otros medios para demandar a sus oponentes.
La administración Trump está comunicando abiertamente sus planes de violar los derechos del pueblo estadounidense protegidos por la Primera y Cuarta Enmiendas.
Con el pretexto de combatir el “terrorismo nacional”, el presidente presenta una supuesta conspiración de la izquierda y autoriza sanciones incluso por vínculos débiles con expresiones que no son del agrado de su administración.
