Análisis

Es una de muchas leyes ignoradas desde hace tiempo que ahora está al alcance para facilitar abusos con motivación política.

Abunda la publicidad política en internet. Para finales de agosto se había gastado más de $619 millones en este ciclo electoral en tan solo Google y Meta. Pero la falta de transparencia oculta el panorama completo.

Algunos políticos quieren abusar de un poder presidencial peligroso que permite deportar a personas no ciudadanas sin ninguna salvaguarda ni el debido proceso.

Estas mentiras buscan debilitar la confianza en la seguridad de nuestras elecciones y preparar el terreno para disputar los resultados electorales.

Fracasan los intentos por suscitar dudas sobre la exactitud de los datos delictivos.

Hay partidistas que están tratando de socavar el conteo de votos en estados clave.

Ponerle un freno al uso de las fianzas monetarias ayuda a remediar las desigualdades económicas y raciales en el sistema de justicia penal, al tiempo que preserva la seguridad pública.

Si bien la Fundación Heritage ya ha difundido desinformación sobre la supuesta existencia del voto no ciudadano, ahora esta organización ha recurrido a medidas desesperadas en busca de un fraude electoral inexistente.

Una débil reglamentación sobre la financiación de campañas políticas le otorga a las voces de los ultrarricos demasiado peso, pero las reformas pueden ayudar a cambiarlo.

La seguridad pública y el sentido de justicia no son intereses opuestos.