Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español

• La transparencia es especialmente importante hoy en día porque los tribunales han anulado regulaciones razonables al financiamiento de las campañas, como los límites a los gastos independientes.
• La reforma a las normas de divulgación debería formar parte de una agenda más amplia para combatir la corrupción política.

La transparencia sobre las fuentes de financiación durante las elecciones es un pilar de la regulación del financiamiento de las campañas. Las normas de divulgación vigentes en la actualidad fueron, en su mayoría, creadas en el periodo posterior a Watergate.

Desde 1980, los candidatos, los partidos y otros comités políticos están obligados a reportar información sobre la identidad, incluyendo nombre y dirección, de cada persona que aporta más de $200 en un ciclo electoral. La Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) recopila y publica esta información en su página web.

Sin embargo, el sistema proporciona demasiada información sobre algunos donantes mientras que otros permanecen completamente ocultos. Una reforma ha sido necesaria desde hace mucho tiempo. Este resumen de política pública describe las reformas para mejorar las normas federales de divulgación sobre el financiamiento de las campañas.

La divulgación al público de los datos del financiamiento de las campañas tiene claros beneficios para la democracia: ayuda a combatir la corrupción y provee a los votantes de información útil. Saber quién apoya a un político ayuda a las personas votantes a predecir qué hará, probablemente, un candidato cuando llegue al cargo.

La transparencia es especialmente importante hoy en día porque los tribunales han anulado regulaciones razonables al financiamiento de las campañas, como los límites a los gastos independientes, lo cual resultó en una explosión en el gasto de los súper-PAC y las organizaciones con fondos de financiación anónimos.

Estos grupos independientes gastaron más de $4 mil millones en el ciclo electoral de 2024, mucho de lo cual provino de megadonantes e intereses especiales de los más ricos. Desde las elecciones, el presidente Donald Trump ha recaudado una cantidad sin precedentes de contribuciones de simpatizantes adinerados, muchos de los cuales han buscado favores de su administración, incluyendo concesiones en políticas públicas, puestos de alto nivel en el gobierno e incluso indultos presidenciales. Con tantos grandes capitales influyendo en las elecciones, es crucial que los estadounidenses por lo menos sepan de dónde proviene.

El régimen de divulgación de la información sobre el financiamiento de las campañas está plagado de lagunas jurídicas. Desde que la Corte Suprema falló en la causa Citizens United v. FEC en 2010, el dinero anónimo proveniente de grupos que no revelan quiénes son sus donantes se ha disparado. Alcanzó un máximo de $1.9 mil millones en el ciclo electoral de 2024, casi duplicando el récord de cuatro años atrás. Además, los recientes cambios tecnológicos y culturales han provocado una transformación radical en cómo se comunican las personas.

Las campañas electorales están cada vez más conectadas en línea, en un ecosistema de medios que era inimaginable en 1980. Las leyes de divulgación diseñadas para los medios de comunicación masivos del siglo XX simplemente no logran mantenerse a la par de esta realidad.

Al mismo tiempo, existe un riesgo más alto de que la divulgación generalizada de los donantes tenga consecuencias no deseadas. La FEC está publicando información personal de más personas que nunca antes. El internet ha facilitado el acceso a información sobre personas específicas. El acoso y la violencia política están en aumento. En conjunto, estas novedades suponen riesgos para la privacidad y seguridad de las personas.

El Congreso debería promulgar soluciones sensatas para garantizar que el sistema de financiamiento de las campañas logre los beneficios clave de transparencia sin riesgos innecesarios para la privacidad que podrían desalentar la participación política de los estadounidenses. La reforma al sistema debe incluir lo siguiente:

• Eliminar el gasto de los fondos de financiación anónima al exigir que todos los grupos que gastan en las elecciones revelen la identidad de sus grandes donantes.
• Exigir la divulgación del gasto político realizado en línea, incluyendo los pagos a los influencers.
• Limitar la información de dominio público sobre los donantes al nombre, estado, ciudad, código postal, ocupación y empleador, excluyendo la dirección completa.
• Incrementar el umbral del monto de los aportes para que los donantes tengan que ser identificados en los datos de dominio público a $800 o más, e indexar el monto a la inflación.
• Poner a disposición de los investigadores los datos que incluyan las direcciones completas e información de los pequeños donantes, con restricciones que impidan la publicación de cualquier información que permita establecer la identidad de los donantes.

La reforma a las normas de divulgación debería formar parte de una agenda más amplia para combatir la corrupción política, lo cual incluiría restablecer los límites al financiamiento de las campañas, prohibir las contribuciones políticas por parte de contratistas del gobierno y crear un organismo de control ético más eficaz. En conjunto, estas soluciones deberían restaurar la confianza de la ciudadanía en el gobierno estadounidense.

Traducción de Laura Gómez