Skip Navigation
Voters at voting booths
Charly Triballeau/Getty
Resumen de expertos

Alerta por las falsas alegaciones de fraude electoral impulsadas por el programa SAVE

La herramienta SAVE del gobierno federal es propensa a errores, y su mal uso podría privar a la población estadounidense de su derecho al voto y erosionar la confianza en las elecciones.

junio 12, 2026
Voters at voting booths
Charly Triballeau/Getty
junio 12, 2026

Este año, nuestras elecciones enfrentan una nueva amenaza: un gobierno federal que busca insertarse ilegítimamente en el mantenimiento de las listas de votantes.

El programa SAVE puede ayudar a las autoridades electorales a efectuar el mantenimiento de sus listas de votantes, pero solo si se lo utiliza con prudencia y en conjunto con otras prácticas establecidas y confiables para el mantenimiento y la precisión de los padrones electorales.

Este año, analistas y expertos deben permanecer alertas a las alegaciones de fraude electoral provenientes de las agencias gubernamentales y los grupos privados, incluso cuando esas alegaciones citen datos oficiales del gobierno federal.

Muchas de estas alegaciones falsas o engañosas que se han difundido en los últimos años se han basado principalmente en los datos del defectuoso programa de verificación automática de extranjeros para recibir beneficios, o programa “SAVE” (Systematic Alien Verification for Entitlements), que abordaremos en detalle en este artículo.

La segunda administración Trump ha lanzado una campaña concertada para socavar las elecciones. Parte de ese esfuerzo consiste en recolectar los registros estatales de las personas votantes y usar fuentes de datos federales para dar una apariencia de legitimidad a las alegaciones falsas de un fraude electoral masivo.

Si bien podría haber formas válidas de utilizar los datos federales para ayudar a las autoridades electorales a garantizar la precisión y actualización de los padrones electorales, esos datos tienen importantes deficiencias y pueden usarse de manera indebida para divulgar información errónea.

A fin de evaluar correctamente cualquier alegación de fraude electoral a partir de los datos federales, es importante comprender las deficiencias de estos datos, los problemas analíticos más comunes y las formas en que estos datos erróneos pueden utilizarse para privarle al electorado de su derecho al voto y erosionar la confianza en las elecciones.

Los esfuerzos del gobierno federal de intervenir en el mantenimiento de las listas estatales de votantes

Durante los últimos ciclos electorales, hemos visto cómo grupos privados y algunos funcionarios estatales se han aferrado a datos erróneos para sembrar la duda sobre la precisión y confiabilidad de los padrones electorales estatales y alegar la existencia de un fraude electoral generalizado.

Este año, nuestras elecciones enfrentan una nueva amenaza: un gobierno federal que busca insertarse ilegítimamente en el mantenimiento de las listas de votantes. La administración le ha encargado al Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés) que presione a los estados para que le concedan datos sensibles sobre su electorado y utilicen una versión ampliada del programa SAVE —una herramienta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) diseñada para ayudar a verificar la ciudadanía de las personas que solicitan los beneficios del gobierno— a fin de detectar la presencia de supuestas personas no ciudadanas en los padrones electorales.

Una orden ejecutiva firmada en marzo, también le pide ahora al DHS que utilice el programa SAVE y otras fuentes de los datos federales a fin de elaborar “listas de ciudadanía” para que las usen los estados de cara a las elecciones federales, con el supuesto objetivo de suplantar las propias listas de los votantes de los estados y sin ninguna autorización prevista por las leyes federales.

También le ordena al DOJ investigar y procesar judicialmente a cualquier funcionario que les permita votar a supuestas personas no ciudadanas. El Brennan Center, junto con otros grupos, ha presentado una demanda contra esta orden ejecutiva ilegítima. La administración ha admitido, en otro caso judicial en contra de la orden ejecutiva, que este tipo de listas de ciudadanía probablemente no sean muy confiables.

Si bien no está mal que el gobierno federal ayude a los estados a verificar la elegibilidad de las personas votantes a través del programa SAVE —de hecho, otras administraciones anteriores han hecho exactamente lo mismo—, las acciones de la actual administración se asemejan a un intento de quitarles a los estados el control de la tarea de realizar el mantenimiento de sus propias listas de votantes, un rol que el Congreso les ha delegado exclusivamente a los estados bajo la autoridad que le confiere la Constitución.

Las deficiencias subyacentes del programa SAVE, su apresurada expansión y la incapacidad del gobierno de darles a las autoridades electorales estatales y locales las correspondientes directrices sobre el uso responsable de esta herramienta ampliada han dado lugar a numerosos errores generados por el programa SAVE, que identifica erróneamente a votantes como personas no ciudadanas.

Por otro lado, la administración les ha pedido a los estados que firmen acuerdos que parecen permitirle compartir la información de los estados sobre su electorado con grupos externos, lo cual exacerba el riesgo de un mal uso de los datos federales para divulgar alegaciones falsas sobre un voto no ciudadano masivo.

Los riesgos de depender de los datos del programa SAVE para el mantenimiento de las listas de votantes

El año pasado, la administración Trump se apresuró para realizar profundos cambios en el programa SAVE con el objetivo declarado de eliminar la “mancha” de los “extranjeros ilegales... que [están] defraudan[do] al pueblo estadounidense”. Antes de eso, el programa solo admitía la búsqueda individual de las personas que tuvieran registros de inmigración o alguna otra participación en los procesos formales del DHS, por ejemplo, en el caso de personas nacidas en el extranjero de padres estadounidenses que solicitaron la ciudadanía.

Con los cambios de 2025, el programa ahora admite búsquedas masivas de las personas según su número del seguro social, lo cual les permite a los funcionarios indagar sobre enormes cantidades de votantes registrados con un solo clic. El programa SAVE ahora también permite acceder a los datos sobre pasaportes del Departamento de Estado, según confirman algunos correos electrónicos intercambiados entre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) y una oficina electoral local, además de ciertas entrevistas a los funcionarios locales.

Todos los estados utilizan datos de una forma u otra para realizar el mantenimiento de sus listas de votantes. Pero usar programas de coincidencias de datos a gran escala siempre plantea el riesgo de obtener falsos positivos; por eso, cualquier votante registrado detectado mediante este tipo de programas de coincidencias amerita una mayor investigación. La mayoría de las autoridades electorales utiliza excelentes salvaguardas para evitar que se prive al electorado de su derecho al voto, por ejemplo, verificando los registros de los votantes contra otras fuentes de datos estatales y dándole al votante la oportunidad de corregir los errores antes de eliminarlo de los padrones.

Sin embargo, en los últimos años, algunos funcionarios han intentado eliminar a los votantes de las listas sin tomar las precauciones correspondientes para verificar su elegibilidad, lo cual ha puesto en peligro el estado de registro de muchos votantes elegibles y ha sembrado dudas infundadas sobre la integridad de las elecciones. Este riesgo es aún mayor en 2026, dados los esfuerzos de la administración Trump de utilizar el defectuoso programa SAVE para respaldar sus falsas alegaciones de que las personas no ciudadanas están votando masivamente en nuestras elecciones.

Existen tres razones principales para dudar de las alegaciones de fraude electoral basadas en los resultados del programa SAVE.

Una metodología propensa a errores a gran escala

Utilizar un programa de coincidencias de datos a gran escala siempre arrojará errores por varias razones. Es muy común que haya personas que figuran en múltiples bases de datos, y posibles inconsistencias en la forma en que aparecen escritos sus nombres (por ejemplo, Juan Gonzalez puede aparecer como J. Gonzales en algunos registros), en su fecha de nacimiento o género podrían hacer que un sistema de coincidencias de datos no arroje todos sus registros asociados.

En los grandes ecosistemas de datos, también puede ser difícil integrar la información nueva. Por ejemplo, podría no reconocer que la persona Anita Das ha cambiado su nombre a Anita Das-Reilly después de casarse.

Estos vacíos y discrepancias de información crean problemas durante el mantenimiento de las listas de votantes. Supongamos el caso de una persona votante naturalizada cuya ciudadanía estadounidense se encuentra registrada en la base de datos del USCIS, pero no en la de la Administración del Seguro Social ni en otros registros gubernamentales; este carencia de información podría hacer que se la identifique incorrectamente como persona no ciudadana.

Es muy probable que ocurran otros errores similares. El USCIS tiene muchas bases de datos que, en total, contienen más de 100 millones de registros de inmigración, y el programa SAVE puede acceder a gran parte de esa información. Administrar esta enorme cantidad de datos es sumamente complejo e, incluso en las mejores circunstancias, el USCIS comete errores cuando intenta detectar el estado de inmigración o ciudadanía de las personas.

Cuando la reconciliación de los datos se efectúa a una escala tan gigantesca, es inevitable caer en un modesto porcentaje de error, como mínimo. Pero, dado el enorme número de personas procesadas, incluso un pequeño porcentaje de error podría traducirse en la identificación errónea de decenas de miles de votantes como personas no ciudadanas.

Para poner la magnitud de errores en perspectiva, supongamos que un grupo de científicos sociales consideró como aceptable un porcentaje de error de falsos positivos de entre 0.9y 2.5 por ciento al momento de sacar conclusiones de una reconciliación de los datos a gran escala. (No existe ningún porcentaje de error de falsos positivos que, por lo general, se considere aceptable).

Luego, consideremos el artículo que publicó el New York Times a comienzos de este año, donde se revela que el DHS evaluó 49.5 millones de registros de votantes mediante el programa SAVE y que, al parecer, identificó a unos 10,000 votantes como posibles personas no ciudadanas. Eso representa apenas el 0.02 por ciento de los votantes en los registros evaluados, un porcentaje mucho más bajo que numerosos porcentajes típicos de error. Dicho de otro modo, cuando tenemos datos de tal magnitud, es lógico encontrarnos con 10,000 falsos positivos, como mínimo. De hecho, ese número correspondería a un porcentaje de error bajo.

Por lo tanto, los números que la administración ha divulgado podrían atribuirse en su totalidad a errores inherentes a cualquier proceso de coincidencias de datos a gran escala. Cabe aclarar que no hay datos de dominio público que demuestren que todas esas coincidencias sean falsos positivos, pero, tal como se detalla a continuación, sí abundan los indicios de que al menos un gran porcentaje probablemente sí lo sea. Lo importante aquí es que incluso un mínimo porcentaje de error del programa SAVE podría producir una cantidad de coincidencias que parece gigantesca en términos absolutos.

Como todos los sistemas que coinciden y reconcilian la información de distintas bases de datos enormes, el programa SAVE tiene un porcentaje de error de base. Si la administración compila correctamente una lista exhaustiva de los aproximadamente 174 millones de votantes registrados en el país y los evalúa mediante el programa SAVE, ese porcentaje de error de base, aun cuando fuera mínimo, podría dar la falsa impresión de que existe una cantidad masiva de personas votantes inelegibles o posiblemente inelegibles en los padrones.

Las personas estadounidenses que fueron identificadas erróneamente por el programa SAVE podrían enfrentarse a obstáculos innecesarios para demostrar su ciudadanía o ser privadas de su derecho al voto si, por ejemplo, no reciben la notificación correspondiente enviada por correo por su oficina electoral local.

Fuentes de datos defectuosos o incompletos

Además de los errores de coincidencia de los que suelen adolecer los grandes sistemas de datos, el programa SAVE tiene otros defectos específicos que socavan su confiabilidad.

En primer lugar, el programa SAVE puede acceder a datos particularmente propensos a errores, como los del Sistema Automatizado de Focalización (Automated Targeting System, ATS) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) y el sistema TECS, el principal método que se utiliza para evaluar la admisibilidad de las personas que llegan a las fronteras de EE. UU.

Los datos del ATS incorporan información de la lista de vigilancia contra el terrorismo del FBI, que contiene información no confiable que puede identificar a alguien como terrorista sin serlo y permite discriminar contra ciertas religiones y minorías raciales. El sistema TECS integra la misma información de la lista de vigilancia del FBI, así como también registros de viajes y otras fuentes de datos equívocos.

Otro hecho que exacerba estas deficiencias es que las fuentes de los datos a las que ahora tiene acceso el programa SAVE, provenientes de la Administración del Seguro Social y del Departamento de Estado, tienen sus propios problemas. La Administración del Seguro Social comenzó a recabar los datos sobre la ciudadanía de las personas sistemáticamente recién en 1978, y las indicaciones de la agencia de que alguien nació en el extranjero o no es ciudadano estadounidense podrían haberse inferido para todo titular de un número del seguro social nacido antes de ese año.

La base de datos central de la Administración del Seguro Social suele tener información desactualizada sobre la ciudadanía de las personas naturalizadas si es que no notificaron a la agencia sobre su naturalización. Además, aproximadamente la mitad de la ciudadanía estadounidense no tiene pasaporte, lo cual convierte a los datos del Departamento de Estado en una fuente de información inútil para decenas de millones de estadounidenses.

En segundo lugar, probablemente ninguna de las bases de datos de las que depende el programa SAVE contenga información actualizada sobre las personas ciudadanas naturalizadas. Cada trimestre, el DHS publica una lista de cientos de miles de ciudadanos naturalizados. Más allá de cuándo se efectúen las búsquedas a través del programa, siempre habrá un número considerable de personas recientemente naturalizadas cuyos registros podrían no haberse actualizado a tiempo en las principales bases de datos utilizadas por el programa SAVE.

Casos como estos, donde los registros reflejan información desactualizada, ilustran la razón por la que resulta imprudente depender únicamente del programa SAVE para verificar la ciudadanía de las personas.

En tercer lugar, la apresurada expansión del programa SAVE llevada a cabo por el USCIS se finalizó antes de que se pudieran procesar e integrar las actualizaciones de los datos sobre ciudadanía, lo cual produjo errores, según trascendió en las noticias. El organismo ha admitido que, al principio, brindó información incorrecta a por lo menos cinco estados a través del programa SAVE.

El programa identificó erróneamente como no ciudadanos a cientos de votantes de Missouri. La secretaria del condado de Boone, Missouri, dijo que más de la mitad de las personas votantes señaladas por el programa SAVE como no ciudadanas en noviembre terminaron siendo ciudadanas estadounidenses. Tal como lo señaló la funcionaria electoral, el programa SAVE expandido “no está listo para su uso”.

Antecedentes de resultados incorrectos

Se ha demostrado que los estados o las localidades que supuestamente identificaron importantes cantidades de votantes no ciudadanos mediante el programa SAVE cometieron errores. Los resultados de estas investigaciones, los problemas inherentes a los programas de coincidencias de datos a gran escala y las fuentes de datos deficientes utilizadas en el programa SAVE exigen que se tenga mucha cautela cuando aparezcan nuevas alegaciones sobre la presencia de personas no ciudadanas registradas en los padrones electorales.

Aproximadamente el 35 por ciento de los votantes identificados como no ciudadanos mediante el programa SAVE en el condado de St. Louis, Missouri, terminaron siendo ciudadanos naturalizados que se habían registrado para votar durante sus ceremonias de naturalización, según el director electoral republicano del condado.

Del mismo modo, después de que el gobierno de Texas anunció que el programa SAVE había identificado a cientos de votantes texanos como no ciudadanos, los medios noticiosos luego confirmaron que los registros estatales no se habían verificado mediante otras fuentes de datos que confirmaban la ciudadanía de las personas afectadas.

Hace poco, varios estados han adoptado un enfoque más responsable en cuanto al uso del programa SAVE, que resalta los problemas de depender exclusivamente de las fuentes de los datos federales y confirma la infrecuencia del voto no ciudadano. Por ejemplo, después de que Utah completó una evaluación de sus padrones electorales, no detectó ningún caso de voto no ciudadano.

Y el año pasado, Luisiana evaluó los registros de su electorado de más de cuatro décadas de antigüedad e identificó tan solo 79 personas supuestamente no ciudadanas que habían votado, de entre un total estimado de 74 millones de votos emitidos durante ese período. La secretaria de estado de Luisiana, del partido republicano, declaró que “no tenemos un problema sistémico de personas no ciudadanas que se estén registrando o votando ilegalmente en Luisiana.”

La amenaza de que terceros se aprovechen de los resultados del programa SAVE

En 2025, el Departamento de Justicia envió una serie de cartas a 18 estados donde les exigía que firmaran un contrato de intercambio de información con el departamento. El texto del acuerdo propuesto dice que los registros de los votantes —que contienen los datos personales sensibles como el nombre completo de cada votante, su dirección residencial, su fecha de nacimiento, su número de licencia de conducir y parte de su número del seguro social— podrían entregarse a contratistas que realizan trabajos “relacionados con los procedimientos de verificación del mantenimiento de listas electorales de parte del Departamento”.

Esta formulación podría darles a terceros un acceso indebido a la información sobre el electorado que tiene el gobierno federal. Si así fuera, cualquier alegación proveniente de los grupos no gubernamentales sobre la elegibilidad de los votantes también debería tomarse con escepticismo, debido a las deficiencias inherentes del programa SAVE, pero también debido a que se ha demostrado, una y otra vez, que estos esfuerzos de terceros se basan en un análisis de datos defectuoso.

De hecho, durante los últimos ciclos electorales, organizaciones negacionistas de las elecciones y grupos privados asociados han montado equipos de vigilantes extraoficiales que buscan disputar el registro de miles de votantes supuestamente inelegibles que habían identificado mediante la coincidencia de datos informales, la comparación de las listas contras las fuentes de los datos públicos como las listas nacionales de cambios de domicilio, mapas, registros de impuestos a la propiedad y obituarios en los periódicos.

Varios grupos negacionistas de las elecciones también han presentado demandas que perpetúan las mentiras sobre el fraude electoral y suelen basar sus alegaciones en errores metodológicos flagrantes. Estos esfuerzos se han caracterizado por tener problemas comunes en la coincidencia de datos, tales como falsos positivos o vacíos de información debido a nombres o direcciones idénticos, errores de transposición o inconsistencias, errores de escritura, fuentes no confiables y listas desactualizadas de cambios de domicilio.

Muchos grupos radicales de derecha se han aprovechado de estos esfuerzos engañosos para inventar alegaciones falsas y tratar de socavar la confianza en las elecciones. Es fundamental que la ciudadanía y las autoridades electorales reaccionen y respondan con cautela a las alegaciones que difundan estos grupos durante 2026.

El programa SAVE puede ayudar a las autoridades electorales a efectuar el mantenimiento de sus listas de votantes, pero solo si se lo utiliza con prudencia y en conjunto con otras prácticas establecidas y confiables para el mantenimiento y la precisión de los padrones electorales. El mal uso del programa SAVE ya está difundiendo la alegación falsa de que las personas no ciudadanas están votando masivamente en los Estados Unidos, un mito que se ha desmentido por completo una y otra vez.

A menos que las autoridades electorales y el gobierno federal utilicen el programa SAVE con suma cautela, numerosas personas ciudadanas estadounidenses elegibles podrían enfrentar la carga de tener que volver a demostrar su elegibilidad o ser privadas de su derecho al voto. Y, al mismo tiempo, el pueblo debería cuestionar todas las alegaciones de fraude que se basen en los resultados del programa SAVE.

Traducción de Ana Lis Salotti