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- Trump avanza agresivamente para expandir su autoridad bajo la bandera de combatir el terrorismo doméstico.
- Estas órdenes dan luz verde a las fuerzas de seguridad pública para iniciar investigaciones sobre individuos o grupos que se oponen a las políticas de la administración o a quienes contribuyen a dichas causas.
Inmediatamente después de que agentes federales de inmigración dispararan fatalmente contra Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, altos funcionarios de la administración Trump los tacharon de “terroristas domésticos”. En medio de la ira de la ciudadanía sobre los asesinatos, el presidente Trump intentó distanciarse de esas falsas acusaciones. Pero su retirada en estos casos de gran visibilidad no debería ocultar la verdad más grande: La administración ha potenciado el uso máximo de las investigaciones sobre el terrorismo doméstico para intimidar a la ciudadanía y disuadirlos de ejercer sus derechos consagrados en la Primera Enmienda de oponerse las políticas de gobierno.
Estas tácticas suponen un riesgo de criminalizar los comportamientos protegidos constitucionalmente —desde participar en una marcha de protesta hasta publicar en las redes sociales— mientras que se imponen castigos draconianos por acciones que distan mucho del terrorismo real. Representan una extensión natural del uso prolongado por parte del gobierno del marco del terrorismo doméstico para atacar a los activistas progresistas. También son una peligrosa e injustificada expansión de las facultades investigativas y punitivas del poder ejecutivo.
Violaciones pos-9/11
La Ley Patriota, la cual se aprobó poco después de los ataques del 9/11, introdujo la definición legal del terrorismo doméstico como: actos que son peligrosos para la vida humana, que violan las leyes federales o estatales, ocurren principalmente dentro de los Estados Unidos y “parecen tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil” o de “influir en la política de un gobierno a través de la intimidación o la coacción”.
El terrorismo doméstico en sí no es un delito independiente. En cambio, el estatuto enumera más de 50 otros “delitos federales de terrorismo”, como bombardear un edificio o destruir infraestructura. Sin embargo, como la definición deja claro, cualquier delito federal o estatal puede ser utilizado como base para una investigación de terrorismo doméstico si pone en “peligro la vida humana” y tiene la intención requerida.
Este marco por mucho ha permitido al gobierno avanzar en una gama de investigaciones con base a la lucha contra el terrorismo doméstico —una facultad que el gobierno ha empleado desproporcionalmente contra activistas de causas progresistas basándose, en gran parte, en su ideología, y no en su conducta violenta.
En 2010, el inspector general del Departamento de Justicia revisó las investigaciones del FBI sobre los grupos antiguerra y a favor del medio ambiente y concluyó que el buró hizo declaraciones falsas al Congreso y al público. El informe encontró que el FBI recolectaba información de los grupos sobre sus actividades protegidas por la Primera Enmienda y de forma retroactiva generó justificaciones para la vigilancia interna, para abrir indagaciones con base a muy poca o inexistentes pruebas de actividad delictiva y que mantuvo investigaciones abiertas mucho más tiempo del que estaba autorizado.
Aun cuando los grupos que habían sido monitoreados sí participaron en actividades delictivas —incluidas las de la desobediencia civil— muy rara vez llegó al nivel de “terrorismo”. Aunque que el inspector general concluyó que los agentes no violaron las políticas del FBI o del DOJ al abrir las investigaciones, esto se debió en gran parte a que estas políticas son muy permisivas en primer lugar.
Los excesos federales no llegaron a su fin con la publicación de este informe. Al contrario, el gobierno sigue ejerciendo su facultad investigativa y de cumplimiento de la ley contra grupos o ideologías que no le son afines, concentrándose en comunidades musulmanas y las personas de origen chino, utilizando los equipos de trabajo conjuntos del FBI para investigar una protesta de Black Lives Matter y a activistas que se oponían al oleoducto Dakota Acess. Al mismo tiempo, el FBI a menudo no le ha dado prioridad a la violencia relacionada con la supremacía blanca ni la ha investigado como terrorismo doméstico.
Las órdenes del presidente Trump
Trump ahora avanza agresivamente para expandir su autoridad bajo la bandera de combatir el terrorismo doméstico. En septiembre de 2025, emitió dos órdenes para comprometer al gobierno a utilizar su autoridad en materia de terrorismo doméstico para criminalizar e investigar a grupos que se adhieren a una amplia gama de ideologías.
La primera se dirigió al movimiento político antifascista descentralizado conocido como “antifa”, al que presentó como un grupo altamente organizado que participa en esfuerzos coordinados para “ejecutar una campaña de violencia y terrorismo” y para “radicalizar” a la juventud. La orden designa a antifa como una organización de terrorismo doméstico, a pesar de que no hay autoridad jurídica para categorizar así a un grupo interno.
De hecho, hacerlo probablemente viole la Primera Enmienda —la Corte Suprema ha protegido la libertad de asociación “para el avance de las creencias e ideas” por mucho tiempo, y la Primera Enmienda impone estrictas restricciones a la capacidad el gobierno de castigar incluso expresiones que promueven conductas ilegales.
La orden también pretende —de nuevo, sin autoridad jurídica— ampliar la prohibición a la financiación de los actos de terrorismo doméstico, conocido como “apoyo material”. Según la ley actual, para que se pueda imputar un cargo de apoyo material en el contexto del terrorismo doméstico requiere que la persona acusada haya contribuido a la realización de uno de los “delitos federales de terrorismo” específicamente definidos.
La orden de Trump, por el contrario, dirige a las autoridades federales a investigar la prestación de apoyo material a “todos y cada uno de los operativos ilegales”. Esto amenaza con criminalizar un amplio rango de actividades, desde repartir agua en una manifestación donde evidentemente hay personas que apoyan el movimiento antifa, hasta la prestación de servicios de mensajería en línea o de redes sociales en el curso habitual de la actividad comercial a personas ideológicamente alineadas con antifa.
Tres días después, el presidente emitió un memorándum mucho más exhaustivo, en el que ordenó a los Departamentos de Estado, Justicia, Tesoro y Seguridad Nacional que priorizaran el terrorismo doméstico. El memo mezcla actos reales de violencia política, como intentos de asesinato, con puntos de vista constitucionalmente protegidos, entre ellas “ser antiestadounidense, anticapitalista y anticristiano; el respaldo a derrocar al gobierno de los Estados Unidos; extremismo sobre la migración, raza y género; y la hostilidad contra aquellos con posturas tradicionalmente estadounidenses sobre la familia, religión y moralidad”.
El memo hace realidad la fantasía conservadora de una conspiración coordinada de izquierda, evocando el espectro de “campañas organizadas y sofisticadas” llevadas a cabo a través de una “estrategia integral para lograr objetivos políticos específicos mediante la radicalización e intimidación violenta”. Cabe destacar que el término “radicalización”, tan manido, no solo no alcanza el nivel de terrorismo, sino que ni siquiera es ilegal.
El memo incluye instrucciones para todos los principales actores en el ecosistema de la policía federal y seguridad nacional. A los grupos de trabajo conjunto del FBI se les ordena supervisar una estrategia nacional con un escalofriante mandato de “investigar, procesar y desarticular a entidades y personas” que participen en cualquier comportamiento que encaje en la vaga categoría de “intimidación diseñada a suprimir la actividad política legal u obstruir el estado de derecho”.
También se les ordena investigar a cualquier financiador, oficial y empleado de organizaciones que son “responsables de” o que “patrocinen o de otro modo auxilien e inciten” a las actividades abordadas en el memo —una clara advertencia a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones benéficas y hasta donantes individuales.
Junto con la larga lista de ideologías desfavorecidas, este texto prácticamente obliga a las fuerzas de seguridad pública a investigar a grupos que escriben, organizan, abogan, litigan o de cualquier modo se manifiestan sobre cualquier tema que la administración considera contrario a sus intereses, así como a cualquiera que les haga donaciones.
Sorprendentemente, el memorándum hasta caracteriza la entrada sin autorización a una propiedad privada —normalmente un delito menor— como un “acto terrorista con motivación política”. Y el memo refuerza el intento de la orden sobre antifa de inventarse de la nada una categoría de organización de terrorismo doméstico, otorgando al fiscal general la facultad de recomendar que cualquier grupo cuyos miembros participen en actos legalmente definidos como terroristas sea designado como una “organización terrorista doméstica”. Una vez más, eso es una directiva totalmente infundada en cualquier estatuto.
La orden de la fiscal general Pam Bondi
Finalmente, a inicios de diciembre, la fiscal general Pam Bondi emitió un memorándum destinado a implementar el memo anterior del presidente Trump. Instruye a los fiscales a que busquen oportunidades para acusar a las personas de obstaculizar a los agentes federales —una retórica que cobra mayor relevancia a la luz de varios registros de decenas de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que amenazan con arrestar a ciudadanos que observan las actividades de los agentes (un acto constitucionalmente protegido) con el argumento de que están “obstaculizando” la aplicación de la ley.
El memo de Bondi también imagina una vasta red criminal detrás de los esfuerzos de los estadounidenses comunes que han salido a las calles para defender a sus vecinos y busca enemistarlos unos contra otros al prometer que desarrollará informantes dentro de esos grupos que testificarán contra otros miembros. Además, confunde repetidamente la acción con la ideología, al insinuar que “los puntos de vista extremos sobre la inmigración, la ideología de género radical y al sentimiento antiestadounidense” podrían ser precursores de la violencia, y al reinterpretar ideas protegidas como las “posturas a favor de la migración masiva” y la “hostilidad hacia las ideas tradicionales sobre la familia, la religión y la moralidad” como “agendas” que alimentan ataques violentos que requieren ser investigadas.
Estas órdenes en efecto dan luz verde a las fuerzas de seguridad pública para iniciar investigaciones sobre individuos o grupos que se oponen a las políticas de la administración o a quienes contribuyen a dichas causas. Los informes sugieren que el Departamento de Seguridad Nacional ya aceptó esta invitación, recopilando y añadiendo información sobre manifestantes a sus considerables bases de datos. Además, hay reportes de agentes federales que amenazan con añadir a estadounidenses a una “base de datos” de terroristas domésticos en represalia por participar en actividades licitas.
Además de dirigir toda la temeraria maquinaria de las fuerzas policiacas federales y el aparato de seguridad nacional contra organizaciones de la sociedad civil, afiliaciones informales de activistas y donantes a causas progresistas, esta iniciativa tendrá consecuencias sustanciales para las personas señaladas como sospechosas de terrorismo doméstico, independientemente del resultado final de cualquier investigación. Serán incluidas en las listas de vigilancia federales y probablemente se enfrentarán a interrogatorios invasivos e incluso a revisiones cada vez que viajen.
Miles de departamentos de policía estatales y locales también tienen acceso directo a información en las listas de vigilancia, fomentando así detenciones policiales prolongadas con pretexto. Estar en las listas de vigilancia puede interferir con la capacidad de realizar transacciones financieras básicas como operaciones bancarias, créditos y transferencias de dinero. Además, el estigma público de ser investigado como terrorista doméstico puede ser grave, ya que las personas objeto de estas investigaciones corren el riesgo de perder el acceso a empleos o vivienda cuando sus empleadores o arrendadores se enteren de la investigación.
En definitiva, a medida que estas investigaciones se intensifican y el espacio para la disidencia legal y la desobediencia civil no violenta se reduce inexorablemente, la ciudadanía será la perdedora. El Congreso y el público deben exigir que nuestras agencias federales de seguridad nacional y de policía protejan nuestros derechos constitucionales fundamentales, respeten el estado de derecho y, cuando no lo hagan, rindan cuentas.
Traducción de Laura Gómez
