Hace poco, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que se puede demandar al líder de una protesta por las lesiones que cause cualquier otra persona que participe en la protesta, aun cuando el líder no haya dirigido, alentado y ni siquiera aprobado las acciones que se sucedieron.
La decisión de esta causa judicial, Doe v. Mckesson, con 2 votos a favor y 1 en contra, creó un vacío judicial lo suficientemente grande como para devorarse los derechos de la Primera Enmienda. Para llegar aquí, el tribunal ignoró leyes bien establecidas y tergiversó u omitió los precedentes de la Corte Suprema.
En 2016, el activista de derechos civiles DeRay Mckesson organizó una protesta fuera de la sede de la policía de Baton Rouge para manifestarse en contra de la muerte de Alton Sterling a manos de la policía. La policía se enfrentó a los manifestantes colocando una línea de oficiales con equipos antidisturbios delante de un grupo de oficiales uniformados, donde se encontraba el oficial John Doe, seudónimo que se le concedió para conservar su anonimato durante este juicio.
Un manifestante —que no era Mckesson— lanzó una piedra, que le pegó en la cara a Doe y le causó lesiones graves. El oficial, como no pudo identificar a su atacante, demandó a Mckesson por daños y perjuicios ante un tribunal federal. Luego de años de maniobras procesales, que cubrió en buen detalle el corresponsal Ian Millhiser de Vox, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que Doe puede demandar a Mckesson por “crear circunstancias en las que se puede prever que otra persona resultará herida”. Es decir, por organizar la protesta con tanta negligencia presunta que directamente ocasionó heridos.
Los tribunales federales tienen una larga historia de proteger la libre expresión política contra todo tipo de ataque judicial. La Corte Suprema ha dejado claro que la Primera Enmienda brinda protección contra cualquier demanda privada y cualquier acción judicial del gobierno por el derecho de organizar una protesta y participar en ella.
Pero este tribunal de apelaciones determinó que algunas de las acciones de Mckesson quedan por fuera de las fuertes protecciones que concede la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Como cuestión de derecho, la Primera Enmienda no protege ciertos tipos de libre expresión, como cualquier lenguaje que inmediata e inevitablemente ocasione daños, por ejemplo, si alguien grita “¡Fuego!” en un teatro lleno de gente, cuando no es verdad.
De acuerdo con la demanda del oficial, Mckesson, como líder de la protesta, no evitó que algunos participantes robaran botellas de agua de una tienda y las lanzaran a la policía y, luego, movilizó a los manifestantes a la calle, cerca de la estación de policía. El tribunal llegó a la conclusión que eso “[creó] el riesgo no razonable de que un manifestante pudiera atacar o lesionar a Doe”.
Como explican Millhiser y otros analistas del caso, la Corte Suprema ha establecido solo tres excepciones a las protecciones de la Primera Enmienda contra cualquier acción judicial por responsabilidad civil. Ninguna aparece en este caso. Eso no detuvo al Tribunal del Quinto Circuito, ya que dictaminó que una infracción vial de Mckesson—literalmente, su acción de salir a la calle a protestar— lo convirtió en el responsable directo de las lesiones de Doe.
Esta decisión es un ataque frontal contra la libertad de expresión y reunión. En su opinión disidente, el juez Don Willett señala correctamente que esta regla habría vuelto responsable a Martin Luther King Jr. por los daños materiales que ocurrieron durante su última marcha, que se tornó violenta.
Del mismo modo, la compañía Woolworth podría haber demandado a los manifestantes de las sentadas del Comité Coordinador Estudiantil No Violento por los daños en los mostradores “solo para blancos”, porque “crearon una situación peligrosa” al ignorar la política de segregación de asientos durante el almuerzo y provocar que los golpearan. La justificación de la decisión judicial de la mayoría habría frenado el movimiento de derechos civiles de inmediato.
Si se permite que esta decisión siga en pie, paralizará el ejercicio del derecho a la protesta en todos los estados que abarca el Quinto Circuito —Mississippi, Luisiana y Texas—, ya que amenazaría a organizadores de protestas con demandarles por responsabilidad civil por acontecimientos que no están bajo su control. Esta opinión está tan desconectada de las leyes establecidas que es difícil evitar llegar a la conclusión de que el tribunal castigó a Mckesson por ser quién es: un activista del movimiento Black Lives Matter que protestaba en contra de la violencia policial.
Además, el hecho de que un tribunal federal de apelaciones esté dispuesto a hacer todo lo posible para no proteger un derecho claramente establecido plantea interrogantes más profundos y alarmantes. Si una institución policial usa una fuerza excesiva para contener una protesta, ¿los tribunales del Quinto Circuito protegerán los derechos de los manifestantes?
Este dictamen antidemocrático representa una amenaza inmediata contra los derechos de la Primera Enmienda de millones de estadounidenses y demuestra por qué estos derechos fundamentales deben ser defendidos sistemáticamente en una amplia gama de situaciones, sin importar quiénes son los manifestantes.
La Corte Suprema consideró el caso, pero rechazó pronunciarse sobre su validez en 2020, y es probable que Mckesson le solicite a la Corte que vuelva a considerarla. Esta vez, la magistratura debería aceptar el caso, repudiar el error peligroso en que cayó el Tribunal del Quinto Circuito y reivindicar el derecho a la protesta.
Traducción de Ana Lis Salotti.