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- A pesar del enorme aumento de la financiación de ICE, para marzo de 2026, menos de un cuarto de sus agentes utilizan las cámaras corporales.
- La brecha entre la política y la práctica está impulsando un debate más amplio en el Congreso sobre si se debe hacer que el uso de las cámaras corporales por parte de los agentes de ICE sea permanente y generalizado.
Mientras el Congreso negocia la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, los debates sobre los fondos para los programas de las cámaras corporales se han mezclado con cuestiones más amplias sobre la transparencia, las libertades civiles y el alcance de la supervisión federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Lo que está en juego no es simplemente si se deben implementar las cámaras, sino también si estas pueden fortalecer significativamente la rendición de cuentas en un sistema que opera en gran parte por fuera de las estructuras tradicionales de la justicia penal.
La aplicación de las leyes de inmigración ocupa un lugar particular jurídico e institucional. Dado que muchas de las acciones de la implementación están autorizadas por las leyes civiles, y no penales, ICE frecuentemente recurre a su autoridad civil para detener y deportar a los inmigrantes, a menudo sin una revisión judicial previa.
A diferencia de la mayoría de los estados y departamentos locales de policía, ICE no está sujeto a las juntas civiles de revisión ni a los regímenes de supervisión municipal. En cambio, la rendición de cuentas depende principalmente de los procesos de revisión interna, inspectores generales y la supervisión del Congreso.
Pero la administración Trump ha desmantelado estos mecanismos, los cuales pueden ser poco transparentes y lentos aún en las mejores circunstancias. En este contexto, con frecuencia se proponen las cámaras corporales como una herramienta para documentar los encuentros entre los oficiales federales y ciudadanos. También se plantean como herramientas para llenar los aparentes vacíos en materia de transparencia.
Cámaras corporales
Las cámaras corporales son pequeños dispositivos para grabar video que típicamente llevan puestos los oficiales de policía en su uniforme o equipos. Las cámaras graban interacciones de rutina, actividades de aplicación de la ley e incidentes críticos como los tiroteos en los que participa un oficial o muertes en custodia, generando así videos contemporáneos que pueden evaluarse en situaciones tanto administrativas como jurídicas.
Los videos capturados han sido utilizados en investigaciones internas, procesamientos penales y litigios civiles. En algunas jurisdicciones, las políticas de divulgación pública hacen que las grabaciones estén disponibles luego de casos de comportamiento inapropiado por parte de policías o cuando hay uso excesivo de la fuerza.
En la última década, estos dispositivos se han convertido en una herramienta cada vez más común para documentar mejor los operativos policiales y exigir responsabilidades a los oficiales.
Políticas del DHS para las cámaras corporales y su uso
En 2021, ICE lanzó un programa piloto en el que equiparon con cámaras corporales a los agentes en algunas ciudades durante cierto tipo de operativos. La meta era incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública en los operativos de aplicación de la ley.
Después de hacer pruebas piloto en Houston, Nueva York y Newark, entre otras jurisdicciones, la agencia expandió su iniciativa en marzo de 2024. Equipó a agentes en cinco ciudades con más de 1,000 cámaras corporales. Sin embargo, el progreso hacia un despliegue nacional perdió impulso debido a las limitaciones de financiación previas y al cambio de prioridades.
Recientemente, en respuesta a las alarmantes demostraciones de fuerza (incluyendo tiroteos fatales por parte de agentes federales y las críticas públicas que surgieron) la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, ordenó a ICE y a otros agentes del DHS en Minneapolis utilizar las cámaras corporales “de inmediato” y planeó expandir esta política a nivel nacional apenas se dispusiera de financiación.
A comienzos de febrero, los líderes de ICE y Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. le informaron al Congreso que la mayoría de los agentes aún no tenían las cámaras corporales.
Y a pesar del enorme aumento de la financiación de ICE, para marzo de 2026, menos de un cuarto de sus agentes utilizan las cámaras corporales. Esto genera preguntas entre los legisladores y comités de vigilancia del Congreso sobre por qué tantos oficiales siguen sin portar estos dispositivos.
Además, ICE ha fallado al no proporcionar a los agentes instrucciones claras sobre los protocolos para la activación de las cámaras. La brecha entre la política y la práctica está impulsando un debate más amplio en el Congreso sobre si se debe hacer que el uso de las cámaras corporales por parte de los agentes de ICE sea permanente y generalizado, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la supervisión de la aplicación de las leyes de inmigración.
Investigaciones sobre la efectividad de las cámaras corporales
Las investigaciones actuales sobre las cámaras corporales se enfocan mayoritariamente en cómo la policía las utiliza. Muy pocos estudios han examinado su uso en otros contextos, como en los entornos de salud mental, servicios médicos de emergencia y otras profesiones donde la seguridad es un factor importante.
Esos estudios, que han examinado el uso policial de las cámaras corporales, han dado resultados mixtos sobre los efectos del uso de las cámaras corporales en el comportamiento de un oficial y sus interacciones con la comunidad.
Por ejemplo, si bien las investigaciones sugieren a que las cámaras pueden influir en el número de quejas y las prácticas de documentación, los resultados dependen fuertemente de cómo se diseñan e implementan las políticas específicas. En una prueba controlada aleatoria con oficiales de la policía de Las Vegas, los investigadores encontraron que las cámaras corporales se asociaban con menos quejas y menos reportes del uso de la fuerza entre los oficiales equipados con cámaras.
Sin embargo, la situación es más compleja al analizar una amplia gama de estudios. Una evaluación exhaustiva de aproximadamente 70 estudios concluyó que las investigaciones existentes no demuestran de forma consistente efectos estadísticamente significativos de las cámaras corporales en métricas clave como el uso de la fuerza, las agresiones contra los oficiales, detenciones o paradas de tráfico. Algunos estudios demuestran una reducción de las quejas, mientras que otros registran cambios insignificantes.
Las variaciones en los hallazgos son a menudo atribuidos a las diferentes políticas que gobiernan cuándo los oficiales deben activar sus cámaras, si las grabaciones serán divulgadas al público, qué tan exhaustivo es el entrenamiento a los oficiales sobre cuándo deben activar sus cámaras corporales y cómo se administra la disciplina cuando no siguen lo establecido. Además, el potencial de las cámaras corporales a menudo se ha socavado por las políticas restrictivas sobre la divulgación del material grabado al público.
Es evidente que los resultados dependen de diversas circunstancias, como las políticas departamentales y la cultura organizacional en torno a su uso. En los departamentos donde los supervisores dan ejemplo de cumplimiento constante a los oficiales más nuevos y donde las cámaras se consideran herramientas para la rendición de cuentas, los oficiales son más propensos a usarlas según lo previsto.
Cuando el liderazgo demuestra indiferencia o prioriza evitar el escrutinio, el cumplimiento y la transferencia a menudo se deterioran.
¿Hay preocupaciones sobre expandir el uso de las cámaras corporales?
Mientras que el uso de las cámaras corporales tiene el potencial de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, también genera varias preocupaciones. Por un lado, las cámaras corporales capturan un gran volumen de información personal. En los contextos de la aplicación de las leyes migratorias, las preocupaciones sobre la privacidad son generalmente mayores.
Muchos operativos de ICE ocurren en lugares privados como casas, espacios de trabajo, albergues o centros médicos. Y con el aumento de los encuentros violentos en las calles, preocupa aún más la grabación de espectadores. Sin salvaguardas fuertes, los programas de las cámaras corporales corren el riesgo de ampliar la vigilancia en lugar de limitar el abuso.
Esos riesgos no son hipotéticos. Las agencias de policía han integrado cada vez más las grabaciones de las cámaras corporales en sus ecosistemas de datos más amplios, utilizando software de reconocimiento facial, herramientas analíticas y acuerdos de intercambio entre las agencias.
Se ha documentado que ICE utiliza el reconocimiento facial y otros datos biométricos para identificar y rastrear tanto a los inmigrantes como a ciudadanos sin su consentimiento en manifestaciones, y durante los operativos policiales. A veces, estas grabaciones se vinculan a bases de datos de vigilancia más amplia que monitorean a espectadores más allá del contexto inmediato de una interacción policial.
Sin límites estrictos, las grabaciones realizadas con fines de rendición de cuentas pueden ser reutilizarse para la recopilación de inteligencia o controles migratorios más allá del encuentro original. Se han propuesto medidas de protección, como estrictos protocolos de acceso, limitaciones en los usos secundarios, redactar o proteger a las personas sin relación al caso y la supervisión a través de los organismos de revisión independientes, como formas de abordar estos posibles riesgos para la privacidad.
Mientras el Congreso y las partes involucradas abordan estas complejas preguntas, entender tanto la evidencia como las implicaciones más amplias de las políticas de las cámaras corporales es esencial para evaluar su papel en un sistema que lidia con interrogantes sobre la autoridad, la transparencia y la confianza de la ciudadanía.
Traducción de Laura Gómez
