Una vez más, el gobernador de Florida Ron DeSantis ha decidido destituir de su cargo a una fiscal elegida a nivel local. La semana pasada, eligió como blanco a la fiscal estatal Monique Worrell del área de Orlando, quien fue elegida al cargo en 2020 tras prometer reformas para mantener seguras a las comunidades y a la vez reducir tácticas innecesariamente duras.
Los más recientes datos disponibles muestran que la mayoría de los crímenes bajaron en 2021 en su jurisdicción.
Sin embargo, el gobernador afirmó que ella “ha descuidado sus deberes de manera tan obvia y básica que esto representa negligencia e incompetencia”. Worrell es apenas la más reciente en una serie de fiscales reformistas que se han visto atacados por funcionarios y legislaturas republicanas debido a su manera de usar su discreción procesal.
La destitución de Worrell por DeSantis es similar a su suspensión en agosto de 2022 del fiscal estatal Andrew Warren del área de Tampa. El gobernador se opuso a la promesa de Warren de no encausar ciertos tipos de casos relacionados con el aborto y los tratamientos de afirmación de género. Ahora, el principal alegato del gobernador es que Worrell ha optado por ser indulgente en demasiados casos, por ejemplo, al evitar con frecuencia condenas mínimas obligatorias en casos de menores o drogas, o por evitar imponer el cargo o condena más severos en algunos casos.
Lo que DeSantis ha hecho se basa en ideas equivocadas sobre lo que en efecto hace que las comunidades sean más seguras y demuestra una gran falta de respeto por la democracia. También refleja una confusión básica sobre la función de los fiscales y la interferencia indebida con la discreción e independencia procesal.
Cabe destacar que un tribunal federal concluyó que la suspensión de Warren por el gobernador va en contra de la Constitución de Florida y también, en parte, los derechos del fiscal conforme a la Primera Enmienda (pero la corte carece de potestad para restituir a Warren). La decisión de DeSantis de destituir a Worrell después de la amonestación judicial es incluso más preocupante.
El estándar de la American Bar Association respecto a iniciar un proceso judicial explica que los fiscales “deben actuar con integridad y criterio equilibrado para aumentar la seguridad pública tanto al procesar cargos penales apropiados de severidad apropiada como ejercer discreción al no presentar cargos penales bajo circunstancias apropiadas”. Las fiscalías responsables basan su política en pruebas y datos en vez de aplicar el peor castigo posible.
Worrell hacía exactamente lo que los fiscales deben hacer y lo que ofreció hacer durante su campaña. Fue elegida por amplio margen tras prometer, entre otras cosas, darles prioridad a los recursos para víctimas de crímenes, a la salud mental, al tratamiento de adicciones y también a programas alternativos. Además prometió hacer que los policías rindan cuentas en caso de conducta indebida. Queda claro que el gobernador no está de acuerdo con ese enfoque, pero como señaló un juez federal en enero, los desacuerdos políticos no justifican la remoción de un fiscal debidamente elegido.
Las críticas de Worrell por DeSantis se basan en suposiciones anticuadas y desacreditadas sobre lo que constituye la política sensata de justicia penal. En su decreto de destitución de Worrell, DeSantis la acusó de prácticas que evitan que se impongan condenas mínimas obligatorias o prolongadas, en particular para los menores de 25.
En décadas recientes, las leyes de condenas mínimas obligatorias remplazaron la discreción judicial en una gran variedad de crímenes, con el objetivo de asegurar que la gente permaneciera tras las rejas durante periodos prolongados, independientemente de las circunstancias individuales.
Sin embargo, los estudios indican que estas leyes severas contra el crimen llevaron a que el número de personas en prisión aumentara sin beneficios significativos para la seguridad pública. Al parecer, el público lo reconoce, como lo indicó una encuesta reciente de votantes probables, en la que el 69 por ciento apoyó eliminar las condenas mínimas obligatorias y otras leyes que exigen penas prolongadas.
Los estudios también respaldan el dejar atrás las condenas largas para los jóvenes. Se ha descubierto que el desarrollo del cerebro no concluye hasta casi los 25 años, por lo que la capacidad de los jóvenes de tomar decisiones no madura del todo hasta entonces.
Además, una extensa investigación indica que la gente deja atrás el crimen con la edad; esto es, a medida que alguien cumple años, tiende menos a participar en actividades delictivas. El más alto tribunal del país ha reconocido este estudio.
En un caso que surgió en el estado de DeSantis —Graham contra Florida— la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que las condenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional para menores declarados culpables de delitos son inconstitucionales, excepto en el caso de homicidio. El juez Anthony Kennedy escribió, “No se debe privar a los jóvenes de la oportunidad de alcanzar la madurez de criterio y el reconocimiento por sí mismos del valor y potencial de la vida humana”.
La antidemocrática destitución de Worrell por DeSantis no es la excepción. De hecho, es parte de un movimiento nacional para eliminar la discreción de los fiscales electos que responden al pedido de sus electores de estrategias más razonadas para combatir el crimen. Estos fiscales dependen de investigación y evidencia para otorgar vías de escape del sistema judicial que a fin de cuentas ayudarán a nuestras comunidades a prosperar mientras mejoran la seguridad pública.
Hace apenas tres meses, el gobernador de Georgia Brian Kemp promulgó una ley que crea una comisión con la facultad de destituir a fiscales debido a su uso de discreción judicial. Este otoño, la Corte Suprema de Pensilvania escuchará argumentos sobre si la legislatura estatal puede iniciar un proceso de destitución contra el fiscal de Filadelfia Larry Krasner, a quien se acusa de “mala conducta en el cargo” por usar su criterio para implementar ciertas medidas de política como no exigir fianzas monetarias por delitos menores ni encausar ciertos casos relacionados con la marihuana y el trabajo sexual.
Además, a partir del mes próximo, una ley en Texas permitirá que los tribunales destituyan debido a “conducta indebida” a fiscales elegidos localmente que optan por no presentar cargos en ciertos casos, como delitos relacionados con la marihuana o el aborto.
Los ataques contra estos fiscales van en contra de lo que se ha comprobado sobre la seguridad pública. Sabemos que el alto nivel de encarcelamiento en Estados Unidos no aumenta la seguridad de las comunidades, por lo que es crucial que los fiscales tengan libertad para usar su criterio al tomar decisiones, que son con frecuencia difíciles, sobre qué casos llevar a la corte y cómo usar sus recursos para reducir la criminalidad. Un estudio reciente concluyó que optar por no procesar un caso de un delito no violento puede reducir la reincidencia.
Demasiados casos terminan en el sistema de justicia penal a pesar de que no es la respuesta apropiada. Podemos combatir mejor los factores que impulsan la actividad delictiva por medio de programas alternativos, apoyo guiado por sucesos traumáticos, ayuda a supervivientes de crímenes y una más fácil reintegración a la sociedad para reducir la reincidencia.
El actual nivel de encarcelamiento tiene enormes consecuencias para la sociedad: genera y refuerza la muy arraigada desigualdad racial y castiga desproporcionadamente a los estadounidenses negros y latinos. Además, más de 70 millones de personas ya tienen antecedentes penales con consecuencias que deben sobrellevar toda la vida, como la imposibilidad de votar, obtener empleo o recibir beneficios públicos como vivienda subsidiada.
Los fiscales electos como Monique Worrell responden al clamor de sus comunidades de una estrategia más equilibrada respecto a la seguridad pública que evite la criminalidad y también reduzca las penas excesivas del sistema. La decisión de destitución tomada por DeSantis es evidencia de que no comprende el papel de los fiscales ni lo que los estudios comprueban que es eficaz.
Lamentablemente, tales opiniones sobre la seguridad pública están estancadas en la fallida política del pasado.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
