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- Las nuevas reglas les exigirán presentar todos los nombres de usuario de las redes sociales que hayan usado durante los últimos cinco años.
- La retención y el intercambio de estos nombres de usuario violan las leyes federales en materia de privacidad y posibilitan la vigilancia continua de millones de personas en los Estados Unidos.
En un golpe contra la Primera Enmienda y los derechos a la privacidad, la semana pasada, la administración Trump aprobó un plan para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) comience a recopilar los nombres de usuario de las redes sociales de las personas que solicitan cambios en su estatus migratorio.
Este nuevo requisito, que fue aprobado por el plazo de un año, surge después de que la administración declarara públicamente que quiere utilizar los nombres de usuario de las redes sociales para investigar a toda persona cuyas opiniones expresadas en las redes no sean del agrado del gobierno.
Los más de 3 millones de personas que, cada año, solicitan cambios en su estatus migratorio —por ejemplo, cuando solicitan una autorización de trabajo o de viaje, una green card o la ciudadanía— ahora tendrán que darle al gobierno sus nombres de usuario de las redes sociales. En algunos casos, también deben proveer los nombres de usuario de sus hijos menores de edad, cónyuges y padres, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, tienen una green card o residen en los Estados Unidos por otros medios legales.
Las nuevas reglas les exigirán presentar todos los nombres de usuario de las redes sociales que hayan usado durante los últimos cinco años, ya sean en su carácter personal o profesional, o incluso en nombre de una organización. Este requisito se aplica a plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube, como así también a servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram y GroupMe.
La administración Trump ya ha arrestado e intentado deportar a personas por expresar opiniones políticas, libertad protegida por la Primera Enmienda. Tal como lo explicaron el Brennan Center y el Knight First Amendment Institute en los comentarios que presentaron en oposición a la propuesta del USCIS, este nuevo intento de recabar datos a gran escala menoscaba aún más los derechos constitucionales de la libertad de expresión, libertad de asociación, el anonimato y la privacidad.
La retención y el intercambio de estos nombres de usuario a largo plazo también violan las leyes federales en materia de privacidad y posibilitan la vigilancia continua de millones de personas en los Estados Unidos, todo con muy poco o ningún control para proteger la privacidad y las libertades civiles.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ya había propuesto recabar los nombres de usuario de las redes sociales para el USCIS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante el primer mandato de Trump. El Brennan Center y otras 41 organizaciones presentaron comentarios ante el gobierno en contra del plan, que finalmente fue suspendido por la administración Biden en 2021.
En ese momento, la Oficina de Administración y Presupuesto concluyó que el DHS no había demostrado que la utilidad de pedir los nombres de usuario de las redes sociales en los formularios de inmigración contrarrestara los mayores costos “monetarios y sociales” que ello implicaba.
Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ya que el gobierno no ha presentado ninguna prueba que respalde la alegación del USCIS de que el requisito de recabar los nombres de usuario de redes sociales para realizar tareas de vigilancia en las redes permite una mejor “investigación y averiguación de antecedentes [de las personas inmigrantes] para beneficio de la seguridad nacional”.
Según los documentos obtenidos por el Knight First Amendment Institute conforme a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), el gobierno reconoció en una evaluación de 2021 que el requisito de divulgar los nombres de usuario de redes sociales en las solicitudes de visa no agregaban “ningún valor” y que tenía “muy poco efecto a la hora de mejorar la precisión investigativa de los sistemas correspondientes”.
Ese reconocimiento también apareció en un informe de transición del DHS preparado en 2016 para la entrante administración Trump que afirmaba que, en tres de los cuatro programas que el DHS usaba para averiguar antecedentes e investigar a personas refugiadas, la información obtenida de las redes sociales “no produjo vínculos claros ni articulables con amenazas en materia de seguridad nacional”. Los funcionarios también señalaron que este tipo de averiguaciones era un mal uso de los recursos.
Además de su falta de beneficios, la vigilancia de las personas en las redes sociales tiene importantes costos sociales. El monitoreo de las redes sociales por parte del gobierno desalienta a que la gente se exprese y se asocie con libertad en las redes por miedo a que la administración tome represalias contra quienes expresen opiniones contrarias.
Cuando intentó revivir esta propuesta el año pasado, el USCIS indicó que era necesario recabar los nombres de usuario de las redes sociales a fin de cumplir con la nueva política de la administración de investigar a las personas en los Estados Unidos para detectar cualquier “actitud hostil” o “ideología de odio” hacia el pueblo, la cultura y las instituciones estadounidenses. Estas son frases ambiguas que se han utilizado para categorizar y castigar la expresión de opiniones que está protegida por la Constitución.
Además, el USCIS anunció el pasado abril que iba a comenzar a investigar las redes sociales de toda persona no ciudadana de los Estados Unidos en busca de cualquier “actividad antisemita” o
“antiestadounidense”. Pero no brindó ninguna definición concreta de esos términos, lo cual posibilita amplias violaciones indiscriminadas contra la libre expresión garantizada por la Constitución. Luego, la agencia les ordenó a sus funcionarios de inmigración que consideraran estas expresiones de opinión como un “factor notablemente negativo” durante sus evaluaciones discrecionales de las solicitudes de inmigración.
El Departamento de Estado también hizo lo mismo y les indicó a sus funcionarios consulares que analicen la presencia en las redes de las personas solicitantes de visa en busca de cualquier actividad “antiestadounidense” o “antisemita”.
Estas directivas han generado un clima de temor en el que las personas que solicitan una autorización de trabajo o viaje, una green card u otros cambios en su estatus migratorio seguramente terminen censurando las opiniones que expresen en las redes porque saben que la recopilación de sus nombres de usuario podría provocar una decisión migratoria desfavorable. Las demandas que han presentado hace poco miembros sindicales, estudiantes y personal académico ponen de manifiesto los miles de personas ciudadanas y no ciudadanas cuya libertad de expresión está siendo violada por la amenaza de una acción migratoria en su contra.
La recopilación de los nombres de usuario de las redes sociales también menoscaba la privacidad individual de las personas. Los datos que se encuentran en las redes sociales pueden revelar detalles personales íntimos, tales como posturas políticas, prácticas religiosas, orientación sexual y actividades embarazosas, pero legales. Esa información es mucho más detallada y sensible de lo que se requiere para adjudicar un cambio de estatus migratorio.
Dado que los funcionarios del USCIS gozan de un amplio poder de discreción, usar estos datos aumenta los riesgos de tomar decisiones sesgadas y de que la información se utilice para otros propósitos indebidos.
En el contexto de una administración que declara abiertamente que quiere vengarse de las personas por sus posturas políticas, el nuevo requisito masivo aprobado la semana pasada es una grave amenaza contra los derechos constitucionales.
Traducción de Ana Lis Salotti
