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- Todo apunta a que las batallas legales sobre la votación continuarán en los años venideros, en especial de cara a las próximas elecciones presidenciales.
- Queremos que la Corte Suprema mayormente se mantenga al margen y deje que las autoridades electorales locales y estatales hagan su trabajo a la hora de proteger al electorado.
¿Serán estas elecciones las que traigan una “nueva ola” de personas al poder? En ciertos aspectos, ya lo son.
Debido al retiro de varios representantes y algunas derrotas durante las elecciones primarias en ciertos distritos asegurados, el año próximo tendremos 83 miembros nuevos en la Cámara de Representantes, y eso sin contar cualquier escaño que cambie de manos de un partido al otro. Se siente un fuerte fervor de recambio de figuras en los dos partidos políticos.
A lo largo de nuestra historia, el electorado alzó la voz varias veces. En las elecciones de 1974 tras el escándalo Watergate, cuando el partido demócrata ganó 49 escaños nuevos. En la llamada “revolución republicana” de 1994, cuando Newt Gingrich se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes y su partido ganó 54 escaños. En las elecciones de 2018, la primera vez que el electorado repudió el caos de Donald Trump.
Las encuestas no indican un giro de esas magnitudes. Los demócratas no gozan de la popularidad necesaria, aun cuando el electorado rechaza a los republicanos trumpistas. Sin embargo, las preferencias del electorado no es la única razón por la que quizá no se logre el mismo cambio que antes.
Hay gigantescos obstáculos estructurales que le harán más difícil al electorado hacer oír su voz. Podemos rastrear los orígenes de muchos de esos obstáculos a ciertas decisiones destructivas emitidas por la Corte Suprema en materia de democracia durante las últimas dos décadas. Si, este año, la voz del pueblo votante es silenciada, culpemos a la Corte Suprema presidida por Roberts.
Para empezar, hay muy pocos distritos congresuales que ofrecen una verdadera competencia en las urnas. En 2019, en la causa Rucho v. Common Cause, la Corte de Roberts se negó a regular la manipulación de los distritos electorales. Luego, el caso Louisiana v. Callais de comienzos de este año terminó de destrozar la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), cuando les permitió a los estados del sur eliminar escaños ocupados por legisladores de raza negra.
El científico político Peter Miller del Brennan Center lo explicó de esta manera: “Este año, aproximadamente 1 de cada 10 personas en los Estados Unidos se encuentra en un nuevo distrito electoral para la Cámara de Representantes. Esta redistribución de distritos ocurrida a mediados de la década en nueve estados antes de las elecciones de noviembre ha trastocado las elecciones para la Cámara de Representantes (apenas la semana pasada, el nuevo intento a ultimísima hora de volver a trazar el mapa congresual de Missouri fue rechazado por la Corte Suprema por tercera y, esperemos, última vez). Pero todos estos esfuerzos de manipular los mapas podrían acabar siendo inútiles, ya que se está haciendo evidente que los dos partidos políticos han terminado empatados en esta guerra de distribución de distritos”.
Pero incluso en medio de una gran agitación electoral, casi todos los escaños están asegurados ya sea para el partido demócrata o para el republicano. El científico político Larry Sabato calcula que, este año, hay tan solo 21 escaños competitivos. Y la organización de análisis políticos Cook Political Report cuenta 22 escaños impredecibles.
La Corte Suprema también ha demolido las leyes que ponían freno a las grandes donaciones en la política. Hoy en día, los donantes multimillonarios ejercen más poder que nunca. Los principales 20 donantes ya han gastado $1,200 millones en lo que va del año —todos, excepto dos, a favor del partido republicano—, y esa cifra corresponde al período anterior al comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales.
Elon Musk ya ha gastado más de $90 millones. Y si bien se puede saber la identidad de donantes como Musk, gran parte de estas contribuciones consiste en fondos anónimos de financiación en los que no se conoce la identidad del donante.
Todo esto marea. Pero hasta el caso Citizens United de 2010 y los otros que le siguieron en tribunales de menor instancia, todo este gasto habría sido explícita y llanamente ilegal.
Luego, hay leyes, pequeñas y grandes, mediante las cuales los estados restringen el derecho al voto. La Corte Suprema no ha revertido una ley estatal de supresión del voto durante todo el último siglo. La causa Shelby County v. Holder de 2013 fue la primera que destrozó la Ley de Derecho al Voto.
Desde entonces, según nuestros estudios, la brecha en la participación en las elecciones entre el electorado blanco y no blanco se ha incrementado en todo el país. Y ha aumentado el doble en los sitios que antes estaban protegidos por el requisito de aprobación previa que disponía la Ley de Derecho al Voto. Esto significa que, este año, se esperan cientos de miles de votos menos de lo que correspondería.
Por lo general, la Corte se ha negado a intervenir en disputas relacionadas con las elecciones. Después de todo, en 2020, los magistrados se negaron a dar su consentimiento cuando Trump intentó anular el resultado de las elecciones.
Este año, las decisiones de la Corte han dado resultados mixtos. Es alentador que hace dos semanas haya confirmado un dictamen que bloqueó una regla del Servicio Postal sobre la votación por correo. Una decisión contraria habría sido un desastre, ya que una de cada tres personas estadounidenses vota por correo.
