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Con rapidez y sin mucho conocimiento público, el Congreso ha ampliado considerablemente el poder que tiene el gobierno para espiar a la ciudadanía. En una época de preocupación por la privacidad, la vigilancia excesiva del gobierno y el “estado profundo” (the deep state), esta fue una acción motivada por conveniencia que ignoró las preocupaciones del público.
La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA por sus siglas en inglés) le permite al gobierno recopilar comunicaciones privadas de personas no estadounidenses que se encuentran fuera de los Estados Unidos sin la necesidad de obtener una orden judicial.
Esta ley tenía como objetivo facilitarles a las agencias de inteligencia la tarea de espiar a terroristas extranjeros. Pero a veces se recopilan las comunicaciones de las personas estadounidenses que llaman y envían correos electrónicos y mensajes de texto a otras que se encuentran en el extranjero, aunque, para acceder a ellas, el gobierno normalmente tendría que obtener una orden judicial.
A pesar de la dirección del Congreso de “minimizar” la retención y utilización de esta información, agencias como el FBI, la CIA y la National Security Agency (NSA) han elaborado reglas aprobadas por la justicia que les permiten buscar registros de comunicaciones de personas estadounidenses en las bases de datos conforme a la Sección 702. Estas agencias realizan cadaaño más de 200,000 de estas búsquedas “encubiertas” sin una orden judicial en las que obtienen acceso a las comunicaciones privadas de muchísimas personas estadounidenses.
En esencia, esta es una violación atroz a los derechos de privacidad de la población estadounidense. Pero el problema se agrava por los abusos “constantes y generalizados” de esta autoridad, por ejemplo, cuando se realizan búsquedas sin fundamento de las comunicaciones de manifestantes a favor de la justicia racial, congresistas, periodistas, víctimas de delitos y donantes políticos.
En este contexto, varios congresistas líderes de los dos partidos políticos se comprometieron a no reautorizar la Sección 702 cuando vencía el 19 de abril, a menos que se incorporaran “importantes reformas”. Pero el proyecto de ley que envío el Congreso al presidente Biden en las primeras horas de la mañana del sábado, la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos (Reforming Intelligence and Securing America Act), o RISAA, casi promete la perseverancia de estos abusos, porque terminó codificando el statu quo.
Como un gesto insignificante de reforma, se incluyó una prohibición sobre el FBI de llevar a cabo búsquedas encubiertas con la única intención de descubrir pruebas de un delito desvinculado a la seguridad nacional. En 2022, año en el que el FBI realizó 204,090 búsquedas encubiertas, esta disposición le habría impedido tener acceso al contenido de las comunicaciones de personas estadounidenses en tan solo dos casos.
Este proyecto de ley también codificaría las reglas existentes del FBI que rigen las búsquedas encubiertas, que son evidentemente insuficientes para prevenir abusos. Incluso después de haber adoptado estas reglas, el personal del FBI igual realizó unas 4,000 búsquedas encubiertas incorrectas por año, incluso sobre una persona senadora federal, una persona senadora estatal y una persona jueza estatal que denunció ante el FBI una serie de violaciones de derechos civiles.
Dados los muchos abusos de la facultad de espiar a la población estadounidense, resulta desconcertante que no se aprueben las reformas significativas (y muy favorecidas) que se han propuesto. No solo eso, sino que el Congreso fue aún más lejos cuando promulgó modificaciones que amplían la vigilancia sin orden judicial.
La más preocupante es una modificación que amplía el tipo de compañías que el gobierno puede obligar a entregar comunicaciones según la Sección 702. Conforme a la ley RISAA, casi todas las compañías estadounidenses que brindan wifi a sus clientes, desde propietarios comerciales hasta lavanderías, podrían verse obligadas a otorgarle a la NSA el acceso a las comunicaciones que se transmiten a través de sus routers.
Y, debido a que estas empresas, por lo general, no tienen experiencia técnica, se les obligará a darle a la NSA el acceso total a sus equipos y tendrán que confiar nada más que en la palabra de la NSA de que retendrán y utilizarán solo los mensajes de sus objetivos extranjeros.
La administración Biden se ha comprometido a interpretar esta disposición en sentido estricto, pero esta promesa no es una obligación, y cualquier presidente futuro podría revocarla.
Al reconocer el problema de ser espiados, el Congreso confeccionó una protección especial para sí mismo. El FBI tendría que obtener el consentimiento de todo congresista antes de realizar ciertas búsquedas encubiertas de sus propias comunicaciones. El Congreso no extendió esta protección al resto de la población estadounidense.
Afortunadamente, hay motivos para creer que, al final, las reformas y sus partidarios obtendrán la victoria. Una enmienda bipartidaria a la ley RISAA podría haber obligado al gobierno a solicitar una orden judicial antes de realizar búsquedas encubiertas. Esta medida es favorecida por el 76 por ciento de la población estadounidense, pero fracasó por muy poco en la Cámara de Representantes con un voto empatado de 212 a favor y 212 en contra.
Algunos representantes que se han manifestado claramente respecto a los riesgos de autoritarismo se opusieron a esta enmienda, aunque la ley RISAA les daría a futuros presidentes una herramienta poderosa para el abuso.
Los esfuerzos para mejorar el proyecto de ley en el Senado no dieron resultado, pero no porque los senadores se opusieran sustancialmente a las reformas, sino porque temían que, al enmendar el proyecto de ley, se vencería momentáneamente la Sección 702 mientras la Cámara de Representantes aprobaba los cambios.
La ley RISAA no podrá impedir los peores abusos de la Sección 702 y, además, le otorga nuevos poderes de espionaje a las agencias que no han demostrado ningún interés en ejercer esos poderes con responsabilidad. Pero las cosas podrían cambiar pronto.
La ley RISAA solo extiende la Sección 702 por dos años más, con lo cual el próximo Congreso tendrá la oportunidad de remedir los errores de este. Además, el senador Mark Warner, presidente del comité sobre inteligencia del Senado, reconoció en el recinto del Senado que algunas partes de la ley RISAA “podrían haberse redactado mejor” y se comprometió a trabajar este verano con sus colegas para mejorarlas. La lucha a favor de los derechos de privacidad de cada estadounidense continúa.
Traducción de Ana Lis Salotti.