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- Vivimos en una época de una intensa violencia política, y obviamente los altos funcionarios del gobierno tienen toda la razón en preocuparse por su seguridad.
- Pero el resto del pueblo también se merece lo mismo, y sobre eso, al menos algunos magistrados no parecen muy preocupados, si es que siquiera lo piensan.
A mediados de julio, las magistradas Elena Kagan y Amy Coney Barrett cruzaron la calle y se dirigieron al Capitolio para presentarse ante el Congreso, un acontecimiento casi insólito. Su objetivo: convencer al Congreso de agregar más fondos para la seguridad de la Corte Suprema.
Esta solicitud de presupuesto de la Corte para el próximo año fiscal consiste en más de $207 millones en concepto de gastos, sin incluir los propios salarios de los magistrados (que la Constitución prohíbe que sean reducidos), lo cual sería un aumento de unos $131 millones y de 333 empleados a tiempo completo, con respecto a los números de 2016, según el blog de noticias y análisis sobre la Corte Suprema SCOTUS.
Gran parte de ese aumento corresponde a un pedido de mayor seguridad: según la nueva solicitud, $14 millones se destinarían a contratar a otros 84 oficiales y personal de apoyo para proporcionar seguridad al edificio de la Corte Suprema y a los magistrados.
Es mucho dinero, pero al oír las perspectivas personales de Kagan y Barrett, es difícil no entenderlas y sentir empatía. Barrett contó que, dos meses antes de la audiencia, su hijo adolescente abrió la puerta de entrada de su casa y se encontró con una calle llena de policías a raíz de una denuncia falsa sobre un tiroteo en la casa de la magistrada, el último de estos incidentes conocidos en inglés con el nombre de “swatting” en los que una llamada falsa provoca el despliegue policial para una figura pública.
Esta fue una de las muchas amenazas que han recibido los magistrados y que se han disparado en los últimos años, en especial desde que la Corte anuló Roe v. Wade en 2022. Unas semanas antes de que la Corte anunciara ese dictamen, cuyo borrador se había filtrado y salido a la luz, un hombre fue arrestado afuera de la casa del magistrado Brett Kavanaugh en medio de la noche, tras haber cruzado el país con la idea de asesinarlo.
Vivimos en una época de una intensa violencia política, y obviamente los altos funcionarios del gobierno tienen toda la razón en preocuparse por su seguridad. Merecen poder cumplir con su trabajo sin miedo a morir.
Pero el resto del pueblo también se merece lo mismo, y sobre eso, al menos algunos magistrados no parecen muy preocupados, si es que siquiera lo piensan.
De hecho, en parte gracias a las decisiones que ha tomado esta Corte Suprema en las que anuló restricciones de todo tipo sobre la portación de armas, el pueblo estadounidense se ha acostumbrado a vivir en un país donde cualquiera puede ser acribillado en cualquier momento, por cualquier motivo, en cualquier espacio, público o privado: en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en el cine, en un concierto, en un festival de comida, incluso en los mismos pasillos del Congreso donde las magistradas presentaron sus convincentes razones para recibir más protección.
Yo pienso en esto todos los días cuando mis hijos están en la escuela; cuando suena distante la sirena de la policía, siempre me pregunto: “¿Pasó ahora aquí? ¿Vino esta vez a mi ciudad un tipo (o un adolescente) con un arma de fuego ilegal (o legalmente) adquirida?
Este es el mundo de un miedo constante y sordo en el que vivimos todos a diario, en Estados Unidos, y es un mundo que ha sido construido en gran parte por los magistrados derechistas de la Corte Suprema presidida por Roberts.
Comenzó con la decisión en el caso District of Columbia v. Heller de 2008, en la que cinco magistrados votaron para anular el precedente de un siglo con respecto a la Segunda Enmienda, y siguió hasta que el pasado mes de junio la Corte rescindió una ley de Hawái que prohibía entrar con armas a una propiedad privada abierta al público, a menos que se tenga el consentimiento del propietario.
Este historial, tal como lo señala la gran analista de cuestiones sobre la Corte Suprema, Linda Greenhouse, refleja no solo un fracaso en la interpretación de la Constitución, sino también “un fracaso de la democracia”. Una y otra vez, el pueblo estadounidense se ha expresado, en claras mayorías, que quiere restricciones sensatas sobre la portación de armas; una y otra vez, nuestros representantes electos han aprobado esas restricciones en forma de ley; una y otra vez, la Corte Suprema las ha bloqueado.
Como si esto fuera poco, lo peor es que este deterioro de la seguridad pública se está llevando a cabo en el contexto de un movimiento político y una administración presidencial caracterizados por amenazas e intimidación como su principal táctica.
Desde que Donald Trump se presentó por primera vez como candidato a la Casa Blanca en 2015, ha incitado a la violencia, la ha glorificado, la ha justificado y, cuando ya nada más dio resultado, la ha indultado. Ha insistido, incluso después de haber sido objeto de violencia varias veces, de casi ser asesinado por cuestión de centímetros.
¿Qué significa todo esto para la Corte Suprema? Claro que no puede considerar la situación actual política cuando pronuncia sus fallos, pero vale la pena preguntarse si al menos algunos de los magistrados se ven afectados por el clima de miedo y violencia que el presidente y muchos de sus partidarios han cultivado.
No es descabezado pensar que sí: después de todo, la violencia política distorsiona el funcionamiento del gobierno en todos sus niveles, tal como lo ha analizado mi colega Maya Kornberg. Muchos políticos republicanos lo han admitido durante los últimos años y han dicho que están “muertos de miedo” por las amenazas de algunos partidarios de Trump y que en algunos casos sus votos podrían haber estado influenciados por ese miedo. (Thom Tillis, senador de Carolina del Norte, recibió “amenazas de muerte creíbles” por el simple hecho de haber considerado votar contra la nominación de Pete Hegseth para la Secretaría de Defensa, según la revista Vanity Fair, que señaló que, al final, Tillis dio el voto número 50, necesario para confirmar a Hegseth).
Uno podría pensar que la inclinación de Trump de atacar a la judicatura federal sería el llamado de atención que tanto necesita la Corte Suprema. Es verdad que hay muchísimos jueces federales de tribunales inferiores que se enfrentan a diario con el peligro de los ataques de Trump, que lanza cada vez que se pronuncian en su contra.
El año pasado, el presidente llamó a varios jueces “lunáticos” y “monstruos”. Por lo tanto, no es sorpresa que, tan solo en los últimos cuatro años, el número de amenazas serias que recibieron los jueces federales haya aumentado en un 78 por ciento. Tal como un juez federal nombrado por Reagan contó en el programa 60 Minutes este último marzo: “Hace 44 años que hago esto. Nunca me he encontrado con el nivel de hostilidad hacia la judicatura que se ha visto en este país durante este último año”.
Sin embargo, la Corte Suprema, a menudo de la mano de su presidente, el magistrado John Roberts, no ha proferido más que una mínima reprimenda por este peligroso comportamiento. De hecho, los magistrados han empeorado las cosas, al utilizar tanto su lista de casos de emergencia en la sombra: tal como NBC News lo publicó el año pasado, muchos jueces federales están preocupados, ya que, cuando la Corte anula sin explicaciones alguna decisión que un tribunal inferior emitió contra Trump, eso envía el mensaje de que el resto de la judicatura está tratando de socavar la presidencia y envalentona a quienes desean hacer algo más que tan solo publicar en las redes sociales algún mensaje lleno de ira en contra de los jueces.
En suma: yo nunca voy a cuestionar el deseo de protegerse de la violencia, pero sí me voy a quejar cuando los funcionarios más altos de nuestro gobierno se niegan a dejar que el pueblo estadounidense tome medidas razonables para protegerse a sí mismo y cuando después vienen a rogarnos a nosotros, que contribuimos con impuestos y les pagamos sus salarios irreducibles, que los protejamos de la violencia que ellos mismos han ayudado a desatar en nuestra contra.
Traducción de Ana Lis Salotti
