Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Hill.
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- El Congreso debe separar a estos tribunales del Departamento de Justicia para proteger a los jueces de la interferencia política.
- La administración debe dejar de inclinar la balanza a su favor y permitir que los jueces de inmigración apliquen la ley imparcialmente según los hechos que se les presenten.
He trabajado sobre cuestiones migratorias a lo largo de cinco presidencias tanto demócratas como republicanas, incluso en la Casa Blanca, en el Departamento de Justicia y como jueza de apelaciones de inmigración. Lo que está ocurriendo ahora en los tribunales de inmigración —si bien recibe menos atención pública que los operativos violentos y cada vez más criticados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés)— es profundamente alarmante.
Según la Quinta Enmienda de la Constitución, nadie sobre suelo estadounidense puede ser “privado de su vida, libertad o bienes sin el debido proceso de la ley”, lo cual significa que tanto personas ciudadanas como no ciudadanas tienen el derecho a ser notificadas y escuchadas antes de que el gobierno pueda encarcelarlas o confiscar sus bienes.
El año pasado, la Corte Suprema confirmó por unanimidad el derecho al debido proceso de las personas no ciudadanas. Pero la administración está socavando el derecho al debido proceso de las personas inmigrantes y, como ese derecho es el mismo que para las personas ciudadanas, los derechos de todo el pueblo estadounidense se están reduciendo.
La gran mayoría de las personas inmigrantes que enfrentan una posible deportación tiene derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración —que forma parte del Departamento de Justicia—, donde pueden presentar sus razones para permanecer en el país. Una decisión incorrecta puede tener consecuencias devastadoras, como la deportación a un país donde la persona podría ser torturada o separada para siempre de su familia.
Los casi 600 jueces de los 77 tribunales de inmigración son muy diferentes a los de los tribunales federales. En los tribunales federales, los jueces funcionan independientemente de las autoridades judiciales, policiales y políticas electas, mientras que tanto los tribunales de inmigración como las autoridades judiciales y policiales del Departamento de Seguridad Nacional —como ICE— forman parte de la rama ejecutiva del gobierno.
Esta estructura deja al sistema migratorio vulnerable a la interferencia política; sin embargo, los jueces de inmigración, a lo largo de la historia, siempre han mantenido un cierto grado de independencia de las autoridades policiales, judiciales y políticas.
La administración Trump está borrando esa independencia.
En primer lugar, el Departamento de Justicia ha emitido directivas que coinciden con la agenda de las deportaciones masivas del Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, al permitirle a ICE arrestar a los inmigrantes en los tribunales de inmigración y urgir a los jueces de inmigración a desestimar los casos de inmigración pendientes de modo tal que facilite esos arrestos. Estos esfuerzos se tradujeron en un aumento de más del 600 por ciento en el cierre de los casos de inmigración antes de su resolución.
En lugar de desempeñarse como árbitros imparciales, los jueces de estos tribunales le están cediendo su autoridad a ICE cada vez más. Es como permitir que un lanzador de béisbol decida por sí mismo qué lanzamientos son bolas y cuáles son strikes, pero con consecuencias de vida o muerte.
En segundo lugar, antes de solicitar la revisión de un juez federal, la persona inmigrante debe apelar a la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es el órgano de apelaciones de los tribunales de inmigración y se supone que debe revisar si los jueces de inmigración aplicaron la ley correctamente.
Pero la junta no está proporcionando una revisión independiente ni exhaustiva. En cambio, ha emitido dictámenes vinculantes que respaldaron los operativos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional. Después de que ICE ignorara una orden judicial que protegía de la deportación a un hombre salvadoreño, la junta respondió con un fallo que, de ahora en adelante, limita la capacidad de los jueces de conceder este tipo de protecciones.
Y cuando el Departamento de Seguridad Nacional adoptó una política para mantener detenidas a las personas que residen en el país desde hace años, la junta ratificó la dudosa justificación legal que motivaba la práctica. Jueces de todo el espectro ideológico han rechazado la interpretación de las razones más de 3,000 veces. Los tribunales de apelación no se ponen de acuerdo sobre si la política es defendible o no, y es probable que el tema se termine resolviendo en la Corte Suprema.
En total, desde la inauguración de Trump, la junta ha emitido más de 120 decisiones jurisprudenciales que establecen reglas o normas jurídicas para casos de inmigración futuros —más del triple del promedio mensual de los últimos 10 años—, con todas las decisiones jurisprudenciales, excepto una, en contra de la persona inmigrante.
Además, la junta anunció una regla que permitiría la desestimación de la mayoría de los casos sin siquiera ser considerados, lo cual deja a las personas inmigrantes vulnerables ante un arresto, una detención y una deportación inmediata. Un tribunal federal de distrito invalidó aspectos clave de esta regla, pero el gobierno apeló.
Estas restricciones procesales y sustantivas están privando a las personas inmigrantes de la justa oportunidad de presentar sus argumentos para quedarse en el país, más allá de que tengan razón o no.
Las personas inmigrantes deben apelar ante la junta antes de llevar sus casos a un tribunal federal, pero este paso es costoso. Deben pagar $1,030 por la apelación —un aumento de más del 800 por ciento con respecto al 2025—, aun cuando sea extremadamente infrecuente que les concedan una protección judicial.
En tercer lugar, si bien los tribunales de inmigración están desbordados por los más de 3.5 millones de casos pendientes, el Departamento de Justicia ha despedido a por lo menos 113 jueces de inmigración de carrera y altamente capacitados. La administración los está remplazando por “jueces de deportación” —lo cual sugiere que el resultado de los casos viene predeterminado— y está asignando temporalmente a abogados militares en servicio que no tienen experiencia en temas de inmigración.
Estas acciones envían un mensaje inconfundible a los jueces de inmigración: aceleren las deportaciones o se les quitará el puesto. El mensaje parece estar dando resultado: hacia fines de mayo, han denegado casi el 94 por ciento de las solicitudes de asilo, todo un récord.
Estos tribunales de inmigración no están cumpliendo en absoluto con el requisito del debido proceso de conceder un “juicio justo en un tribunal justo”.
El Congreso debe separar a estos tribunales del Departamento de Justicia para proteger a los jueces de la interferencia política. Mientras tanto, la administración debe dejar de inclinar la balanza a su favor y permitir que los jueces de inmigración apliquen la ley imparcialmente según los hechos que se les presenten. También debe dejar de despedir a los jueces sin causa alguna y reincorporar a quienes ha destituido injustamente.
Hasta entonces, los derechos fundamentales al debido proceso que protegen la libertad de todas las personas en territorio estadounidense frente al abuso del gobierno están siendo socavados ante nuestros propios ojos. Y eso es peligroso para todas las personas, sean ciudadanas o no.
Traducción de Ana Lis Salotti
