La responsabilidad de los gobiernos locales y estatales de asistir en el control migratorio federal está regida, en su mayoría, por las leyes locales y estatales, a pesar de las alegaciones contrarias de la administración.
En lugar de desempeñarse como árbitros imparciales, los jueces de estos tribunales le están cediendo su autoridad a ICE cada vez más.
Los agentes federales armados no tienen absolutamente nada que hacer cerca de los centros de votación.
El multimillonario paquete de financiación del año pasado le ha permitido al gobierno encarcelar a más inmigrantes, a menudo en peores condiciones malas y con escasa supervisión.
ICE es solo parte del problema.
La administración ha reasignado a muchísimos oficiales de las fuerzas del orden de todo el gobierno federal la nueva tarea de ayudar a ICE, pero solo ha incrementado el número de arrestos de personas inmigrantes sin condenas penales.
Cómo puede el Congreso proteger los derechos de los estadounidenses y proporcionar un grado de rendición de cuentas.
La administración Trump está comunicando abiertamente sus planes de violar los derechos del pueblo estadounidense protegidos por la Primera y Cuarta Enmiendas.
Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE a la hora de ejecutar la agenda de inmigración del gobierno.
