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- Es un tribunal federal especializado encargado de deportar a los inmigrantes sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas.
- Le permite al gobierno arrestar a una persona inmigrante tan pronto como el gobierno presente la solicitud para consideración del tribunal.
En julio, la administración Trump inició un proceso de deportación ante el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros por primera vez desde que fue creado hace 30 años. Esta decisión ha planteado interrogantes sobre el origen y los procedimientos del tribunal, además de los posibles objetivos de la administración al estar usando este mecanismo excepcional.
¿Qué es el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros?
El Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros es un tribunal federal especializado encargado de deportar a los inmigrantes sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas.
El Congreso lo estableció en 1996 mediante una ley que impulsó profundas reformas controversiales en el sistema de justicia penal y en la lucha contra el terrorismo, a raíz del atentado con bomba en Oklahoma City. Fue creado para abordar la preocupación de que los procedimientos normales de deportación no ofrecieran la suficiente protección cuando hay pruebas clasificadas como confidenciales o secretas sobre actividades terroristas.
Al poco tiempo, el Congreso modificó los procedimientos del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros para restringir aún más el acceso de la persona inmigrante a las pruebas presentadas por el gobierno en su contra en procesos de deportación por actividades terroristas.
La iniciativa de utilizar pruebas clasificadas en los procesos de deportación por actividades terroristas surgió tras el intento fallido de la administración Reagan de detener y deportar a los “Ocho de Los Ángeles”, un grupo de activistas inmigrantes presuntamente vinculados al Frente Popular para la Liberación de Palestina.
La administración Reagan nunca acusó a los Ocho de Los Ángeles de ningún delito, pero trató de deportarlos sobre la base de pruebas clasificadas que presuntamente conectaban sus esfuerzos de recaudación de fondos y distribución de literatura a favor de Palestina con una conspiración internacional terrorista. Sin embargo, los jueces de inmigración de ese momento se negaron a detener y deportar a los integrantes del grupo sobre la base de pruebas secretas que los inmigrantes no habían tenido la oportunidad de ver ni refutar.
Como consecuencia, la administración envió al Congreso un proyecto de ley que permitía el uso de pruebas clasificadas en deportaciones por actividades terroristas, que fue promulgada después de años de debates y enmiendas propuestas por los dos partidos y mediante la cual se creó el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros.
Durante 30 años, ninguna administración utilizó el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros. En su lugar, las distintas administraciones acusaban a los presuntos terroristas ante los tribunales penales o solicitaban su deportación a través de los tribunales administrativos de inmigración del Departamento de Justicia.
¿Cómo funciona el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros?
Muchos de los detalles del primer caso que avanza por este tribunal se encuentran bajo estricta confidencialidad, pero la ley delinea las características principales. El tribunal está compuesto por cinco jueces federales de primera instancia seleccionados por el presidente de la Corte Suprema federal de entre cinco circuitos judiciales distintos.
Los actuales jueces del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros fueron todos nombrados por presidentes republicanos. Los cinco jueces también son parte del estrado del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, otro tribunal especializado que considera las solicitudes del gobierno para recabar inteligencia extranjera en secreto. (El Brennan Center ya ha criticado a ese tribunal por su historial de deferencia extrema hacia el gobierno).
Existen dos pasos en los procesos del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros. Primero, el gobierno debe presentar una solicitud donde demuestre que tiene causa probable para creer que una persona inmigrante es un “terrorista extranjero”, tal como lo define el derecho de inmigración, y que los procesos normales de deportación de inmigrantes presentarían un riesgo a la seguridad nacional.
Si la solicitud es aprobada, el gobierno pasa a la segunda etapa: una audiencia de remoción donde el gobierno debe cumplir con un estándar probatorio más estricto para demostrar que esa persona inmigrante es un “terrorista extranjero”. La persona inmigrante tiene la oportunidad durante la audiencia de refutar la acusación del gobierno.
Por más graves que parezcan estas alegaciones, la definición legal de un “terrorista extranjero” que ha participado en “actividades terroristas” es bastante amplia y flexible. Según la ley, una actividad terrorista incluye no solo delitos serios, como usar armas químicas para amenazar la seguridad pública, sino también proporcionar vivienda o transporte, ya sea a voluntad o bajo presión, a quien la ley define como una “organización terrorista”.
Según la legislación, el término organización terrorista incluye hasta “un grupo de dos o más personas, estén organizadas o no”, que secuestran un vehículo o utilizan un arma de fuego para causar un daño sustancial contra un bien o una propiedad, una clasificación en la que podría entrar casi cualquier pandilla criminal.
Tal como varios tribunales han reconocido, estos términos abarcan “más comportamientos de los que nuestra sociedad e incluso quizá el Congreso han llegado a asociar con actos de terrorismo tradicionales”. Además, para que una persona inmigrante sea considerada por la ley como un terrorista extranjero, no necesita estar personalmente involucrada en actividades terroristas; puede ser el cónyuge o el hijo de alguien directamente involucrado en actividades terroristas.
El Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros tiene otras características preocupantes que valen la pena señalar. Le permite al gobierno arrestar a una persona inmigrante tan pronto como el gobierno presente la solicitud para consideración del tribunal. Solo quienes tengan una tarjeta verde (green card) pueden disputar su detención mientras el tribunal está considerando el caso.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros no pueden considerar la elegibilidad de la persona inmigrante para recibir asilo u otros tipos de recursos contra la deportación, aunque no se prohíbe solicitar protección conforme a la Convención contra la Tortura.
Cuando se ordena su deportación, la persona inmigrante puede seleccionar el país de deportación, pero, si el gobierno revoca esa selección por motivos de política exterior o si el país no acepta a la persona inmigrante, esta puede ser deportada a “cualquier país que esté dispuesto a recibir a dicha persona extranjera”.
¿Cómo los procedimientos del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros se diferencian de los procesamientos penales por actividades terroristas?
Los procedimientos para obtener una orden de remoción por medio del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros son mucho menos rigurosos y ofrecen mucha menos protección que los de una acción penal por actividades terroristas. Para obtener una orden de remoción ante el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, el gobierno solo debe demostrar “por preponderancia de la prueba” —es decir, que sea más probable que improbable— que la persona inmigrante ha estado involucrada en actividades terroristas.
En cambio, para obtener una condena por brindar apoyo sustancial a una organización terrorista en un tribunal federal, el gobierno debe probar los hechos “más allá de toda duda razonable”.
El Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros no solo exige menos pruebas, sino que también admite pruebas de menor calidad que podrían excluirse en un caso penal. Este tribunal le permite explícitamente al gobierno usar “los frutos de una vigilancia electrónica y registros físicos para los que no se obtuvo el debido consentimiento”, sin la misma oportunidad de disputarlos que se les da a las personas acusadas en causas penales.
Además, las Reglas Federales de Evidencia no se aplican en este tribunal, lo cual alienta al uso de pruebas constituidas por un testimonio de oídas que no serían admisibles en tribunales federales civiles y mucho menos en los tribunales penales.
En cuanto a la información clasificada, el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, en algunos casos, les asigna a quienes tienen una tarjeta verde un abogado especial que puede ver y disputar las pruebas presentadas en representación de la persona inmigrante, pero no puede divulgárselas. En otros casos, el tribunal, por lo general, le exige al gobierno brindarle un resumen no confidencial para que la persona inmigrante pueda refutarlo, pero la ley no establece normas básicas para la confección de estos resúmenes.
Si bien el procesamiento penal le permite al gobierno resumir las pruebas clasificadas en lugar de divulgarle al acusado cualquier material sensible, todo resumen debe ser “imparcial” y “proporcionarle al acusado sustancialmente la misma capacidad” de armar su defensa. Y si el gobierno quiere usar pruebas clasificadas en un caso penal, no está permitido excluir por completo su resumen.
En vista de todo esto, en el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, el gobierno solo lleva la carga de la prueba más liviana y puede presentar pruebas de menor calidad, que serán consideradas por un solo juez durante una sola audiencia. A diferencia de los acusados en causas penales, las personas inmigrantes en un proceso del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros no gozan del beneficio de tener un juicio completo ante un jurado.
Pero los procedimientos de este tribunal sí garantizan varios derechos importantes que se parecen a los que existen en los procesos penales: el derecho a un abogado, incluso un abogado provisto a cuenta del gobierno; la capacidad de presentar pruebas e interrogar y contrainterrogar a testigos en su nombre; y el derecho a apelar cualquier orden de deportación en su contra.
Pero estos derechos no hacen mucho para contrarrestar la importante ventaja que tiene el gobierno cuando acusa a alguien de actividades terroristas ante el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, en lugar de presentar una demanda por terrorismo en un tribunal penal.
¿En qué se diferencian los procedimientos del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros de los procedimientos normales de deportación de inmigrantes?
Algunos aspectos de los procesos de deportación que siguen los tribunales administrativos de inmigración protegen los derechos de las personas inmigrantes mejor que el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros, mientras que otros le hacen más fácil al gobierno obtener una orden de remoción. Quizá la distinción más importante entre los dos sistemas es que el gobierno debe cumplir con un estándar probatorio más estricto en los tribunales de inmigración que en el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros.
En los procesos normales de inmigración, toda persona que entra a los Estados Unidos solo puede deportarse si se presentan “pruebas claras y convincentes” o si se tiene la suficiente cantidad de pruebas para demostrar que la postura del gobierno es “altamente probable”.
Por otro lado, los tribunales de inmigración son parte de la rama ejecutiva, y su poca independencia ha sido recortada aún más por la actual administración, por ejemplo, cuando despidió a numerosos jueces de inmigración. En cambio, los jueces del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros son parte del poder judicial y cumplen un mandato de por vida, diseñado de tal forma para garantizar una toma de decisiones judiciales independientes.
Hoy en día, la capacidad del gobierno de usar pruebas clasificadas en el Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros es menos una característica definitoria —y menos una imposición particular sobre los derechos de las personas inmigrantes— que si se lo compara con los otros tribunales.
Según las actuales normas de los tribunales de inmigración, los jueces de inmigración también pueden utilizar pruebas confidenciales, más allá del derecho mediado por ley que tiene la persona inmigrante de examinar las pruebas del gobierno en su contra. Según esa ley, hay cierta información en materia de seguridad nacional que no puede ser divulgada a determinadas personas inmigrantes, pero a los residentes permanentes y otros inmigrantes legalmente presentes en el país que deseen disputar su deportación sí se les permite ver pruebas con peso en la seguridad nacional.
Aun así, los actuales procedimientos de los tribunales de inmigración no le exigen al gobierno ni revelar ni resumir esas pruebas clasificadas a la persona inmigrante. Sin embargo, estos procedimientos aún no han sido ampliamente revisados por la justicia; y los tribunales que sí los evaluaron han dictado que no se pueden utilizar pruebas clasificadas para justificar una detención de inmigración.
Hay otros aspectos del Tribunal de Remoción de Terroristas Extranjeros que son iguales a los de los tribunales administrativos de deportación. Los dos aplican la misma definición de actividad terrorista proveniente del derecho de inmigración, y las Reglas Federales de Evidencia no se aplican en ninguno de los dos.
Y si bien, en teoría, cualquier persona inmigrante puede disputar su detención ante un tribunal de inmigración, en la práctica, los jueces de inmigración demuestran extrema deferencia cuando evalúan las alegaciones de seguridad nacional que presenta el gobierno y suelen remitirse a lo que diga la administración.
