Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Hill.
Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- La ciudadanía ha rechazado la intervención militar en asuntos civiles por mucho tiempo y, en particular, la participación militar en el orden público.
- Si Trump intentase bloquear ilegalmente la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2028, miles de soldados ya estarían desplegados a poca distancia del Capitolio de los Estados Unidos.
Hace un año, el presidente Trump declaró una “emergencia por delincuencia” en Washington D. C. alegando, sin evidencia, que la ciudad había sido “invadida por bandas violentas y delincuentes sanguinarios, pandillas itinerantes de jóvenes descontrolados, drogadictos maníacos y personas sin hogar”.
En respuesta a esta supuesta crisis, Trump desplegó alrededor de 800 miembros de la Guardia Nacional de D. C. y más de 1,000 miembros adicionales de la Guardia Nacional de varios estados colaboradores “para proteger a los ciudadanos de bien de las fuerzas destructivas de la actividad criminal”. Un año después, 4,600 soldados patrullan la ciudad en contra de la voluntad del gobierno electo del distrito.
Este despliegue viola tradiciones estadounidenses de larga data, pone en peligro la seguridad pública y ya le ha costado a los contribuyentes cientos de millones de dólares —todo sin ningún impacto perceptible en los índices de los delitos violentos en Washington. Aun así, Trump quiere mantener a las tropas aquí, y cuenta con que los estadounidenses dejen de prestar atención. No podemos permitir que eso suceda.
Desde el principio, la afirmación de Trump de una “emergencia por delincuencia” carecía de fundamento. De hecho, el número de homicidios en Washington disminuyó de 274 en 2023 a 187 en 2024.
Pero, incluso si la delincuencia día tras día en Washington hubiese estado en aumento, eso no justificaría invocar los poderes de emergencia. Dichos poderes están destinados a crisis repentinas e imprevistas —o sea, la definición de una emergencia— que los sistemas y marcos jurídicos normales son demasiado lentos para abordar. La delincuencia urbana, en cambio, es un problema previsible y continuo que puede y debe abordarse utilizando herramientas ordinarias de gobernanza.
El uso de las fuerzas militares genera preocupaciones adicionales. Un presidente que despliega tropas para vigilar la delincuencia común no tiene precedentes y viola siglos de tradición cívica y pensamiento políticos estadounidense.
La ciudadanía ha rechazado la intervención militar en asuntos civiles por mucho tiempo y, en particular, la participación militar en el orden público porque un “ejército que apunta hacia adentro” puede fácilmente convertirse en un instrumento de tiranía. El despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional es una herramienta de último recurso que solo debe usarse cuando las autoridades civiles están desbordadas.
Existen otras y más inmediatas razones para desconfiar de los operativos militares en territorio nacional. Los militares, incluidos los miembros de la Guardia Nacional, están entrenados para ser soldados, no oficiales de policía. La mayoría de los integrantes de la Guardia Nacional tienen muy poca o ninguna formación en derecho penal local, en cómo garantizar los derechos constitucionales o en cómo preservar y recolectar pruebas. Durante el último año, hubo incidentes inquietantes en los que miembros de la guardia detuvieron indebidamente a residentes de D. C. y, en al menos un caso documentado, emplearon fuerza excesiva.
En gran parte, el uso de Trump de la Guardia Nacional en Washington tampoco ha logrado cumplir su propósito. Aunque hubo una leve reducción en los delitos oportunistas contra la propiedad durante los primeros seis meses del despliegue, análisis recientes encontraron muy poco, casi ningún, impacto en los delitos violentos. Por otro lado, el despliegue ha demostrado ser extraordinariamente costoso para los contribuyentes, con un costo actual de más de $3 millones por día.
Estos costos solo van a aumentar a la luz del reciente anuncio del acuerdo de $292 millones para proporcionar viviendas tipo apartamentos a los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington. A cambio de estas grandes sumas de dinero, los miembros de la guardia en todo D. C. pasan sus días parados en esquinas tranquilas y estaciones del metro —una forma de inactividad catalogada con el eufemismo “patrullajes de presencia”.
Sin embargo, Trump no demuestra señal de echarse para atrás. Al contrario, ha redoblado sus esfuerzos. Un “incremento súbito de verano” elevó el número de fuerzas de la guarda en D. C. a casi 5,000 y la administración anunció su intención de mantener las tropas aquí hasta el 20 de enero de 2029, a un costo estimado de $1,400 millones adicionales al dinero que ya se gastó.
La duración del despliegue es quizás lo más preocupante. No hay forma de predecir que una emergencia real se mantendrá en lugar por otros dos años y medio. Si antes había duda alguna, ahora es claro que el despliegue nunca tuvo como propósito ser una respuesta rápida a una crisis inmediata.
Está diseñada para normalizar algo que jamás debe ser normal en este país: el uso de las fuerzas militares como fuerza interna de policía. Sería un pequeño paso pasar de que las fuerzas de la Guardia Nacional ayuden a arrestar a personas que meten sus manos en la piscina reflectante a que los miembros de la Guardia vigilen las manifestaciones.
Y, si Trump intentase bloquear ilegalmente la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2028 por parte del Congreso —esta vez utilizando la fuerza militar, en vez de instar a una multitud enfurecida— miles de soldados ya estarían desplegados a poca distancia del Capitolio de los Estados Unidos.
