Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha liderado la iniciativa, con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés). Estos dos departamentos tienen la costumbre de catalogar a los manifestantes de antifascistas y terroristas, y suelen exagerar la gravedad de los delitos de bajo calibre y tratar de conseguir el máximo castigo.
El DHS alega que divulgar en las redes información personal sobre los agentes de ICE equivale a un acto de terrorismo y ha considerado que las críticas en las redes sociales en su contra constituyen un delito. El memorando de la fiscal general que implementó el memorando presidencial NSPM-7 les instruye a las fuerzas policiales priorizar lo que denomina “la divulgación organizada de información personal sobre los oficiales del orden, la destrucción y los disturbios masivos en nuestras ciudades [y] los intentos violentos de impedir las operaciones de control migratorio”.
Enumera una serie de leyes que las fiscalías pueden utilizar y les ordena presentar los cargos más graves posibles y solicitar las sentencias más severas posibles. Uno de sus esfuerzos de implementación ha sido la creación de un Centro de Misión Conjunta para el NSPM-7 en el FBI, que es un centro establecido en conjunto entre el FBI y el IRS para investigar a organizaciones sin fines de lucro con presuntos vínculos a los grupos de terrorismo interno, y de un grupo de tareas en la oficina del fiscal general adjunto para investigar las fuentes de financiación de los grupos antifascistas.
La estrategia de la administración de usar la narrativa que vincula el antifascismo al terrorismo para maximizar el alcance y la severidad de los castigos tuvo su primer gran éxito con el caso judicial de Prairieland. Este proceso incluyó a varios acusados, abarcó varios casos (tanto federales como estatales) y posee un expediente complicado, que ha tenido una importante divulgación pública.
Para resumirlo, en julio de 2025, un grupo de activistas participó en una manifestación ruidosa afuera de un centro de detención de ICE. Uno de los participantes llevaba un arma y le disparó a un oficial de la policía. Al principio, el gobierno presentó cargos penales normales: intento de asesinato y disparo de un arma de fuego.
Pero al poco tiempo de que se firmó el memorando NSPM-7, el Departamento de Justicia acusó formalmente a nueve miembros del grupo del cargo de brindar apoyo material a un grupo terrorista, con la alegación de que eran parte de la “Célula Antifascista del Norte de Texas”, y de otros cargos por causar disturbios y portar explosivos.
También acusaron a una mujer de conspiración para ocultar documentos, por haberle pedido a su marido que sacara unos panfletos de su casa. Él también fue acusado, aun cuando ni siquiera se encontraba en la protesta. Todos fueron condenados, además de otras personas que fueron acusadas por separado y algunas más que se declararon culpables.
La evidencia que presentó el gobierno de que las personas acusadas eran parte de una célula antifascista era débil y consistía casi en su totalidad en actividades inocuas y protegidas por la Primera Enmienda: pertenecer a un club de lectura que tenía el nombre de un famoso anarquista, poseer “revistillas” políticas, vestir ropa negra y comunicarse por una app de mensajería encriptada.
Estos datos demostraron ser suficientes para que un jurado terminara condenando a los acusados de brindar apoyo material a un grupo terrorista, aunque todas las personas acusadas de intento de asesinato, con excepción del que disparó el arma, fueron absueltas de esos cargos.
En cambio, la condena por apoyo material se basó en la destrucción de bienes y propiedades del gobierno: lanzar fuegos artificiales, vandalizar una camioneta y una cabina de seguridad del centro de detención y dañar una cámara de vigilancia. Estas condenas fueron posibles porque la legislación que rige sobre los cargos de apoyo material criminaliza el acto de dar apoyo para la destrucción maliciosa de bienes y propiedades del gobierno sin distinguir entre el hecho de activar una bomba y lanzar un fuego artificial.
La desconexión entre el comportamiento y las consecuencias se agudizó en la sentencia. Siete de las personas condenadas por daños a bienes y propiedades recibieron sentencias de entre 50 y 70 años de prisión. El hombre que ni siquiera había asistido a la protesta y simplemente había transportado los panfletos recibió una sentencia de 30 años.
Los fiscales lograron estas sentencias impresionantes acumulando cargos y sumando sentencias consecutivas, que a su vez fueron incrementadas por tratarse de sentencias de terrorismo. El resultado supera con creces el promedio notificado de 7.7 a 8.6 años que han recibido otros casos anteriores de terrorismo interno con daños contra bienes, propiedades o personas, e incluso supera las sentencias impuestas en juicios por actos de terrorismo perpetrados por ISIS.
Los cargos por brindar apoyo material no son la única herramienta utilizada por la administración para catalogar a sus opositores de “antifascistas” y emplear los medios más severos posibles. En junio de 2026, varios fiscales federales presentaron cargos contra 15 personas vinculadas al grupo Direct Action Minnesota, en el marco del memorando NSPM-7 para combatir a los “grupos antifascistas que se oponen con violencia a la aplicación de las leyes federales”.
Todos fueron acusados conforme a una ley que criminaliza la conspiración para impedirle a un agente o funcionario federal cumplir con su trabajo “por la fuerza, mediante intimidación o con amenazas”. Este cargo de delito mayor a nivel federal, que supone una sentencia de hasta seis años, se basa en un comportamiento que normalmente se enjuiciaría a nivel estatal como un delito menor, como máximo.
Tal como ocurrió en el caso de Prairieland, los fiscales de este caso principalmente acusaron a los procesados por actividades protegidas por la Primera Enmienda: asistir a reuniones, publicar en Facebook e Instagram y realizar el seguimiento de vehículos de ICE en una base de datos compartida. Cuatro acusados enfrentan cargos individuales que no son por conspiración, sino por comportamientos como quitarle a un agente un cuaderno de la mano, patear y abollar un vehículo del gobierno y estar involucrado en un ambiguo incidente de tráfico.
El caso contra Direct Action Minnesota es una de las muchas piezas que tiene la exhaustiva investigación que se está realizando contra las organizaciones de tendencia izquierdista que han organizado protestas contra los operativos de control migratorio iniciados en diciembre de 2025.
Los investigadores del DHS emitieron citatorios administrativos para obtener tres años de registros financieros de Sunrise Movement (una organización de jóvenes dedicada a la lucha contra el cambio climático) y de importantes sindicatos —que abarcaban un período mucho más largo que la duración de las protestas—, aparentemente bajo la teoría de estar “financiando a grupos terroristas internos”.
Según ha trascendido, agentes encubiertos infiltraron conversaciones en Signal y asistieron a las reuniones de los activistas sobre los operativos de ICE, donde recabaron los nombres, los números de matrícula y los perfiles de las redes sociales de los asistentes. Ninguna de estas organizaciones ha sido acusada de ningún delito, pero el gobierno las vinculó a otras entidades —desde el mayor sindicato del país, la AFL-CIO, hasta un taller de reparación de bicicletas— como parte de la presunta conspiración que dio origen al caso contra Direct Action Minnesota.
Queda por verse si el caso contra Direct Action Minnesota terminará en condenas, como ocurrió con el caso de Prairieland, o si no va a dar resultado, como otros intentos de la misma fiscalía federal de atacar a los manifestantes anti-ICE. Esa fiscalía acusó a 38 personas en virtud de la Sección 111 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, que convierte en delito el acto de atacar a un agente o funcionario federal o impedir por la fuerza la ejecución de sus funciones.
A la fecha, veinte de esos casos ya se han resuelto, diecinueve fueron desestimados, y un acusado se declaró culpable de un cargo reducido. Este es un resultado aún peor que el pobre historial del gobierno a nivel nacional conforme a esta misma ley.
Las personas que se manifiestan contra ICE no son las únicas a las que la administración tiene en el punto de mira. También ha atacado a Southern Poverty Law Center (SPLC, por su siglas en inglés), una organización de defensa de derechos civiles conocida por sus esfuerzos de investigación y litigio contra los nacionalistas blancos y grupos de odio.
Según un informe de 2025, el SPLC colocó a la organización Turning Point USA y a su fundador, Charlie Kirk, en su Mapa del Odio por adoptar la teoría nacionalista blanca del “gran reemplazo”. Después del asesinato de Kirk en septiembre de 2025, varios miembros republicanos de la Cámara de Representantes enseguida acusaron al SPLC de colocar un “objetivo” sobre la cabeza de Kirk y urgieron a la realización de una audiencia sobre “el dinero, la influencia y el poder detrás de los ataques de la izquierda radical contra los Estados Unidos y el estado de derecho”.
El memorando NSPM-7, publicado dos semanas después, catalogó el asesinato de Kirk como una prueba de que esta campaña de terror concertada por la izquierda requería una vehemente respuesta del gobierno.
En abril de 2026, un gran jurado federal en Alabama acusó formalmente al SPLC de fraude bancario, declaraciones falsas y lavado de dinero. La alegación central del gobierno fue que la práctica del SPLC de pagar a informantes para infiltrarse en los grupos de extrema derecha como el Ku Klux Klan y Aryan Nations era lo mismo que brindar apoyo financiero a estos movimientos.
Fiscales retirados han cuestionado la validez de la acusación, ya que señalan que no queda claro por qué el hecho de enviar informantes —una táctica muy utilizada por las fuerzas del orden— se opone a la misión del SPLC de desmantelar estos grupos de odio. Hace poco, el gobierno agregó una nueva acusada, a una exempleada del SPLC que había dirigido el proyecto de inteligencia de la organización y que, según el gobierno, supervisó los pagos a los informantes, entre los que se encontraba uno con el que ella tenía una relación personal y financiera.
Las demandas de Prairieland, Direct Action Minnesota y el SPLC fueron presentadas conforme a distintas leyes, pero las tres causas judiciales comparten un mismo factor: la desaprobación del gobierno.
Los casos de Prairieland y Direct Action Minnesota están vinculados a las protestas anti-ICE, mientras que el Southern Poverty Law Center se ha ganado la ira de la administración y sus aliados por haber sugerido que ciertos grupos de derecha, como Turning Point USA de Kirk, son grupos de odio.
La lista de posturas desaprobadas por el gobierno incluida en el memorando NSPM-7 también ayuda a explicar la envergadura de la enorme investigación en el caso de Minnesota. Criminalizar actividades de “anticapitalismo” brinda la justificación necesaria para atacar a los sindicatos y colectivos socialistas, mientras que una cruzada contra el “extremismo sobre los temas de inmigración [y] raza” apunta contra los grupos de justicia racial y anti-ICE. El objetivo de estas investigaciones y procesamientos es bien claro: aplastar a la oposición.
Traducción de Ana Lis Salotti
