La Corte Suprema del Estado de Washington restaura el equilibrio de poder entre los pasajeros y la policía en el trasporte público
Al evaluar las tácticas policiales, el tribunal tomó en cuenta las disparidades raciales en el sistema de justicia.
En una decisión que toma en consideración las disparidades raciales en el contacto con agentes de la ley y el derecho a la privacidad, la Corte Suprema del Estado de Washington limitó la autoridad de la policía de interrogar a pasajeros del trasporte público sobre la evasión del pago de pasaje. En una decisión de 5-4 el mes pasado, la corte determinó que los alguaciles armados del sheriff incumplieron las leyes estatales cuando exigieron que un pasajero del autobús presentara prueba de pago y luego lo detuvieron e investigaron cuando no lo hizo.
Cabe destacar que el dictamen principal de la corte, al que se suscribieron tres jueces, hizo lo que la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a hacer: reconocer que los límites constitucionales en pesquisas y detenciones policiales deben tener en cuenta el racismo estructural, como también la disponibilidad de métodos menos intimidatorios para hacer cumplir la ley. Si ciertas tácticas policiales son innecesarias y discriminatorias a la vez, explicó el tribunal, entonces también son cuestionables en términos constitucionales.
En teoría, la Cuarta Enmienda proporciona una defensa contra los excesos policiales. En la práctica, la Corte Suprema de Estados Unidos le ha restado fuerza de dos maneras: delega al poder policial y lo expande. Con ese fin, el tribunal ha ignorado datos a nivel nacional y estatal que muestran disparidades raciales a cada nivel del sistema de justicia penal, lo que incluye el hecho que la policía detiene, registra, arresta y causa daño físico a un número desproporcionado de personas de raza negra. Una serie de fallos han hecho que el tratamiento desigual empeore.
En Whren v. United States, el tribunal dictaminó que la policía puede tomar medidas respecto a cualquier conductor y detenerlo siempre que haya una infracción de tránsito que justifique pararlos. Es irrelevante si la infracción es un simple pretexto y no la verdadera motivación del oficial de policía, dijo la corte. El mes pasado, un juez de un tribunal estatal de apelación en Maryland pidió una norma diferente conforme a la constitución estatal para prohibir dichas “detenciones bajo pretexto”. Escribió que Whren es una decisión “peligrosa” que evoca el espectro de violencia policial “y produce, casi inexorablemente, vigilancia policial discriminatoria”.
Además, en Utah v. Strieff, la corte dictaminó que cuando agentes de la policía detienen e investigan a alguien sin ninguna justificación legal, se permite el registro ilegal si los agentes descubren que existe una orden de arresto para esa persona. Como parte de la minoría, la jueza Sonia Sotomayor escribió que las órdenes de captura por delitos menores son tan comunes, que esto crea un fuerte incentivo para que la policía detenga e interrogue a cualquiera que considera sospechoso. “No es ningún secreto”, agregó, “que un número desproporcionado de personas de color son víctimas de este tipo de escrutinio”.
El tribunal supremo del Estado de Washington aplicó la versión análoga del estado a la Cuarta Enmienda de manera marcadamente diferente en State v. Meredith.
En 2018, Zachery Meredith se subió a un autobús en el condado de Snohomish al norte de Seattle. Como muchos autobuses municipales y otros sistemas de trasporte, este usaba un sistema de pago “sin barreras”, lo que significa que las personas pueden abordar sin pasar por una puerta o torniquete. Ese día, dos alguaciles uniformados remplazaron a los usuales “embajadores” civiles para verificar el pago de pasajes. Ningún alguacil vio a Meredith abordar sin pagar, pero mientras el autobús continuaba su ruta, un alguacil se le acercó y le exigió prueba de pago. Cuando Meredith no la mostró, los alguaciles lo echaron del autobús y lo investigaron más a fondo, antes de arrestarlo por hacer una declaración falsa, pues inicialmente, Meredith les dio otro nombre.
La cuestión durante la apelación era si los alguaciles habían “detenido por la fuerza” a Meredith cuando le pidieron prueba de pago y, de ser así, si esto se justificaba. ¿Las personas promedio, confinadas en un autobús en marcha, se sienten en libertad de hacer caso omiso de lo que exigen los alguaciles? ¿O deben sentirse indebidamente amenazadas al ver sus placas y armas? ¿Tiene relevancia que si bien Meredith es blanco, muchas personas que enfrentan tales medidas policiales no lo son?
Cuatro jueces encontraron que movilizar a la policía armada para verificar el pago de pasajes, en particular al arrinconar a las personas en autobuses en marcha, es un método policial innecesariamente intimidatorio que va en contra de la constitución estatal. (Un quinto juez se sumó a ellos por motivos estatutarios). La opinión principal destacó que tales medidas policiales recaen desproporcionadamente en las personas de color, lo que deja en claro que el asunto no se limita a uno de privacidad, sino que también se trata de equidad racial.
“Nuestra decisión es necesaria tanto para proteger los derechos constitucionales a la privacidad de los pasajeros de medios de trasporte, como para mitigar el impacto conocido y racialmente desproporcionado de tales prácticas a fin de asegurar el pago de pasajes”, el tribunal concluyó. Señaló que el “efecto de intimidación que un arma puede tener en un encuentro policial, que se sabe afecta desproporcionadamente a personas negras, indígenas, latinas y de las islas del Pacífico, se basa en el temor razonable de cómo va a reaccionar ante ellos un policía armado”. Además, reconocieron que por ese motivo, un número cada vez mayor de ciudades están pasando a usar civiles desarmados para verificar el pago de pasajes, las leyes de tránsito y otras normas menores.
Este fallo no representa la primera vez que la Corte Suprema del Estado de Washington ha lidiado explícitamente con el prejuicio racial en el sistema de justicia. El año pasado, la corte falló de manera unánime que la raza y el origen étnico son inevitablemente relevantes respecto a si la policía “ha detenido” a alguien. Cuando la cuestión es cómo un observador “razonable” u “objetivo” evaluaría un encuentro con la policía, el tribunal explicó, entonces el “observador objetivo está consciente de que hay prejuicios implícitos, institucionales e inconscientes, además de discriminación intencionada, que han resultado en un número desproporcionado de interacciones con la policía, detenciones para investigaciones e instancias de uso de fuerza contra negros, indígenas y otras personas de color”. Tal discriminación puede intensificar el carácter intimidatorio de la interacción con la policía.
La corte usó la misma definición de “observador objetivo” en su innovadora norma para decidir cuándo el prejuicio racial afecta la selección de un jurado y para decidir cuándo los fiscales incitaron indebidamente los posibles prejuicios de los miembros de un jurado, lo que incluye estereotipos raciales. Con esta última norma, el tribunal invalidó la condena de asalto de un latino porque el fiscal había mencionado los temas “totalmente irrelevantes” de “inmigración indocumentada, delitos en la frontera, seguridad fronteriza e inmigrantes indocumentados que cometen delitos” al interrogar a miembros potenciales del jurado.
Si bien los tribunales federales con frecuencia se niegan a tratar de resolver las disparidades raciales y el impacto del racismo sistémico en el sistema de justicia, la Corte Suprema del Estado de Washington y otros jueces están mostrando que el derecho constitucional estatal ofrece una vía alternativa.
Traducción de Keynotes Translations and Editorial Services
