¿Y qué pasó con la orden ejecutiva de Trump que trata de restringir el voto por correo?
Sigue siendo ilegal. Sigue siendo inconstitucional. Y sigue suspendida, gracias al dictamen de la semana pasada de una jueza federal. Tal como indicó la jueza, el “interés [del Servicio Postal] en corregir un problema no comprobado a través de un medio probablemente inconstitucional es mucho menor que el impresionante riesgo que plantearía una privación del derecho al voto masiva contra los ciudadanos que necesitan acceso a las boletas de voto por correo para poder votar”.
Podemos esperar numerosos pleitos judiciales, pero nuestro consejo sigue siendo el mismo: el electorado debe hacer un plan para votar. Si eliges votar por correo —como lo hace una de cada tres personas estadounidenses—, todo indica que podrás hacerlo. Vota con anticipación si es posible.
Y hay un dato más que recordar: existen indicios que indican que muchos líderes del propio partido del presidente parecen cada vez más molestos con todo esto. La mayoría de los estados republicanos no presentó escritos en respaldo a la última demanda judicial de Trump sobre el voto por correo. Después de todo, disuadir a sus propios partidarios de votar es una perversa estrategia de voto.
Mientras tanto, el gobernador de Wyoming, estado con un fuerte arraigo republicano, denunció una serie de comportamientos indebidos por parte de algunos observadores electorales que el Departamento de Justicia había enviado a su estado. “Me indigna que el gobierno federal quiera venir a tomar nuestras armas… No me gusta”, afirmó Mark Gordon. “Y tampoco me gusta que el gobierno federal quiera venir a tomar nuestros votos”.
Y por último, me llena de orgullo compartir un nuevo informe del Brennan Center que documenta la intensa presión que enfrentan quienes trabajan para defender la Constitución.
Desde el año pasado, en docenas de casos, numerosos jueces federales de primera instancia se han pronunciado en contra de los abusos del poder ejecutivo. Queremos jueces que se pronuncien sobre la base de los hechos y del derecho. Nuestro sistema de justicia depende de ello. En este arduo momento político, eso es mucho decir. Y, por lo general, requiere de coraje.
Nuestro nuevo informe explora los peligros que enfrentan los jueces federales hoy en día. Hablamos con 35 juristas en ejercicio y retirados, nombrados por cada presidente electo desde Jimmy Carter. Tal como señalamos en nuestro informe, “trabajan inmersos en un panorama cada vez más hostil de amenazas, acosos e intimidación”, y nuestras conversaciones ponen de manifiesto algunos de los ejemplos más alarmantes:
“Una persona que se desempeña como juez federal contó que había recibido más de 700 amenazas telefónicas en su despacho después de haber escuchado un caso relacionado con los operativos de control migratorio que está llevando a cabo la segunda administración Trump. Esta persona jueza, que solicitó guardar el anonimato, también relató episodios de un intenso acoso por internet como, por ejemplo, cuando publicaron en las redes el plano de su casa. Con miedo por su seguridad personal y la de su familia, esta persona dijo que terminó gastando una importante cantidad de su propio dinero para construir un cuarto seguro y tomar otras medidas para fortificar su vivienda.
“La persona describió cómo la experiencia dejó a toda su familia en un estado de vigilancia constante. Tuvieron que ‘practicar lo que haremos si alguien entra a la casa’. Y agregó: ‘No puedo irme de mi casa siempre a la misma hora ni tomar siempre la misma ruta… Cuando alguien viene detrás, me detengo y los dejo pasar. No es el automóvil que ves… es el automóvil que no ves… Se lo comunicamos a la escuela [de mi hijo] y a la policía local’. Como consecuencia de estas amenazas, esta persona jueza señaló: “la escuela tuvo que aumentar los entrenamientos en caso de un tiroteo [activo]’”.
Creo que es admirable que haya tantos jueces federales dispuestos a denunciar estos hechos.
Las juezas y los jueces de nuestro país necesitan más seguridad. Debemos pensar en cómo podemos protegerlos mejor. Una posibilidad es darle al poder judicial un mayor control sobre su propia seguridad, en lugar de dejarla en manos del poder ejecutivo (que administra mayormente el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos).
Estos dos últimos años nos han demostrado quiénes se desmoronan ante un poder abusivo. Ha habido tantos jueces federales que se mantuvieron firmes. Parte de hacerle frente a esta coyuntura consistirá en proteger a quienes protegen la Constitución.
Traducción de Ana Lis Salotti
