En otra causa distinta, un tribunal dictó que la administración no puede expandir el uso de la base de datos del programa federal de Verificación Automática de Extranjeros para Recibir Beneficios (Systematic Alien Verification for Entitlements), a fin de revisar los padrones electorales estatales en busca de personas posiblemente no ciudadanas.
Este es un dictamen importante porque este programa contiene información incompleta y es probable que marque incorrectamente a personas ciudadanas y las elimine de los padrones electorales. El voto no ciudadano ya es ilegal y extremadamente raro.
Las derrotas de la administración se extienden más allá de los tribunales. En los pasillos del Congreso, el presidente Trump ha exigido constantemente la aprobación de la impopular Ley SAVE, que obligaría a los estadounidenses a presentar un pasaporte o un certificado de nacimiento para poder registrarse para votar. De aprobarse, el proyecto de ley podría impedir que decenas de millones de ciudadanos estadounidenses elegibles puedan ejercer su derecho al voto. Hasta ahora, esa iniciativa sigue estancada ante la oposición pública a nivel nacional.
Otra táctica de ataque contra las elecciones de esta administración consiste en demonizar y procesar a las autoridades electorales que se niegan a ser parte de sus artimañas. Hace poco, el Departamento de Justicia envió una carta en la que amenazaba con prisión a las autoridades electorales estatales que no refuercen sus reglas electorales con el pretexto de impedir el voto no ciudadano.
Además, el secretario de Seguridad Nacional señaló que los funcionarios que no cumplían con las instrucciones de la administración de eliminar a votantes de sus padrones electorales podían ser encarcelados. El objetivo de estas amenazas es intimidar a las autoridades electorales para que terminen implementando a voluntad las políticas que Trump no puede hacer promulgar en el Congreso o no puede obtener la aprobación de los tribunales.
Los intentos de procesamiento de adversarios políticos también han fracasado en otros contextos. La administración quebrantó las normas procesales para acusar formalmente a la fiscal general de Nueva York Letitia James y al exdirector del FBI James Comey. La jueza del caso desestimó los cargos y reprendió a la fiscal que los presentó (que había sido abogada personal de Trump y no tenía ninguna experiencia en derecho penal), mientras que otro juez declaró que la fiscal podría haber cometido una conducta indebida.
Comey ahora enfrenta un segundo procesamiento por haber creado los números “86 47” con conchas de mar sobre la arena, que la fiscalía dice que es una amenaza contra Trump (el 47.° presidente). Eso también parece tener altas probabilidades de fracasar, y los abogados de Comey han acusado a la fiscalía de presentar declaraciones falsas para obtener órdenes judiciales.
El derrumbamiento de los casos contra James y Comey demuestra lo vacías que son también las amenazas de Trump y sus aliados contra las autoridades electorales. Prometieron procesar a quienes disputen las mentiras de Trump sobre las elecciones, pero ninguna de las causas tiene una seria posibilidad de terminar en convicción.
Esto no quiere decir que esta táctica no tenga ningún efecto —la defensa incluso contra un procesamiento infundado puede ser extremadamente costosa y estresante—, pero los procesamientos basados en teorías conspirativas no están dando lugar a condenas.
Un sitio en el que la administración está tratando de sacar adelante esta táctica a toda costa es en el condado de Fulton, Georgia. En enero, el FBI confiscó documentos de las oficinas electorales locales basándose en alegaciones de fraude ya desmentidas sobre las elecciones de 2020. Según ha trascendido, Trump habló con los agentes después de que realizaron el operativo, lo cual es un acontecimiento sin precedentes que sugiere que la misión tenía motivos políticos.
Todas las evidencias disponibles refutan la idea de un fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020, y seguramente estos intentos tampoco prueben sus alegaciones ficticias.
El mes pasado, Trump dio un discurso sobre las elecciones que puso de manifiesto su desesperación por ganar los próximos comicios de medio término. Después de prometer que iba a revelar información “escandalosa” sobre el “robo” de las elecciones de 2020, en cambio, Trump repitió las mismas teorías conspirativas de hace años y dijo tener una serie ambigua de “inteligencia” que demostraba las “vulnerabilidades” de los sistemas de votación.
Las derrotas de Trump en esta batalla para interferir en las elecciones no significan que no haya habido daños colaterales. Las alegaciones falsas sobre la falta de seguridad de las elecciones han sido un factor determinante en los estados que han estado promulgando más de cien leyes electorales durante los últimos cinco años.
Cada vez que Trump dice que hay irregularidades o demoniza a las autoridades electorales, provoca que más estadounidenses se cuestionen la legitimidad de los resultados de los comicios.
La lucha por las elecciones tampoco ha acabado. Trump y sus aliados pueden intentar maniobras cada vez más agresivas antes o después del día de las elecciones como, por ejemplo, confiscar máquinas de votación o negarse a certificar los resultados, aun cuando estas tácticas violen las leyes.
Durante el segundo mandado de Trump, los tribunales, las autoridades electorales, el Congreso y el propio pueblo han demostrado que tienen la fortaleza necesaria para enfrentar a un presidente que quiere pasar por encima del sistema electoral y cementar su poder. En los próximos meses, debemos continuar con esta lucha.
Traducción de Ana Lis Salotti
