La Ley de Insurrección —que le otorga al presidente el poder ilimitado de desplegar las fuerzas militares sobre las calles estadounidenses— es una amenaza a la democracia y el Congreso debe actuar.
Los agentes de policía llevan una década usando redes sociales y otras herramientas para vigilar con poca trasparencia o supervisión a los neoyorquinos.
El gobierno y las compañías ya usan sistemas de inteligencia artificial que producen resultados plagados de errores y prejuicios que afectan en especial a comunidades inmigrantes y minoritarias.
Varias autoridades electorales testificaron tener miedo a ser objeto de acciones judiciales, debido a las disposiciones absurdas y a menudo poco claras de la ley.