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- Los líderes locales están en su derecho de evaluar los costos que conlleva la aplicación indiscriminada de las leyes migratorias cuando deciden si cooperan, y de qué manera, con ICE.
- Las leyes santuario ayudan a generar confianza al esclarecer que la policía y los fiscales buscan proteger la seguridad de todos los residentes.
Actualización: El 15 de octubre de 2023, un juez federal desestimó una demanda similar presentada por el Departamento de Justicia contra la ciudad de Nueva York. El Brennan Center presentó un escrito de amicus curiae (amigos de la corte) en ese caso también.
A finales de mayo, un juez federal en Boston sentenció que la administración Trump no puede obligar a la policía local a colaborar con ICE para hacer detenciones. Esta es la más reciente de una serie de derrotas para el gobierno federal, el cual ha intentado invalidar las políticas de “ciudad santuario” en todo el país.
El gobierno plantea que los agentes de ICE no pueden proteger al público adecuadamente a menos que la policía y los fiscales trabajen en estrecha colaboración con su agresiva agenda de aplicación de la ley. Pero en un escrito de amicus curiae, o en calidad de amigos de la corte, presentado por el Brennan Center, exoficiales de policía argumentaron que involucrar a la policía, fiscales y autoridades penitenciarias locales en las agresivas tácticas migratorias del presidente Trump podría comprometer la seguridad pública al desviar limitados recursos municipales y socavar la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía. La decisión judicial recalca el hecho de que las ciudades están en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales al decidir no correr esos riesgos.
Las ciudades santuario y el litigio en Boston
Desde la década de 1980, diversas ciudades en todo el país comenzaron a adoptar leyes y políticas que limitan el uso de los recursos estatales y locales para la aplicación de las leyes federales civiles de inmigración. Estas políticas de “ciudad santuario” pueden, por ejemplo, instruir a las cárceles locales a hacer caso omiso a las “órdenes de retención” de ICE (las cuales son solicitudes de retener la custodia de una persona detenida más allá de su fecha de liberación para facilitar su entrega a ICE.) Otras políticas pueden limitar el tipo de información que la policía comparte con ICE.
La agresiva agenda migratoria de Trump vuelve a situar estas políticas en el centro del debate nacional. Las detenciones migratorias aumentaron de unas 400 por día antes de la posesión presidencial a más de 1,000 por día a finales de 2025. Históricamente, ICE ha priorizado las detenciones de personas con antecedentes penales. Sin embargo, la agencia cada vez más está arrestando a personas sin condenas en su historial delictivo.
De igual manera, el número de personas detenidas por ICE pasó de unas 40,000 a más de 60,000. La administración también está librando una incesante batalla para obligar a las jurisdicciones a derogar sus políticas santuario, o a invalidarlas por otros medios, para facilitar una aplicación más agresiva de las leyes migratorias en esas ciudades.
El caso de Boston es uno de más de una docena de demandas presentadas contra ciudades en todo el país que buscan anular las políticas santuario al considerarlas contrarias a la Cláusula de Supremacía de la Constitución. Dicha disposición protege el derecho del gobierno federal a establecer políticas nacionales en algunos temas. Las ciudades, en respuesta, han invocado la Décima Enmienda, que reserva otras áreas de la política pública a los gobiernos estatales y locales, incluyendo, tradicionalmente, la aplicación de la ley.
El objeto de este litigio es la Ley de Confianza de Boston, promulgada por el Concejo Municipal de Boston en 2014. Entre otras cosas, la ley específicamente prohíbe a los oficiales locales de la policía cumplir con las solicitudes de retención de ICE y compartir información con los agentes de inmigración, a menos que la ley federal lo exija. Al aprobar esta medida, los responsables de formular las políticas públicas municipales enfatizaron los beneficios para la seguridad pública de fomentar relaciones positivas y colaborativas entre las comunidades inmigrantes y la policía.
Durante el litigio, el Departamento de Justicia argumentó que las políticas santuario de Boston —especialmente aquellas referentes a las solicitudes de retención e intercambio de información— equivalían a “un derecho ilimitado a prohibir toda cooperación voluntaria de los oficiales estatales y locales con determinados programas federales”, lo cual vulneraba el interés del gobierno federal, protegido constitucionalmente, en la aplicación ordenada de las leyes migratorias. El gobierno federal también sostuvo que sin la colaboración de la policía local sería incapaz de detener a inmigrantes que han cometido serios delitos.
El tribunal de distrito discrepó. Sin entrar a analizar el asunto de fondo, el tribunal optó por determinar que el gobierno federal carecía de legitimación procesal —una doctrina jurídica que exige al demandante identificar el perjuicio concreto, que sea atribuible a las acciones del demandado y que pueda ser reparado mediante una sentencia favorable. Ninguna de las preocupaciones centrales del gobierno con la Ley de Confianza de Boston cumplía con este requisito.
En primer lugar, la ley estatal de Massachusetts prohíbe, por su parte, a la policía detener a alguien “con base en una solicitud federal civil de retención o en una orden administrativa federal”. Por lo tanto, incluso si el gobierno federal hubiese tenido éxito, los oficiales de Boston estarían obligados por otras leyes a seguir rechazando las solicitudes de retención de ICE.
En segundo lugar, el tribunal concluyó que, si bien la Ley de Confianza de Boston prohíbe compartir “información personal” sobre personas con las que han interactuado, el estatuto explícitamente dice que “no se prohíbe” a las agencias compartir información sobre el estatus migratorio, tal como lo exige la ley federal.
El tribunal también manifestó cierta frustración con la forma en que se había litigado el caso. El gobierno pudo haber reformulado su caso para subsanar algunos de estos defectos, pero pareció estar desinteresado en hacerlo. Además, cuatro demandas similares ya habían sido desestimadas en otros tribunales del país, pero el gobierno “ignoró en gran medida esas opiniones y no intentó explicar por qué este Tribunal sí debía llegar a una conclusión distinta”, señaló el tribunal.
Asimismo, el tribunal calificó de “excesiva” y carente de fundamento la inusual teoría del gobierno de que la supuesta rebeldía de Boston frente a las prioridades políticas de la administración, por sí sola, confería legitimación procesal.
Perspectivas de la fuerza pública sobre las ciudades santuario
El Brennan Center y otros grupos diversos radicaron escritos amicus curiae sobre la moción de desestimación, los cuales fueron reconocidos por el tribunal en una nota al pie de página. El escrito del Brennan Center presenta las perspectivas de un grupo de exagentes de policía. Basándose en sus experiencias, los exoficiales señalaron que las políticas santuario pueden fortalecer la seguridad pública y que la Décima Enmienda faculta a las autoridades locales para tomar ese tipo de decisión en política pública.
En su escrito, el grupo señaló que mezclar la aplicación de las leyes migratorias con las leyes penales supone el riesgo de involucrar a los oficiales de policía en “responsabilidades” de la inmigración federal “que están fuera de su entrenamiento”, de “desviarlos de otras prioridades de seguridad pública” y de sembrar desconfianza en las comunidades de inmigrantes.
Estos argumentos llegan al núcleo de las cuestiones constitucionales en estas demandas, reforzando por qué las ciudades y los estados —y no el gobierno federal— deben ser quienes definen las prioridades locales de la fuerza pública en sus propias comunidades.
La policía y los fiscales enfrentan retos particulares cuando buscan generar confianza en las comunidades de inmigrantes. Cerca del 70 por ciento de los inmigrantes indocumentados informan que son menos propensos a contactar a la policía si son víctimas de un crimen, por temor a que los oficiales de la policía utilicen esa interacción como una oportunidad para indagar sobre su estatus migratorio.
Las directrices de la policía indican que incluso las personas con estatus legal pueden evitar denunciar delitos por miedo a que se les perfile racialmente y se asuma erróneamente que son indocumentados.
Las leyes santuario ayudan a generar confianza al esclarecer que la policía y los fiscales buscan proteger la seguridad de todos los residentes. Investigaciones empíricas citadas en el escrito respaldan esta teoría. A nivel descriptivo, los condados con políticas santuario tienen, estadísticamente, tasas de criminalidad más bajas y economías más sólidas en comparación a los condados que no las tienen.
Por el contrario, las investigaciones muestran que la legislación que exige la cooperación en materia de inmigración entre autoridades estatales y federales resulta en una disminución en el número de llamadas al 911, lo cual es un sólido indicador de la pérdida de confianza dentro de la comunidad.
El escrito fue radicado antes de las agresivas operaciones de control migratorio en Minneapolis que acapararon los titulares a nivel nacional. Sin embargo, la experiencia de Minneapolis ilustra con claridad los riesgos que dicho documento pretendía señalar. Los oficiales de la policía de Minneapolis repetidamente alertaron que los despliegues a gran escala de ICE obstaculizaban su trabajo y hacían que la ciudad fuese más insegura. (En un momento dado, el número de agentes de ICE triplicó al de la policía local).
Líderes de la fuerza pública describieron casos de perfilamiento racial y detenciones ilegales de residentes, además de la interferencia directa en el desempeño de las funciones de sus oficiales. Como argumentó la alguacil Dawanna Witt del condado Hennepin: “La confianza es un elemento esencial en la seguridad pública”. No obstante, añadió que dicha confianza estaba “siendo dañada, quebrantada, por las acciones cuestionables y a veces poco éticas” de algunos agentes federales.
