¿Qué medidas de protección hay contra la intimidación electoral?
- Las leyes federales prohíben que todo funcionario estatal o persona particular intimide o amenace a los ciudadanos por votar o tratar de hacerlo. Es irrelevante si la intención de la persona no era que sus actos fueran intimidantes si, en efecto, intimidaron a votantes.
Varias leyes y cláusulas complementarias en el código penal imponen considerables sanciones civiles y penales a las personas que participan en la intimidación. Prohíben todo tipo de intimidación por personas particulares o funcionarios públicos que hace que otros “teman el hostigamiento y la interferencia con su derecho al voto”.
Las leyes federales van más allá de las amenazas físicas y abarcan conducta intimidante muy diversa, como esfuerzos por seguir, monitorear o vigilar de cerca a los votantes en los recintos electorales; amenazas indebidas sobre un posible juicio, arresto u otra medida legal; y amenazas de diseminar información personal de los votantes, en particular cuando el propósito de la diseminación es propiciar el hostigamiento. Las impugnaciones sin fundamento de votantes también pueden trasgredir las leyes federales contra la intimidación, en particular cuando estas están dirigidas a votantes de color.
- Las leyes estatales también otorgan protección adicional a los votantes y trabajadores electorales, y en ciertos casos imponen mayores sanciones que las disposiciones federales.
Algunos ejemplos:
Intimidación por observadores electorales
La mayoría de los estados limitan quién puede desempeñarse como observador electoral y cuántos observadores electorales pueden estar presentes en un recinto electoral. En muchos estados, se limita los observadores electorales a los representantes nombrados por un candidato o partido. Algunos estados también permiten observadores neutrales y no partidistas en el recinto.
Además de limitar quién puede desempeñarse como observador electoral, la mayoría de los estados tienen límites estrictos sobre lo que pueden hacer los observadores electorales. Ciertos estados, entre ellos Georgia, Florida, Nevada y Carolina del Norte, prohíben que los observadores electorales hablen con los votantes. Además, en los 10 estados que se designan de alto riesgo en este documento, los trabajadores electorales tienen la autoridad de expulsar del recinto electoral a los observadores electorales que abusen de su función.
Armas de fuego en recintos electorales
Por lo menos 10 estados prohíben expresamente portar armas de fuego a la vista en recintos electorales, entre ellos Arizona, Florida, Georgia y Texas. Otros estados prohíben llevar armas ocultas a los recintos. Además, otros estados prohíben tener armas de fuego en lugares usados frecuentemente como recintos electorales, como escuelas o edificios gubernamentales.
También es posible que las leyes locales en ciertos estados impongan regulaciones adicionales sobre las armas de fuego. En cualquier caso, incluso en los estados que no prohíben categóricamente las armas en todos los recintos electorales, las personas que portan un arma de todos modos deben cumplir con las leyes federales y estatales que prohíben la intimidación de votantes. El Giffords Law Center to Prevent Gun Violence emitió un informe detallado en 2020 con un análisis de las leyes de cada estado contra la intimidación armada en los recintos electorales.
Campañas electorales agresivas en los recintos electorales
Los partidarios de cualquier campaña o candidato en particular pueden promover a su candidato predilecto en público, según lo permiten las leyes. Sin embargo, esa libertad se limita dentro de los recintos electorales y alrededor de ellos para mitigar la posible intimidación y hostigamiento de quienes acuden a votar.
Todos los estados tienen leyes electorales que restringen las actividades políticas dentro de los recintos electorales, las que con frecuencia reglamentan lo que las personas pueden decir, hacer y ponerse cuando están en los centros de votación para apoyar a un candidato o campaña en la boleta. Muchos estados prohíben hacer campaña política dentro de una zona neutral alrededor del recinto, por lo general de 50 a 200 pies del lugar de votación.
Agentes de la ley estatales y locales
Los estados han impuesto varias restricciones legales contra las agencias de la ley estatales y locales para reducir el riesgo de intimidación de votantes. En algunos estados, entre ellos Pensilvania, cometen un delito los agentes que se presenten en los recintos electorales sin que los llamen los funcionarios electorales. En Arizona y Florida, los agentes de la ley cometen un delito si entran a los lugares de votación a no ser que estén respondiendo a una emergencia o votando, o tengan permiso de los trabajadores electorales, respectivamente.
A no ser que se amenace con violencia a un votante, los funcionarios electorales están en mejor posición que nadie de determinar si debe intervenir un agente de la ley.
Los agentes de la ley estatales o locales pueden ser aliados importantes al velar por la seguridad de los votantes y trabajadores electorales en los recintos. Por ejemplo, si personas particulares tratan de interferir con el derecho al voto, los trabajadores electorales pueden llamar a las agencias de la ley para que protejan al público y se aseguren de que no se impida que alguien vote. En la práctica, los funcionarios electorales y los agentes de la ley por lo general formulan planes antes de las elecciones para asegurarse de que el proceso electoral sea ordenado e imparcial.
