Guía de recursos contra la intimidación de votantes y de trabajadores electorales

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Este artículo se publicó originalmente en Univision.

Muchos votantes y trabajadores electorales están cada vez más preocupados por las amenazas de intimidación por parte de personas particulares y funcionarios públicos en los recintos electorales y otros lugares. Afortunadamente, muchas leyes federales y estatales combaten la intimidación, y los funcionarios públicos ya se dedican a asegurar elecciones libres e imparciales. 

Las leyes federales y estatales son claras: es ilegal intimidar a los votantes o trabajadores electorales. La gran mayoría de los votantes podrán poner en práctica su plan de votar sin ningún problema, pues a pesar de todo, tenemos previsto que la intimidación sea la excepción y no la regla.

Y si los votantes enfrentan intimidación, deben avisar a los trabajadores electorales, funcionarios electorales locales y la línea de información Election Protection (888-VE-Y-VOTA).

El Brennan Center ha publicado un documento con un resumen de las leyes federales y estales que sirven para proteger a los votantes y trabajadores electorales ante la intimidación y la interferencia en el proceso electoral. Nos centramos en 10 estados donde el riesgo de interferencia es particularmente alto debido al gran número de afirmaciones falsas y actividad contra los votantes en los últimos años Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Wisconsin.

Entre lo más destacado:

¿Qué aspecto cobra la intimidación electoral en 2022?

• Amenazas de violencia: se usa retórica agresiva para protestar sobre pérdidas electorales. Una encuesta por el Brennan Center de funcionarios electorales descubrió que más de la mitad ahora temen por la seguridad física de sus colegas.

• Intimidación por observadores en recintos electorales: en las elecciones primarias de 2022, se reportó intimidación e interferencia por observadores electorales. Estos voluntarios que observan el proceso electoral pueden desempeñar una función importante para asegurar la transparencia en las elecciones, pero también han sido una fuente de intimidación.

• Intimidación por grupos de justicieros (vigilante groups): es posible que los votantes enfrenten intimidación de justicieros incitados por declaraciones falsas de que se “robaron” las elecciones de 2020. En Arizona, grupos de extrema derecha han reclutado a voluntarios para vigilar los buzones electorales; en por lo menos un caso, se presentaron voluntarios armados y con atuendo militar. Además, en Georgia, grupos de activistas organizaron impugnaciones sin fundamento respecto a la elegibilidad de decenas de miles de votantes.

• Intimidación por funcionarios públicos: los votantes y trabajadores electorales también enfrentan más amenazas de funcionarios públicos, como los trabajadores electorales contratados o voluntarios que realizan las elecciones. En todo el país, entidades que difunden falsas teorías de conspiración sobre las elecciones de 2020 están tratando de reclutar y capacitar a miles de trabajadores electorales este año. En algunos eventos de reclutamiento, los oradores han descrito estrategias combativas para que los trabajadores electorales desafíen a los votantes y cuestionen procesos electorales rutinarios.

Los agentes de la ley politizados podrían constituir una nueva amenaza en 2022. Una asociación nacional de sheriffs que afirman falsamente que tienen la autoridad de hacer caso omiso de las leyes que consideran inconstitucionales ha animado a sus miembros a investigar el fraude electoral. En Florida, la recién creada Oficina de Delitos y Seguridad Electoral arrestó y acusó de votar ilegalmente a 20 personas con antecedentes criminales, muchas de ellas convencidas por un funcionario del gobierno de que reunían los requisitos para votar.

¿Qué medidas de protección hay contra la intimidación electoral?

• Las leyes federales prohíben que todo funcionario estatal o persona particular intimide o amenace a los ciudadanos por votar o tratar de hacerlo. Es irrelevante si la intención de la persona no era que sus actos fueran intimidantes si, en efecto, intimidaron a votantes. 

Varias leyes y cláusulas complementarias en el código penal imponen considerables sanciones civiles y penales a las personas que participan en la intimidación. Prohíben todo tipo de intimidación por personas particulares o funcionarios públicos que hace que otros “teman el hostigamiento y la interferencia con su derecho al voto”.

Las leyes federales van más allá de las amenazas físicas y abarcan conducta intimidante muy diversa, como esfuerzos por seguir, monitorear o vigilar de cerca a los votantes en los recintos electorales; amenazas indebidas sobre un posible juicio, arresto u otra medida legal; y amenazas de diseminar información personal de los votantes, en particular cuando el propósito de la diseminación es propiciar el hostigamiento. Las impugnaciones sin fundamento de votantes también pueden trasgredir las leyes federales contra la intimidación, en particular cuando estas están dirigidas a votantes de color. 

• Las leyes estatales también otorgan protección adicional a los votantes y trabajadores electorales, y en ciertos casos imponen mayores sanciones que las disposiciones federales.

Algunos ejemplos:

Intimidación por observadores electorales 

La mayoría de los estados limitan quién puede desempeñarse como observador electoral y cuántos observadores electorales pueden estar presentes en un recinto electoral. En muchos estados, se limita los observadores electorales a los representantes nombrados por un candidato o partido. Algunos estados también permiten observadores neutrales y no partidistas en el recinto. 

Además de limitar quién puede desempeñarse como observador electoral, la mayoría de los estados tienen límites estrictos sobre lo que pueden hacer los observadores electorales. Ciertos estados, entre ellos Georgia, Florida, Nevada y Carolina del Norte, prohíben que los observadores electorales hablen con los votantes. Además, en los 10 estados que se designan de alto riesgo en este documento, los trabajadores electorales tienen la autoridad de expulsar del recinto electoral a los observadores electorales que abusen de su función.

Armas de fuego en recintos electorales 

Por lo menos 10 estados prohíben expresamente portar armas de fuego a la vista en recintos electorales, entre ellos Arizona, Florida, Georgia y Texas. Otros estados prohíben llevar armas ocultas a los recintos. Además, otros estados prohíben tener armas de fuego en lugares usados frecuentemente como recintos electorales, como escuelas o edificios gubernamentales.

También es posible que las leyes locales en ciertos estados impongan regulaciones adicionales sobre las armas de fuego. En cualquier caso, incluso en los estados que no prohíben categóricamente las armas en todos los recintos electorales, las personas que portan un arma de todos modos deben cumplir con las leyes federales y estatales que prohíben la intimidación de votantes. El Giffords Law Center to Prevent Gun Violence emitió un informe detallado en 2020 con un análisis de las leyes de cada estado contra la intimidación armada en los recintos electorales.

Campañas electorales agresivas en los recintos electorales 

Los partidarios de cualquier campaña o candidato en particular pueden promover a su candidato predilecto en público, según lo permiten las leyes. Sin embargo, esa libertad se limita dentro de los recintos electorales y alrededor de ellos para mitigar la posible intimidación y hostigamiento de quienes acuden a votar.

Todos los estados tienen leyes electorales que restringen las actividades políticas dentro de los recintos electorales, las que con frecuencia reglamentan lo que las personas pueden decir, hacer y ponerse cuando están en los centros de votación para apoyar a un candidato o campaña en la boleta. Muchos estados prohíben hacer campaña política dentro de una zona neutral alrededor del recinto, por lo general de 50 a 200 pies del lugar de votación.

Agentes de la ley estatales y locales

Los estados han impuesto varias restricciones legales contra las agencias de la ley estatales y locales para reducir el riesgo de intimidación de votantes. En algunos estados, entre ellos Pensilvania, cometen un delito los agentes que se presenten en los recintos electorales sin que los llamen los funcionarios electorales. En Arizona y Florida, los agentes de la ley cometen un delito si entran a los lugares de votación a no ser que estén respondiendo a una emergencia o votando, o tengan permiso de los trabajadores electorales, respectivamente.

A no ser que se amenace con violencia a un votante, los funcionarios electorales están en mejor posición que nadie de determinar si debe intervenir un agente de la ley.

Los agentes de la ley estatales o locales pueden ser aliados importantes al velar por la seguridad de los votantes y trabajadores electorales en los recintos. Por ejemplo, si personas particulares tratan de interferir con el derecho al voto, los trabajadores electorales pueden llamar a las agencias de la ley para que protejan al público y se aseguren de que no se impida que alguien vote. En la práctica, los funcionarios electorales y los agentes de la ley por lo general formulan planes antes de las elecciones para asegurarse de que el proceso electoral sea ordenado e imparcial.

¿Qué pueden hacer los votantes?

• Los votantes siempre deben tener un plan para votar. Eso incluye verificar su estatus de inscripción electoral e identificar su recinto electoral.
• Si los votantes enfrentan intimidación que altera su plan, no deben dejar que impida que voten. Deben avisar a los trabajadores electorales, funcionarios electorales locales y la línea de información Election Protection (888-VE-Y-VOTA).

Ver las notas al pie aquí.