Suscríbete aquí al boletín informativo del Brennan Center en español
- Si se promulga, esta legislación restringiría automáticamente el acceso del público a ciertos antecedentes penales de condenas por delitos leves.
- Este proyecto de ley haría que las personas residentes de Maryland con antecedentes de condenas cumplidas hace años puedan encontrar trabajo y vivienda más fácilmente.
La semana pasada, el Senado de Maryland aprobó la Ley de Borrón y Cuenta Nueva (Clean Slate Act), un proyecto de ley que haría más justo el sistema de justicia penal de ese estado y, al mismo tiempo, mejoraría la eficiencia del gobierno estatal y fortalecería la fuerza laboral.
Si se promulga, esta legislación restringiría automáticamente el acceso del público a ciertos antecedentes penales de condenas por delitos leves, un proceso que el estado llama “protección” de antecedentes (otros estados lo llaman “borrado” o “sellado” de antecedentes).
Este proyecto de ley haría que las personas residentes de Maryland con antecedentes de condenas cumplidas hace años puedan encontrar trabajo y vivienda más fácilmente y puedan contribuir más a sus comunidades. La ley ahora será considerada por la Cámara de Delegados de Maryland.
Trece estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes parecidas que automatizan el proceso de darles una segunda oportunidad genuina a las personas con antecedentes penales. Estas leyes capitalizan los hallazgos prometedores de algunos estudios que demuestran que limitar el acceso a los antecedentes penales mejora la vida de las personas previamente encarceladas y podría reducir la probabilidad de nuevas condenas, porque les ayuda a conseguir trabajo y vivienda.
Las leyes de borrón y cuenta nueva surgieron a partir de una concientización cada vez mayor sobre los grandes obstáculos que enfrentan las personas con antecedentes penales a la hora de vivir plenamente en sociedad, como así también sobre los efectos que tienen esos obstáculos en la economía y la seguridad pública.
Los antecedentes penales de las personas previamente encarceladas, tras años e incluso décadas de su condena, pueden limitar sus oportunidades de acceder a la vivienda, al empleo, al licenciamiento profesional y a toda una serie de otras necesidades.
Hay varios estudios que ponen de manifiesto estos problemas. Un informe realizado en 2020 por el Brennan Center demostró que los antecedentes de condenas penales reducen drásticamente las ganancias potenciales de la persona mucho después de que haya cumplido su sentencia.
Del mismo modo, otro estudio de 2022 que evaluó esos efectos en distintos estados demostró que los estados que tienen una mayor proporción de adultos con antecedentes de delitos mayores también tendrán una fuerza laboral más reducida.
Para ayudar a abordar estas dificultades, 38 estados —entre ellos, Maryland— y D.C. han creado algún tipo de mecanismo para limitar el acceso del público a determinados antecedentes penales de las personas previamente encarceladas.
Pero las leyes vigentes de Maryland tienen ciertas carencias importantes. Según Paper Prisons Initiative —un equipo de investigadores que pone de relieve los efectos de los antecedentes penales y los beneficios de borrarlos—, unas 500,000 personas en Maryland tienen antecedentes de condenas penales.
En Maryland, cualquiera que crea que sus antecedentes de condena le están limitando sus oportunidades tiene dos opciones para cambiar la forma y el momento en que esas condenas penales aparecen en una verificación de antecedentes.
Una opción es la protección de sus antecedentes, lo cual limita el acceso del público a sus antecedentes de condenas en la mayoría de las situaciones, pero solo se aplica a los delitos contra el orden público, tales como conductas contrarias al orden, la conducción de un vehículo sin seguro o la posesión de drogas.
La otra opción es la eliminación de los antecedentes, que supone un período de espera más largo, pero no solo sella los antecedentes, sino que también los hace inaccesibles en todos los casos, excepto cuando haya una orden judicial que los solicite. También se aplica a una serie más amplia de delitos (casi todos a los que se aplica la protección, además de algunos otros delitos menores y mayores). Para las dos opciones, las personas solicitantes deben presentar una petición ante un tribunal, y un juez debe evaluar el caso.
Pero presentar una petición puede ser costoso y llevar mucho tiempo, y los datos sobre las eliminaciones de antecedentes en Maryland indican que estos procesos no son tan simples ni accesibles como deberían ser. Por ejemplo, solo el 2 por ciento de quienes reúnen los requisitos para eliminar una condena han podido hacerlo.
Evaluar las peticiones también les toma un tiempo valioso a los tribunales y puede crear retrasos en el procesamiento de los casos cuando no hay suficientes jueces para evaluarlos. Además, Paper Prisons Initiative calcula que eliminar todos los antecedentes elegibles según los procedimientos actuales de Maryland llevaría 86 años.
Mientras tanto, el estado y sus residentes pierden unos $1,500 millones de dólares en ganancias totales cada año, debido al impacto económico de todos esos antecedentes de condena que podrían ser eliminados.
La Ley de Borrón y Cuenta Nueva de Maryland (Clean Slate Act) erradicaría este problema, porque crearía un sistema automático que protegería los antecedentes de condena del conocimiento público, en cuanto la persona reúna los requisitos para presentar una petición de eliminación de los antecedentes.
Este nuevo sistema automático incorporaría los actuales criterios de elegibilidad y períodos de espera que ya están previstos por la ley estatal para las eliminaciones de los antecedentes que se realizan mediante petición. De este modo, se aplicaría principalmente a los antecedentes de condenas por delitos menores, tales como robo o destrucción de bienes, así como también a un pequeño conjunto de delitos mayores, como algunos delitos por drogas.
Las condenas elegibles serían protegidas del conocimiento público a los cinco años de que se da por terminado el caso, aunque ese período es más largo para los pocos delitos mayores elegibles y otros tipos de casos. Las agencias policiales seguirían siendo capaces de acceder a los antecedentes protegidos, al igual que ciertos empleadores y agencias de licenciamiento, tal como lo dispone la ley actual.
Negociar los detalles de una ley de borrón y cuenta nueva puede ser complicado, ya que obliga a los legisladores a evaluar las distintas necesidades y preocupaciones de muchos electores diferentes. Documentamos algunas de estas dinámicas en un estudio que evalúo cómo Nueva York aprobó su propia ley de borrón y cuenta. Pero también revelamos, al igual que otras investigaciones, que estas leyes pueden tener éxito si reúnen a grandes coaliciones diversas.
Por ejemplo, la coalición que se formó en Nueva York incluyó a varias organizaciones de servicios jurídicos, líderes comunitarios con antecedentes penales y algunas compañías de la lista de Fortune 500, que trabajaron en conjunto con los legisladores para redactar y perfeccionar un proyecto de ley que pudiera resistir las pruebas del proceso legislativo.
Una dinámica parecida está surgiendo en Maryland. Durante algunas de las últimas audiencias en los recintos del Senado y la Casa de Delegados de Maryland, los legisladores escucharon testimonios a favor de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva por parte del Centro para la Reforma del Sistema de Justicia Penal de la Universidad de Baltimore, de JPMorgan Chase, y de muchos abogados, personas con antecedentes penales y líderes empresariales.
Otra organización, Responsible Business Institute for Justice, en su declaración, señaló que “la Ley de Borrón y Cuenta Nueva les dará a los empleadores la oportunidad de reclutar a personas de un grupo talentoso, pero desaprovechado y, al mismo tiempo, hará de Maryland un sitio más seguro y próspero”.
La Cámara de Comercio de Maryland, que también respaldó el proyecto de ley, argumentó que esta legislación mejoraría la economía del estado porque aseguraría “un mayor poder de ganancia para los consumidores”.
Cada vez más estudios demuestran que las leyes de borrón y cuenta nueva pueden ayudar a las personas a reincorporarse a la fuerza laboral y encontrar mejores empleos. Un estudio muy citado demostró que las personas que peticionaron y obtuvieron el sellado de sus antecedentes penales en Míchigan registraron un aumento tanto en sus índices de empleo como en sus ganancias.
La automatización puede acelerar este proceso y podría ofrecerles la oportunidad a otros que también se beneficiarían de la misma forma. Las encuestas realizadas en los estados que tienen las leyes de borrón y cuenta nueva indican importantes mejoras en el bienestar económico y la vivienda de sus residentes.
Si bien se precisan más investigaciones para comprender mejor cómo perfeccionar estas leyes, los primeros hallazgos son lo suficientemente prometedores como para justificar la esperanza de sus proponentes y convencer a los legisladores de que la idea merece su atención.
Las leyes de borrón y cuenta nueva pueden aprobarse, implementarse con éxito y cambiar la vida de las personas afectadas. Esa es la lección que nos demuestran cada vez más estados tan diversos como Utah, Oklahoma, Míchigan y California, que han reducido los obstáculos que enfrentan las personas con condenas penales a la hora de vivir plenamente en sociedad. Maryland debería sumarse a este importante trabajo.
Traducción de Ana Lis Salotti
