La versión en inglés de este artículo fue publicada en State Court Report
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- Las cortes supremas estatales apenas registraron un aumento de la diversidad en sus magistraturas, y siguen siendo dominadas por magistrados que son hombres y blancos.
- El pueblo estadounidense merece tener jueces que puedan empatizar con sus experiencias de vida.
A pesar de la creciente diversidad de la población estadounidense, las personas que deciden algunas de las cuestiones legales más importantes de los Estados Unidos no suelen reflejar la diversidad de las comunidades a las que atienden. Y en algunos estados, los jueces y las juezas que se encuentran fuera de los círculos establecidos se enfrentan a menores márgenes de error y mayores obstáculos para permanecer en el cargo.
Un nuevo análisis del Brennan Center revela que, este año, las cortes supremas estatales —el máximo tribunal de cada estado y, por lo general, el árbitro de última instancia cuando se trata de cuestiones sobre las leyes estatales y los derechos constitucionales— apenas registraron un aumento de la diversidad en sus magistraturas, y siguen siendo dominadas por magistrados que son hombres y blancos.
De los 25 magistrados nuevos que se sumaron al estrado de las cortes supremas estatales desde noviembre de 2025, el 84 % son magistrados de raza blanca y el 68 %, hombres. En 7 estados, los magistrados nuevos de raza blanca se incorporaron a un estrado que ya era totalmente blanco. No se ha nombrado a ningún magistrado de origen latino durante este año.
En la actualidad, cuatro quintos de los 50 estados y Washington D.C. no tienen a ningún magistrado ni magistrada de la comunidad latina, y eso incluye a 17 estados en los que más de una de cada diez personas es de origen latino. En los 50 estados y Washington, D.C., solo un quinto de todos los cargos de magistrado de las cortes supremas estatales está ocupado por personas no blancas. Y no hay ninguna jueza no blanca en las cortes supremas de casi la mitad de los 50 estados.
Esta falta de diversidad también se ve reflejada en la experiencia profesional de los magistrados. En su conjunto, cada estado tiene múltiples magistrados con experiencia en el ámbito privado. Hay magistrados con experiencia como fiscales en los estrados de las cortes supremas de 48 estados y Washington, D.C. En cambio, solo 23 estados y Washington, D.C. tienen magistrados que anteriormente se desempeñaban como fiscales públicos y 5 tienen magistrados con experiencia en servicios legales civiles.
Estas cifras deberían preocuparnos a todos los que creemos en la meritocracia y en la justicia equitativa. A medida que Estados Unidos se vuelve cada vez más diverso, lo mismo ocurre con la profesión jurídica. Sin embargo, los datos demuestran que los abogados y las abogadas que no son de raza blanca suelen quedar compartimentados en ciertas especializaciones dentro del sector jurídico y les cuesta bastante ascender a los cargos más altos.
Una falta de diversidad en el estrado no necesariamente significa que los jueces nombrados llegaron allí injustamente. Pero sí es un motivo para examinar si la selección de jueces es un proceso genuinamente abierto, transparente e inclusivo.
Quién ocupa el estrado tiene consecuencias reales. Los tribunales estatales deciden aproximadamente el 96 % de todos los casos judiciales en Estados Unidos. Se pronuncian sobre temas que afectan nuestra vida cotidiana, desde cuestiones sobre el derecho al voto y la educación hasta los derechos de los trabajadores y el acceso al agua potable.
Las investigaciones han demostrado que una judicatura diversa puede aportar un rango más amplio de perspectivas en el proceso de toma de decisiones judiciales, fortalecer la confianza del público en la justicia y reducir las desigualdades en los resultados.
El pueblo estadounidense merece tener jueces que puedan empatizar con sus experiencias de vida. Sin embargo, algunos usan las reglas judiciales para reafirmar el statu quo y quitar del medio a quienes trabajan para una mayor inclusión en la judicatura.
En 2023, la Comisión de Normas Judiciales de Carolina del Norte inició una investigación ética contra la magistrada Anita Earls, la única magistrada de raza negra de la corte suprema del estado, por una serie de comentarios que hizo Earls sobre la falta de diversidad entre los secretarios judiciales y abogados de los tribunales de apelación.
Si bien la investigación fue desestimada, un proyecto de ley propuesto en 2025 habría impuesto penas civiles de hasta $10,000 contra los organismos estatales, como los tribunales, por participar en prácticas relacionadas con la diversidad.
