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- No hay pruebas que indiquen que los sistemas que usan los estados para estas bases de datos hayan sido manipulados durante elecciones anteriores, incluidas las de 2020.
- Los estados no han hecho más que reforzar la seguridad y sus procesos para garantizar la precisión de los padrones electorales.
Las bases de datos de registro de votantes están administradas por las autoridades electorales y determinan si la persona votante está registrada, dónde tiene asignado votar y, en muchos casos, qué boleta debe recibir. No hay pruebas que indiquen que los sistemas que usan los estados para estas bases de datos hayan sido manipulados durante elecciones anteriores, incluidas las de 2020, y, desde entonces, los estados no han hecho más que reforzar la seguridad y sus procesos para garantizar la precisión de los padrones electorales.
Aun así, la administración Trump y sus aliados siguen tratando de reabrir el litigio sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y, esta vez, están analizado erróneamente algunos informes de inteligencia divulgados al público sobre las vulnerabilidades de las bases de datos. Estos intentos coinciden con los constantes esfuerzos del gobierno de justificar una futura interferencia en las elecciones y preparan el terreno para reutilizar en 2026 y 2028 alegaciones de fraude que ya fueron desmentidas.
Los sistemas formales de las bases de datos de registro de votantes son las únicas bases de datos que cuentan a la hora de administrar las elecciones. Si bien algunos datos sobre el electorado provenientes de las bases de datos de registro de votantes son de dominio público según las leyes estatales, la información no pública, como los números de seguro social, está mayormente protegida.
Las campañas y organizaciones políticas utilizan y amplían los datos públicos para hacer campaña y atraer al electorado, y los data brokers, compañías que recopilan y venden información personal, también recogen información del electorado de varias fuentes.
Si bien estas colecciones extraoficiales de datos sobre el electorado pueden ser un excelente objetivo para los ciberataques que buscan sembrar el caos, llevar a cabo operaciones para influir en las elecciones o debilitar la confianza en la votación, están bien separadas de las bases de datos oficiales de registro de votantes.
Las bases de datos de registro de votantes son sistemas computarizados y, como cualquier sistema informático, tienen vulnerabilidades. Pero las autoridades electorales y las agencias de seguridad a nivel local y estatal han realizado importantes avances para proteger esos sistemas y detectar incidentes.
El Centro de Políticas Bipartidarias (Bipartisan Policy Center) calcula que los estados han invertido más de $343 millones en máquinas de votación e iniciativas de ciberseguridad para ayudar a garantizar la seguridad de estos sistemas desde agosto de 2024.
El Centro para la Innovación e Investigación Electoral (Center for Election Innovation and Research) encuestó a los estados sobre sus prácticas de seguridad física y cibernética y reveló que todos están implementando excelentes prácticas de seguridad en sus bases de datos de registro de votantes.
Los resultados de la encuesta señalan que todos los estados tienen equipos expertos en seguridad informática, usan una autenticación multifactor para verificar la identidad de sus usuarios y restringir el acceso, y llevan a cabo auditorías periódicas de sus sistemas para identificar posibles vulnerabilidades de seguridad.
La autenticación multifactor hace muy difícil que un usuario no autorizado pueda acceder a estos sistemas mediante un intento de phishing. Las auditorías y el acceso restringido de los usuarios establecen controles que alertan al personal de IT especializado sobre cualquier intento de modificar los datos del electorado.
Además, todos los estados realizan copias de seguridad de sus bases de datos de registro de votantes con regularidad, para tener siempre una copia de resguardo oficial, y la mayoría guarda esta copia sin conexión a internet y con una encriptación para mayor seguridad. Estos pasos hacen muy difícil que un usuario no autorizado pueda acceder a la copia de seguridad y alterarla a través de internet.
La encuesta del Centro para la Innovación e Investigación Electoral también demostró que algunos estados utilizan uno o más sistemas de monitoreo y registran los intentos fallidos de inicio de sesión para llevar un registro de las veces que se intentó acceder sin la correcta autorización y, así, proteger los datos de posibles amenazas o intentos de hackeos internos.
Para mitigar los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) que podrían volver inaccesible a un sistema o sitio web, los estados utilizan redes de distribución de contenido u otras herramientas de mitigación de los ataques de DDoS.
Cabe resaltar que las bases de datos de registro de votantes están separadas de los sistemas de emisión y cómputo de los votos; por lo tanto, cualquier intento de acceder sin autorización a las bases de datos de registro de votantes no afectaría los resultados del conteo de los votos.
El proceso electoral en sí actúa como una medida más de seguridad y verificación porque deja al descubierto cualquier ciberataque en las bases de datos de registro de votantes que se hubiera intentado antes del día de las elecciones.
Por ejemplo, las solicitudes de las boletas de voto por correo y la votación anticipada funcionan como pruebas de la integridad de la información de las bases de datos de registro de votantes. Por lo general, las autoridades electorales y quienes trabajan en las agencias de IT y seguridad pueden identificar indicios de corrupción de los datos, la manipulación e impacto sobre la integridad de los datos del electorado durante estos procesos iniciales y tienen tiempo de tomar medidas para remediarlos.
Además, si se hallan pruebas de algún ataque real contra los sistemas electorales, los estados ponen en práctica procedimientos diferentes a las medidas de seguridad de infraestructura física y cibernética que le dan al electorado la oportunidad de emitir sus votos mientras las autoridades electorales verifican su elegibilidad.
Si una base de datos de registro de votantes se ve afectada por un intento de acceso no autorizado o ataque, se utilizan boletas provisionales, así como las alertas de VoteShield, una base de datos pública que monitorea el sistema para detectar posibles anomalías en los datos del electorado y en las solicitudes de boletas de voto en ausencia, que ayudan a los estados a mitigar cualquier impacto sobre la votación.
Los estados también implementan numerosos procesos para verificar la precisión de los padrones electorales, por ejemplo, al realizar verificaciones cruzadas con otros recursos estatales y federales para confirmar muertes, cambios de domicilio y el estado de registro.
