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Análisis

Cómo puede y no puede el gobierno federal usar la información del censo

La amenaza de agregar una pregunta sobre ciudadanía ha generado preocupación sobre cómo la información que se provee al Gobierno podría usarse en contra de las comunidades vulnerables.

Febrero 20, 2019

A medida que comi­en­zan los prepar­at­ivos para el Censo del 2020, la amenaza de agregar una pregunta sobre ciudadanía ha generado preocu­pa­ción sobre cómo la inform­a­ción que se provee al Gobi­erno podría usarse en contra de las comunid­ades vulner­ables. El 23 de abril la Corte Suprema escuchará los testi­mo­nios orales con respecto a la decisión de la admin­is­tra­ción de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía. Mien­tras tanto, el Bren­nan Center ha anal­iz­ado las leyes y polít­icas federales para determ­inar cuánta autor­idad tiene el gobi­erno federal de util­izar las respues­tas al censo.

Kelly Percival, abogada en el programa sobre distri­tos elect­or­ales del Bren­nan Center, invest­igó las reglas acerca de la confid­en­cial­idad del censo y respondió una serie de pregun­tas sobre la segur­idad de los datos.

¿Por qué es tan import­ante el censo?

Porque influye en casi todos los aspec­tos de nuestra vida cotidi­ana. En primer lugar, los números del censo se util­izan para finan­ciar servi­cios sociales, como las escuelas, la asist­en­cia de salud y las calles. Cuando se cuenta de menos, surgen prob­lemas. Por ejem­plo, cuando el Congreso y los esta­dos deciden darle fondos a una comunidad, pueden decir: “No es necesario construir otra escuela aquí”, pero es porque no se contaron todos los niños en edad escolar de esa comunidad. Lo mismo ocurre con la infraes­truc­tura. Podrían pensar: “Bueno, quizá no debamos reem­plazar este puente”. Pero es porque no estarían cont­ando a todas las perso­nas que util­izan ese puente todos los días.

Los números del censo también se util­izan para distribuir a nuestros repres­ent­antes políti­cos. Si no te cuentan, puedes perder repres­enta­ción polít­ica en tu legis­latura estatal y en el Congreso.

Muchas perso­nas rehúsan respon­der al censo. ¿Es opcional?

No, no es opcional. La Constitu­ción les obliga a todas las perso­nas que viven en el país a parti­cipar del conteo. El Congreso debe real­izar un censo cada diez años. Por ley, tienes la obliga­ción, como indi­viduo, de completar las pregun­tas del censo. Es oblig­atorio porque es muy import­ante. Evitar a toda costa que se cuente de menos es la forma de asegur­arse de que el censo refleje la composi­ción del país con la mayor fidel­idad posible.

También es verdad que algunos intentan sabotear el censo y esperan activa­mente que cier­tas comunid­ades queden fuera del conteo. No quieren que esas comunid­ades reciban fondos públi­cos ni la repres­enta­ción polít­ica que les corres­ponde. No respon­der al censo sería dejarles salirse con la suya.

¿Pueden las agen­cias poli­ciales util­izar la inform­a­ción del censo para perseguir a inmigrantes indoc­u­menta­dos o a perso­nas sospecho­sas de haber cometido un delito?

No, eso es ilegal de acuerdo con numero­sas leyes federales. La ley federal de censos (Census Act), por ejem­plo, lo deja clarísimo: la Oficina del Censo no puede divul­gar tus respues­tas indi­viduales y el Gobi­erno no puede util­izar los datos del censo para cualquier motivo que no sea exclu­siva­mente estadístico. La aplic­a­ción de la ley no sería un propósito estadístico. El modo más fácil de pensarlo es que tus respues­tas al censo no pueden util­iz­arse para perju­di­carte.

Enten­demos que algunas perso­nas tienen serias dudas sobre la confid­en­cial­idad y sobre cómo se podrían util­izar sus datos cuando responden al censo. A esas perso­nas, les digo que hay muchas leyes que prote­gen la confid­en­cial­idad de sus datos y que cualquier intento de infringir­las desataría una batalla legal desa­forada.

La Oficina del Censo tiene prohi­bido por ley divul­gar cualquier inform­a­ción personal sobre los indi­viduos que dieron sus datos, incluso a otros organ­is­mos guber­na­mentales. Pero sí se le permite divul­gar inform­a­ción “combin­ada”. ¿Cómo es esto?

Los datos indi­viduales o las respues­tas personales (por ejem­plo, los nombres de las perso­nas que viven en 123 Smith Street) nunca pueden aban­donar las cuatro paredes de la Oficina del Censo. La ley es muy clara al respecto: la Oficina no puede divul­gar esta inform­a­ción bajo ningún punto de vista, para ningún propósito, ni por ningún motivo.

Eso es distinto a los datos estadísti­cos combina­dos, tales como el número de perso­nas menores de 18 años que viven en un condado. La Oficina puede produ­cir este tipo de estadísticas generales y las util­iza para una serie de propós­i­tos legí­ti­mos. Por ejem­plo, el Departa­mento de Educa­ción puede util­iz­ar­las para iden­ti­fi­car desigualdades en las opor­tunid­ades educativas entre distin­tos grupos raciales y étni­cos.

Esta es la primera vez que el censo se real­iz­ará mayor­mente “online.” ¿Plantea ello algún riesgo nuevo en cuanto a la confid­en­cial­idad?

Aplican las mismas leyes de confid­en­cial­idad, y estas prote­gen los datos que se brindan “online” del mismo modo que si se hubi­eran prov­isto en persona, por telé­fono o por correo postal. Hay otras cues­tiones sobre la real­iza­ción del censo “online” que se rela­cionan con la ciber­se­gur­idad (tal como el modo en que el Gobi­erno evita que malos actores hack­een los datos) y con la brecha digital (tal como el acceso desigual a inter­net). Pero estas cues­tiones no tienen nada que ver con la confid­en­cial­idad.