- Los abruptos recortes de al menos 365 subsidios afectan a una serie de programas de lucha contra el delito
- Se ha comprobado que los programas recortados hacen que las comunidades sean más seguras; por eso, su cancelación, en realidad, pondrá en peligro la seguridad pública, en vez de propiciarla.
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En una movida sin precedentes, el Departamento de Justicia ha cancelado más de $810 millones en subsidios que ya se habían asignado en los últimos años. Los abruptos recortes de la semana pasada de, al menos, 365 subsidios afectan a una amplia serie de programas de lucha contra el delito administradas por organizaciones sin fines de lucro, a menudo, en colaboración con agencias gubernamentales estatales y locales, como las fuerzas policiales locales.
Estos fondos llenaban vacíos cruciales en nuestra infraestructura de seguridad pública. Daban apoyo a las víctimas de delitos, capacitaban a las fuerzas policiales, ofrecían tratamiento a personas con problemas de salud mental y adicciones, y ayudaban a las personas a reinsertarse en la sociedad después de salir de la cárcel. También fomentaban las investigaciones que se usaban para crear y orientar políticas efectivas.
Muchos, si no todos, fueron cancelados de repente y sin aviso previo en el medio de un período típico de duración de subsidios de 3 años, lo cual creará interrupciones en los programas y dificultades financieras para las organizaciones sin fines de lucro. Hay un período de 30 días para apelar, pero las probabilidades de éxito son inciertas.
El Departamento de Justicia dijo que esta financiación no respondía a las prioridades de la administración, que incluyen “dar un apoyo más directo a ciertas operaciones policiales, combatir los delitos violentos, proteger a la niñez, ayudar a las víctimas del narcotráfico y abuso sexual, y coordinar mejor las funciones del orden público”.
Pero muchos de los subsidios fomentaban exactamente esos mismos objetivos, además de otros que siempre han contado con el apoyo de los dos partidos políticos, incluso durante el primer mandato de Trump. Se ha comprobado que los programas recortados hacen que las comunidades sean más seguras; por eso, su cancelación, en realidad, pondrá en peligro la seguridad pública, en vez de propiciarla.
Entre las organizaciones que perdieron de repente importantes cantidades de fondos, se encuentran un grupo que conecta a víctimas con los servicios de ayuda y otro que ayuda a la policía y a las fiscalías a enjuiciar y castigar delitos de odio.
Otros proyectos afectados colaboran con las fuerzas policiales para dirigir a las personas con problemas de salud mental y adicciones a servicios de tratamiento, en lugar de terminar en la cárcel, y brindan asistencia en materia de vivienda, empleo y tratamiento para las personas que salen en libertad. Estos programas mejoran la probabilidad de una reinserción en la sociedad más exitosa, en vez de perpetuar los ciclos de arresto y encarcelación una y otra vez.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) también desmanteló trabajos fundamentales para implementar la Ley para la Eliminación de Violaciones en las Prisiones (Prison Rape Elimination Act), que el Congreso aprobó por unanimidad en 2003. Esta iniciativa eliminada ha brindado recursos como capacitaciones y apoyo investigativo a estados y condados, en colaboración con el Departamento de Justicia, para abordar el tema de los abusos sexuales en las prisiones.
Además, se recortaron los fondos otorgados a un grupo que —también en colaboración con el DOJ— brinda capacitación y asistencia técnica a organizaciones y departamentos de policía locales para llevar adelante programas de intervención contra la violencia en las comunidades. Esos fondos se habían asignado mediante la Ley Bipartidaria para Comunidades más Seguras (Bipartisan Safer Communities Act), presentada en 2022 por el entonces senador Marco Rubio (R-FL).
Tal como observó un experto, estos recortes en los programas de prevención de la violencia amenazan directamente los avances que se han producido en los últimos años para reducir los delitos violentos en todo el país.
Si bien cada administración nueva identifica sus propias prioridades para la asignación de subsidios, raramente cancelan subsidios ya existentes a mitad de camino. De hecho, hacer eso termina desperdiciando el dinero de los contribuyentes que ya se ha gastado. Las organizaciones que reciben estos subsidios con una duración de varios años elaboran planes de capacitación e implementación del programa que dependen de esos fondos gubernamentales.
Con estas cancelaciones abruptas, el Departamento de Justicia ahora ha inyectado un nuevo elemento de arbitrariedad y partidismo en el proceso. También ha menoscabado su propio rol como líder y aliado de confianza a la hora de promover políticas que hacen a nuestro sistema de justicia penal más justo, fiscalmente responsable y efectivo.
Quizá debido a la irresponsable toma de decisiones que produjo estos recortes, el DOJ revirtió algunos al día siguiente, como los recortes de programas que dan apoyo a las víctimas de delitos. Pero este pequeño cambio de rumbo no reparará todo el daño que infligió a una amplia serie de programas que han sido fundamentales para la seguridad y el orden público durante años.
Si el Departamento de Justicia realmente quiere priorizar el apoyo a las funciones del orden público, ayudar a las víctimas, combatir la delincuencia, proteger a la niñez, luchar contra la trata de personas y reducir la reincidencia, debe restablecer estos subsidios de inmediato y continuar invirtiendo en estas y otras iniciativas similares en el futuro.
Traducción de Ana Lis Salotti.
