Varios entrevistados, entre ellos seis jueces en ejercicio, precisaron que las amenazas contra los jueces federales se intensificaron después del comienzo del segundo mandato presidencial de Trump, especialmente a medida que los tribunales han atendido demandas para imponer límites legales a los cambios normativos de gran alcance y a las afirmaciones del poder ejecutivo.
Todos, excepto tres de los jueces en ejercicio, dijeron estar preocupados por la seguridad de sus familias debido a la intensificación de las amenazas y enfatizaron los efectos que estas amenazas tienen en su vida diaria.
Por ejemplo, un juez que adjudicó demandas de alto perfil contra el poder ejecutivo reportó ser objeto de varios incidentes de doxeo mediante pizzas ––una tendencia en la que los antagonistas envían pizzas no solicitadas a los domicilios de los jueces para demostrar que se conoce su dirección e indicar que están siendo vigilados. En otro incidente, las pizzas fueron enviadas anónimamente a los hijos y hermanos de un juez que falló en contra de la administración Trump.
Otro juez informó haber recibido más de 700 amenazas dirigidas a su despacho y dijo que el plano de su casa fue publicado en internet. El juez, cuyos familiares sufrieron incidentes de doxeo mediante pizzas, también informó haber recibido un gran volumen de correos y llamadas de odio a su despacho, lo que le obligó a contratar protección permanente del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Algunos jueces informaron haber prohibido a sus hijos jugar afuera por motivos de seguridad y les prohibieron el uso de las redes sociales.
En última instancia, las ramificaciones de estas amenazas sobrepasan el daño potencialmente ocasionado a cualquier persona. Varios jueces dijeron sentir temor de que el costo personal de servir como juez federal comenzaría a eclipsar la importancia del cargo en sí. En ese caso hipotético, los candidatos calificados podrían desanimarse a postularse para un cargo en la judicatura, y más jueces podrían abandonar el cargo prematuramente, lo cual afectaría el acceso de la ciudadanía a la justicia.
Los jueces también siguen siendo sometidos a una retórica falsa e incendiaria que amenaza con incitar a comportamientos amenazantes.
En julio, por ejemplo, James Percival ––el director jurídico del Departamento de Seguridad Nacional–– publicó una lista titulada “Lo peor de lo peor” en su cuenta oficial de X, atacando a los jueces que emitieron fallos desfavorables contra la administración Trump.
La jueza Paula Xinis ––que ordenó la liberación de Kilmar Abrego Garcia, un hombre que fue expulsado erróneamente de los Estados Unidos y deportado a una infame cárcel en El Salvador–– figuró en la lista, así como otros jueces que fallaron en contra de la administración Trump en materia de inmigración.
En respuesta a la lista, 128 jueces federales y estatales retirados presentaron una denuncia ética contra Percival ante el Colegio de Abogados de Florida, sosteniendo que dichas declaraciones no solo “atacan los pilares y la legitimidad de la judicatura en su totalidad, sino que podrían incitar amenazas violentas”.
En particular, los jueces de primera instancia están en la primera línea, atendiendo los casos que afectan los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso. Su labor es servir de baluarte cuando el gobierno viole estos derechos, independientemente del poder, la riqueza o el estatus de ciudadanía de las personas, o de las personas a quienes veneran, contra quienes protestan o con quienes aprenden.
Los esfuerzos para intimidar, acosar o amenazar a los jueces y socavar su independencia ponen a los estadounidenses en riesgo de perder las protecciones cruciales contra los abusos gubernamentales, como ya ha ocurrido en ocasiones durante los continuos intentos de deportaciones masivas de la administración presidencial.
Mientras que la crítica al poder judicial es un principio fundamental de una democracia sana, hay una clara distinción entre criticar a los jueces y las decisiones judiciales e instigar o participar en conductas como el doxeo o acusar sin fundamentos de parcialidad o corrupción, lo cual pone en peligro o intimida a los jueces. Este tipo de retórica finalmente pone en riesgo los derechos individuales, particularmente los de las comunidades vulnerables, al atacar la independencia judicial.
A pesar de los riesgos y las presiones constantes que enfrentan, las y los jueces federales entrevistados por el Brennan Center mostraron firmeza en su creencia de que los jueces en todo el país siguen ejerciendo con imparcialidad, integridad y valentía. Como señaló un juez de distrito: “Seguimos desempeñando nuestra labor sin temor ni favoritismos”.
El país necesita respaldar a la judicatura en este momento de amenazas sin precedentes. Eso significa elevar la importancia del trabajo de los tribunales; rechazar públicamente los ataques contra los jueces hechos con una retórica inapropiada que pueda derivar en ataques; y exigir una financiación e infraestructura de seguridad adecuadas para que los jueces puedan ejercer su función con garantías de seguridad.
Traducción de Laura Gómez
